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Viernes, 16. Septiembre 2011 |
¿Qué tal si el gobierno toma los 4 mil millones de dólares que tiene depositados en el exterior y con ellos impulsa una inversión en Estados Unidos, por ejemplo para fabricar boleadoras, reclamando privilegios y beneficios como los que se conceden en Uruguay a los inversores extranjeros? ¿Qué tal si compramos 4 mil millones en tierras para criar carpinchos, pongamos por caso?
Nos van a decir que no, que no están interesados en ninguna inversión con privilegios; y sobre las tierras ni soñar, porque allá la concentración está limitada para los extranjeros.
Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Por eso el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se permitió presionar al gobierno uruguayo alertando que el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, el famoso impuesto a la tierra, podría desestimular las inversiones.
Con el problema que tienen en Afganistán, con la recesión y el desempleo, no se entiende que le dediquen atención a un impuesto que va a recaudar apenas 60 millones de dólares en un país que queda más o menos por ahí, en el sur.
A menos que esta iniciativa no sea tan intrascendente: hay una sintonía entre la Asociación Rural, la Federación Rural, la derecha política y el Departamento de Agricultura para poner el grito en el cielo.
¿Por qué tanto ruido si, como dice el ingeniero Martín Buxedas –hasta hace poco director de políticas agropecuarias del Ministerio de Ganadería–, el impuesto"en líneas generales, en relación con el objetivo anticoncentrador, tiene una eficiencia muy limitada"? En una entrevista concedida al portal Sala de Redacción, Buxedas explicó que al productor que obtiene rentas de 120 a 300 dólares por hectárea, "un impuesto de ocho, diez dólares a alguien que arrienda a 150, no lo afecta". Pero sí sería efectivo en "las concentraciones a altísimos niveles", un fenómeno que tiene dos caras: por un lado, concentración; por otro, tranjerización.
Buxedas señala que los extranjeros que vienen aquí "no son aquellos que después de mucho trabajar compran una chacrita, sino que son grandes empresas y fondos (de inversión) que adquieren 10, 20, 50, 100 o 250 mil hectáreas".
Si dejamos de lado a los terratenientes de la vieja guardia, que hacen ganadería extensiva en 10 mil hectáreas con bajísima rentabilidad, el impuesto a la tierra termina siendo, al fin y al cabo, un problema casi exclusivo para la gran inversión, sean las trasnacionales de la forestación o los que arriendan para la megaexportación de soja.
Fue tal la desfachatez del Departamento de Agricultura que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, se sintió en el derecho de calificar de "impertinentes" las advertencias de esa oficina estadounidense.
"Así como a Estados Unidos no le gusta que se inmiscuyan en sus asuntos internos, en Uruguay tampoco nos gusta que esas cosas ocurran, desde ningún ámbito, ni económico, ni político o de cualquier tipo", dijo el ministro al término de un almuerzo con directivos de la Asociación Rural en el que, precisamente, defendió el proyecto de impuesto a la tierra. El ministro recibió quejas, también, de la minera de capitales indios Aratirí, cuyos representantes en Uruguay se manifestaron "sorprendidos" y "preocupados" al enterarse de que su emprendimiento –una proyectada inversión de 3 mil millones de dólares– no recibirá las exoneraciones previstas en la ley de promoción de inversiones, lo que implicaría que, de concretar la explotación de yacimientos de hierro, deberá pagar el impuesto a las rentas de actividades económicas (IRAE).
La decisión del gobierno de que las explotaciones mineras no se beneficiarán de las exoneraciones fiscales contempladas en la ley de promoción de inversiones fue comunicada a la comisión multipartidaria sobre megaminería por el subsecretario de Economía, Luis Porto.
La Cámara de Minería del Uruguay, que agrupa a un selecto grupo de empresas extranjeras, también manifestó su sorpresa por este "cambio de las reglas", y sus voceros coincidieron con Aratirí en que se daba por descontado que los emprendimientos de explotación minera quedaban amparados por los beneficios de la ley de inversiones.
El subsecretario Porto fundamentó la postura del gobierno: la megaminería es una industria extractiva de un recurso no renovable y que ocupa gran tamaño; para aplicar las exoneraciones previstas en la norma, el gobierno considera que la ganancia social de la inversión debe ser mayor a la del privado que la realiza.
Porto aclaró que los beneficios se concederían si una empresa invierte en la industrialización del hierro o de otro mineral que se extraiga en Uruguay. Quizás este sea el inicio de un proceso de modificación de la relación con los grandes capitales de inversión directa. Las reglas de juego se impusieron al comienzo del gobierno de Tabaré Vázquez y supusieron, como dice el ingeniero Buxedas, "una apertura total a la inversión extranjera", sin ningún tipo de condicionamientos. "Si la empresa es grande, chica o mediana, entra igual.
El ingreso es irrestricto. Hasta tal punto que no es necesario que se identifiquen." Los términos de los primeros tratados de inversión condicionaron, según legisladores oficialistas, todos los acuerdos restantes: "si una pastera recibe una zona franca, las restantes que vengan exigirán lo mismo", explicaron, y ello hace difícil modificar la ecuación. En cambio, no habiendo antecedentes en materia de minería, el gobierno pone otras condiciones.
De hecho, casi todas las grandes inversiones incumplen esa norma de que la ganancia social debe ser mayor a la privada, pero será muy difícil modificar lo que ya está hecho. Pero con la megaminería se da un paso. Claro que habrá que aguantar las presiones y las "advertencias".
AFAP´S UNA ESTAFA MÁS DEL SISTEMA FINANCIERO
Por WILLIAM YOHAI
16 de setiembre de 2011
Al escribir sobre el proyecto Aratirí-Zamin Ferrous afirmamos que el estado tiene los recursos para llevar adelante éste y toda otra cantidad de proyectos de inversión que tienen que ver con el desarrollo nacional.
La reactivación del ferrocarril de carga es otro ejemplo patente.
Afirmábamos que las reservas sin contrapartida del BCU, las tenencias de activos externos del BROU, seguramente en gran parte bonos del tesoro de USA, eran ejemplos de ello.
Para financiar grandes proyectos de desarrollo; Argentina optó por un camino más radical.
Y que conste, no lo hizo un gobierno que afirme llevar adelante un proyecto de "liberación nacional y socialismo", como son el MPP, el PC y otros grupos que conforman la mayoría del FA y ostentan los cargos claves en el gobierno.
Cristina Fernández y Néstor Kirchner hicieron algo "impensable" (¿se imaginan a Mujica, Lorenzo, Astori et al proponiendo-realizando algo así?):
ESTATIZARON LOS FONDOS DE LAS AFJP.
Simple, como son simples todas las grandes cosas.
¿y qué pasó?
¿Fue Argentina invadida?,
¿o tal vez no pudo vender más trigo, carne o soja o autos en los mercados internacionales? ¿o? ¿o?
Pues bien; no pasó nada.
Y que no me digan que Argentina es un país grande. Su economía, hasta hace pocos años por lo menos, era menor que la de Cataluña. No España, Cataluña.
El golpe fue duro, pero al afectar solo a un puñado de bancos y beneficiar directamente a millones de aportantes a la seguridad social no pudo ser transformado por los afectados en "casus belli".
Casi que pasó desapercibido.
Por supuesto los habituales gurúes neoliberales, idénticos a los que de este lado del río gobiernan la dirección económica, la academia y la prensa especializada y no especializada cantaron las desgracias y desastres que tal medida iba a desencadenar.
Según ellos es mejor invertir plata, que en este caso es tiempo de trabajo extraído de los obreros y obreras, en papeles del casino financiero que en emprendimientos productivos de significación nacional.
El mejor comprar bonos emitidos por el estado nacional que poner en marcha el ferrocarril, o que montar una minería nacional de hierro, que promete ganancias extraordinarias y podría significar el inicio de una industria pesada nacional.
Porque cuando se compra deuda del estado lo que se está haciendo es aportar al casino financiero internacional, que es el emisor y gestor de esa deuda.
En realidad, históricamente, el sistema estatal preexistente funcionaba sin acumulación. O sea, "cobrar y pagar".
Por una ventanilla el BPS recibía los aportes de activos y empresas y por la otra pagaba pasividades (pensiones y jubilaciones, básicamente)
La "reforma" de la mano de la mafia financiera internacional personificada en el FMI, el BM y el BID, además de las presiones políticas de todo tipo de los países desarrollados consistió en que el BPS siguiera pagando las pasividades mientras el gobierno le aportaba la parte de su recaudación que iba a las AFAP.
Una manganeta que generó una cuantiosa deuda pública extra. Porque sucedía, como fue en todos los países subdesarrollados (los desarrollados no llevaron adelante esta reforma) que el estado no tenía fondos para sustituir estos aportes que ahora iban a los fondos privados.
Se generaba así el llamado "déficit bueno"......Y el mismo era cubierto con deuda pública.
En Uruguay el ambiente político no permitió llevar adelante el proyecto en toda su brutalidad.
Así las AFAP sólo podían invertir en deuda pública, con escaso margen para otras aventuras.
Y la parte de la recaudación previsional que va a las AFAP no es la totalidad de ésta.
Entonces, tenemos la casi risible situación de que el estado (vía BPS) recauda plata, que se la pasa sin descuentos a la AFAP.
La AFAP, sin hacer absolutamente nada recibe la plata, le descuenta una cifra enorme al "fondo" del trabajador y le presta la plata al estado.
Una cosa, que si uno la mira fríamente, es de locos.
¿quien se beneficia con todo esto?
Un puñado de bancos privados y "altos ejecutivos" de la AFAP REPÚBLICA, cuyos accionistas son el BPS, el BROU y el BSE.
Un puñadito de administradores de la cual adquieren el derecho a súper sueldos y el privilegio de manejar a discreción dinero público.
Pero hay algo más: la presión para que crezca la parte de los fondos de las AFAP que no van a títulos de deuda pública aumenta.
Se trata de que se faciliten los mecanismos para que esos fondos puedan ser vertidos al casino financiero.
Por ahora se están colocando en empresas radicadas en el país que emiten fideicomisos o títulos de deuda
de empresas privadas.
Los mismos que marchan más o menos bien en épocas de bonanza económica, pero que se van al tacho cuando viene (y siempre termina viniendo en estas orillas), la inevitable crisis.
De las pocas cosas más o menos concretas que se pueden rescatar del programa del fraude amplio ante las últimas elecciones está el famoso “eliminar el lucro de la seguridad social” (cita no textual). Aún expresado en típico fraudeamplés queda bastante claro.
En los países en los cuales el sistema se aplicó a rajatabla, Chile o Argentina, por ejemplo, las previsionales privadas invirtieron en títulos (acciones) privados nacionales y extranjeros. Y sometieron y someten a los trabajadores a los vaivenes del casino. Casino hecho para que sólo gane “la casa”, como cualquier casino del mundo (excepto los que regentea la IMM).
En este caso, “la casa” es la cremita de gerentes de los bancos de inversión que ganan millones y millones de dólares per cápita anuales y las direcciones de las empresas, todos empeñados en una sucia y desembozada manipulación de los valores.
Precisamente de esto se trata. De darle al capital financiero trasnacional el mayor control posible sobre el valor generado por el trabajo anónimo de millones de personas.
En nuestro país así como se bloqueó una parte de las privatizaciones de empresas públicas gracias a los ejemplares plebiscitos impulsados por sindicatos y la izquierda de base (la dirección fraudeamplista nunca fue entusiasta o impulsora de aquellos) la “reforma” fue parcial, lo que deriva en perjuicios limitados a la clase trabajadora.
Dos datos, surgidos del BCU y de La República (2) son reveladores del significado de las AFAP:
1) En ellas, a pesar de que administran miles de millones de dólares trabajan 371 personas, casi la mitad vendedores que recorren empresas y llaman intrusivamente por teléfono a las trabajadoras usando técnicas agresivas de venta y, mediante engaño tratan de inducirlos a afiliarse a las empresas*.
Es de destacar que el trabajo que implica recaudar los aportes, que significa un enorme despliegue destinado a evitar la natural tendencia a la evasión, corre por cuenta del BPS.
2) Las increíbles comisiones que cobran a los afiliados. Por hacer absolutamente nada más que engañar a las trabajadoras para que se afilien (como ya explicamos es el grueso del costo laboral de estas empresas) les cobran entre un más de un 7% (AFAP REPÚBLICA) y más de un 15% de sus aportes. Imagínese el lector un banco en el cual al ir a depositar su dinero le descontaran inmediatamente un 7 o un 15% del mismo.
El trabajo de Pagina 12
http://www.pagina12.com.ar/(donde aparte se detalla la ínfima parte que le insume al estado argentino administrar los fondos en relación a lo que cobraran las “administradoras”) es esclarecedor
*Es necesario aclarar que no responsabilizamos a estas (personas) trabajadoras por el triste papel que este sistema corrupto les obliga a realizar.
Sí corresponde aclarar que es imposible lograr que alguno de ellos (por lo menos aquellos con los cuales hablamos) explique correctamente que las comisiones se cobran sobre el monto del sueldo y no de los aportes.
El “verso” es no explicitar esto, por lo cual la mayoría de la gente piensa que se descuenta entre un 1 y pico y un 2 y pico % de los aportes, o lo que es lo mismo que se descuenta sobre un 15% del sueldo y no sobre el 100% como explica Murro. No cabe duda que esto cabe perfectamente en la definición de “estafa”.
Según la RAE: “Delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro”.
(1) http://www.bcu.gub.uy/
(2) La República Sábado, 04 de abril, 2009 - AÑO 12 - Nro.3229:
"La reciente Resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que declara ilegal una Resolución de 1995 durante la administración del Dr. Sanguinetti, por la que se habilitaba al BPS a cobrar a República AFAP el trabajo administrativo que realiza nuestra institución para proporcionarles la información que necesitan, nos esclareció el panorama.
Esta Resolución de ilegalidad, con un atraso de 14 años, nos llevó a resolver que no le cobraremos a ninguna AFAP.
Por otra parte, complementando este apoyo a los trabajadores, planteamos la rebaja de 50% de la comisión que se le cobra a las AFAP, pero en este caso va dirigido directamente a República Afap", explicó Murro.
De esta manera, la comisión de administración que se cobra a los trabajadores queda en los siguientes valores: Unión Capital 15,3%, Afinidad 14,8%, Integración 14,3% y República 7,8%.
Murro señaló que se trata "de una clara definición de República Afap de favorecer a los trabajadores en momentos en que la crisis afecta sus fondos de jubilación. Simultáneamente se resolvió elevar la garantía de reserva a fin de asegurar a los trabajadores sus aportes, lo que instala a República Afap como la institución con la más alta garantía y la menor comisión".
También se puede analizar las ventajas que significan para los trabajadores de República las medidas adoptadas si vemos la comisión de administración como porcentaje de los salarios.
A modo de ejemplo, el presidente del BPS explicó que 1,29% es el porcentaje del salario que ahora bajó a 1,17%.
Si se divide a ambos porcentajes entre 15 (que es el porcentaje del aporte jubilatorio del trabajador), el resultados es 8,6% y 7,8% respectivamente. Si se toma la situación de otra AFAP Unión Capital, por ejemplo, 2,29%, dividido 15, da 15,3%
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