Vergüenza nacional

Asentamientos:

Acaba de difundirse el relevamiento realizado por la ONG Techo, antes conocida como Un Techo para mi País, sobre los asentamientos en todo el país. Las cifras brindadas muestran que existen en Uruguay 656 asentamientos totalizando en conjunto 60191 viviendas. La mayor concentración es en Montevideo y Canelones, pero hay otros departamentos como Artigas que muestran cifras alarmantes.
¿Es imposible solucionar este tema que arrastra muchas décadas? ¿Esta situación deja en evidencia que la especulación señorea sobre una necesidad básica de la población? ¿Sirven para algo las acciones que realiza Techo en los asentamientos? ¿La solución debe pasar por el voluntariado? ¿Es rentable socialmente regularizar los asentamientos, cuando hay que llevar todos los servicios públicos? ¿No es más económico y más rápido utilizar las casas abandonadas que suman decenas de miles? ¿Qué tan eficientes son los organismos estatales para erradicar estos enclaves? ¿Cuánto aportan el Ministerio de Vivienda, la agencia Nacional, el Banco Hipotecario, el Mevir, el PIAI o el Plan Juntos en este problema? ¿Sirvió para algo la vivienda de interés social? ¿Será un tema de campaña electoral el tema de los asentamientos como lo fue en el pasado con plan Asentamiento Cero de Lacalle o el Plan Juntos de Mujica? ¿Es imposible lograr una política de Estado con la problemática de la vivienda?



Nuevas pobrezas urbanas 
 por Agustín Iturralde

Uruguay es un país mucho más rico hoy que hace 10 o 20, eso no es seriamente discutible. Desde la recuperación democrática la pobreza se redujo en casi todos los gobiernos, con la obvia excepción de la crisis de 2002. En los últimos años, hemos alcanzado mínimos históricos en cuanto a pobreza monetaria, es decir la capacidad de consumo de los uruguayos se expandió significativamente.
Al mismo tiempo existen otros factores en los que estamos objetivamente peor o al menos no hay avances sustantivos. El primero es la violencia, Uruguay es un país mucho más violento que hace 10 o 20 años. En 2018 tuvimos más homicidios cada 100 mil habitantes que Chile, Argentina, Paraguay Ecuador, Bolivia, Perú y Panamá. El segundo elemento es el fracaso educativo que nos sigue poniendo entre los países de la región donde menos jóvenes completan secundaria. Tercero, remarcar el tema que nos convoca, la persistencia de los asentamientos irregulares. No parece simple comprender porque la mejora en los ingresos de las familias no redundó en una mejora significativa en este aspecto.
Esta realidad debe impulsarnos a evaluar profundamente la fragmentación social en Uruguay y en Montevideo en particular. Sin embargo, no podemos descartar que en medio de esta mejora social monetaria, la brecha social no monetaria haya aumentado. Esto quiere decir que las personas de los distintos barrios cada vez tienen menos ámbitos materiales y simbólicos en común. Existen nuevos tipos de pobreza que pasan por debajo del radar de los indicadores tradicionales. Las mejoras en la capacidad de consumo son imprescindibles, pero la fragmentación social existente tiene elementos más profundos que no se solucionan solo con dinero.
Desde la salida de la dictadura Uruguay mejoró en muchos aspectos. La pobreza monetaria se redujo desde más de 45% a menos de 8%. Nuestra economía es significativamente más sana, estable, y abierta. Hemos procesado una transformación productiva no menor, el síntoma más claro es la reducción del peso de la industria y el aumento de los servicios. Estas bases socio-económicas, han permitido que aprovechemos la coyuntura económica hasta 2014 mucho mejor que nuestros vecinos. Pero quizás también dejaron algunos perdedores. Tenemos importantes sectores, sobre todo urbanos, que no lograron insertarse adecuadamente en las lógicas socio económicas de Uruguay de hoy.
Los indicadores tradicionales como la línea de pobreza monetaria muestran una parte importante de la realidad, pero son insuficientes para entender su complejidad. Existen nuevas pobrezas urbanas que trascienden ampliamente lo monetario. Sin duda es uno de los mayores desafíos de nuestro país si queremos avanzar en el camino al desarrollo.

¿Vergüenza o resignación conservadora? 
por Gustavo Melazzi

1) La iniciativa de Techo y la larga serie de programas institucionales dirigidos a los graves problemas manifestados por los asentamientos son bienvenidos. Pero permanecen, y los datos son terribles. ¿Cómo enfocar el tema y, sobre todo, qué hacer?
Dicha persistencia señala que se requiere bastante más que programas puntuales; dispersos; a veces solapados entre sí; aparecen y desaparecen al vaivén de ritmos electorales o intereses personales; recurso para obtener préstamos internacionales baratos, hay de todo. Desde 1851 con el alambramiento de los campos y “pueblos de ratas”; crecen con desocupados, incluso con asalariados y con otros, desvinculados del proceso productivo formal. La evolución del capitalismo; el avance en la productividad del trabajo; la apropiación concentrada de sus ventajas y del poder han llevado a que grandes contingentes de población a quienes el sistema no ofrece la mínima esperanza; “sobran” (inquietante expresión).
En el capitalismo dependiente de Uruguay los bienes primarios dominan su producción y no posibilitan muchas fuentes de empleo ni salarios adecuados. Panorama actual que, en el futuro inmediato, sólo cabe esperar que se agrave.
Por lo tanto: ¿un programa más para el corto plazo? Mejores programas puntuales son necesarios, pero es ineludible una visión de conjunto y a largo plazo.
2) Es clave partir de la base de que es imprescindible una política de empleo; la mejor política social, y única alternativa para ir a fondo y en el largo plazo. Sin ella (y con salarios decorosos) los asentamientos permanecerán.
Es una política inexistente y ni se plantea. Es lógico. Si todos los partidos aceptan que “el mercado decide”; que la ganancia privada es el regulador del sistema; que el Estado sólo apoya empresas privadas, y no se impulsa ni un “pasito de perdiz” para comenzar a cambiar, el problema es insoluble. No se trata de que “los pobres no quieren trabajar”; “si son pobres es su decisión”, y tampoco que la solución mágica sea “dar educación” para tener “igualdad de oportunidades”. Estos mitos individualistas y conservadores (impulsados hasta por J. Mujica) han hecho retroceder décadas la conciencia del movimiento popular. El ser humano se ha desarrollado en sociedad; como individuos no existiríamos.
3) En definitiva, son opciones políticas, ideológicas. Se requiere un Programa de Empleo Productivo articulado a los de Desarrollo Nacional y Urbano*. Sólo así se comenzarán a desarrollar relaciones sociales justas. Con Mario Benedetti, podremos decir: camino por la calle con un ladrillo en la mano, mostrándole al mundo cómo será mi casa.
Para el asombro: según Techos, en los asentamientos hay 60.191 viviendas.   Por otro lado, el gobierno afirma que vamos a invertir US$ 3.899 millones de dólares en el proyecto para UPM2, cifra que permitiría construir 75.000 viviendas.
* Ejemplos de imprescindible articulación.  Regularizar asentamientos implica también consolidar una inaceptable estratificación social (espacios de cada vivienda; lejanías; convivencialidad y otros problemas). En muchos casos, en el interior MEVIR genera problemas urbanos por distancia al núcleo urbano; costos de infraestructura, dificultades de traslado, y otros.

Asentamientos 
por Jorge Nudelman

Acaba de difundirse el relevamiento realizado por la ONG Techo, antes conocida como Un Techo para mi País, sobre los asentamientos en todo el país. Las cifras brindadas muestran que existen en Uruguay 656 asentamientos totalizando en conjunto 60191 viviendas. La mayor concentración es en Montevideo y Canelones, pero hay otros departamentos como Artigas que muestran cifras alarmantes.
¿Es imposible solucionar este tema que arrastra muchas décadas?
No, de hecho, ha evolucionado, con luces y sombras. Incluso la propia definición técnica de “asentamiento” hace difícil el análisis. No es lo mismo asentamiento, que cantegril.
¿Esta situación deja en evidencia que la especulación señorea sobre una necesidad básica de la población?
Sí, pero… La especulación es la mala de la película, pero no es el único factor negativo. Posiblemente la organización productiva del país (sí, es muy vago y grande) sea el factor más relevante.
¿Sirven para algo las acciones que realiza Techo en los asentamientos?
No, si hablamos de las casas de madera que se publicitaron hace varios años. Si “Techo” realiza otro tipo de trabajos sociales o de asesoramiento, no los conozco.
¿La solución debe pasar por el voluntariado?
No.
¿Es rentable socialmente regularizar los asentamientos, cuando hay que llevar todos los servicios públicos?
No.
¿No es más económico y más rápido utilizar las casas abandonadas que suman decenas de miles?

No. Los problemas de los asentamientos no son “meramente” una ecuación económica, de escasez de vivienda; son de trabajo, de cohesión social, de educación, de infraestructuras y, como apuntan las dos preguntas, servicios. La cuestión de si llevar los servicios al asentamiento, o llevar el asentamiento a los servicios no es la única disyuntiva.
¿Qué tan eficientes son los organismos estatales para erradicar estos enclaves?
Luces y sombras… a juzgar por lo que se conoce públicamente,
¿Cuánto aportan el Ministerio de Vivienda, la agencia Nacional, el Banco Hipotecario, el Mevir, el PIAI o el Plan Juntos en este problema?
Desde afuera, parece haber una gran desconexión entre los organismos. En estos tres periodos, el partido gobernante se perdió la oportunidad de grandes coordinaciones a todo nivel, desde el nacional y todos sus organismos, que pudieron haber generado diálogos y sinergias con los gobiernos municipales, con los académicos, con las diversas organizaciones no gubernamentales involucradas. De hecho, a esa lista le falta el ministerio de trabajo, el ministerio de salud pública, el ministerio de industria, el ministerio del interior (como se ha hecho evidente), la universidad, las oficinas municipales, las cooperativas y sus organizaciones, y me olvido de otros.
¿Sirvió para algo la vivienda de interés social?
 Si se pregunta sobre la ley que financió inversiones de empresas (y si ese “algo” es el problema de los asentamientos), la respuesta es un rotundo No.
¿Será un tema de campaña electoral el tema de los asentamientos como lo fue en el pasado con plan Asentamiento Cero de Lacalle o el Plan Juntos de Mujica?
Claro, ¿quién va a perder la oportunidad? Es un clásico…
¿Es imposible lograr una política de Estado con la problemática de la vivienda?
No. Es difícil, pero no imposible: otros lo han hecho. Se requieren recursos, paciencia, sabiduría, capacidad de diálogo, técnicos muy formados (de muchos tipos), y más paciencia, paciencia, paciencia…

Falta de políticas de ciudad 
por Oscar Mañán

Para explicar la proliferación de asentamientos se conjugan un conjunto de causas, pero no todas de la misma envergadura. Ciertamente, muchos apuntarán al proceso de segmentación social constante que lleva varios años. Otros, a los déficits de empleo, o bien a los costos de la vivienda respecto a los ingresos de las familias. Rescatemos aquí: la falta de una política de ciudad y políticas de vivienda mercantilistas.
Montevideo, concentra casi la mitad de la población y buena parte de la actividad económica, por lo que recibe un proceso constante de migración desde el interior urbano y rural. A casi tres décadas de gobierno del FA, no se identifica una planeación del uso del suelo urbano, una reglamentación estricta al respecto y que enfrente (o por lo menos dispute) espacios a la acumulación privada de los negocios inmobiliarios. Es decir, construir ciudad a partir de necesidades sociales y no siguiendo la lógica mercantilista, vale rescatar las decisiones económicas sobre vivienda de la determinación única del mercado.
La política nacional de vivienda, en especial los planes para sectores de menores ingresos, la “vivienda social”, fue pensada por operadores inmobiliarios que se benefician de subsidios impositivos a cambio de que algunas unidades se vendan a precios pre-establecidos. Esto no acerca la vivienda a los sectores de bajos ingresos. Los bancos (el BHU ya no cumple un rol social) o agencias (ANV) que se encarguen del financiamiento de la vivienda social no deben priorizar la competencia financiera con otros bancos. La ganancia de los bancos públicos debe estar en la “pública felicidad”.
El voluntariado juega un papel asistencial, de coyuntura, que no debe desmerecerse, tanto la ONG Techo, como el Plan Juntos de Mujica y cía., pero no pueden y no deben suplantar una política pública de vivienda. La situación de vivienda precaria no puede depender de la filantropía que, ni de lejos, tendría el impacto que un descuento del IVA para las cooperativas que construyen bajo la modalidad de ayuda mutua que el gobierno desestima. Aprovechar la vasta experiencia en la construcción por ayuda mutua, no solo baja costos de construcción sino genera un impacto organizativo, integrador y solidario en la gente.
La construcción de ciudad es anómica, las respuestas a los altos costos de vivienda son individuales y desesperadas, dando lugar a asentamientos, en lugares donde el costo de la tierra es bajo, no hay servicios de saneamiento, de electricidad, de agua potable y menos de transporte público. Además, la seguridad pública deja allí mucho que desear.
Para una política de erradicación efectiva de asentamientos es menester una planeación del uso del suelo urbano. Los gobiernos departamentales, dada su competencia, deben fijar normas para la producción de ciudad. Por ejemplo: ocupar zonas que se vacían, intervenir en la renta del suelo para que ésta disminuya en zonas destinadas a la ocupación de sectores populares con déficit habitacional. Una política de control de precios de la tierra destinada a habitación y, quizás, en ciertos materiales básicos de construcción.
Una ley que limite la herencia podría llevar a una distribución del stock de riqueza inmobiliario, pero sería inocua sin los carriles para facilitarle el acceso a quiénes necesitan vivienda. La FUCVAM, es uno de los activos sociales más importantes que debe cobijarse, ya sea mediante la disminución del costo del dinero e insumos de construcción, y por qué no, potenciando la construcción subsidiada con esta herramienta.

Bill: “the economy, stupid” 
por David Rabinovich

Cifras dadas por la ONG “Techo” aseguran que en Uruguay hay 656 asentamientos totalizando en conjunto 60.191 viviendas.” Si eso es así calculo que viven, en condiciones deplorables, por lo menos 250 mil personas. Seguramente la mayoría de ellos niños, niñas y adolescentes.
Ante las lógicas preguntas que surgen, lo primero que se debe señalar es que sí se puede solucionar esta situación y que las posibles soluciones -si no queremos esperar 138 años- deben buscarse fuera del sistema capitalista, de espaldas a las leyes del mercado, cambiando las prioridades. El derecho a una vida digna no puede estar reservado a la capacidad de cada uno de ser “demanda efectiva” como dicen los economistas. La ‘demanda’ implica la necesidad o el deseo de acceder a un bien o servicio. La ‘oferta’ es la disposición del bien en el mercado. Lo de ‘efectiva’ refiere a la capacidad de pagar el precio del bien o servicio al que nos referimos. Dentro del sistema no basta con querer, necesitar o tener derecho, hay que ‘poder’ comprar.
El Uruguay es un país considerado de ‘renta alta’: U$S 16.245,60 per cápita, en 2017, según el Banco Mundial.
En ese informe el BM da la siguiente información sobre la evolución del PBI per cápita uruguayo.
1960                U$S    489,35
1970                   “      760,59
1980                   “   3.485,53
1990                   “    2.989,99
2000                   “    6.871,90
2005                   “    5.220,95
2010                   “  11.938,21
2015                   “  15.524,84
2017                   “  16.245,60
El problema no es la falta de recursos sino la desigual apropiación del ingreso, porque hay una concentración impresentable de la riqueza (propiedad).
Los mercados son esencialmente especulativos, orientados a la rentabilidad y no a la satisfacción de las necesidades humanas. El voluntariado siempre tiene un papel para jugar, me viene a la memoria el ejemplo de la brigada solidaria del SUNCA, la “Agustín Pedroza”. Todo un ejemplo, por cierto. A la cooperación asigno un papel central, como ejemplo: FUCVAM. En el plano de la acción estatal hay claros y oscuros. Los Núcleo Básicos Evolutivos, eran malos y caros, fueron un curro para las ONG que los administraban, se asignaban por cuota política… Las viviendas de MEVIR son un mejor ejemplo, pero al paso de los años pueden ‘caer’ en las garras del mercado. Las del BPS se asignan a ‘usuarios’, pero el sistema para volver a entregarlas en usufructo requiere que se haga un mantenimiento y eso no funciona bien. En resumen, hay experiencias más o menos exitosas, pero no es por el lado de promover inversores, que tienen más beneficios que FUCVAM y ofrecen apartamentos “sin impuestos”, de dos dormitorios, a más de U$S 130.000.
“El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de “Inmuebles vacíos, sin uso y degradados” para poder usar en forma adecuada los inmuebles que se encuentren en esa situación y que estén ubicados en zonas urbanas que cuenten con todos los servicios e infraestructura. El director de Vivienda, Salvador Schelotto, explicó que, una vez comprobados los 24 meses de abandono, la edificación podrá ser vendida por acción judicial.” (Página de la Presidencia: 05.01.2018). Los requisitos son bastante restrictivos: ‘vacíos, sin uso y degradados’. La finca va a remate y el Estado ‘podrá’ comprarla, el dinero del remate queda a disposición de quien justifique su derecho por muchos años. Redactada de otra manera dicen que hubiera sido “inconstitucional”.
¡Es la economía estúpido!, dijo Bill Clinton y tenía razón.

El Uruguay que crece solo 
por Verónica Amorelli

El reciente Relevamiento de Asentamientos Informales en el país, realizado por la organización social TECHO, nos obliga poner el foco en una realidad que a menudo miramos pero que preferimos no ver.
Según el estudio existen, al menos, 656 asentamientos, en los que se contaron 60.191 viviendas. El 82% de las viviendas contabilizadas se agrupan en los departamentos de Montevideo, Canelones y Artigas.
El Censo 2011 establecía que la cantidad de asentamientos en el país había bajado a 589 luego de haberse ubicado en 676 durante el año 2006. A priori de su depuración las cifras parecen confirmar que la cantidad de asentamientos volvió a aumentar en el país.
Más allá de los datos todos estamos contestes en que las políticas efectivas de acceso a la vivienda siguen siendo un debe en el país. El Banco Hipotecario, la Agencia Nacional de Vivienda y la vivienda de interés social son herramientas del sistema que poco o nada pueden hacer para alcanzar a las poblaciones más vulnerables. En este sentido también quedó por el camino, aunque sigue existiendo con muy pocos recursos, el mentado Plan Juntos del presidente José Mújica.
Mientras, el tercer gobierno del Frente Amplio sigue coqueteando con la idea de echar mano a las miles de viviendas abandonadas que existen en el país. La tarea parece imposible ya que ni siquiera se logró un mínimo de osadía que permita topear los exorbitantes precios de los alquileres.
Contar con una vivienda digna es un derecho de cualquier ciudadano del país, pero es más urgente si se trata de las nuevas generaciones. Hoy en Uruguay casi la mitad de los habitantes de los asentamientos son niños y adolescentes menores de 20 años.
Según datos de Primaria, uno de cada cinco niños en edad escolar vive en asentamientos irregulares. En las zonas más vulnerables la cifra representa cuatro de cada diez alumnos.
Así las cosas, este informe de Techo irrumpe para poner en la agenda la necesidad de debatir seriamente el tema de la vivienda como política de Estado. En tiempos de campaña, poner el foco en temas de seguridad, dando la espalda a este Uruguay que crece solo, es al menos errado por no hablar de irresponsable.

Regularizar los asentamientos es un mandato 
por Fitzgerald Cantero Piali

Viví desde 1982 hasta 2013 en el asentamiento más grande que tiene el país, Maracaná, en el oeste capitalino. Vi toda su evolución. Y a pesar de haber pasado gobiernos de todos los colores, y equipos técnicos que ganaron mucho dinero, sigue siendo un asentamiento irregular.
Trabajé socialmente en el barrio antes de incursionar en la arena política. Es desde esa experiencia y lo que fui estudiando con el tiempo, que estoy convencido de lo que pienso sobre el asunto y que compartiré aquí lo más relevante en honor al espacio concedido.
La política de vivienda, debería ser una de las que podamos ponernos de acuerdo para impulsar todos los partidos. Sé que algunos colegas académicos sostienen que no es del todo republicano eso de las políticas de Estado. Pero considero que hay temas muy sensibles en los que no debería haber intereses distintos.
Lo asentamientos se deben regularizar. Es una obligación moral de aquellos que les toca asumir responsabilidades en esas áreas.
La regularización de los asentamientos, les otorga dignidad a quienes viven allí. Una vez que se está regularizado, se está más integrado a la sociedad. Y es lo que necesitamos profundamente, integrar una sociedad que lleva décadas de desintegración.
Es más, en la propia regularización radica la solución a muchos de los problemas que viven quienes residen en el asentamiento y también quienes no lo hacen.
Sugiero leer El misterio del capital de Hernando de Soto, donde se explica claramente cuál es la solución para los países como el nuestro: el formalismo. En nuestra propia casa tenemos la solución que nos aqueja. Son los propios asentamientos quienes guardan la solución.
Por supuesto que hay realidades distintas. No todos los asentamientos son iguales. Hay complejidades bien distintas en un mismo asentamiento.
Esto quiere decir que habrá algunos que se podrán regularizar y dar dignidad in situ. Y otros deberán ser realojados. Hacer los realojos hacia zonas con servicios es lo obvio.
Las cifras divulgadas por Techo en estos días, nos pegan duro nuevamente. Son más dramáticas que los opacos datos gubernamentales.
La labor que hace esa organización, no solamente es loable, también es necesario, a pesar de las críticas que ha recibido.
Sería muy fácil hacer arengas partidarias y tratar de llevar agua para el molino propio. Lo difícil es ponerle pienso y darle soluciones a lo que nos ocupa.
Podemos aprovechar el tiempo para generar iniciativas y no para tirar piedras. Pues, en el medio, están los cientos de miles de compatriotas que viven en zonas vulnerables, mirando cómo las soluciones siguen sin llegar.
Analizar la realidad de cada uno de los asentamientos, trabajar el territorio y con la comunidad local, son los tres primeros pasos de los muchos que hay que dar en este sentido. Me dirán, todo eso se hizo, sí, es cierto, pero la gente sigue esperando. Debemos ser eficientes. No podemos permitir que haya uruguayos que sigan padeciendo por las fallas de las políticas públicas.
Por todo ello, regularizar los asentamientos es un mandato que no admite la menor demora.

Atender las causas 
por José Luis Perera

El problema de la vivienda es de múltiples causas, y como tantos otros, si se atacan los efectos y no las causas jamás llegan a solucionarse.
Uno de los factores es, desde luego, el económico, y es tal vez el menos difícil de superar, si se dispusiera de algo previo: voluntad política para destinar los recursos necesarios.
Cuando uno ve las acciones de gobierno, así como los proyectos de algunos pre candidatos, puede deducirse perfectamente cuáles son sus prioridades y en qué lugar está la vivienda.
Cuando un presidente plantea como buque insignia de su gobierno la construcción de viviendas a través del Plan Juntos, y destina una miseria en el presupuesto para hacerlo (al Antel Arena se destinaron tres veces más recursos que para la construcción de viviendas), promete construir 4 mil viviendas en cinco años (cuando el déficit es de más de 50 mil), pero apenas construye mil, entonces podemos evaluar en su justa dimensión cuál es la voluntad de solucionar el problema.
Si tenemos en cuenta las cifras que se manejan de lo que el estado uruguayo invertirá en obras al servicio de UPM2, alcanzaría para construir unas 80 mil viviendas (algo así como todo el déficit habitacional del país).
Pero además los asentamientos son consecuencia de una situación de pobreza y exclusión que afecta a amplios sectores de la población. Exclusión que consiste en condiciones como falta de empleo o empleo mal pago e inestable, falta de acceso a créditos, pobreza y marginación, etc.
Los pobres urbanos han aprendido a proveerse un hogar de la forma más a su alcance, aunque este sea precario e insalubre, porque además tienen otras necesidades más apremiantes y difíciles de resolver, como lograr un trabajo decente, atención de salud, alimentación vestimenta, y todo lo demás.
Hay experiencia suficiente, no solo en nuestro país, en el mundo entero, que muestran el fracaso de los esfuerzos por dotar de vivienda sin que existan condiciones sociales, de trabajo y de vínculos vecinales.
Por lo tanto, no se puede tener un enfoque que simplemente atienda a las consecuencias (la falta de vivienda). La causa del problema de la vivienda son la pobreza y la exclusión. La exclusión debe ser entendida en un amplio sentido económico, social y humano. Su principal característica puede ser la económica, pero incluye oportunidades y capacidades para labrarse un camino en una sociedad productiva, con empleo, educación y salud. Cuando hablamos de esto, hablamos de derechos humanos, ni más ni menos “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure [a ella], así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial […] la vivienda.” (Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

Consigna: Asentamientos 
por Carlos Santo

La persistencia y crecimiento del problema “Cantegriles” malogré la ya quinceañera refundación progresista, tiene raíces políticas, ideológicas y un feo sustrato ético.
Contrariamente a lo prometido, el FA divide los cargos de Gobierno por cuota electoral. No habiendo especialistas disponibles, experiencia previa de Gobierno ni acumulación de saberes, es imposible una Política oficialista bien pensada, redactada ni ejecutada.
Las raíces ideológicas son peores todavía.
Ya en 1835, Tocqueville razonaba que el ser humano sólo hace cosas por necesidad o educación; y decía que eliminar la necesidad expone a la población más débil en esos aspectos a la veleidad de su impulso moral. Era verdad entonces, es más verdad ahora.
– ¿Contrapartidas y esfuerzo, Alexis? se horroriza Marina. Ni ahí. A los pobres hay que dejarlos así, porque si dejan de serlo se vuelven burgueses, adiosito a la lucha de Clases; y, sin ella, ya se sabe que no es vida.
Ayudan también, por idénticas razones, los infladísimos costos de construcción, las exigencias absurdas que asesinan la posibilidad de que el alquiler haga accesibles las más económicas.
Así, el resultado no podría ser otro, ni hay salida. Pero…
Sólo en los cinco años de Cookie Motosierra se construyó más viviendas de interés social que en toda la Era Progreta (descuento las torres lavadoras destinadas a expectativas altas e ingresos medios). La mayoría de ellas fue a través de MEVIR, formidable sistema de construcción por ayuda mutua asistida, que tiene éxito en zonas de menor infección moral asistensocialista; donde la ética resiste y la gente acepta que la ayuden a mejorar, no a enterrarse en un chiquero con championes, Play, TV Led, celular y colgados de todo.
Según la Progresía, MEVIR huele a blancuzco azufre oligárquico, FUCVAM huele a Ultra y, por eso, no reciben el decidido apoyo debido.
Se me hace que es por ahí la salida; y, si lo es, “¡Paradoja!” diría el Corto: para que haya vivienda, no debe haber cuarto.
NOTA: El autor se reserva el derecho de no usar el término “asentamiento”, eufemismo progreta si los hay. En su país natal (uno sano, limpio, culto, integrado y mesocrático como pocos y con un Pueblo con gran sentido de la ironía) se llaman Cantegriles, su existencia inicial es resultado de décadas de siesta política; y su vigencia y aumento imparable un viscoso esputo en el rostro de los que -ilusionados- votaron alguna vez a la auto denominada Izquierda; con la idea de que eran vanguardia intelectual, tesoro moral, se las sabían todas y “arreglaban el tema de los cantegriles en quince días”, como supo perorar cierto diz que Filósofo, zafio y prescindente Presidente.

Un dato sencillamente devastador 
por Camilo Márquez

Los rankings internacionales y los top-ten de toda clase en los que los más variados organismos suelen colocar a Uruguay, se encuentran al menos en la picota. Los adictos a estos índices elaborados en general por usinas del imperialismo yanqui como la ONU, Unicef, el Banco Mundial o el FMI están aún masticando con dificultad el dato difundido por la ONG Techo: tenemos, según ésta,650 asentamientos que agrupan más de 60 mil viviendas. El dato es impresionante.
Estos temas tientan a lanzar muchas cifras para reafirmar conceptos que finalmente terminan estorbando. Sólo sumemos uno más: según un estudio de Fucvam citado por la revista Propiedades, la estimación del déficit habitacional ronda unas 80.000 viviendas mientras el volumen de los recursos que se destinan (presupuesto) “bordea apenas el 0,5% del PBI” y atención “se ha mantenido en ese orden en los último 25 años”.
Tenemos así, que el gobierno que nos hará poner dos mil millones de dólares para que el pulpo de la celulosa se decida a poner su segunda planta de la que no vamos a obtener beneficio ni siquiera en clave capitalista (en la que en teoría es fuerte el Astorismo, el FA y sus sucesivos gobiernos), es decir ganancias. Aunque le vamos a facilitar los rieles, una ampliación en el puerto, la compra de la energía que produzca la planta, aunque no la necesitemos, el agua y unas cuantas cosas más.
El economista Gustavo Melazzi, recientemente, haciendo un paralelismo afirmó que sí el dinero que el Estado va a poner para que UPM 2 se instale en Durazno se invirtiera en un plan de vivienda se solucionaría el déficit y se crearían diez mil puestos directos en la construcción contra quinientos que generaría la multinacional finesa.
El relevamiento de Techo constituye una denuncia poderosa. Manda un misil teledirigido a toda la charlatanería sobre el crecimiento exponencial de la clase media y, sobre todo, destruye la especie de la sociedad hiperconsumista dibujada con persistencia por Mujica y sus loros.
Nada indica que este sea un tema de campaña, hasta ahora la población asiste azorada a una pelea entre dos polos de marcado origen capitalista. Sus agendas están “descontaminadas” de problemas terrenales y bien miradas hasta son un calco. Lo único que asoma como tema de cierta envergadura es la campaña “Vivir sin miedo” a la que el oficialismo se cuidó muy mucho de ponerle obstáculos. De esta forma se procuró un punto de polarización sensible para la disputa en las urnas.
Las ideas de izquierda (no hablemos ya de revolucionarias) no pueden progresar en el marco del FA, los sectores militantes sobreviven al precio de una constante adaptación a los grupos que buscan un salto en el carácter de maquinaria puramente electoral de la fuerza política en el gobierno.
Por un verdadero Plan de Viviendas populares, financiado con fuertes impuestos sobre las viviendas desocupadas, topes al precio de los alquileres. Restablecimiento de un Fondo Nacional de Viviendas, controlado por los trabajadores, financiado con impuestos al gran capital y especialmente a los especuladores inmobiliarios, para que la crisis la paguen los capitalistas.

De buena madera 
por Andrés Copelmayer

El acceso a la vivienda es un derecho clave que impacta significativamente en el desarrollo igualitario de las sociedades. El déficit habitacional global tiene directa relación con el desenfrenado aumento de la desigualdad y de la pobreza mundial. Uruguay mejoró la distribución de riquezas, disminuyó la pobreza, pero permanece con una carencia estructural de acceso a la vivienda.
Luego de un marcado descenso en 2014, en los últimos tres años los asentamientos han vuelto a aumentar a más de 600, que se distribuyen en todo el territorio nacional pero cuyo mayor porcentaje se concentra en el área metropolitana. Otra señal más de las crecientes dificultades existentes en el Uruguay para acceder a una vivienda, bajo cualquier modalidad contractual: propietario, promitente comprador, inquilino, pensionista o cooperativista. Situación que lastima especialmente a las familias que menos tienen, afectando negativamente sus condiciones de vida y limitando sus oportunidades de alcanzar una vida digna. Desde que asumió el Frente Amplio, el gobierno intervino, mejoró condiciones o eliminó alrededor de 100 asentamientos. El plan quinquenal del Mvotma 2015/2019 prevé la construcción de 23.500 nuevas soluciones habitacionales: 10.000 Cooperativas, construcción de 3.500 nuevas viviendas, 1.200 para BPS, 2.000 de autoconstrucción asistida, 3.000 en pequeñas localidades, 1.300 préstamos/subsidios para adquisición de vivienda, y 2.500 relocalizaciones.
Aun cumpliéndose con las metas previstas la corremos de atrás. Según datos del INE, parte del problema es que en Uruguay el costo mínimo de construcción de las viviendas más económicas ronda los 1.000 dólares por metro cuadrado. Lamentablemente somos el país que tiene el valor constructivo habitacional más alto de la región. Además, el acceso a la vivienda, salvo excepciones de corto alcance, sigue estando condicionado a entregas de capital inicial o documentación que la mayoría de los más necesitados y la clase media baja no poseen. Más allá de la pujanza del cooperativismo y los ensayos de nuevas programas y modalidades de acceso a la vivienda; Uruguay aún no consolida un plan nacional de viviendas que sea una política de estado integral a largo plazo, con participación de todos los actores políticos, sociales, sindicales y empresariales, incluido el sistema financiero.
Tampoco en la academia existen consensos para integrar a la construcción de viviendas la utilización de materiales y metodología alternativa que abaraten costos y disminuyan tiempos del proceso. Un ejemplo claro es la madera. En Finlandia el 98% de las viviendas unifamiliares son de madera. Los finlandeses hace más de 50 años que las promueven por el significativo ahorro en los suministros de energía, y la certeza que brinda para planificar presupuestos con precios cerrado y plazos más cortos.
Muchos hemos propuesto, ya desde la instalación de su primera planta, que el estado uruguayo solicite a UPM, como contrapartida a beneficios, el impulso al desarrollo de la arquitectura en madera. Como contraprestración a las exoneraciones fiscales y a la inversión en infraestructura vial que realiza el país, sería útil incluir en contrato de instalación de nueva planta que la empresa finlandesa financie la creación, desarrollo y mantenimiento de un centro de capacitación, fabricación y montaje de casas de madera que cambie la cultura constructiva ladrillera del Uruguay.
En el país del ladrillo existen demasiados prejuicios hacia la madera como material estructural. Se cree que no son consistentes y que duran poco. La realidad es que ello depende de la tipología de madera y la metodología constructiva utilizada. En condiciones de igual calidad se estima que el costo promedio de construcción por metro útil de madera es entre un 25 y 30% inferior a la obra tradicional de hormigón, sin considerar el ahorro por los plazos de ejecución de la obra. En 2017 el MVOTMA Y UPM implementaron en Finlandia el primer curso de capacitación de construcción habitacional en madera para profesionales uruguayos. En esa ocasión la Ministra Eneida De León manifestó que: “la idea del gobierno es masificar esta tecnología para avanzar en la reducción del déficit habitacional que hoy tiene el país. En el Uruguay no tenemos la cultura de la casa de madera y eso falta. Nos parece que, si no es de ladrillo y hormigón, no es”.
Uruguay tiene capacidad técnica, recursos económicos y gestores capaces de diseñar, implementar e invertir en un plan nacional de vivienda que priorice dar rápidas soluciones habitacionales a los 135.357 niños y adolescentes que apenas sobreviven bajo la línea de pobreza. Es una emergencia nacional, y confío que más allá del ruido electoral, se consolide la unánime voluntad política para hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien. Esos gurises que viven y crecen a monte o en la calle, difícilmente puedan soñar con la mañana siguiente ni con tener igualdad de oportunidades para desarrollarse como personas y ciudadanos. Demostremos que nos importan. Aunque no voten.

Un poco frustrante 
por Mauro Mego

Tengo muchas veces la sensación de que en Uruguay las cosas no tienen solución nunca, o éstas demoran demasiado. Quizá por eso los jóvenes se desentienden de la política, porque buscar cambiar las cosas. Resultan inaceptables las cifras que se hicieron públicas sobre los asentamientos de viviendas en Uruguay, ¡un país casi vacío de apenas 3 millones de personas! Poco más de 60 000 viviendas es una locura. Y no es nuevo, ya sabemos que es un fenómeno lejano, ya desde los 60 teníamos asombro por ver surgir los primeros cantegriles. Después de 14 años de gobiernos de nuestro FA, resulta frustrante no haber resuelto esta situación. Porque no es sólo una política de vivienda, es una política social. Evitar la guetizacion de zonas de la ciudad, es evitar la profundización de la exclusión, de la fragmentación socio-cultural que tanto daño nos ha hecho. Es también sentar las bases del acceso digno a los servicios, de romper los vínculos de precariedad, es en definitiva una política de seguridad pública, de integración, componer el tejido urbano deteriorado hace décadas es esencial. Evidentemente algo ha fallado y no es muy difícil darnos cuenta. Quién ha peregrinado en búsqueda de resolver su situación de vivienda sabe que es una tarea similar a la de Moisés atravesando el desierto. Y si bien la izquierda mejoró algunas cosas, la tarea sigue siendo insuficiente. Sabemos que cambiar la situación de muchas personas de un barrio no es fácil, existe el arraigo, existen allí las propias lógicas del barrio o el asentamiento, que se afianzan, se vuelven identidad y eso, cambiarlo, es complejo. Pero necesitamos mayor actividad y actitud desde los organismos para erradicar algo erradicable, en un país como el nuestro. Habrá que dotarse de mejores instrumentos jurídicos, financiamiento o lo que fuere. Pero sobre todo dejar las excusas. Duele ver cómo se reproducen lógicas sociales perversas en sectores vastos de la sociedad y muchas de éstas nacen de la exclusión urbana, de apartar ciudadanos de sus derechos a la ciudad, a los servicios, de la integración que es, primero, espacial. De ahí no nos puede sorprender que cada vez haya más desigualdad en el acceso a determinados bienes sociales o culturales que no se resuelven haciendo pasar una línea de ómnibus. Y creo que se puede empezar por ajustar las cuentas del Estado para que sea este quien pueda dinamizar una primera solución a las situaciones extremas. La izquierda debe dejar el prejuicio y miedo a la palabra “eficiencia” y construir un Estado más ágil que es en última instancia un Estado más dinámico para acudir hacia los que menos tienen, y no un productor de burócratas. Pero, frustra bastante.

Emergencia habitacional 
por Leo Pintos

La semana pasada se conoció un completo informe de la ONG Techo, que arroja luz sobre la realidad de los asentamientos en el país y que visibiliza la problemática del acceso a la vivienda. Según el censo de 2011 había en Uruguay 589 asentamientos. Según el Monitor de Asentamientos de Techo, hoy son 656 asentamientos que abarcan más de 60.000 viviendas. El 45% tienen menos de 40 viviendas y el 9% más de 200.
Estos números dejan al descubierto una situación más que preocupante, pues mientras que las áreas rurales se vacían, las periferias de las ciudades se extienden. Algo que muestra la inoperancia del Estado a la hora de regular la planificación urbanística. Y también la ausencia de políticas robustas, consecuentes y decididas a posibilitar soluciones habitacionales accesibles. Tanto es así que a pesar de que las administraciones del Frente Amplio erradicaron 88 asentamientos, éstos no dejaron de crecer.
Basta un breve repaso al tratamiento que la política le ha dado al tema para entender esta realidad. En 1985 Sanguinetti prometía una vivienda para cada pareja joven. La administración Lacalle implementó los núcleos básicos evolutivos, construcciones tan precarias como insuficientes. El segundo gobierno de Sanguinetti trajo el fabuloso plan Fénix, ejemplo paradigmático de pésima política y cuyos coletazos legales llegan a nuestros días. La crisis del 2002 se llevó el 50% de los recursos del Plan de Integración de Asentamientos Irregulares. En 2010 Mujica llegó a decir que terminaría con los asentamientos en 15 días y su Plan Juntos quedó como un triste recuerdo de voluntarismo estéril.
Quizá sea momento de redefinir en nuestra Constitución el concepto propiedad privada, dando todas las garantías y derechos a quienes ejercen con responsabilidad la tenencia de inmuebles, pero admitiendo la intervención del Estado en los casos de abandono o mal uso de los mismos. El Derecho a la vivienda no debe estar sometido a la especulación ni quedar a merced del mercado. Una verdadera sociedad democrática debe regular ciertos aspectos que de otra manera generan exclusión y encarecimiento de los servicios básicos.
Hoy el tema de la vivienda sigue sin ser uno de los temas centrales de la agenda política con vistas al futuro. Nadie parece comprender las graves consecuencias sociales, demográficas, sanitarias y de seguridad que acarrea el problema de los asentamientos. Estamos en una real emergencia habitacional, y está claro que la solución no llegará de la mano de la especulación inmobiliaria. Llegará de la mano de políticos responsables, con visión de Estado y que sepan gestionar los recursos de manera de generar beneficios colectivos con cada Peso recaudado.

¿Un techo para mí, país? 
por Rodrigo da Oliveira

Coincidieron en tiempo dos noticias de igual trascendencia para Alemania y Uruguay, referidas al problema de la vivienda y su encare desde la sociedad y el Estado o la ausencia de dicho encare.
En Alemania se va a someter a referéndum el utilizar viviendas ociosas de grandes propietarios con un fin social, es decir destinar propiedades que no constituyen casa habitación para subsanar en todo o en parte la falta de cobertura de dicha necesidad, en lugar de construir nuevas unidades.
Hace poco tiempo desde filas del MPP surgió una propuesta similar y que tenía en cuenta los edificios abandonados, ruinosos o sin destino específico.
Gran revuelo causan estas iniciativas pues tocan directamente al derecho de propiedad, en aras de aportar al derecho a la vivienda. También desde el sector de la construcción se cuestionan estas cosas, puesto que podrían terminar deprimiendo al mercado y desestimulando el desarrollo de nuevos emprendimientos, con el consiguiente deterioro en empleo e inversión directa y de empuje de la actividad laboral general.
Aquí la noticia surgió ligada también a la falta de vivienda, pero conexa al tema asentamientos y su crecimiento, con la consiguiente involución en la calidad de vida de la gente que allí termina habitando. Gran cantidad de población infantil, carencia de servicios básicos y de infraestructura, lumpenización y coto de caza dilecto de la delincuencia organizada son la consecuencia inmediata a la instalación de cada nuevo asentamiento irregular. Favelas brasileñas, villas miseria argentinas, cantegriles uruguayos, todos ellos comparten el abandono a una parte de nuestras sociedades por parte del resto. Implica en primera instancia quedar por fuera del formalismo en lo habitacional, pero de inmediato se traslada a lo laboral y a no alcanzar lo indispensable en materia de salud y educación. Niveles de deserción en primaria y secundaria mayores que en el resto del sistema y aumento de enfermedades directamente relacionadas con las carencias edilicias tales como la plombemia, la tuberculosis y otras enfermedades respiratorias son parte de esa cara que pretendemos no ver pero que allí está presente. ¿Cómo pudo suceder que mientras los números macro generaban sonrisas en el elenco gobernante todo esto se acrecentaba debajo mismo de nuestras narices y no era detectado? ¿Qué falló para que el crecimiento no llegara a toda esta gente que terminó viéndose obligada a recurrir a la informalidad para lograr tener un techo bajo el cual cobijarse? Políticas erróneas en lo social y la ya conocida soberbia también impidieron que los avisos dados fueran tomados en cuenta. Los asentamientos siguieron creciendo, más gente fue quedando por fuera y hoy plantea un problema en sí mismo que no por recurrente se muestra pasible de ser solucionado a la brevedad.
El sector formal no dio respuesta adecuada ni con la velocidad necesaria, el sector estatal intenta complementar a aquel dando palos a ciegas, puesto que erradican un cantegril y brotan otros en otras partes, también producto de la desintegración social y económica a la cual aludíamos al comienzo.
El problema es viejo, las soluciones parciales e inadecuadas y el futuro se muestra alejado de dar señales positivas.
Políticas de Estado urge tomar. ¿Deberemos incorporar antes políticos de Estado que las lleven adelante, consensos mediante? Posiblemente.

Cantegriles y otras “yerbas” 
por Raúl Viñas

A la vista de todos, en las periferias y en especial a lo largo de las vías de acceso a las ciudades de nuestro país, podemos verlos. Pero también los hay más difíciles de ver, enquistados dentro de la trama urbana u ocupando predios rurales.
Donde sea, las Villa Miseria, Favelas, Chabolas, Cantegriles o Pueblos de Ratas y más cerca en el tiempo para los uruguayos los “asentamientos”, conforman una realidad diferente que desafía la planificación urbana, el incipiente ordenamiento territorial y también, algunas veces, las ideas tradicionales sobre la propiedad privada.
Si bien no se trata de un fenómeno nuevo, su crecimiento en nuestro país lo he sacado de lo anecdótico para convertirlo en un tema que aparece con cierta frecuencia en los medios.
Lamentablemente muchas veces esa presencia mediática se relaciona con su ubicación en zonas no habilitadas, muchas veces inadecuadas y hasta peligrosas para la vivienda permanente, por ejemplo, inundables, lo que supone riesgos y costos que afectan a la sociedad como un todo, pero en especial a los que los habitan.
Los asentamientos, caracterizados como una forma irregular de apropiarse o utilizar el territorio han generado, paradójicamente, toda una institucionalidad en los diferentes niveles de gobierno que busca su “erradicación” ya sea por desalojo, como por su regularización.
Ha habido casos de aparente “éxito”, como por ejemplo el del asentamiento que existía en el cruce de José Batlle y Ordóñez con el arroyo Miguelete que es hoy parte del parque lineal del Miguelete.
Como forma de crecimiento urbano, lejos están estas situaciones de los remates y ventas a plazos de terrenos que hace más de un siglo realizaban Piria y otros, que dieron origen a numerosos barrios de Montevideo, inicialmente separados de la trama urbana a la que fueron después integrados.
Hoy, con otra realidad demográfica, la problemática de los asentamientos nos golpea aun cuando no la veamos diariamente. Nos pega económicamente, y también por la fractura social que supone.
Desarrollar políticas dirigidas a mejorar acceso a la vivienda en las zonas urbanas es seguramente la forma más económica que tenemos como sociedad de evitar su proliferación.
Otra parte de la solución es el ordenamiento territorial claro y sin excepciones, que lleve incluso a negar la extensión de los servicios públicos a las áreas no habilitadas. Esto debe ser de público conocimiento para evitar la especulación e incluso la estafa que supone la venta de predios o loteos como urbanos cuando no lo son.