Finlandia ordena terminar vacaciones a jerarcas uruguayos para firmar entrega del país
FUNDAVIDA: Después de hacerse los estrechos durante un par de años para seguir obteniendo prebendas y concesiones absurdas, a los finlandese les ha entrado la deseperación por firmar el contrato con el Frente Amplio para consumar el desastre de UPM2.
El convenio, a todas luces ilegal e inconstitucional, no resiste el menor análisis jurídico, sin embargo al resto de las divisas políticas representadas en el parlamento, salvo honrosas excepciones, estan todas atrapadas por esta dialéctica perversa inaugurada por Tabaré Vázquez y el resto de la ‘banda’ que ha copado la alianza que supo construir el progresismo en Uruguay.
Primero se hacían los duros pero ante la realidad de un creciente esclarecimiento popular y la consecuente resistencia a esta escándalosa entrega del país al saqueo lo apuraron a Tabaré Vázquez y éste, sumiso hasta la obsecuencia como siempre, ordenó a su tropa terminar las vacaciones anticipadamente para concretar el magnicidio.
Este funcionario al igual que otros diez colegas de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) se vio obligado a cortar las vacaciones programadas con su familia para retomar las tareas con urgencia.
Es que la ministra de Vivienda, Eneida De León, quiere acelerar el análisis de la habilitación ambiental para las obras del “tren de UPM”; obra indispensable para la construcción de la segunda planta de celulosa de la finlandesa.
La jerarca de gobierno quiere que el trámite sea concluido antes del 31 de enero. Por eso, confeccionó una lista de funcionarios a los que se les había autorizado la licencia para que retomen de inmediato sus actividades, explicaron a El País dos fuentes de ese ministerio y otra del Ejecutivo.
Un jerarca de Presidencia dijo que la solicitud se fundamentó bajo el pedido de “razones de servicio” e “interés especial del ministerio”.
La decisión sorprendió a los trabajadores por lo inusual. Sin embargo, no recibieron mayores detalles del pedido, y ante la duda se consultaron entre si vía chat de WhatsApp. Algunos de los alertados, incluso, no había sido aún notificados del pedido y cuando recibieron la llamada del ministerio demoraron en atender la llamada.
Uno de los contactados aclaró que estaba en el exterior y le informó a la funcionaria de personal del ministerio que no podía volver porque recordó que estaba “de misión oficial”.
La presidenta del sindicato de funcionarios del Ministerio de Vivienda, Rossana Berrini, explicó a El País que el tema los tomó por sorpresa. “Hicimos las consultas pertinentes a COFE (confederación que agrupa a todos los sindicatos de funcionarios estatales) para ver si esto corresponde y cómo debemos actuar”, indicó la gremialista. Berrini dijo que la decisión no es habitual.
Uno de los convocados a retomar sus tareas en la Dinama fue el director de calidad ambiental, Luis Reolón. “Se nos solicitó reintegrarnos de las licencias en la que estamos varios funcionarios, no está muy esgrimida la razón. Estamos averiguando eso”, explicó el funcionario a El País. Aclaró que en su caso está trabajando en la documentación presentada para otorgar la habilitación ambiental para las obras del tren de UPM.
Reolón explicó que las situaciones son muy diferentes dependiendo de los funcionarios. “Había algunos que les quedaba un día de licencia, otros que se les terminaba en un par de días. Y otros comenzaban recién. La información que hay es que por lo menos hasta fin de mes o nuevo aviso no se reprogramarán”, puntualizó.
Otro de los funcionarios exhortados a cortar sus vacaciones dijo que son plenamente conscientes que hay urgencia en “todo lo que hace al tema UPM”. Pero indicó que esa urgencia también existía en el momento que se les otorgaron las licencias. Sin embargo, todas las solicitudes de vacaciones fueron igualmente habilitadas por las autoridades del ministerio. “Eso llama aun más la atención”, puntualizó la fuente.
El Director Nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, fue uno de los que se le solicitó retomar sus tareas antes de finalizar la licencia programada. El País intentó contactarse con el jerarca para que explique la situación, pero no logró hacerlo.
Tampoco con la ministra. La jerarca de gobierno había solicitado licencia a partir del 8 de enero de este año, por lo que su cargo fue ocupado interinamente por el subsecretario de la cartera, Jorge Rucks. El director general de Vivienda, Homero Guerrero se excusó de atender a la prensa. Su secretaria explicó que tenía un día cargado de agenda: “Está reunido con la delegación de UPM y ahora no puede atender”, aclaró una secretaria a El País.
El ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) espera la documentación que habilita el inicio de las obras. La inversión es vital para la confirmación de la segunda planta de UPM en el país. La firma finlandesa intenta acelerar los plazos; premura que también hay en parte del gobierno. Sin embargo, el ministro Rossi aseguró que no harán un solo movimiento de tierra sin la habilitación. “No podemos mover una piedra hasta que no se concrete la documentación ambiental correspondiente”, dijo.
>>> Firmaron el decreto
Primero dijeron que consultarían al pueblo, pero ahora como los colonizadoress finlandeses les ordenaron firmar cuanto antes el contrato, Tabaré Vázquez ordena ejecutar la expulsión de los pobladores que se verán afectados por las expropiaciones para elevar la cota de la represa de Rincón del Bonete para disponer el fabuloso volumen de agua que el gobierno uruguayo garantizó a UPM para que ésta la use y contamine en su proceso industrial.
Dos decretos firmados la semana pasada por el presidente Tabaré Vázquez habilitaron la expropiación de dos padrones , con “urgente toma de posesión”, en el departamento de Durazno destinados a la ampliación del embalse de la Represa Gabriel Terra.
El Poder Ejecutivo accedió así a la gestiones realizadas por UTE, para poder “brindar el servicio de electrificación con mayor eficacia y seguridad, dado que el lago de la represa, por sus características, constituye la herramienta fundamental para la gestión de la energía en los plazos estacional y anual asociados a los importantes cambios operados en la matriz eléctrica en los últimos años”.
Las expropiaciones fueron avaladas por la Dirección Nacional de Energía y por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria.
Uno de los padrones fue tasado en 105912 unidades indexadas, unos 426136 pesos,y posee poco más de cuatro hectáreas.
El otro tiene un valor de 228.118 unidades indexadas, equivalentes según la actual cotización a 917832 pesos, y se extiende por algo más de nueve hectáreas.
Las autoridades parecen así ratificar su intención de avanzar en los planes de subir el nivel del embalse de Rincón del Bonete, luego que el mes pasado la ministra Carolina Cosse afirmara que, hasta no tener un estudio profundo sobre el impacto que tendrían, no se autorizarían las expropiaciones.
“Más allá del proceso que haya realizado UTE, desde el ministerio entendemos que es necesario un estudio más profundo que considere varios aspectos desde una perspectiva país” había afirmado la ministra el 4 de diciembre en su cuenta de Twitter.
En ese sentido, había anunciado la conformación de un “equipo multidisciplinario” con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la sociedad civil, UTE y las intendencias, para realizar tal estudio.
“Hasta no tener esos resultados no le daremos curso a los procesos de expropiación” había asegurado Cosse.
La convocatoria fue efectuada personalmente por Cosse a todos los involucrados a través de un correo electrónico oficial al que accedió ECOS.
El plan, en que UTE iría a invertir hasta 40 millones de dólares en expropiar total o parcialmente unos 750 padrones para elevar el nivel del embalse de Rincón del Bonete, se topó con fuerte oposición a nivel social y ambiental.
Los productores de la zona alegan que las obras terminarán por anegar zonas productivas de la región y hasta hacer desaparecer la playa de San Gregorio de Polanco.
Movimientos ambientalistas contrarios a la instalación eventual de UPM en el río Negro sostienen por su parte que el plan responde a la necesidad de la pastera de contar con mayores reservas hidráulicas para disolver mejor los efluentes de la nueva planta.
Obras previstas por AFE apuran el traslado de Feria Permanete
Eduardo Castro — 18 enero, 2019
Los puestos de ventas que forman parte del popular espacio comercial pedrense sobre calle Francisco Espínola, deberán ser trasladados hacia otro punto de la ciudad.
El pedido surge ahora de la empresa encargada de las obras prevista por el MTOP y AFE que implicará modificaciones importantes en el entorno de la Estación de Trenes de Las Piedras.
Reunión
Según pudo saber CC Portal, en diciembre hubo una reunión convocada por el Alcalde Gustavo González y representantes de los puestos de venta de la Feria Permanente. En ese encuentro el jerarca del gobierno local comunicó que la empresa adjudicataria de las obras prevista para el ferrocarril, habría solicitado que el espacio que ocupan lo puestos callejeros sobre el costado del muro lindero de la estación debería ser liberado para la operativa de las obras.En tal sentido, desde el Municipio de Las Piedras, y según contó a CC Portal Nelson Castro uno de los voceros de los comerciantes de la Feria Permanente, se están buscando posibilidades alternativas de lugares dentro de la ciudad hacia donde podría ser traslado este espacio de venta con 52 puestos.
Por más detalles
Castro dijo que ahora buscan contactarse con la empresa y conocer detalles del motivo por el cual requieren del espacio donde está ubicada la feria hace más de 20 años. También para conocer fechas y plazos concretos, que en principio tras el dialogo con el alcalde sería hasta el mes de febrero próximo.Más allá de que los comerciantes estaban en conocimiento en cuanto a las obras anunciadas por el gobierno y que en Las Piedras ser haría una modificación importante en el entorno de la Estación de Trenes, ahora esto aumenta la incertidumbre y nerviosismo de quienes integran la Feria Permanente. Conocer el futuro lugar de destino que les darán, que aún no está definido por las autoridades locales y en qué condiciones se instalarán en el mismo, son parte de las interrogantes planteadas. E.C
Ecos Portal Tres jerarcas del gobierno serán convocados a responder por cuestionamientos legales y constitucionales al acuerdo suscrito con la empresa.
El Poder Ejecutivo hizo silencio y, en los hechos, rechazó un planteo ciudadano que, con más de 7000 firmas, pedía a fines del año pasado la anulación del acuerdo firmado con UPM para la eventual instalación de su segunda planta de pasta de celulosa en Uruguay.
De todas formas, a nivel parlamentario encontró eco la iniciativa presentada por esos mismos ciudadanos, para que el Legislativo “enjuicie” al gobierno por haber suscrito un contrato que consideran irreconciliable con la normativa vigente y violatorio de la Constitución.
El secretario de la Presidencia, Miguel Toma, el prosecretario, Juan Andrés Roballo, y el director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, serán convocados a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados.
Se trata de los jerarcas que representaron al gobierno en las negociaciones con la multinacional.
La citación la hará efectiva el 6 de febrero, cuando la comisión reanude sus sesiones, el diputado nacionalista Pablo Abdala, que consideró muy atendible y fundamentado el planteo presentado por el grupo de ciudadanos.
En diálogo con ECOS, el legislador sostuvo que el Parlamento no debería quedad omiso y considerar la petición, pese a que no está obligado.
Luego de un análisis de la petición, Abdala señaló que el contrato está “plagado de irregularidades”, por lo que exigirá que los jerarcas fundamenten las razones de por qué se suscribió.
“El Poder Ejecutivo se toma atribuciones que no le corresponden en asuntos que deberían ser determinados por ley”, afirmó. Entre otros aspectos, señaló que el gobierno asume compromisos en el acuerdo que pertenecen a la órbita departamental, por lo que se estaría violando la autonomía de las intendencias afectadas por el proyecto.
Como ejemplo, citó la exigencia de UPM en cuanto a que se le asegure un flujo mínimo de 65 metros cúbicos de agua por segundo, y así no agravar la contaminación del río Negro.
Según Abdala, podría ser violatoria del artículo 47 de la Constitución.
Allí se establece que “la protección del medio ambiente es de interés general”. También que “las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente”.
Así, los jerarcas convocados deberán responder sobre los cuestionamientos legales y constitucionales al contrato con UPM. Lo que Abdala no ve tan claro es la posibilidad de enjuiciarlos políticamente por haberlo firmado.
Es que el artículo 93, que regula el mecanismo de juicio político, prevé la posibilidad de que sea entablado contra el presidente, ministros, legisladores y otros jerarcas del Estado por violación a la Constitución y delitos graves.
Abdala explicó que el planteo ciudadano no individualiza a los gobernantes contra quienes se pide accionar.
Por otra parte, remarcó que la decisión final será política. “Hay que ser realistas, el Frente Amplio tiene mayorías y la oposición, por sí misma, no tiene los votos para hacerlo prosperar”, dijo.
El grupo de ciudadanos que promovió el planteo, nucleados en el Movimiento UPM2 NO, envió correos electrónicos a los legisladores remarcándoles la necesidad de atender la petición presentada.
Entre otros aspectos, consideran que el acuerdo constituye un “desborde de potestades de parte del Ejecutivo y le asigna a UPM un indebido papel de privilegio y dominio del que no existen antecedentes en la vida nacional”.
>>> Sarandí Grande defendiendo la Soberanía Nacional
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