Hoy otra vez nos encontramos con la cerca policial y un desproporcionado numero policial en la puerta de la DINAMA. Donde el colectivo de vecinos Por el costado de la vía, le entregó a los jerarcas una carta. La Dinama esta para cuidar el medio ambiente o esta al servicio de la multinacional? El proyecto esta en marcha y en la medida que la gente se va aggiornando de los por menores, crece la preocupación. No hubieron incidentes. Pero la demostración de fuerza policial otra vez marcó que UPM es un gigante con pies de barro.
En la mañana de ayer, integrantes del grupo de vecinos y vecinas 'Por el costado de la vía', entregaron a las autoridades de la DINAMA un documento en el que enumeran las irregularidades del proceso de evaluación ambiental relacionado con el proyecto ferroviario para la planta de celulosa de UPM en Durazno, cuya autorización se anuncia como inminente.
Los vecinos fueron acompañados por una centena de manifestantes que desplegaron carteles y repartieron folletos con información sobre el proyecto ferroviario y el Contrato firmado por el gobierno con la multinacional finlandesa. Llamó la atención el fuerte despliegue policial dispuesto en el lugar, con una larga valla, patrulleros y motocicletas.
El proyecto ferroviario fue catalogado como categoría “C” por la Dinama, esto significa que es una obra cuya ejecución puede producir impactos ambientales negativos significativos. Sin embargo, el proceso de evaluación emprendido por la Dinama adolece de graves carencias desde las insuficiencias del estudio de impacto ambiental (EIA) hasta las dificultades del público para acceder a las informaciones y participar en las consultas requeridas.
Por otra parte, mientras se encuentra pendiente la Autorización Ambiental Previa, se realizó una licitación internacional y se adjudicaron las obras al Grupo Vía Central, al mismo tiempo que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y el presidente de la República, Tabaré Vázquez, anuncian el comienzo de las obras en este mes de enero.
Ante las presiones sobre esta decisión, ejemplificadas en la urgencia de la ministra de Medio Ambiente, Eneida De León, suspendiendo las licencias de funcionarios para acelerar el análisis de dicha habilitación, la Dinama terminó presentando en las audiencias públicas un Informe Ambiental Resumen (IAR) que no cumple con sus propios Términos de Referencia.
Quedaron pendientes planes de prevención, de evaluación de viviendas linderas a la vía previos a la construcción, medidas de contingencia ante accidentes por el transporte de productos químicos peligrosos o desperfectos en la traza y la inexistencia de medidas sanitarias concretas ante ruidos, vibraciones y emanaciones de gases.
Fue publicado el Plan de Vigilancia, Seguimiento y Auditoría Ambiental con posterioridad al Informe Ambiental Resumen, violando disposiciones del Reglamento de Evaluaciones de Impacto Ambiental, plan que no estuvo a consideración de las audiencias públicas y del que se desprende que las contingencias y mitigaciones quedan a cargo del Grupo Vía Central.
Este Grupo Vía Central está integrado en forma mayoritaria (40% delas acciones) por la constructora española SACYR, una empresa con múltiples denuncias internacionales por defectos en sus obras y sobreprecios. En suma, SACYR y el operador ferroviario deUPM quedarían a cargo de las obras y todas las contingencias que surjan.
En efecto, el Plan de Vigilancia, Seguimiento y Auditoría Ambiental se limita a prometer futuras recolecciones de datos, inspecciones visuales, sin acciones concretas que garanticen evitar accidentes físicos ni de contaminación. A los vecinos se les ha dicho que la empresa constructora posee seguro, como si esto fuera una garantía.
Por el costado de la vía a DINAMA by Alberto Cabrera on Scribd
"No puede ser que el país se ponga al servicio de una empresa", afirman.
El
colectivo “Por el costado de la vía” se concentra hoy en las puertas de
la Dirección Nacional de Medio Ambiente en rechazo a la instalación de
una segunda planta de UPM y de todas las obras que implica. La pregunta y
consigna que eligió el colectivo para esta jornada es: “¿La Dinama es
del Estado o es de UPM?”.Abordamos el tema junto a Raúl Viñas, integrante del “Movimiento por un Uruguay Sustentable”.
Le firmamos una rendición incondicional a UPM. Como parte de eso, Uruguay se comprometió a hacerle un tren a UPM, con un uso prácticamente exclusivo para la empresa. El tren costará 2.200 millones de dólares.
Es muchísimo de infraestructura a la que si no se le hacen más arreglos será solo para UPM. UPM utilizará 14 frecuencias por día: seis con celulosa y una con productos químicos muy contaminantes y tóxicos, de ida y vuelta.
Además de los problemas ambientales, tenemos problemas de ruido, de vibraciones, de estabilidad de estructuras. En el apuro, en el tratar de sacar todo, ya se hicieron varias audiencias públicas en Montevideo y Florida.
No puede ser que el país se ponga al servicio de una empresa. Nos queda solo una opción, que es rescindir el contrato con UPM. Tenemos que liberarnos. Al quedar liberados, tenemos que empezar a trabajar de nuevo, porque puede que sirva una nueva planta de celulosa, pero no en estas condiciones. El contrato es rescindible son consecuencias para el país porque así lo dice el propio contrato.
Hoy por hoy estamos a tiempo. Al momento que se empiece a construir el ferrocarril, ya vamos 2.200 millones abajo. Uruguay ha sido demasiado generoso con UPM.
Rossi sobre el Ferrocarril Central: Falta la habilitación ambiental pero DINAMA tiene independencia
HOY MARTES , LA DINAMA, EL SR. NARIO, NO RECIBIÓ A LOS VECINOS...PRIBABLEMENTE PORQUE NO TENÍA NADA PA4A INFORMARLES....¿DE QUÉ TRABAJO CONJUNTO NOS HABLA? QUIENES SON LOS 600 EXPROPIABLES? NOSOTROS NO LO SABEMOS...EXPERTO EN FALSAS DECLARACIONES, ROSSI
>>> Los miserables
La Diaria 3 de enero de 2019 | Escribe: Valeria España
Ferrocarril Central.
En estos tiempos de turbulencia, la palabra “resistencia”
aparece como reacción inevitable. Estos tiempos merecen reflexión y
sobre todo la atención de los movimientos políticos de izquierda que
repiten los errores (horrores) que en otros territorios los han hecho
comer polvo y poner en riesgo la vida de millones de personas en manos
de una derecha oportunista y depredadora.
En nombre del progreso, dos trenes de la muerte se proyectan en nuestro continente. El tren “maya” en el sureste mexicano, afectará los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. El otro, el “ferrocarril central”, conocido como el tren de UPM, busca partir en dos nuestro pequeño país, atravesando los departamentos de Tacuarembó, Durazno, Florida, Canelones y Montevideo para transportar madera, celulosa y químicos. Si bien todavía no se ha firmado el contrato definitivo entre la empresa finlandesa y Uruguay, ya se han vulnerado derechos fundamentales y se ha puesto en evidencia la debilidad institucional.
Desde que empezaron las negociaciones con UPM Uruguay ha desconocido sistemáticamente su obligación de garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, así como la participación pública en los procesos de toma de decisiones que tienen un fuerte impacto ambiental,1 como es el caso de la planta de celulosa y, en particular, el proyecto ferroviario que la hace viable.
Las disposiciones relativas al proyecto ferroviario se encuentran en las cláusulas 3.3 y 3.4 del proyecto contractual firmado entre el Poder Ejecutivo y UPM.
Vecinas y vecinos organizados, por el costado de la vía, han denunciado en diversos medios de prensa y por distintas instancias institucionales las profundas, graves e irreparables consecuencias que tendría desarrollar un proyecto ferroviario nacional de alta complejidad a lo largo de 273 kilómetros, sin los debidos estudios sanitarios, sociales, económicos y ambientales, sin garantizar la participación ciudadana ni la intervención académica, sin previsiones e ignorando a la ciudadanía en un acontecimiento grave para el país.
Los espacios de participación y consulta no han sido respetados. Si bien en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (18.308) en los últimos días de 2018 se llevaron adelante dos audiencias públicas, estas fueron instancias que no garantizaron efectivamente la participación, la información, la consulta, el diálogo genuino y de buena fe en un proyecto que involucra a 35.750 habitantes de cinco departamentos.
Mucho se criticó el enojo y la tensión que se vivieron en las dos “audiencias públicas” impulsadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, pero poco se habló de la gravísima falta en la que incurrió el Estado con el despliegue teatral de un dispositivo que buscaba legitimar un proceso que no cuenta con el consentimiento de la ciudadanía y que está plagado de vicios, discrecionalidad e incertidumbre.2
Pareciera que se instrumentó en dichos encuentros algo que Mauricio García Villegas explica como la estrategia política de la cultura de incumplimiento: “Crear instituciones para obtener los beneficios de legitimación política de la legislación adoptada sin que ello implique aceptar los efectos prácticos de su puesta en funcionamiento”.
En una entrevista reciente, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, tildó de miserables a los integrantes del grupo de vecinas y vecinos que, ante el drama que están viviendo, resisten con coraje el desprecio institucional. Ese repudio a la ciudadanía parece tan inexplicable como la predilección del ministro por las empresas que integran el consorcio Vía Central, encargado de llevar adelante el proyecto del tren y su gestión: ¿cómo es que “el proyecto de infraestructura más importante del quinquenio” tiene una sola propuesta aprobada para participar es la licitación?; ¿es razonable que para un proyecto de esta envergadura exista una sola propuesta que aplique cualitativamente, dejando al país entero dependiendo de una sola alternativa que cuenta, además, con antecedentes de incumplimiento y violación de derechos?3
Hay muchas otras preguntas que sistemáticamente se ha negado a responder el gobierno nacional en nombre de la confidencialidad y la protección de los inversores.
Más allá de las valoraciones que cada cual haga sobre las consecuencias del modelo forestal celulósico y la presión socioambiental en el territorio que implica esta tercera planta, lo que este proceso ha puesto en evidencia es la inconsistencia de un gobierno que recientemente asumió diversos compromisos de transparencia en el marco del Plan de Acción de Gobierno Abierto, la insuficiencia de los mecanismos de control y protección de la ciudadanía y el medioambiente, el déficit institucional y el cínico manoseo a nuestro estado de derecho.
Tendríamos que aprender de los efectos devastadores que tiene desatender el grito de los pueblos, de esos miserables que no están dispuestos a permitir el avasallamiento de sus territorios. En Ecuador el marco regulatorio de las consultas públicas enfrentó al correísmo con el movimiento indígena, así como el Brasil de Lula y Dilma se convulsionó ante la imposición de la hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingú, o lo sucedido en Bolivia con el sueño del TIPNIS de Evo Morales y sus efectos en su base social y política.
El tren de UPM no va por buen camino. Tenemos que trazar una vía que no le dé la espalda a la población, que no niegue un proyecto país cuya base sea la justicia social y ambiental. Necesitamos transitar un camino que no sea funcional a los intereses corporativos, uno que sea capaz de resistir la nueva cartografía planetaria que ha impuesto la extrema derecha.
Valeria España es abogada, docente y consultora en derechos humanos y migración.
En nombre del progreso, dos trenes de la muerte se proyectan en nuestro continente. El tren “maya” en el sureste mexicano, afectará los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. El otro, el “ferrocarril central”, conocido como el tren de UPM, busca partir en dos nuestro pequeño país, atravesando los departamentos de Tacuarembó, Durazno, Florida, Canelones y Montevideo para transportar madera, celulosa y químicos. Si bien todavía no se ha firmado el contrato definitivo entre la empresa finlandesa y Uruguay, ya se han vulnerado derechos fundamentales y se ha puesto en evidencia la debilidad institucional.
Desde que empezaron las negociaciones con UPM Uruguay ha desconocido sistemáticamente su obligación de garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, así como la participación pública en los procesos de toma de decisiones que tienen un fuerte impacto ambiental,1 como es el caso de la planta de celulosa y, en particular, el proyecto ferroviario que la hace viable.
Las disposiciones relativas al proyecto ferroviario se encuentran en las cláusulas 3.3 y 3.4 del proyecto contractual firmado entre el Poder Ejecutivo y UPM.
Vecinas y vecinos organizados, por el costado de la vía, han denunciado en diversos medios de prensa y por distintas instancias institucionales las profundas, graves e irreparables consecuencias que tendría desarrollar un proyecto ferroviario nacional de alta complejidad a lo largo de 273 kilómetros, sin los debidos estudios sanitarios, sociales, económicos y ambientales, sin garantizar la participación ciudadana ni la intervención académica, sin previsiones e ignorando a la ciudadanía en un acontecimiento grave para el país.
Los espacios de participación y consulta no han sido respetados. Si bien en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (18.308) en los últimos días de 2018 se llevaron adelante dos audiencias públicas, estas fueron instancias que no garantizaron efectivamente la participación, la información, la consulta, el diálogo genuino y de buena fe en un proyecto que involucra a 35.750 habitantes de cinco departamentos.
Mucho se criticó el enojo y la tensión que se vivieron en las dos “audiencias públicas” impulsadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, pero poco se habló de la gravísima falta en la que incurrió el Estado con el despliegue teatral de un dispositivo que buscaba legitimar un proceso que no cuenta con el consentimiento de la ciudadanía y que está plagado de vicios, discrecionalidad e incertidumbre.2
Pareciera que se instrumentó en dichos encuentros algo que Mauricio García Villegas explica como la estrategia política de la cultura de incumplimiento: “Crear instituciones para obtener los beneficios de legitimación política de la legislación adoptada sin que ello implique aceptar los efectos prácticos de su puesta en funcionamiento”.
En una entrevista reciente, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, tildó de miserables a los integrantes del grupo de vecinas y vecinos que, ante el drama que están viviendo, resisten con coraje el desprecio institucional. Ese repudio a la ciudadanía parece tan inexplicable como la predilección del ministro por las empresas que integran el consorcio Vía Central, encargado de llevar adelante el proyecto del tren y su gestión: ¿cómo es que “el proyecto de infraestructura más importante del quinquenio” tiene una sola propuesta aprobada para participar es la licitación?; ¿es razonable que para un proyecto de esta envergadura exista una sola propuesta que aplique cualitativamente, dejando al país entero dependiendo de una sola alternativa que cuenta, además, con antecedentes de incumplimiento y violación de derechos?3
Hay muchas otras preguntas que sistemáticamente se ha negado a responder el gobierno nacional en nombre de la confidencialidad y la protección de los inversores.
Más allá de las valoraciones que cada cual haga sobre las consecuencias del modelo forestal celulósico y la presión socioambiental en el territorio que implica esta tercera planta, lo que este proceso ha puesto en evidencia es la inconsistencia de un gobierno que recientemente asumió diversos compromisos de transparencia en el marco del Plan de Acción de Gobierno Abierto, la insuficiencia de los mecanismos de control y protección de la ciudadanía y el medioambiente, el déficit institucional y el cínico manoseo a nuestro estado de derecho.
Tendríamos que aprender de los efectos devastadores que tiene desatender el grito de los pueblos, de esos miserables que no están dispuestos a permitir el avasallamiento de sus territorios. En Ecuador el marco regulatorio de las consultas públicas enfrentó al correísmo con el movimiento indígena, así como el Brasil de Lula y Dilma se convulsionó ante la imposición de la hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingú, o lo sucedido en Bolivia con el sueño del TIPNIS de Evo Morales y sus efectos en su base social y política.
El tren de UPM no va por buen camino. Tenemos que trazar una vía que no le dé la espalda a la población, que no niegue un proyecto país cuya base sea la justicia social y ambiental. Necesitamos transitar un camino que no sea funcional a los intereses corporativos, uno que sea capaz de resistir la nueva cartografía planetaria que ha impuesto la extrema derecha.
Valeria España es abogada, docente y consultora en derechos humanos y migración.
-
El 27 de setiembre del 2018 Uruguay firmó en la ciudad de Nueva York
el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, la participación y
la justicia en asuntos ambientales. Sí, justo esos tres temas. En la
página de la Dinama la noticia se considera un hito y una muestra del
liderazgo del país: “Un compromiso más asumido, en concordancia con la
convicción [de] que los asuntos ambientales nos competen a todos, y [de]
que vivir en un ambiente sano es un derecho y una responsabilidad
compartida. El Acuerdo es un hito ambiental para la región, al ser el
primer tratado de estas características para América Latina y el Caribe.
Busca garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a
un ambiente sano y a un desarrollo sostenible. Ofrece a los Estados y
sociedades una plataforma para avanzar en términos de acceso a la
información, participación y justicia ambiental”. ↩
-
La consulta es un derecho de los pueblos reconocido en instrumentos
internacionales que aún no han sido ratificados por Uruguay. La consulta
debe ser previa a la toma de decisiones que los pueden afectar; libre,
sin coerción, intimidación o manipulación de ningún tipo; informada,
con conocimiento suficiente y amplio del asunto a consultar,
proporcionando información comprensible; y debe realizarse de buena fe,
como un diálogo genuino entre ambas partes, con respeto y el deseo
sincero de llegar a un acuerdo. ↩
-
Una de las empresas del consorcio es Sacyr, una empresa vinculada a
incumplimientos contractuales y graves violaciones de derechos humanos
en países como Panamá, España o Chile. Ver resumen.cl/articulos/sacyr-el-prontuario-de-la-transnacional-espanola-que-provoco-el-desborde-del-mapocho. ↩
Gracias a el Muertoiii por sus notas. Son como una cayo entre los dedos de los pies para la oligarquia.
ResponderEliminarArriba los que luchan!!!!!!!!!!! Viva el Muertoiii.