Informe Amnistía Internacional Uruguay

Comunicado de prensa | Uruguay

Uruguay debe investigar y llevar ante la justicia a responsables de crímenes del pasado
 
En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades uruguayas a remover todas las barreras legales para investigar y llevar ante la justicia a responsables de crímenes cometidos durante los gobiernos militares y civiles de los años 70’s y 80’s.
 
En mayo pasado, la Corte Suprema de Uruguay concluyó que dos ex oficiales militares no podrían ser imputados por el delito de desapariciones forzadas porque este no había sido incorporado a la legislación nacional hasta 2006, y no podía ser aplicado retrospectivamente.
 
Los ex militares fueron condenados por el delito común de “homicidio muy especialmente agravado” por el asesinato de 28 personas y sentenciados a 25 años de cárcel.
 
El efecto práctico de considerar estas graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar, tal como la desaparición forzada, como delitos criminales comunes en vez de crímenes contra la humanidad significa que están expuestas a prescripción. 
Casos podrían cerrarse el 1 de Noviembre de 2011 ya que de acuerdo al Código Penal, la prescripción máxima por homicidio agravado es de 26 años y 8 meses. El período se cuenta desde el regreso al gobierno civil el 1 de Marzo de 1985.
 
“Este fallo de la Corte Suprema es un insulto a las víctimas de desapariciones forzadas y sus familiares,” dijo Hugo Relva, Asesor Legal de Amnistía Internacional.
 
“Es completamente contrario a la legislación internacional que dice, claramente, que las desapariciones forzadas, como crímenes contra la humanidad, no están sujetas a prescripción.”
 
Los esfuerzos de Uruguay de llevar a la justicia a los responsables de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el último gobierno militar han sido inconsistentes y, en momentos, contradictorios.
Un intento en mayo de este año de anular los efectos de la Ley de Caducidad fue derrotado por un pequeño margen en el Congreso.
La ley previene que se puedan llevar a la justicia a personal policial y militar por crímenes contra la humanidad cometidos antes de 1985, lo que cubre el período de 11 años de gobiernos militares y civiles, cuando se cometieron torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos. La Ley de Caducidad fue confirmada previamente en dos consultas populares celebradas en 1989 y 2009.
 
En febrero de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que Uruguay era responsable por la desaparición, en 1976, de Claudia García Iruretagoyena de Gelman y por suprimir y sustituir la identidad de su hija María Macarena Gelman García.
 
La Corte ordenó al Estado investigar y llevar a la justicia los crímenes de desaparición forzada como tales, dado que son delitos permanentes y  la aplicación de la ley de 2006 para estos casos no era una aplicación retroactiva de la legislación penal.
 
La Corte Interamericana también enfatizó que Uruguay debe asegurar que la Ley de Caducidad no represente un obstáculo para la investigación y enjuiciamiento de este caso y de otros y pidió al estado que no aplicara ninguna otra norma, incluyendo la prescripción, que limitan la responsabilidad criminal y podría obstaculizar investigaciones criminales en estos casos.
 
“Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben asegurarse que ninguna violación a los derechos humanos quede en la impunidad,” dijo Hugo Relva.
Al menos 34 personas fueron objeto de desapariciones forzadas durante los gobiernos militares y civiles en Uruguay entre 1973 y 1985 y al menos otros 100 Uruguayos desaparecieron en Argentina en el mismo periodo. Entre ellos, se encontraban 12 niños, cuatro de los cuales nacieron en cautiverio. Miles de personas sufrieron torturas y malos tratos.
Una desaparición forzada es un arresto, secuestro o acto similar realizado por el Estado o por agentes que actúan en su nombre, negando luego que la persona se encuentre detenida o se oculta su paradero.
Nota para editores
El informe de Amnistía Internacional “Uruguay: Los crímenes de Derecho Internacional no están sujetos a prescripción” estará disponible desde el 26 de Septiembre de 2011 a las 14:00Hs GMT en www.amnesty.org/es
 
Para más información, ponerse en contacto con:
En Montevideo: María García, +598 (0) 99 374478, comunicacion@amnistia.org.uy
En Londres: Josefina Salomón, +44 7778 472 116, jsalomon@amnesty.org
 

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