La crisis del pescado

>>> SUNTMA reclama “hechos” ante crisis histórica del sector

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA) Carlos Vega, realizó un pormenorizado análisis de la realidad que enfrenta actualmente la industria pesquera, la problemática regional e internacional y su incidencia directa en la actual crisis a la que catalogó como “una de las peores de la historia del sector”. Los trabajadores nucleados en el SUNTMA y desde el PIT-CNT, reclaman medidas “sensatas” que no impliquen el “reparto y volanteada de plata” de manera ligera. Entienden que teniendo en cuenta la dimensión de la problemática que afecta a miles de trabajadores, la búsqueda de respuestas a la crisis necesariamente deberá incluir acciones concretas que adopten tanto el Poder Ejecutivo como el Parlamento. Los trabajadores reclaman ideas innovadoras y que se avance en algunas propuestas que vienen realizando desde hace casi tres años y que hasta el momento no han sido implementadas. Empero, adelantaron al Portal del PIT-CNT que de no encontrarse respuestas  que reviertan la actual situación crítica, no descartan la toma de acciones futuras como una gran movilización no por tierra, sino en el agua, que podría incluir el corte del canal o el rodeo de algún crucero turístico de los que llegan a nuestras costas.  

Hechos y no palabras

Según explicó al Portal, el secretario general del SUNTMA, Carlos Vega, la crisis que vive el sector impone un “sinceramiento” urgente de todas las partes para que se discuta “en serio” si el sector “es viable o no, si importan o no los nueve mil puestos directos de trabajo”.  Para Vega la salida no pasa simplemente por cuestiones de “buena voluntad”. En este sentido destacó la buena disposición de las autoridades del Ministerio de Trabajo (MTSS) y especialmente del director nacional de recursos acuáticos (DINARA) Daniel Gilardoni, “que es uno de los que tiene la mochila puesta, ha trabajado, y nos consta que el compañero ni se ha tomado descanso ni se fue de vacaciones porque sigue tratando de encontrar soluciones y elaborando propuestas por escrito para que el sector pueda seguir funcionando”.

Crisis regional

La crisis que está viviendo Brasil, junto con la devaluación que implementó de su moneda conspiró contra las exportaciones del sector pesquero que a pesar de todo, durante el año 2015 alcanzó la cifra de 113 millones de dólares. “En estos momentos difíciles es cuando hay que tomar decisiones innovadoras, pensando que el empresario siempre tiene la heladera llena en su casa, pero los trabajadores pasamos unas fiestas dramáticas, lamentables, porque a los trabajadores esto nos afecta en nuestras casas” consignó.
El secretario general del SUNTMA aclaró que los trabajadores “no queremos que el Estado empiece a volantear dólares, pero un sector que aporta a la economía del país no puede abandonarse”.
Otro de los aspectos que inciden en la problemática del sector pesquero es que las dimensiones de algunos competidores regionales son mucho mayores y acceden a mejores condiciones para la pesca de sus barcos, por lo que los costos son diferenciales.

Mercado interno y problemática cultural

Según explicó Vega al Portal, el mercado interno no es determinante y no puede por sí solo revertir la realidad actual, aunque un cambio de hábito en el consumo familiar del pescado puede aportar “algo” positivo “en caso que el Estado regulara los precios”. De todos modos, para el dirigente se produce la paradoja que “mientras el médico te aconseja que comas pescado una vez por semana uno se pregunta qué trabajador puede comer pescado con esa frecuencia con el kilo a $270. Con ese dinero un trabajador compra dos kilos de carne picada común y con eso su familia come toda la semana”.
Según cifras oficiales, en Uruguay se consumen nueve kilos de pescado per cápita anuales lo que es considerado un nivel “bajísimo”.

Fripur, viejos procedimientos y la esclavitud del siglo XXI

El secretario general del SUNTMA remarcó que la preocupación de los trabajadores no pasa por lo anecdótico de los viajes en la avioneta de los Fernández o quién pagó una banda presidencia. La gran mirada tiene que centrarse en lo que implica la gestión empresarial, los procedimientos y los desvíos de dinero que hicieron “de plata que recibieron del Estado y de todos nosotros” hacia otras de sus empresas.
“En los años de gobiernos del gobiernos progresistas lo que hicieron ellos, el gran argumento que tuvo Fripur, fue jugar con los puestos de trabajo y el volumen de trabajadores que estaban en juego. Una fábrica que en sus mejores momentos nucleaba a 3.600 trabajadores, cómo no íbamos a respaldar a esa fábrica”. Empero, desde el sindicato se cuestionó duramente las condiciones de esclavitud que padecieron cientos de trabajadoras “incluso embarazadas a las que no se les permitía ni siquiera ir al baño”. Vega aseguró al Portal que “nosotros cuestionamos a los distintos gobiernos incluso hasta el momento del cierre porque creemos que el Poder Ejecutivo hizo oídos sordos a los reclamos del sindicato y de la propia Central”.
Vega reclamó que en esta nueva etapa para Fripur “el Estado se involucre” y que sea “el socio de los trabajadores” para que “el Estado vea con sus propios ojos cómo funciona el sector pesquero y no sigamos de espalda al mar, para que no se ponga en riesgo un recurso tan importante para el país”. En este sentido, Vega destacó que el proyecto elaborado por los trabajadores de Fripur “y en el que nosotros también humildemente hemos tratado de aportar ideas, es el camino”. Vega recordó que Fripur tiene muchas opciones de innovación, de vender frío, variantes de productos y distintas posibilidades de desarrollo “que puede abaratar costos al resto del sector para mejorar y competir, diversificando productos porque pescado siempre se va a comprar, el problema es que nuestros empresarios depredaron y cuando decíamos que se estaba depredando nadie nos quiso escuchar”.

>>> FRIPUR: un imperio que cayó

>>> En la calle

>>> Por una banda presidencial y la avioneta

 >>> El "amigo"de Mujica y el tráfico de influencia

"Dudé si era incapacidad o actos de corrupción. Ahora estoy segura que fue esto último", dijo Fabiana Terrenoire -ex asesora de José Mujica- sobre reempaquetado irregular de productos en Fripur que la Dinara no investigó. La Justicia sí indaga.
En diciembre del año pasado, Terrenoire declaró y aportó información a la jueza del crimen organizado Graciela Gatti y el fiscal Ricardo Perciballe, respecto a que entre noviembre de 2007 y julio de 2008 Fripur modificó la fecha de vencimiento de sus empaques y los exportó cuando reanudó las ventas a Europa.
La Unión Europea cerró durante esos meses su mercado a Uruguay debido a problemas sanitarios en algunas plantas, en especial la de Fripur.
Terrenoire, quien asesoró a José Mujica en temas pesqueros durante su pasaje por el Senado y el ministerio de Ganadería -lo que fue negado por el presidente en una nota que presentó a la Justicia, pero confirmado por diversas fuentes-, dijo a El País que el ex director de la Dirección de Recursos Acuáticos (Dinara) Daniel Montiel "estuvo en conocimiento de un delito y lo ocultó en vez de investigarlo".
"No tengo nada contra Montiel, pero el MPP se comprometió a arrancar cabezas cuando ocurrieran irregularidades, esta es grave y no se hizo nada", afirmó Terrenoire a El País.
"Esta documentación demuestra una irregularidad que no fue investigada, no se trata de ineptitud sino de actos de corrupción", añadió Terrenoire.
Montiel -actual coordinador de la bancada del MPP en el Parlamento- consideró "ni conveniente ni oportuno" hacer declaraciones antes del fallo judicial, por lo que dijo a El País que mantendrá "un silencio responsable", pero que después que la Justicia se expida, dará todas las explicaciones que sean necesarias.
REEMPAQUE. En junio de 2008, una inspectora de la Dinara alertó a sus superiores de una "sucesión de irregularidades que se constataron día a día en la empresa Fripur S.A.".
Las irregularidades referían al reempaque de mercadería con destino a la Unión Europea, con modificaciones de su fecha de envasado original realizadas en la planta procesadora de pescado de Fripur, informó Brecha. La funcionaria fue trasladada a otro destino y la dirección de la Dinara -en ese entonces a cargo de Montiel - no investigó ni sancionó a la empresa por estos hechos, agregó el semanario.
Este tema es indagado por el juzgado del crimen organizado que dirige Gatti, quien analiza si Fripur incurrió en delitos y si la empresa se vio beneficiada por el gobierno.
Durante la campaña electoral y luego de ella se conoció públicamente el respaldo de los propietarios de Fripur a Mujica, tanto con el aporte de fondos como con el préstamo de un avión de su propiedad.
El fiscal especializado en crimen organizado Ricardo Perciballe, pidió a la jueza Gatti que indague esta presunta irregularidad de Fripur.
El jueves 17 de marzo, Gatti tomará declaración a cuatro personas, entre ellas el supervisor de inspectores de plantas de la Dinara y a la inspectora que detectó las supuestas irregularidades en Fripur.
El decreto 213 de 1997 regula la actividad pesquera en Uruguay. Define al fraude económico como "engaño al destinatario o consumidor de los productos de la pesca mediante un etiquetado irregular, en cuanto a declaración de especie, producto, ingredientes, peso neto, etc".
El decreto expresa que "la información que luzca en las etiquetas o rótulos no debe inducir a error o engaño al consumidor" y que "los envases de productos pesqueros que hayan sido reempacados deberán estar marcados con el código inicial al cual se le agregará la letra R".
La maniobra detectada por la inspectora, y denunciada por Terrenoire ante el juzgado en crimen organizado, marca que Fripur reempaquetó sin agregar la letra R, no respetó el código de origen de mercadería e incluso utilizó códigos adelantados (es decir de fechas posteriores al empaquetado).
En 2006, el Ministerio de Defensa (representado por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas), el Ministerio de Economía (representado por la Unidad Centralizada de Adquisición de Alimentos, UCAA) y el ministerio de Ganadería (representado por la Dinara) acordaron y redactaron un manual de procedimientos obligatorio para las adquisiciones de la UCAA.
Dicho manual, que en representación del MGAP fue dirigido por Montiel, contiene buena parte del decreto 213, incluido el fraude económico.
Fripur publicó un comunicado en la prensa, en el que dice ser víctima de una "fuerte ofensiva mediática". Advierte que "quienes de manera irresponsable dan crédito a injurias que afectan bienes y valores tan altos en juego, deberán hacerse responsables en los ámbitos que correspondan por sus dichos y actitudes".

Diputados analizan si visitan la planta

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados prevé hoy analizar si visitará la planta de Fripur. La empresa permite la visita de los legisladores acompañados de funcionarios de la Inspección de Trabajo, pero no de delegados del sindicato de la pesca (Suntmra).
El diputado del Espacio 609 y ex sindicalista, Óscar Groba, dijo que en la decisión que tome la comisión pesará mucho la posición de los trabajadores, "en si consideran un avance nuestra presencia o si entienden que tiene que reconocerse ya la organización sindical". Groba expresó que Fripur "tiene una historia de muchos años de rechazo a la organización sindical", que él mismo conoció a comienzos de la década de 1980. Pero acotó que este es otro momento del país, "las relaciones laborales hoy no tienen nada que ver con las del 83. Entonces Fripur o se atiene a las reglas de juego y al reconocimiento de la organización sindical o va a tener dificultades". El legislador recordó que la comisión recorrió otros establecimientos "con la presencia de los delegados sindicales sin inconvenientes". "Pero sí o sí esta empresa tendrá que `aggiornarse` respecto al reconocimiento de la organización sindical y a las relaciones laborales", concluyó.

El País Digital

La Justicia reabrirá una indagatoria sobre los vínculos entre José Mujica y Fripur S.A. y si esa situación influyó en una multa de solamente 100 UR que se le impuso a la empresa, cuando la sanción podía alcanzar las 5.000 UR.
El fiscal especializado en crimen organizado Ricardo Perciballe, solicitó a la jueza Graciela Gatti el desarchivo de una denuncia que había presentado en febrero el abogado Gustavo Salle pidiendo que se investigaran los aportes económicos que realizó el dueño de la empresa procesadora de pescado Fripur S.A., Alberto Fernández, para los actos de asunción de José Mujica el pasado 1° de marzo.
A instancias de Perciballe, el caso había sido clausurado, ya que había considerado que no existían elementos que ameritaran una indagatoria. Sin embargo, haciendo lugar a un pedido del denunciante, el fiscal solicitó ayer la reapertura del expediente, según supo El País.
A principios de este mes -y en base a información divulgada por El País y el semanario Búsqueda- Salle reclamó que se reabriera el caso luego de que se conociera públicamente que la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) impuso a Fripur S.A. una multa de 100 Unidades Reajustables (UR) que equivalen aproximadamente a $ 46.000. En 2007, una serie de irregularidades registradas en la empresa procesadora de pescado, motivaron que la Unión Europea cerrara temporalmente el ingreso de productos pesqueros uruguayos, lo que causó pérdidas de US$ 80 millones al mercado local.
En el dictamen presentado ayer ante la jueza Gatti, Perciballe pidió las citaciones del titular de la Dinara, Daniel Gilardoni, y de Fabiana Terrenoire, una ex asesora de Mujica que aseguró que existen serias irregularidades en el organismo que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
El pasado 4 de mayo, Gilardoni y Terrenoire mantuvieron un cruce de declaraciones en radio Sarandí. En ese contexto, el funcionario dijo que el monto de la multa aplicada a Fripur S.A. no guarda relación alguna con las "cosas" que el titular de la firma, Alberto Fernández, "ha proporcionado a Mujica".
Fernández financió la confección de la banda presidencial que el mandatario lució en el acto de transmisión de mando y colaboró con US$ 15.000 para la organización de los espectáculos artísticos del 1° de marzo. Además, el año pasado, Mujica y Danilo Astori usaron una avioneta del empresario para viajar a Brasil, donde se reunieron con Luiz Inácio Lula Da Silva.
En el pedido de desarchivo del expediente, Salle sostuvo que los vínculos entre el presidente y el empresario "revisten apariencia delictual, por lo que su dilucidación constituyen un imperativo jurídico ético y moral", dijo el denunciante.
"INDIGNANTE". Terrenoire, quien asesoró a Mujica en asuntos pesqueros durante sus períodos como legislador y como titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, expresó días atrás que la multa impuesta a Fripur S.A. "es indignante por lo baja".
Terrenoire declaró a El País en su edición del pasado 7 de mayo que "es indignante que un empresario, después de que resultados de laboratorio detectaron la presencia de cadmio (metal con toxicidad y riesgo a contraer cáncer) y altos registros de coliformes fecales y enterobacterias en sus productos, reciba 100 UR de multa", cuando el máximo a aplicar son 5.000 UR, señaló.

Los servicios jurídicos del MGAP aplicaron una multa mínima a la pesquera Fripur por irregularidades sanitarias. Sin embargo, un informe de quien inspeccionó la empresa recomendó una "sanción ejemplarizante de máximo monto".
En noviembre de 2007, la Unión Europea suspendió temporariamente la importación de pescado procesado en Uruguay debido a irregularidades que sus técnicos constataron en plantas del país, entre ellas la de Fripur -la más importante- y que determinaron perdidas para el país del orden de los US$ 80 millones.
Previo a ello, dos actas de inspección de funcionarios de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del 24 de julio y el 10 de agosto daban cuenta de graves fallas sanitarias en la planta de la firma.
A casi tres años de esas inspecciones, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decidió sancionar a la empresa con una multa de 100 Unidades Reajustables (unos $ 46.000), cuando la sanción máxima posible es de 5.000 UR ($ 2.310.000). La normativa vigente prevé que, antes de definir la gravedad de la infracción, los servicios jurídicos del MGAP recaben asesoramiento de los servicios técnicos de la Dinara.

El informe fue realizado en el año 2009 por uno de los inspectores que labró actas en Fripur en 2007. El escrito, a cuyo texto accedió El País, expresa que "las omisiones intencionadas de la empresa duraron semanas, por lo tanto corresponde una sanción ejemplarizante de máximo monto". Añade que "con su proceder, la empresa puso en riesgo a los consumidores de sus productos y en peligro las exportaciones a mercados de máximo valor para los intereses económicos del país (Unión Europea, Federación Rusa por ejemplo)".
El monto de esta sanción determinó la reapertura de un expediente judicial referido a los vínculos entre el presidente José Mujica y el propietario de Fripur, Alberto Fernández. El abogado Gustavo Salle fue quien presentó la denuncia y ahora solicitó la reapertura del caso, a lo que hicieron lugar el fiscal y la jueza actuantes, Ricardo Perciballe y Graciela Gatti. Durante la campaña electoral, Mujica utilizó el avión de Fernández, quien además pagó su banda presidencial y colaboró con US$ 15.000 para la parte artística del acto de asunción de Mujica del 1º de marzo en Plaza Independencia.
El pasado 7 de mayo, El País publicó declaraciones de una ex asesora de Mujica llamada Fabiana Terrenoire, quien sostuvo que al menos un técnico de la Dinara consideró que la falta fue grave y correspondía una sanción mayor; responsabilizó de lo ocurrido al ex director de la Dinara, Daniel Montiel, su asesor y actual director Daniel Gilardoni, y el director del servicio jurídico del MGAP.
sin lavado. El técnico de la Dinara señala en su informe que las inspecciones a Fripur en 2007 constataron que personal ingresaba a la planta de proceso sin manos ni botas lavadas y existían obras de albañilería. El funcionario afirma que se "incurre en un error" al poner una infracción cuando corresponden dos, lo que "minimiza la gravedad de la falta" y promueve la falta de aplicación de acciones correctivas.
Agrega que "la situación se empeora aun más, ya que la empresa no quiso tomar en cuenta las acciones correctivas que exigieron los inspectores" en 2007 y que fueron comunicadas a la jefa de control de calidad de Fripur. Sostiene además que es un error catalogar de falta leve lo que es grave, "dado que podría afectar la salud pública".
Indica que se debe tomar en cuenta que posteriormente a lo registrado en las actas, "la empresa sufrió rechazos de productos enviados a la Federación Rusa, por presencia de contaminación microbiológica", cuando Fripur expresó en sus descargos que durante la realización de obras en la planta "se intensificaron los controles microbiológicos de los productos" y verificó que "se encontraran dentro de las especificaciones requeridas".
"Si todas las plantas habilitadas aplicaran esa política e hicieran caso omiso a tener un filtro sanitario y usarlo adecuadamente, el sistema sanitario de las industrias elaboradoras de alimentos sería un caos" y se perderían clientes en importantes mercados", resalta.

Traslado de planta en 2 años

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Néstor Campal, dijo que la planta de Fripur en la Aguada -de la que recibió varias demandas de vecinos por olor nauseabundo- deberá trasladarse en un máximo de dos años y que la IMM estudia dos lugares para ello. "No es posible que un emprendimiento industrial de ese tamaño conviva con felicidad con su entorno", afirmó Campal a radio Sarandí.

El País Digital

 

 

 

 

 

 

 

 

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