Fines y formas
UTAA desocupó 200 hectáreas que había ocupado el sábado en Bella Unión; reclama un “proyecto piloto” de reforma agraria.
El sábado, la Comisión de Tierras de la Unión de Trabajadores
Azucareros de Artigas (UTAA) ocupó un predio de 200 hectáreas en Bella
Unión, en el kilómetro 613 de la ruta 3. Cerca de 35 personas y sus
familias comenzaron tareas de limpieza del predio pero a la vez
presentaron una ambiciosa propuesta: un documento denominado “Bases para
un experimento de acceso a la tierra con miras al desarrollo de una
estrategia global de reforma agraria”. “Las organizaciones necesitaban
moverse; más de 2.000 trabajadores sin trabajo, que no tienen ni
siquiera un seguro, gente que terminó la zafra [de caña de azúcar].
Empezamos con la lucha por la tierra, con el tema de la reforma agraria;
no para buscar una solución para estas familias, es una plataforma
política para que se haga a nivel nacional”, explicó Sergio Pintado,
secretario de UTAA.
Enterado de la ocupación, el Instituto Nacional de Colonización (INC) realizó la denuncia policial. El tema pasó al juzgado y el INC mantuvo la postura de que se debía desocupar el predio, según explicó su presidenta, Jacqueline Gómez. Antes de que se resolviera el desalojo, la UTAA en asamblea resolvió desocupar pero no abandonar el predio: el lunes se instalaron por fuera del cerco. “Pasamos a este lado del cerco, pero no acampando. Estamos con una cuadra de ranchos para quedarnos lo necesario”, añadió Pintado. Ayer en asamblea tres de los manifestantes resolvieron comenzar una huelga de hambre, y se adoptarán medidas distorsivas como enlentecer el tránsito en la ruta 3, en una zona cercana al acceso a la planta de Alcoholes del Uruguay (Alur).
En una carta política UTAA afirma que resolvió “intensificar su histórica lucha por el acceso a la tierra” por la situación de la ciudad artiguense. Aseguran que el proyecto sucro-alcoholero, si bien reactivó la economía cañera, genera dependencia de Alur, que no se ha logrado la diversificación productiva y que esto no permite superar la zafralidad que implica la producción de caña de azúcar, que ocupa a los trabajadores durante cinco meses. Empeora la situación, afirman, que Alur resolvió “suspender la ampliación del área cañera y que otras agroindustrias de la zona (Greenfrozen y Calvinor) hayan cerrado sus puertas”. Fundamentan en la carta que la ocupación es para poner en marcha un “proyecto piloto de reforma agraria”: además de las 200 hectáreas en las que prevén implementar actividades de horticultura, ganadería, actividad granjera y lechería (con tan sólo diez hectáreas destinadas a la plantación de caña), UTAA plantea la creación de un espacio de articulación interinstitucional integrado por los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Desarrollo Social, el INC, el Instituto Nacional del Cooperativismo y la Universidad de la República para la puesta en práctica del proyecto piloto y que se suspendan las intimaciones a desalojo por el INC a productores de la colonia Raúl Sendic.
En el documento “Bases para un experimento...” proponen que sea una cooperativa agrícola la que gestione el predio en la ruta 3, que se exonere a los beneficiarios del pago del arrendamiento por cinco años y que se les otorgue una “beca especial” de al menos un salario mínimo durante el primer año de funcionamiento de la cooperativa. El proyecto prevé un presupuesto de 227.596 dólares y un cronograma de 15 meses.
Camino recorrido
En diálogo con la diaria, Gómez destacó que en la zona de Bella Unión el INC entregó 4.244 hectáreas a trabajadores asalariados, colectivos y productores familiares, que en total implican a más de 105 familias. La jerarca coincidió con el objetivo de diversificar la producción en esa zona, para combinar la producción de la caña -“que da un canal seguro de comercialización”- con otros rubros, explicó. Detalló que, por ejemplo, de las 1.300 hectáreas que se entregaron a la colonia Pay Paso, para producción azucarera están destinadas sólo 450.
Por otro lado, señaló que esas más de 4.000 hectáreas están en manos de 14 emprendimientos, de los cuales seis (que implican 2.041 hectáreas) fueron “acordados 100% con UTAA”. “Esto habla de un marco de acuerdo bastante fuerte con UTAA, la situación es muy distinta desde aquel 15 de enero de 2006 [cuando fue la ocupación de UTAA de la Colonia España]”, aseguró. A Gómez le sorprendió la medida de la ocupación del sábado, así como la propuesta, que no había sido presentada al instituto.
La próxima semana la jerarca se reunirá con dirigentes de UTAA para conocer el proyecto, más allá de que adelantó que el planteo es “bastante más amplio que el acceso a la tierra”, por lo que implica también a otros organismos estatales. Aunque el diálogo está planteado, Gómez destacó que el INC invirtió 20 millones de dólares “exclusivamente en la compra de tierras para estos sectores”, en relación a las 4.000 hectáreas que están destinadas a pequeños productores y asalariados en Bella Unión. “Quedan muchos más grupos y tenemos que dar respuesta en todo el país a las necesidades de tierras”, dijo, y añadió que en el encuentro se verá “qué compartimos y en qué cosas de todo el planteo tiene injerencia el INC”.
Fotos Alex Moraes Movimiento por la tierra
Enterado de la ocupación, el Instituto Nacional de Colonización (INC) realizó la denuncia policial. El tema pasó al juzgado y el INC mantuvo la postura de que se debía desocupar el predio, según explicó su presidenta, Jacqueline Gómez. Antes de que se resolviera el desalojo, la UTAA en asamblea resolvió desocupar pero no abandonar el predio: el lunes se instalaron por fuera del cerco. “Pasamos a este lado del cerco, pero no acampando. Estamos con una cuadra de ranchos para quedarnos lo necesario”, añadió Pintado. Ayer en asamblea tres de los manifestantes resolvieron comenzar una huelga de hambre, y se adoptarán medidas distorsivas como enlentecer el tránsito en la ruta 3, en una zona cercana al acceso a la planta de Alcoholes del Uruguay (Alur).
En una carta política UTAA afirma que resolvió “intensificar su histórica lucha por el acceso a la tierra” por la situación de la ciudad artiguense. Aseguran que el proyecto sucro-alcoholero, si bien reactivó la economía cañera, genera dependencia de Alur, que no se ha logrado la diversificación productiva y que esto no permite superar la zafralidad que implica la producción de caña de azúcar, que ocupa a los trabajadores durante cinco meses. Empeora la situación, afirman, que Alur resolvió “suspender la ampliación del área cañera y que otras agroindustrias de la zona (Greenfrozen y Calvinor) hayan cerrado sus puertas”. Fundamentan en la carta que la ocupación es para poner en marcha un “proyecto piloto de reforma agraria”: además de las 200 hectáreas en las que prevén implementar actividades de horticultura, ganadería, actividad granjera y lechería (con tan sólo diez hectáreas destinadas a la plantación de caña), UTAA plantea la creación de un espacio de articulación interinstitucional integrado por los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Desarrollo Social, el INC, el Instituto Nacional del Cooperativismo y la Universidad de la República para la puesta en práctica del proyecto piloto y que se suspendan las intimaciones a desalojo por el INC a productores de la colonia Raúl Sendic.
En el documento “Bases para un experimento...” proponen que sea una cooperativa agrícola la que gestione el predio en la ruta 3, que se exonere a los beneficiarios del pago del arrendamiento por cinco años y que se les otorgue una “beca especial” de al menos un salario mínimo durante el primer año de funcionamiento de la cooperativa. El proyecto prevé un presupuesto de 227.596 dólares y un cronograma de 15 meses.
Camino recorrido
En diálogo con la diaria, Gómez destacó que en la zona de Bella Unión el INC entregó 4.244 hectáreas a trabajadores asalariados, colectivos y productores familiares, que en total implican a más de 105 familias. La jerarca coincidió con el objetivo de diversificar la producción en esa zona, para combinar la producción de la caña -“que da un canal seguro de comercialización”- con otros rubros, explicó. Detalló que, por ejemplo, de las 1.300 hectáreas que se entregaron a la colonia Pay Paso, para producción azucarera están destinadas sólo 450.
Por otro lado, señaló que esas más de 4.000 hectáreas están en manos de 14 emprendimientos, de los cuales seis (que implican 2.041 hectáreas) fueron “acordados 100% con UTAA”. “Esto habla de un marco de acuerdo bastante fuerte con UTAA, la situación es muy distinta desde aquel 15 de enero de 2006 [cuando fue la ocupación de UTAA de la Colonia España]”, aseguró. A Gómez le sorprendió la medida de la ocupación del sábado, así como la propuesta, que no había sido presentada al instituto.
La próxima semana la jerarca se reunirá con dirigentes de UTAA para conocer el proyecto, más allá de que adelantó que el planteo es “bastante más amplio que el acceso a la tierra”, por lo que implica también a otros organismos estatales. Aunque el diálogo está planteado, Gómez destacó que el INC invirtió 20 millones de dólares “exclusivamente en la compra de tierras para estos sectores”, en relación a las 4.000 hectáreas que están destinadas a pequeños productores y asalariados en Bella Unión. “Quedan muchos más grupos y tenemos que dar respuesta en todo el país a las necesidades de tierras”, dijo, y añadió que en el encuentro se verá “qué compartimos y en qué cosas de todo el planteo tiene injerencia el INC”.
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