Los desaparecidos uruguayos en Chile

Un manifestante corre durante los disturbios que se registraron ayer en las inmediaciones del Cementerio General de Santiago de Chile, donde culminaba la marcha que agrupaciones de derechos humanos, estudiantes y dirigentes políticos realizaron con motivo de los 38 años del golpe militar de 1973. Foto: Efe, Felipe Trueba
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Lourdes Rodríguez Marina González

Dos 11 de setiembre marcan épocas. El chileno, en 1973, corresponde a los años del Cóndor, con fuerzas armadas locales articuladas en estrategias internacionales. El 11 estadounidense, 28 años después, expresa una época en la cual se han consolidado nuevos operadores sin fronteras del terror. En esta fecha cargada de sentidos aportamos una investigación de la diaria que revela la existencia, en 1973, de una lista de 444 uruguayos requeridos por la dictadura de nuestro país, gestionada por su embajada en Chile, así como el papel de ésta en la coordinación represiva de aquellos años. Agregamos testimonios de personas que figuraban en esa lista y datos sobre las causas abiertas y las archivadas en Chile por la desaparición o asesinato de uruguayos. 

Para diputado chileno, debate uruguayo por la Ley de Caducidad "es patético". 

Para varios participantes de la marcha que conmemoró los 38 años del golpe de Estado en Chile, la convocatoria demuestra que la población aún pide un "gobierno del pueblo" como el que lideró el ex presidente Salvador Allende. Estiman que sería la única manera de avanzar hacia la verdad y la justicia.

"Estar en Chile para el 11 de setiembre te hace trasladarte al 11 de setiembre de 1973", dijo el diputado frenteamplista Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo), quien participó ayer en la marcha que atravesó gran parte de Santiago de Chile, desde la Plaza de los Héroes hasta el Cementerio Central, donde se celebró un acto. Todos los consultados destacaron el carácter "multitudinario" de la marcha y la presencia de personas de todas las edades. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, Lorena Pizarro, resaltó que ayer "miles de personas salieron a gritar por la construcción de un país verdaderamente democrático", para "recordar y rendir homenaje a las víctimas" y "demandar por todas las causas pendientes" en Chile, entre las que citó "la impunidad" y "la educación".
Este año, la celebración quedó marcada por el reentierro de los restos de Allende en una ceremonia privada el jueves, luego de que el 19 de julio un estudio médico-legal, al que accedió la diaria, concluyera: "Causa de la muerte: lesión perforante de la cabeza por proyectil de arma de fuego de alta velocidad, a contacto" y "forma médico-legal de la muerte: suicidio", además de confirmar que murió por un disparo realizado con el fusil que el líder cubano Fidel Castro le había regalado.
Con este contexto, ayer la diaria consultó por teléfono sobre el legado del gobierno de Allende a varios referentes sociales y políticos que se movilizaron por el aniversario y del Tercer Encuentro Latinoamericano por Verdad y Justicia que se realizó en Santiago este fin de semana. Baldemar Tarocco, de la organización uruguaya de ex presos y presas políticas Crysol, mencionó el valor que tuvo la Unión Popular (UP), la coalición electoral que lo llevó a la presidencia en 1970, porque "generó toda una expectativa respecto a cuáles iban a ser los cambios" en Chile. Además, estimó que "el error fue de Allende", porque "en julio [de 1973] cuando hubo un intento de golpe de Estado, un millón y medio de personas rodeó La Moneda y Allende salió a decirles que se fueran a su casa tranquilas" en vez de "darle las armas al pueblo". Según opinó, a partir de entonces "quedó la idea de un gobiermo mutilado, debido a todas las expectativas que quedaron por cumplirse".
Para Puig, los tres años de gobierno de Allende "mostraron hasta qué punto las clases dominantes están dispuestas a defender sus privilegios". "En el legado de Allende está la necesidad de la unidad de las fuerzas populares y del pueblo", concluyó.
En tanto, Pizarro destacó que Allende "siempre ha estado en la memoria del pueblo y es lamentable que lo hayan enterrado sin estos miles que nos preparábamos para acompañarlo" y que, por lo tanto, ayer fue el homenaje que no pudieron hacerle.
Para el diputado chileno por el Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, Allende demostró "que puede haber un gobierno pensado para los más marginados, excluidos y desposeídos".
Asimismo, el chileno Ricardo Balladares, integrante del Polo Izquierdo de la Memoria, destacó que durante los tres años en los que gobernó la UP "se nacionalizó la banca, se nacionalizó el cobre, se profundizó el proceso de reforma agraria, se establecieron mecanismos de participación popular y de defensa del proceso para asegurar tanto la participación política como la económica" del pueblo. Las 40 primeras medidas que estableció Allende, entre las que figuraban las citadas por Balladares, fueron anuladas por la dictadura de Augusto Pinochet. El activista apuntó a que desde el retorno a la democracia, en marzo de 1990, "ningún gobierno de la Concertación fue capaz de recoger el programa de la UP".
Pizarro también se refirió a las 40 medidas impulsadas por Allende y dijo que son las que "hoy reclama el pueblo para construir un Chile verdaderamente democrático". Durante el encuentro del fin de semana, los "avances" que se están logrando en Argentina fueron saludados. En ese sentido, Tarocco puso como ejemplo "la fuerte delegación que mandó Argentina al encuentro, mientras de Uruguay vinieron organizaciones sociales y el diputado Puig". También se evocó "el retroceso" que se está viendo en Chile desde que en marzo de 2010 Sebastián Piñera asumió la presidencia. Consultada sobre los avances logrados en los anteriores gobiernos en Chile, Pizarro los calificó de "migajas" y dijo que mientras "el pueblo no tome el poder como en Argentina, no será posible alcanzar verdad y justicia".
Puig y Tarocco dijeron que la vigencia de la Ley de Caducidad en nuestro país "no se puede entender" en el exterior. Gutiérrez confirmó esa tendencia al calificar de "patético" el hecho de "que en un gobierno de izquierda haya dudas sobre la relevancia de crímenes de lesa humanidad". Ambos criticaron la "fuerte presencia represiva" que fue siguiendo la marcha de ayer, que terminó con enfrentamientos entre jóvenes y carabineros. Para el diputado uruguayo, "fue totalmente desproporcionada la represión que se operó". Según la prensa chilena, al menos 24 personas fueron detenidas y diez carabineros y cinco civiles resultaron heridos.

Nombres propios

Documentos “olvidados” revelan figuras claves del modus operandi conjunto de las dictaduras uruguaya y chilena. 

“‘Uruguayos’ cuya captura es solicitada por las autoridades del Uruguay. Sindicados como extremistas”. Así dice el encabezado del documento al que accedió la diaria, fechado el 28 de setiembre de 1973 y con sello de “confidencial”. Se trata de una nómina de 26 páginas en las que figuran, alfabéticamente ordenados, nombres y apellidos de 444 personas a las que se les atribuye una “organización” política, y se indica, para cada una de ellas, la “unidad [que] solicita captura”. Entre éstas se encuentran la Fuerza Aérea Uruguaya, el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), los Fusileros Navales (Fusna), la Justicia Penal Militar (JPM) y otras varias dependencias militares.

El documento, que estaba en manos de la Policía Civil chilena, fue entregado a la Justicia de ese país y figura como anexo a expedientes de ciudadanos orientales desaparecidos o asesinados en ese país. Cuatro de esos procesos judiciales están archivados (ver nota adjunta) y, por lo tanto, el documento ya no está sometido al secreto de sumario. Entre las personas que allí aparecen, la diaria constató que 16 permanecen desaparecidas, cinco fallecieron víctimas del terrorismo de Estado y al menos 48 estuvieron presas*.
Los 16 que figuran como desaparecidos fueron detenidos entre el 29 de setiembre de 1973 y agosto de 1979 fuera de Uruguay, dos de ellos en Chile. En tanto, uno desapareció tras un enfrentamiento armado en Bogotá, Colombia**, mientras que los 13 restantes fueron detenidos en Argentina y varios de ellos fueron trasladados presumiblemente a Uruguay en el vuelo clandestino de octubre de 1976. Los dos uruguayos desaparecidos en Chile son los militantes tupamaros Arazatí López y Juan Antonio Povaschuck.
López se estableció en Chile en agosto de 1972. A más de un año de haber llegado y tres días después del golpe de Estado que, encabezado por Augusto Pinochet, derrocó a Salvador Allende, fue asesinado en su domicilio, el 14 de setiembre de 1973. Según la nómina, era requerido por el Grupo Artillería Nº 5. Sus restos, que habían sido ocultados en una tumba clandestina, fueron hallados en 1994, exhumados, repatriados y sepultados en el Cementerio del Buceo.
Se presume que Povaschuck -cuya captura la pretendía el Batallón de Transmisiones Nº 1- fue detenido por militares chilenos el 29 de setiembre de 1973 junto con otro uruguayo, Enrique Pagardoy, también desaparecido en ese país, aunque su nombre no está incluido en la lista. Povaschuck permaneció detenido en la Comandancia del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrilero de Puente Alto y se atribuye responsabilidad por su desaparición al coronel Mateo Durruty, procesado por delitos de lesa humanidad.
Los uruguayos identificados como desaparecidos en Chile son hasta ahora nueve, contando los tres ya mencionados. En 2008 la última víctima en ser considerada como tal fue la militante comunista Mónica Benarroyo -su caso no estaba en los registros de víctimas ni en Chile ni en Uruguay-, luego que sus restos fueran localizados en el desierto de Arica, siendo repatriados dos años después. Este descrubrimiento reciente hace presumir a investigadores y organizaciones que puede haber otras situaciones similares.
El Estado chileno reconoce como víctimas de la dictadura pinochetista a 11 uruguayos: los nueve desaparecidos y los militantes tupamaros asesinados Walter Materos y Daniel Ferreira Scaltirtti. Este último figura en la nómina militar a instancias de la requisitoria lanzada por JPM. Ferreira Scaltirtti había regresado a Chile luego de pasar por Cuba y Bélgica, donde adhirió al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Murió el día de su detención, el 15 de enero de 1987, como consecuencia de las torturas. Con respecto a los otros cuatro fallecidos que figuran en la nómina, dos lo fueron en Uruguay y dos en Buenos Aires.
Como requerido por la JPM también está en la nómina Mario Roger Julien, desaparecido en Argentina junto con su esposa, Victoria Grisonas, el 26 de setiembre de 1976. Éste es el único caso conocido hasta ahora que vincula directamente a Uruguay y Chile: los hijos de la pareja, Victoria y Anatole, fueron abandonados en una plaza de Valparaíso en 1976 y localizados tres años después. El abogado Pablo Chargoñia, quien tiene a su cargo la causa que investiga la desaparición de los menores, señaló en diálogo con la diaria que, si bien hay varias hipótesis, “no está claro” por qué fueron trasladados a Chile y que hasta ahora no hay elementos que vinculen a Julien con ese país.
Entre las 444 personas hay figuras emblemáticas de la izquierda uruguaya, como Hugo Cores (aunque aparece por su segundo nombre, Andrés), y otras vinculadas a casos emblemáticos, como Nebio Melo, hijo de Luisa Cuesta, y Mauricio Gatti, hermano de Gerardo Gatti (quien también está en la nómina) y padre de Simón Riquelo, tal como lo conocemos en Uruguay. Riquelo, quien recuperó su identidad en 2002, fue secuestrado en 1976 junto con su madre, Sara Méndez, y apropiado por los militares.
Mauricio Gatti, militante del Partido por la Victoria del Pueblo, estuvo detenido en Uruguay en 1971 y dos años después volvió a estar requerido, razón por la cual se fue a Argentina hasta 1976, cuando partió al exilio. Comenzó a volver, como muchos, desandando el camino a la espera de la democracia. En 1984 hizo una escala de un año en Argentina y en 1985 arribó a Uruguay, dende murió en 1991.

Que conste

Desde setiembre de 2005, por decisión política, el acceso a los archivos históricos y administrativos de Cancillería está abierto a las personas afectadas y a los familiares de las víctimas. Para estos casos se elaboró un formulario con las condiciones de consulta.

Para investigadores y periodistas existe un mecanismo para presentar una solicitud de autorización escrita al canciller de turno. En cualquier caso, se pide que no tome estado público aquella información que todavía afecte o pudiera afectar la vida privada de los afectados o de sus familiares.

Como él, la diaria encontró numerosos sobrevivientes del Plan Cóndor, incluyendo personalidades de gobierno. Por ejemplo, el actual embajador itinerante Julio Baráibar, quien fue detenido en Chile el 17 de setiembre de 1973, seis días después del golpe de Estado, y trasladado al emblemático Estadio Nacional. Su captura, según consta en el documento, había sido solicitada por "USAM-CBL: Unidad de Servicio del Aeródromo Capitán Boiso Lanza”. O la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, quien al momento del golpe ya había partido a Cuba en marzo de 1973, pero estaba por trasladarse nuevamente a Chile. La requería el Batallón de Ingeniería Nº 14.

La lista y el bosque

El Plan Cóndor es conocido, pero en Chile, como en Uruguay, casi no hubo difusión de documentos que lo ilustraran. De ahí que algunas de las fuentes consultadas por la diaria negaran su existencia ante la primera consulta y otras afirmaran que nunca habían visto algo similar. Sin embargo, hubo quienes la validaron y sabían de su existencia, e incluso durante las consultas quedó confirmado que el gobierno uruguayo la tiene en su poder y salvo pedidos puntuales, no la ha difundido ni compartido con otros organismos estales u organizaciones sociales. (Ver recuadro)
El abogado chileno Cristián Cruz trabajó hasta fines de 2010 en el Programa de Derechos Humanos de su país y estuvo a cargo, entre otras, de seguir las causas de los uruguayos desaparecidos. “En efecto, existe esa nómina que acompaña varios procesos de los uruguayos detenidos-desaparecidos y ejecutados en Chile”, confirmó Cruz a la diaria. Precisó que el listado sirvió para “acreditar la persecución que hubo por parte del Estado chileno respecto a estos ciudadanos uruguayos y fijar el contexto”.
Al respecto destacó que “es relevante cómo estas víctimas quedan en absoluto desamparo, no sólo respecto de su Estado natal, que es Uruguay, sino también del chileno; por lo tanto, la situación de indefensión fue absoluta: requeridos en el extranjero, requeridos en el país”. Cruz aseguró que “esos antecedentes fueron remitidos por los canales respectivos al gobierno uruguayo en su oportunidad”.
la diaria pudo comprobar que ese material está, al menos, en el archivo administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), al que ingresó en 2007 vía la embajada uruguaya en Chile, entonces a cargo de Carlos Pita, actualmente embajador en España.
En mayo de 2005, el Estado envió una circular a todas las representaciones diplomáticas uruguayas en el exterior solicitando toda aquella documentación vinculada al terrorismo de Estado entre 1972 y 1976. En ese marco también fue remitida esa lista.
Previa autorización otorgada, la diaria accedió a los dos archivos de la cancillería que conservan esas pruebas, el Administrativo -donde existe copia del listado en cuestión- y el Histórico. En este último, también hay otras nóminas de requeridos con fechas posteriores a 1972, aunque ninguna tenía como origen Chile.
Entre los folios hallados se destacan dos listas idénticas fechadas en 1974 con la identificación de la DNII, que fueron remitidas desde las embajadas argentina y brasileña. Pero es en el Archivo Administrativo donde se acumulan varios documentos, muchos de ellos con nombres de perseguidos políticos, remitidos desde Chile y que reflejan al detalle las informaciones que circulaban entre los dos países por vía diplomática.

Horror administrado

En un primer documento, con fecha del 28 de diciembre de 1972, el entonces encargado de negocios en Chile, César Charlone, escribió a Walter Astraldi Mira, cónsul general en Viña del Mar, “para remitir adjunto a la presente, una serie de fotografías con datos personales de distintos elementos a los cuales las FF Conjuntas desean localizar por saberlos integrantes de movimientos sediciosos que operan en nuestro país”. Adjuntas al correo hay varias páginas con nombres, apellidos, nacionalidad y edad, salvo la última, que sólo indica nombres y apellidos. En ningún caso había fotografías.
Ese detalle y otros hacen suponer que había por lo menos dos listas: una con más de 472 nombres y la otra con 596. La primera también pide la captura de una italiana, un paraguayo y un argentino. El mismo correo diplomático cita la “parte pertinente” de un instructivo del MRE, comandado por el canciller por Juan Carlos Blanco: “En vista de que los mismos podrían haberse trasladado al exterior, se servirá hacer llegar a cada Consulado (...), un ejemplar de las ‘Capturas solicitadas…’ a efectos de prevenirlos ante la presencia de cualquiera de ellos”. El 11 de setiembre 1973, cuando ocurre el golpe de Estado en Chile, ya ejercía como Charlone era entonces embajador.
En un documento de dos páginas con sello del Consulado de Uruguay en Chile, sin firma ni fecha, pero archivado en una carpeta de 1973, aparecen informaciones relativas a “ciudadanos desaparecidos”, tal como ya los definía el Estado uruguayo presidido por Juan María Bordaberry democrátimanete desde 1971 y de facto a partir 27 de junio de 1973. Saltan a la vista los nombres de Fontela Alonso y Cendan Almada, sobre los que se indica que “se solicitó información día 22 sept. ppdo. Sin respuesta”, antes de agregar que “se informó por Agregado militar a Cancillería” sobre las circunstancias de esas detenciones “a fin de facilitar averiguaciones por autoridades”. Esos dos uruguayos integran hoy la lista de los desaparecidos en Chile.
Posteriormente se menciona que Walter Rivera Materos Álvarez (el nombre está mal escrito en el documento) fue al Consulado el 19 con “constancia de haber sido detenido” en el rRegimiento Tacna, se informa que volvió a serlo, “según información de familiares” y que el consulado está “sin noticias”. Materos es reconocido hoy como víctima de la dictadura chilena, fue militante del Movimiento de Liberación Nacional y murió herido de bala el 6 de octubre de 1973. De otra persona, cuyo nombre no es conocido, se indica que “recuperó libertad y le fueron retirados los documentos”.
En la segunda página está indicado que “el Cnel. Aranco conoce las circunstancias” de la detención de Fontela, Cendan y Materos. El coronel Pedro Aranco era entonces el agregado militar de la Embajada de Uruguay en Chile y más tarde fue director de la Secretaría de Planeamiento, Coordinación y Difusión de la dictadura. Por último, se menciona que, “según aviso a Consulado”, Povaschuk y dos otros uruguayos (cuyos nombres no mencionamos por no ser de notoriedad pública) se encontraban en la Guarnición de Puente Alto.
Un tercer documento destacable es del 22 de enero de 1974. La carta que lo acompaña, firmada por el sucesor de Charlone en Chile, el embajador Roberto González Casal, está dirigida al canciller Blanco e introduce la lista “Ciudadanos uruguayos que se asilaron en sedes de representaciones diplomáticas acreditadas en Chile, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973”. La correspondencia aclara que “pese a las gestiones realizadas, la nómina de los ciudadanos que se encontraban en los refugios bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, no se ha podido aún obtener”. Una primera consigna que 65 uruguayos estuvieron en la representación sueca; la segunda, que 186 uruguayos se acogieron al amparo de la embajada argentina en su mayoría, pero también a las de Panamá, México, otros países del continente y unos pocos europeos.
* La nómina militar fue contrastada con las listas de desaparecidos, ejecutados y presos políticos de Investigación histórica sobre detenidos-desaparecidos, realizada por Presidencia de la República, y de Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985), coordinada por Álvaro Rico. En el caso de los desaparecidos, también se tomó en cuenta la lista realizada por la organización Familiares.
** Se trata de Carlos Modernell, quien en enero de 1979 militaba en el Movimiento M19 colombiano.

Sin nostalgia

Testimonio entre alamedas.

El 11 de setiembre de 1973, la mayoría de los uruguayos que residían en Chile ya habían partido al exilio, pero para ese día eran muchos los que, por diferentes circunstancias, todavía se encontraban en el país. Dos de ellos eran los militantes tupamaros Silvia Guyer y Ricardo Viscardi.

Las causas

Uruguayos-Tacna: Alberto Fontela Alonso y Juan Cendán Almada (desaparecidos). La causa lleva el nombre del Regimiento Tacna a donde fueron trasladados, al igual que los detenidos en el palacio presidencial de La Moneda, ya que se encuentra a 12 cuadras de ese lugar. El caso judicial aún está en etapa de sumario (investigación), sin procesados, con diligencias pendientes. Siguen declarando distintos agentes del Ejército pertenecientes tanto al Regimiento Tacna como al Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes.

Tejas Verdes: Gadea Galán y Julio César Fernández (desaparecidos). La causa se denomina Tejas Verdes porque esa escuela de Ingenieros fue el último lugar donde fueron vistos. El caso llegó a la etapa de Plenario y ya hay acusados, entre otros, el general retirado Manuel Contreras Sepúlveda, el suboficial Ramón Carriel Espinoza, la teniente y enfermera Gladys Calderón Carreño, que también fue agente de la DINA, conocida por ser quien inyectaba cianuro a los detenidos, así como el mayor David Miranda Monardes, fiscal militar.

Ferrocarrileros: Ariel Arcos Latorre, Enrique Pagardoy y Juan Povaschuk (desaparecidos). La causa se llama así porque se presume que fueron trasladados al Regimiento de Ferrocarrileros de Puente Alto, entonces bajo el mando de Mateo Durruty Blanco. Está en etapa de sumario con procesados, entre otros los militares retirados Durruty, René Eloy Cruces, Gabriel Montero Uranga y Moisés Retamal Bustos.

Archivados por falta de méritos: Daniel Ferreira-Ramos Scaltritti, muerto por tortura el 15 de enero 1987; Arazatí Ramón Paco López López, desaparecido; Walter Rivera Materos Álvarez, asesinado el 6 de octubre 1973; Mónica Benarroyo, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en el desierto en 2008.

Con 19 años, Guyer estaba en Chile para la Navidad de 1972. Pasó por Salto, Concordia, Santa Fe y Buenos Aires. Había intentado irse antes por el Vapor de la Carrera, pero no tenía la mayoría de edad, que entonces era 21 años. Viscardi salió el día de fin de año del aeropuerto de Carrasco hacia Buenos Aires. Se fue a Mendoza en tren y de allí en ómnibus hasta Santiago adonde llegó los primeros de enero de 1973.
El 8 de ese mes, Guyer confirma su embarazo. El jefe del grupo, cuyo nombre también figura en la lista, le da a elegir entre su hija y la militancia. “Ese mismo día dan la noticia de que habían matado en Brasil a Soledad Barret, la paraguaya que había estado en Uruguay, hija de asilados paraguayos. Para mí ella era un referente. Y dije: la voy a tener y le voy a poner Soledad”, contó. En febrero, se realiza un simposio del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en el que se destituye a su jefe, acusado de organizar una operación de contraespionaje, y ella queda a cargo.
Chile era un lugar de “picada” para el MLN. El objetivo era llegar a Cuba, hacer “entrenamiento militar” y “volver preparados”. Mientras tanto, “había que aprovechar el tiempo para proletarizarnos”, razón por la que se fueron armando campamentos en las montañas. Pero en Cuba no aceptaban mujeres embarazadas ni niños. “No me preguntes por qué, pero estábamos todas preñadas. Los maridos se iban y nosotras quedábamos solas”, recuerda con humor.
Viscardi se había negado a ir a Cuba por razones “político-ideológicas”. Su separación del MLN ya estaba decidida. No se trataba de una “condena a la revolución” sino de los efectos en la coyuntura interna de la organización que, a su entender, podría traer el traslado masivo de militantes a ese país. El 11 de setiembre estaba en un local partidario, al sur de Santiago, planificando el retorno por Argentina, que nunca se concretó.
Cuando se enteró del golpe salió a buscar a su esposa, que trabajaba en el norte, acompañada de su hija de tres meses. “En el trayecto de regreso del río Mapocho pasamos por la alameda y a unas cuadras de La Moneda. Se veía el combate entre francotiradores y militares. Íbamos con un bebé, a pie porque el transporte había cesado. Logramos que una persona en un vehículo se diera cuenta de la situación y nos llevara cerca del lugar donde vivíamos”, relató.
Guyer dio a luz a Soledad el 10 de setiembre en una clínica particular. Fue un parto con complicaciones y eso la obligó a mantener quietud absoluta. “Los bombardeos a La Moneda empezaron esa madrugada, pasaban los aviones rasantes. Con las horas nos enteramos de que era un golpe de Estado. De lo de Allende nos enteramos al otro día; era todo una gran confusión. A partir de ese día nadie más se pudo mover de ahí adentro [de la clínica] porque se decretó el toque de queda”, recordó.

Salvarse

Viscardi intentó refugiar a su esposa y a su hija en la embajada argentina pero no tuvo éxito. Se acogieron al estatuto de refugiados de las Naciones Unidas y lograron asilarse en Padre Hurtado con otros latinoamericanos hasta el 13 de diciembre, cuando fueron exiliados a Francia. “Los militares entraron al refugio, amenazaron con fusiles e hicieron un alegato con amenazas contra los subversivos extranjeros”, contó. El mismo 11 de setiembre, los militares chilenos instaron a los extranjeros a presentarse en distintas dependencias.
Cuando Silvia logró salir de la clínica con su compañero, los edificios diplomáticos estaban atestados. Tras recorrer varios, llegó a la Embajada de Panamá. Estaba igual de hacinada que las demás, pero las autoridades compraron una “una casa quinta con fondo y piscina, rodeada de árboles” para alojar a los latinoamericanos que los primeros días de octubre fueron trasladados a Panamá en forma provisoria.
“Los panameños se merecen un reconocimiento especial. Su hospitalidad, humanidad y solidaridad fue grandiosa. El agradecimiento es una deuda que tenemos con ellos”, valoró Guyer. Para el 20 de noviembre de 1973, ella y tantos otros uruguayos que habían llegado a Panamá ya estaban radicados en Cuba, ya no para preparar cuadros sino para sobrevivir el exilio.

Idas y vueltas

Por diferentes razones, Alma Bolón y Stella Maris Zaffaroni pasaron por Chile en los años 70, pero para el día del golpe ya no estaban. Bolón había llegado en abril de 1973. En Uruguay estaba requerida y ya la habían ido a buscar. En Chile sólo estuvo unos meses; enseguida partió a Cuba, como muchos otros integrantes del MLN. Pero antes que ocurriese, el golpe ya se presentía. A poco de establecerse en Santiago junto con una compañera, dos personas vestidas de civil les sugirieron ponerse a resguardo. “El día que llegué iba atravesando la cordillera en el ómnibus y el chofer llevaba la radio prendida. Se iba transmitiendo lo que estaba pasando en la ciudad. Acababan de matar a un obrero en manifestaciones, no me acuerdo exactamente quién lo mató, pero había mucha tensión”, relató.
Zaffaroni no tenía militancia política. Pero era la esposa del ex militante tupamaro y actual periodista Samuel Blixen. Cuando lo liberaron, en 1971, la pareja viajó a territorio trasandino donde pidió asilo. De regreso a Uruguay, Zaffaroni fue detenida por los militares. “Mi condena era ridícula: tentativa de asistencia. Me llevaron presa en junio del 72 y tuvieron a bien declararme culpable el 28 de diciembre. Asistencia son tres meses [de prisión], tentativa es un tercio de la pena, o sea que en vez de dejarme presa me tendrían que haber dejado salir porque ya había estado seis meses”, afirmó. Y añadió: “El juez me dijo: ‘usted está presa por ese anillo que tiene en el dedo’”. Se refería a su alianza de casamiento.
Zaffaroni estuvo detenida en el penal de Punta de Rieles y en varios establecimientos militares, incluyendo la sede del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), hasta que la liberan en junio de 1973, luego del golpe en Uruguay. Cada quince días debía presentarse a firmar en el Batallón Florida. “No podía ir, porque me fui un día a la casa de Canelones para limpiarla y ponerla en venta”, contó. Debajo de un sillón encontró una citación para que se presentara en el cuartel. Entonces llamó para decir que no podría ir: “Me dijeron que me presentara sí o sí. Entonces volví a mi casa, cogí un bolso, fui al aeropuerto y me tomé un avión a Buenos Aires”. Allí permaneció doce años.

Caminos cruzados

Lo ocurrido el 11 de setiembre de 1973 en Chile pegó de lleno en los extranjeros.

El golpe de Estado en Chile se veía venir. Sin embargo, su brutalidad sorprendió a muchos de nuestros compatriotas, difícil saber cuántos. El Movimiento de Liberación Nacional (MLN) ya había establecido que sus militantes debían salir del país de Salvador Allende, el presidente chileno de izquierda que gobernaba desde el 4 de noviembre de 1970 y que había recibido exiliados de todo el continente. A tal punto esto fue así, que la fuerte presencia de inmigrantes, muchos clandestinos -ya que mantenían precauciones-, sirvió de argumento a la derecha y a sectores de las Fuerzas Armadas en contra de la Unión Popular (UP).
Los tupamaros habían comenzado a llegar en 1969, muchos de ellos acogiéndose a la opción constitucional que permitía a los presos políticos salir del país, en un contexto en el que en Uruguay regían las Medidas Prontas de Seguridad. A partir de la derrota militar del MLN en 1972, y más aun después del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, la presencia de uruguayos en Chile era muy importante. Los que allí seguían “después del tancazo”, ocurrido el 29 de junio de 1973, “vieron inevitable aunar sus fuerzas con las de otras guerrillas latinoamericanas que se encontraban allí, al ver cada vez más fuerte el avance de la derecha”, escribe la historiadora uruguaya Jimena Alonso1.
Además, existían contactos y acuerdos entre el MLN y el gobierno chileno. Por eso una de las principales preocupaciones de las Fuerzas Armadas chilenas “era el ingreso a Chile controlado por la Policía Internacional en 1973, de 725 Tupamaros, guerrilleros uruguayos con mucha experiencia de combate, entre ellos 97 mujeres”, escribió el ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia en Chile (DINA), el general Manuel Contreras2. Alonso agregó, en diálogo con la diaria, que se estudiaron poco otros aspectos de la presencia uruguaya: “Quizá no exiliados, pero que estaban para apoyar al gobierno” chileno.
En octubre de 1972, la dirección del MLN había dispuesto la migración hacia Cuba, pero eso no incluía a mujeres y niños (ver testimonios). Además, luego del simposio que el MLN celebró en Viña del Mar en febrero de 1973, se adoptaron cambios de orientación política y muchos integrantes de la organización que no los aprobaron quedaron desvinculados. Por otro lado, hubo un especial ensañamiento pinochetista contra los extranjeros.
“A días del golpe militar, las autoridades castrenses, disfrazando su xenofobia con ideología, aseguraban la existencia de un ejército de guerrilleros”, compuesto por uruguayos, argentinos, brasileños, etcétera”, escribió a este medio el historiador chileno y ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Carlos Sandoval. “Ser extranjero [de cualquier país] después del golpe de Estado implicaba dar una y mil explicaciones de por qué estaba en Chile y, por supuesto, era de desconfiar”, reafirmó.
La dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Chile, Lorena Pizarro, describió esta realidad con otro ejemplo: “Llevaban a la gente por no tener rasgos chilenos, aunque lo fueran, acusados de ser cubanos”. Los uruguayos “eran víctimas al igual que nuestros compatriotas de esta persecución en contra de los opositores, con el agravante de ser calificados como peligrosos y subversivos. Ser uruguayo era sinónimo de ser tupamaro, no había distingo”, añadió el abogado chileno Cristián Cruz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima que luego del golpe de Estado en Chile se asilaron en una embajada o fueron alojados en refugios unos 619 uruguayos. “El 3 de diciembre de 1973, según un informe enviado por la Embajada uruguaya en Chile al entonces canciller Juan Carlos Blanco, cerca de 1.568 uruguayos fueron atendidos en Santiago para la realización de varios trámites, aunque no podemos afirmar que todos ellos fueran exiliados políticos”, explica la historiadora uruguaya.
Su colega chilena Verónica Valdivia -quien trabaja en la Universidad Diego Portales y es especialista en historia contemporánea- definió que la derecha y las Fuerzas Armadas manejaron la represión, en especial durante los primeros meses -“entre septiembre y diciembre”-, de una forma “asistemática”; “no había mucho control: había gente que estaba presa y no sabía por qué”.
Muchos extranjeros fueron llevados al Estadio Nacional de Santiago, depósito público de los presos políticos y convertido en símbolo de la represión. También fue utilizado a ese efecto el Estadio Chile -ahora nombrado Víctor Jara-, que quedó rápidamente colmado por tener menor capacidad. En la ciudad de Concepción, el Estadio Collao también sirvió para concentrar detenidos. Con respecto al uso de esos centros en plena ciudad, el historiador chileno Carlos Sandoval escribió que “el objetivo era intimidar… atemorizar… los balazos se escuchan a distancia y eso inhibía a la gente. Fue una forma de torturar masivamente”.
En el Archivo Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo (ver “Nombres propios”) hay una “Nómina de ciudadanos uruguayos detenidos en el Estadio Nacional de Santiago”, con fecha 3 de octubre de 1973. Según ese documento, fueron 69 los orientales retenidos en ese lugar. El documento indica en ciertos casos la dependencia de las Fuerzas Armadas uruguayas que requiere a la persona. En uno se menciona “liberado”; en otro, “expulsión”. Pero existen distintas cifras según las fuentes, de 58 a 64 personas. Alonso afirma que “el 11 de setiembre de 1973, fueron trasladados al Estadio Nacional 64 personas: 55 hombres y 9 mujeres”3.
1."Tupamaros en Chile. Una experiencia bajo el gobierno de Salvador Allende", de próxima publicación en Revista Encuentros, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
2.“Chile, la gran ilusión”, de Clara Aldrighi, Guillermo Waksman.
3. Ídem 1.

Justamente

Embajador en Chile no descarta que surjan nuevas víctimas.

Hasta el momento son 11 los uruguayos que murieron o desaparecieron en Chile entre el golpe de Estado y el final de la dictadura en marzo de 1990. Todos son reconocidos como víctimas por el Estado chileno y eso implica el derecho a una indemnización para sus familiares. Esto surge de los trabajos sucesivos entregados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
Tras un año y medio de trabajo, en agosto de 2011 entregó su informe la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Valech por ser sus miembros los mismos que habían llevado a cabo una tarea similar en 2005. Previamente, un primer informe había sido confeccionado en 1991, en aquel entonces conocido como Rettig.
Este informe, que debería ser el último, recibió 32.453 solicitudes. Quedaron reconocidas como víctimas 30 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y 9.795 ex presos políticos y torturados. Pero el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja chilena, el diputado Sergio Ojeda, solicitó al presidente chileno, Sebastián Piñera, que reinstale la comisión Valech debido a los miles de solicitudes no aprobadas.
Además, se calificó como víctima a Miguel El Fanta Estay Reyno, quien cumple cadena perpetua por tres asesinatos que cometió luego de haberse quebrado bajo la tortura y de convertirse en colaborador de la dictadura. En el listado también aparece Luz Arce, ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria quien también denunció bajo tortura, pero manifestó su arrepentimiento al retorno de la democracia y fue testigo voluntario ante la Justicia.
Todas las nóminas e informes están disponibles en www.comisionvalech.gov.cl/InformeComision.html.

Uruguay en Chile

Los casos de las 11 víctimas uruguayas reconocidas están o estuvieron bajo investigación judicial. Contactado por la diaria, el ex canciller y actual embajador de Uruguay en Chile, Pedro Vaz Ramela, aseguró que se hace un seguimiento “constante” de estos expedientes. Dio como ejemplo la causa Benaroyo, que se abrió cuando fue descubierto el cuerpo, gracias a la intervención de la Comisión de Seguimiento uruguaya. Destacó que “existe la posibilidad de que surjan nuevos casos al cruzar antecedentes con otras causas abiertas” y que todo lo que surge, en materia judicial, pero también en la prensa, “se canaliza e institucionaliza” vía cancillería.
En tanto, la causa chilena sobre el Plan Cóndor aún está en etapa de investigación, y el llamado “caso Berríos” es uno de los pocos en los que se verificó un vínculo entre el accionar de las Fuerzas Armadas de ambos países en dictadura, más allá de que los hechos a investigar se produjeron ya en democracia (1992). Tres militares uruguayos fueron condenados en 2010 por el crimen del bioquímico chileno y ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Eugenio Berríos, previamente secuestrado en su país y ocultado en Uruguay por militares leales a Pinochet para evitar que revelara detalles del accionar en dictadura en causas en las que se sabía que aportaría información.
Su cadáver apareció en Uruguay, en 1995, tres años después. Berríos realizaba en la DINA experimentos sobre los detenidos. Los condenados fueron tres coroneles, uno retirado, Tomás Casella, y dos en actividad, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli. Casella fue condenado a ocho años y dos días por "secuestro" y "asociación ilícita", Radaelli a cinco años y 62 días por los mismos delitos, ambos con pena firme. Por otro lado, y por los mismos delitos, Wellington Sarli, fue condenado a tres años y 61 días, pero obtuvo el beneficio de libertad vigilada.
Las condenas aplicadas y los beneficios otorgados son habituales en Chile. Por eso los familiares de víctimas de la dictadura reclaman hace años que no se apliquen reducciones de penas ni beneficios. Con el objetivo de evitar las rebajas de pena, un proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en mayo de 2009. El proyecto sigue en trámite en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Respecto a esa reforma, la secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos en Chile, Rossy Lama, dijo que el problema “no es tanto la ley sino la forma en que la aplica la Corte Suprema”, y que en casos de violación a los derechos humanos la solución sería que “no se aplique”. Respecto a los beneficios, estimó que “no se deberían otorgar en ningún tipo de delito que atente contra un derecho fundamental”.