Finalmente capturado

Solicitud de captura internacional emitida en el 2009 contra Miguel Sofía

El Ministerio del Interior confirmó hace minutos que la Dirección de Crimen Organizado e Interpol detuvo a Miguel Sofia en Montevideo.
Si bien no se lo había ubicado en los allanamientos realizados esta tarde en Punta del Este, si se incautó documentación que permitió encontrarlo en su escondite montevideano.
Estaba fugado desde el año 2009.

>>>  Las cosas en su lugar


Carlos Peláez

Como a mucha gente nunca le viene bien nada y siempre encontrarán un pelo en la sopa en lugar de disfrutarla, quiero destacar a algunos personas muy importantes que permitieron detener a Miguel Sofía. Hombre que, dicho sea de paso, gozó con mucha protección de importantes figuras del Partido Colorado.

En primer lugar a una fuente muy calificada que desde hace más de un año se jugó el pellejo para que Sofía fuera ubicado y detenido.
Luego al Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz y y al Fiscal especializado en Derechos Humanos, Dr. Ricardo Perciballe, quien pese a no estar en el país, siguió el caso muy atentamente.
También al Director Nacional de Policia, Insp. Mario Layera quién prontamente dispuso que la Dirección de Crimen Organizado e Interpol tomara el caso.
A estos efectivos policiales que cumplieron una destacadísima labor en una tarde casi infernal.
A Ademar, otro ciudadano cuyo aporte fue invalorable.
Y a todos juntos porque, mientras la mayoría disfrutaba de la playa y sus familias, atendieron llamadas, aún estando de vacaciones, actuaron con prisa y lograron resultados.
Ahora le toca a la Justicia.
A algunos les parecerá poco. Yo creo que fue un extraordinario trabajo con muchos participantes en pos de un objetivo: terminar con la impunidad de Miguel Sofía y lograr justicia.

>>>   ¿Cómo fue detenido Miguel Sofía?


Un trabajo conjunto, digno de destaque, entre la Fiscalía y la Dirección de Crimen Organizado e Interpol, permitió lograr la captura del criminal Miguel Sofía aproximadamente a las 20 horas mientras caminaba por una calle de Pocitos.
Mientras los efectivos que allanaron sus apartamentos en el edificio Miami Boulevard de parada 5 de Punta del Este, informaban a Montevideo sobre la documentación incautada, otro grupo de efectivos de Interpol analizaban los datos obtenidos.
En permanente contacto con Fiscalía, se decidió montar un operativo de búsqueda y captura entre Pocitos y Punta Carretas. Efectivos de esa repartición del Ministerio del Interior salieron a recorrer las calles hasta que divisaron a un sujeto que respondía a las características de Sofía.
Pero portaba un documento con otro nombre que luego se verificó era falso.
Después de 10 años de fuga y con alerta Roja de Interpol desde el 2 de enero de 2014, hoy parece haber llegado a su fin la impunidad para Miguel Sofía.

>>>   Los crímenes por los que debe responder Miguel Sofía


Los escuadrones de la muerte, también conocidos como Comandos Caza Tupamaros o Defensa Armada Nacionalista (DAN), fueron grupos parapoliciales de extrema derecha que operaron en Uruguay en las décadas de los años 1960 y 1970. Integraron un movimiento de contrainsurgencia conformado por civiles, militares y policías cuyo accionar tenía por objeto la represión de integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros por medio de "atentados, secuestros, torturas y homicidios",​ Aunque es de hacer notar que no limitaron su accionar violento a guerrilleros, también realizaron atentados a abogados defensores de presos políticos y familiares de aquellos.
Si bien la información públicamente disponible es muy escasa, en 2009 un documento desclasificado por el National Security Archive de Estados Unidos confirmó que en 1972 la embajada de los Estados Unidos en Uruguay creía en la existencia de los escuadrones de la muerte. Para la diplomacia estadounidense de la época, los homicidios de los jóvenes militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, Abel Ayala, Héctor Castagnetto, Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez fueron obra de los escuadrones de la muerte.
También en 2009 la justicia uruguaya procesó al ex fotógrafo policial Nelson Bardesio y al ex-agente de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Pedro Freitas por homicidio muy especialmente agravado. El entonces fiscal letrado en lo Penal de 1º Turno, Ricardo Perciballe, solicitó también el procesamiento y prisión de Miguel Antonio Sofía Abeleira por el delito de asociación para delinquir en calidad de autor en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de desaparición forzada y dos delitos de homicidio muy especialmente agravados en calidad de coautor. La jueza Eustachio había solicitado la captura de Sofía sólo a nivel nacional, aunque todo hace suponer que se encontraría fuera del país.​ No obstante, el defensor de Sofía, Miguel Langón, solicitó la clausura y archivo de la indagatoria por los crímenes de los escuadrones de la muerte, alegando la prescripción de los delitos y la ausencia de pruebas. Langón argumentó que "no hay prueba directa ni orden material, ni testimonios válidos" que demuestren la existencia de esa organización parapolicial, sobre principios de la década del 70.
El 24 de febrero de 1972 los tupamaros secuestraron a Nelson Bardesio quien habría confesado en la Cárcel del Pueblo la existencia de una organización terrorista integrada por civiles, militares y policías responsable del secuestro y muerte de los tupamaros Abel Ayala, Héctor Castagnetto, Manuel Ramos Filippini e Íbero Gutiérrez. Bardesio habría sostenido que había recibido entrenamiento en Buenos Aires, mientras que otros miembros lo habían recibido en Brasil y que autoridades de ambos países habían provisto a los escuadrones de armas y explosivos. Habría confirmado que los escuadrones había atentado con explosivos contra el domicilio de varios abogados defensores de presos políticos y realizado un secuestro extorsivo contra el abogado de una empresa textil. El testimonio más impactante de Bardesio habría sido su participación directa junto a otros integrantes de los escuadrones en el secuestro de Castagnetto y la revelación de que su cadáver había sido arrojado a la bahía de Montevideo.

>>> Interpol buscaba a Miguel Sofía integrante del Escuadrón de la Muerte

Esta tarde se realizó un importante operativo policial en el edificio Miami Boulevard, ubicado en parada 5 de Punta de Este.
Unos 20 efectivos de Interpol allanaron los departamentos 304, donde reside en verano Miguel Sofía- ex integrante del Escuadrón de la Muerte - y el apartamento 204 donde vive su hija.
La policía buscaba detener a Sofía, quién tiene un pedido de procesamiento por los crímenes que cometió antes de la dictadura.
En el año 2009 y en la misma causa por la que fue procesado y remitido a prisión el fotógrafo Nelson Bardesio - también miembro del Escuadrón de la Muerte - el fiscal Ricardo Perciballe solicitó el procesamiento de Sofía.
Según informó Uypress " En febrero de 2010, el abogado Guillermo Payseé, denunciante en la causa por los crímenes del "Escuadrón", solicitó una orden de "captura internacional" contra Sofía. La jueza Eustacchio aceptó el pedido y conformó un expediente separado para indagar el paradero del empresario, pero esta orden no figura en la actualidad en la lista de Interpol".
Ayer la fiscalía fue informada que Sofía estaba en Punta del Este y se puso en contacto con el Director Nacional de Policía, Mario Layera.
El operativo fue infructuoso porque según se supo hoy "anoche tarde Sofía abandonó Punta del Este".
Se estima que durante el allanamiento se logró información que permita establecer su actual paradero.



Miguel Sofía declaró ante la jueza Fanny Canessa durante 4 horas. Permanece detenido. Mañana debe volver al juzgado.

Este es el aspecto actual de Miguel Sofía, quién al ser detenido portaba un documento de identidad falso a nombre de Adolfo Aldo Casaballe Lapido
Foto tomada del muro de Alejandro Gabard Stadler

Foto Martha Passeggi



>>> De la fiscal Sylvia Gari sobre Miguel Sofía

Señora Juez

: Según resulta de autos, la Defensa del indagado ha interpuesto excepción de inconstitucionalidad conforme a lo establecido en los arts.508 y ss del CGP, indicando los principios y disposiciones constitucionales que considera violados en la promoción del presente proceso. En consecuencia, procede dar curso a dicha excepción conforme al art.514 CGP suspendiendo los procedimientos y elevando las actuaciones ante la Suprema Corte de Justicia.

No obstante, en forma previa, la Fiscalía solicita que se adopte la medida cautelar de prisión preventiva del indagado en cuanto existe peligro de sustracción al proceso del mismo, de conformidad a los arts.311 y ss del CGP, arts. 224 y 226 literales b) c) y d) del NCPP. Al respecto surgen acreditados los siguientes extremos

: 1) Durante más de nueve años (desde el 2009 en que se solicitó su procesamiento y prisión), el indagado supo de su requisitoria a nivel nacional e internacional, habiéndose sustraído al proceso durante todo ese lapso, en forma ininterrumpida hasta la fecha, habiéndose solicitado su procesamiento y prisión por un delito de Asociación para delinquir (art.150 CP) en calidad de autor en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de Desaparición Forzada (art.21 de la ley No 18.026) y dos delitos de Homicidio muy especialmente agravados en calidad de coautor (art.312 nales 1º y 5º CP) el 3/4/2009.

2) A efectos de burlar las requisitorias mencionadas utilizó un documento de identidad falso, lo cual hizo en reiteradas oportunidades.

3) La entidad de la causa que se investiga, relativa a delitos de Lesa Humanidad, así como el conjunto de convenciones y acuerdos internacionales que vinculan al Estado uruguayo en relación al respeto y protección de los derechos humanos, amerita se tomen medidas cautelares que no pongan en riesgo la demora y frustración del presente proceso. En tal sentido, la única medida cautelar adecuada es la prisión preventiva, en tanto ha quedado demostrado con el transcurso de estos nueve años, que un cierre de fronteras resulta irrisorio. Cabe citar como fundamento jurídico de relevancia, la Sentencia No 721 del 31/5/2018 de la Suprema Corte de Justicia aplicable al caso.

La misma refiere: “es así que la regla constitucional que impone la “suspensión de los procedimientos” como consecuencia de un planteo de inconstitucionalidad por quien esgrime la titularidad de un interés directo, personal y legítimo amparado por la Carta, debe igualmente conciliarse y contemplarse con otras situaciones jurídicas subjetivas igualmente tutelables en el orden constitucional, puesto que estamos ante un caso típico de lo que, modernamente, se denomina tensión constitucional” . Y luego de citar a renombrados constitucionalistas como los Dres. Cassinelli Muñoz y Jiménez de Aréchaga, a cuyos fundamentos la suscrita se remite a efectos de no caer en reiteraciones, la Suprema Corte concluye “ En tal marco, este colegiado concluye que la suspensión de los procedimientos ordenada por la Constitución no priva al Juez de la causa de la posibilidad de adoptar las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público para precaver la obstrucción y hasta la sustracción del imputado al proceso”. En autos no puede soslayarse que la sustracción del indagado al presente proceso data de casi diez años, y su aprehensión se debió al accionar policial, requiriéndose a ese fin varias órdenes de allanamiento, además de su seguimiento personal, todo lo que informa de su claro propósito de evadir a la justicia uruguaya, por lo cual la cautela que se peticiona es la única que puede garantizar la continuidad de estos procedimientos.

Por último, de las declaraciones del indagado MS, surge confesado su accionar en relación a otras eventuales conductas delictivas, al menos, en cuanto a reiterados usos de documentación falsa (arts. 54 y 240 CP) que no corresponde investigar en la presente causa. En consecuencia se solicita se remita testimonio de dichas declaraciones y del Memorandum policial a la Fiscalía Penal que por turno corresponda ,(art.402.1 del NCPP). S.G.

Montevideo, enero 10, 2019

>>>   ¿Cuál es la situación judicial de Miguel Sofía?

Portal Ecos   A pesar de las contradicciones de último momento sobre si Sofía permanecería en prisión o en domiciliaria, se confirmó que deberá cumplir la prisión preventiva.
Esto nada tiene que ver con el otro delito que se le va a adjudicar está tarde, es decir, uso de documento falso. Delito que se pena con prisión.
Aunque esto parezca un galimatías jurídico trataremos de explicar lo que ocurre. Sofía ya tenía un pedido de procesamiento solicitado en el año 2009 por el fiscal Ricardo Peciballe y aceptado por la jueza penal Graciela Eustaquio.
Cuando la magistrada lo citó a su despacho para notificarlo, Sofía se fugó. Por eso el abogado denunciante, Guillermo Paysée solicitó, y se aceptó, la captura internacional.
Como es público, fue detenido el martes de noche en Montevideo.
Todo este proceso se sustancia por el Código Viejo.
El portal ECOS, que siguió el caso en el mismo juzgado, informa que " la jueza Fanny Canessa derivó el caso a la Suprema Corte de Justicia ante el pedido de inconstitucionalidad planteado por la defensa, pero aplicó una resolución de la Corte, establecida en el caso del “Buñuelo” (narco de San Carlos) que establece que los recursos de inconstitucionalidad que frenan la causa, no obstan para dictar la prisión preventiva del encausado.
Sofía, por lo tanto, estará en prisión preventiva hasta que la SCJ se pronuncie. Su defensor, el abogado Aníbal Martínez Chaer, recurrirá la prisión preventiva, pedirá revisión médica e insistirá en arresto domiciliario".
Pero además, ayer el fiscal Carlos Negro solicitó que Sofía fuera detenido por uso de documento falso. El juez José Goméz acepto la solicitud y esta tarde Sofía será conducido a esa sede penal para ser "formalizado" por tal delito.
Ahora hay que esperar la resolución de la SCJ sobre la causa más importante en la que se le imputan dos asesinatos y dos desapariciones.

CONFIRMADO: Miguel Sofia irá a prisión, no se otorgó domiciliaria

>>> Miguel Sofia enviado a prisión por segunda vez

El juez de 39º turno Alejandro Asteggiante y a solicitud del fiscal Carlos Negro, formalizó al ya detenido Miguel Sofía acusándolo de " falsificación ideológica por un particular (239)" y  estableciendo  60 días de prisión preventiva mientras se sustancia el juicio.
Sofía fue remitido a prisión por usar un documento de identidad que no le pertenecía.
También debió declarar Adolfo Aldo CASABALLE LAPIDO, titular de la cédula que portaba Sofía. Se trata de un hombre de casi 75 años que trabaja en un comercio de venta de repuestos, quién aseguró que "el documento se lo habían robado unos años atrás" y deslindó cualquier vínculo con el criminal detenido.
Si bien su abogado ha insistido con la prisión domiciliaria, ningún operador judicial está dispuesto a otorgarla porque el encausado tiene antecedentes por fuga.
Sofía fue enviado a la cárcel de Domingo Arena. Vale señalar que no es la justicia quién establece el lugar de detención, sino el INR dependiente del Ministerio del Interior...