En el año 2021 se atendieron 7.035 situaciones de violencia a niños, niñas y adolescentes (NNA), según el informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que se presentó el pasado lunes. Esta cifra, que implica la intervención en 19 situaciones diarias, representa un aumento respecto a 2020 que se intervino en 4.911 casos. Del total actual de casos, 2.882 corresponden a nuevas situaciones ingresadas al sistema durante 2021.
Durante la presentación de datos, el Sipiav explicó que el incremento de las cifras no implica necesariamente un aumento de la violencia, sino que refleja que “continúa aumentando, año a año, la capacidad de detección, registro e intervención en casos de violencia”. Sobre este punto, la directora y coordinadora del Sipiav, María Elena Mizrahi, le dijo a Caras y Caretas que el tema de la violencia de género y generaciones “es un problema que tiene Uruguay hace mucho tiempo”, pero que en los últimos años “se mejoraron las técnicas de registro y se comenzó a tener más conciencia de que el fenómeno existe”. Y añadió: “Al inicio se brindaban las cifras de Montevideo, Canelones y San José, pero estos últimos años, al tener dispositivos en todo el territorio nacional, tenemos una mayor detección que nos posibilitó dar datos a nivel país”.
Sobre el incremento de casos, la jerarca sostuvo que se explica por el fin de la emergencia sanitaria y el retorno a la presencialidad, lo que posibilitó que los equipos técnicos del sistema de respuesta volvieran al territorio mejorando la detección de casos, a la vez que NNA también recuperaron sus espacios de protección, como centros educativos y CAIF, donde también se pueden detectar situaciones de violencia.
Mizrahi reconoció que “la violencia se ha complejizado”, pero destacó como aspecto positivo que “existe otra conciencia”. “En el caso de las niñas y de la preadolescencia, se dio un proceso que permitió que puedan plantear situaciones de violencia que en otros momentos no podían o tenían la fuerza para hacerlo. Los grupos de pertenencia de las adolescentes, donde se apoyan a sí mismas, colaboran a que puedan verbalizar situaciones abusivas”. La jerarca recordó que cuando surgió el Sipiav [2019] se enfrentaron a dificultades para reportar situaciones de violencia, aspecto en el que se avanzó significativamente porque “la adolescencia avanzó por sí misma al darse cuenta que la violencia hacia ella no es admisible”.
Faltan recursos
Consultada sobre los desafíos del Estado para atender la creciente problemática de la violencia hacia NNA, Mizrahi expresó: “Debemos posibilitar que esas niños, niñas y adolescentes tengan espacios donde denunciar. En esto tiene un papel importante la sensibilización y capacitación de los técnicos de todas las instituciones para que puedan ser receptivos y escuchar lo que plantean las víctimas de una situación de violencia”. El develamiento de estas historias de violencia, aseguró la experta, “no es sencillo”, ya que las niñas y niños no se sientan y dicen que son agredidos por su padre o madre. “Dicen cosas que nosotros tenemos decodificar, observar cuáles son los síntomas en centros educativos, si hay cambios en el comportamiento, en esa etapa los técnicos tienen un rol de sostén fundamental”.
Actualmente el Sipiav cuenta con 32 comités de recepción en los cuales trabajan 605 técnicos y técnicas, recursos humanos que ante el aumento de la violencia no son suficientes. “Cada vez tenemos mayor exigencia, por lo cual deberíamos tener más técnicos para dar mejor respuesta. El año pasado atendíamos 4900 casos con 605 técnicos y ahora atendemos 7035 con la misma cantidad. Con este panorama vamos a poder hacer el primer abordaje, pero seguiremos con mucha debilidad en lo que es la detección, seguimiento y la reparación de daños.”, reconoció la entrevistada. “Tenemos dos formas de detectar situaciones, la denuncia -que se puede hacer en Fiscalía o a través de la Línea Azul del INAU- y lo que llamamos ‘detección’, que para trabajar la situación es mejor, ya que a partir de que se revela un caso, el técnico puede armar la estrategia y buscar con qué referentes adultos cuenta para apoyar a las víctimas. Estos aspectos son muy importantes para abordar la situación, especialmente en situaciones de violencia sexual, abuso o explotación, con todo lo que implica la judialización de estos delitos graves. Se necesitan recursos humanos para sostener a las niñas y niños en ese proceso. Para eso, mantenemos una fuerte coordinación con la Unidad de Víctimas de Fiscalía y otros organismos, buscando que el tránsito sea lo menos revictimizante posible, que no es tarea fácil debido al impacto que generan estas situaciones que, en la mayoría de los casos, tienen como agresores a familiares directos. El impacto psicológico es enorme”.
A la carencia de recursos humanos que trabajan específicamente en detectar situaciones de violencia, se suma otro problema: el cierre de programas sociales del Ministerio de Desarrollo que trabajaban en los barrios de contexto crítico, directamente con las familias, como los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat) y los Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF), que colaboraban en la detección de casos de violencia. Al preguntarle a la directora del Sipiav cómo repercutía la falta de estas políticas sociales, expresó: “Cualquier dispositivo que retire técnicos del territorio para nosotros es una dificultad”.
Otra de las necesidades para enfrentar la problemática de la violencia hacia NNA, según la jerarca, es la realización de “grandes campañas de sensibilización”, que tienen un alto costo. “El Parlamento votó una ley que mandata al Sipiav, pero no están los recursos disponibles”. Más allá de las mejoras que pueden hacerse sobre los servicios que atienden las situaciones de violencia, Mizrahi aseguró que es necesario avanzar en cuestiones estructurales como las formas de relacionamiento social. “Existen asimetrías de poder muy fuertes en las que niñas, niños y mujeres sufren desigualdad. En esa asimetría es donde se ejerce la violencia, y ese es un cambio cultural que nos debemos replantear”.
Llegando tarde
La directora por el Frente Amplio (FA) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Natalia Argenzio, opinó que el aumento de casos de violencia en la infancia y la adolescencia no significa que estemos ante “una pandemia de violencia”, sino frente a una problemática estructural de la sociedad. “Lo que se está observando cada 25 de abril es el avance en el trabajo realizado, en lo jurídico, político, en derechos y a nivel de cada territorio, así como en la sensibilización de los equipos y de las instituciones que trabajan para poder desnaturalizar el problema. Es por eso que vemos el incremento de las cifras”.
Para Argenzio es importante tener claro que las 7.035 situaciones de violencia reportadas recientemente no reflejan la totalidad que existe, sino que fueron las atendidas por el sistema. A su entender, “el problema es grave” y “debe responderse como política de Estado”. Por otro lado, reconoció que Uruguay ha tenido muchos avances en materia de derecho, pero aseguró que queda mucho por hacer, sobre todo seguir trabajando para sensibilizar y desnaturalizar el problema. “Una de las cifras más impresionantes del informe fue que el 65% de las víctimas no se visualizan en la situación de violencia”.
Además de las cifras difundidas recientemente por el Sipiav, Argenzio analizó otros indicadores que muestran la vulneración de derechos hacia las infancias y adolescencias y que dan cuenta de la necesidad de atender el problema como política de Estado. “En la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia basada en Género y Generaciones del 2019 observamos que más de 386.119 niñas, niños y adolescentes viven en hogares donde se reportó alguna situación de violencia de género. Además, en el 20% de estos hogares la violencia fue ejercida hacia menores de edad. Otro indicador alarmante es el incremento de la judicialización: en 2021 fueron tramitados 30.000 oficios del Poder Judicial que se recibieron en las puertas de entrada del INAU, en todos los departamentos”.
El aumento del 16% de las denuncias que recibe la Línea Azul es, según la directora, otro indicador importante, pero más aún “el aumento de la reiteración de denuncia”, ya que significa que “no estamos llegando a tiempo”. “Esta situación nos tiene que interpelar como Estado porque acá el problema no es la sociedad, es el Estado que tiene que responder con políticas adecuadas. Y no se trata solo de sensibilización, sino pasar a una prevención oportuna y cuando se detecta una situación de violencia, proceder rápidamente para activar la reparación del daño”, añadió.
Más violencia, igual presupuesto
Ante el aumento elevado de los casos de violencia hacia NNA, señaló Argenzio, el INAU mantuvo la misma asignación presupuestal de 98 millones para enfrentar el problema. “No aumentó el presupuesto para violencia, no aumentó la cantidad de 550 cupos para dar respuesta a una reparación del daño acorde a los modelos requeridos y los proyectos de proximidad que se conforman con equipos multidisciplinarios. Con las cifras actuales, 550 cupos representan un abordaje del 7% de las denuncias”.
Según Argenzio existe “una triada” que complejiza la situación: además del crecimiento de casos y el no aumento de presupuesto, otra “gran preocupación” es que “por tercer año consecutivo el INAU no ejecutó el 100% de su presupuesto, devolviendo a rentas generales 766 millones de pesos en 2020 y 755 millones en 2021”. A esto se suma, señaló la jerarca, que el aumento presupuestal anual de 5% estuvo por debajo del aumento de la inflación, que fue de 7,95%. “Mientras tanto, hay un aumento de la vulneración de derechos hacia niñas, niños y adolescentes. Preocupa que pudiendo planificar una estrategia paulatina para abordar la problemática, se decidió no ejecutar parte de ese presupuesto”.
Argenzio enfatizó en que el problema de la violencia hacia NNA rompe los ojos y necesita otro tipo de respuesta. “Además de las cifras y los indicadores mencionados, lo vemos en la sobredemanda que tienen los centros de 24 horas del INAU: el 41% está sobrepoblado. Pero el encierro no puede seguir siendo la primera herramienta para dar respuesta a situaciones de desprotección y vulneración. Se requiere la contratación de equipos -actualmente en las puertas de entrada de INAU una dupla atiende 70 situaciones de diversa índole de vulneración-, acciones continuas de prevención, especificidad técnica, ratios de abordaje definidos. Las políticas de infancia y adolescencia deben ser abordadas como largoplacistas y no con intervenciones focalizadas”.
Para finalizar, la directora remarcó que no debe pasarse por alto que hay una fuerte agudización de la crisis económica y pérdida empleo que agrava la problemática. “Los referentes de las puertas de entrada del interior cuentan que aumentó la demanda de familias que piden soluciones de vivienda, empleo. Eso habla de un Estado que no está presente con la integridad que requiere el abordaje de estas situaciones. Cuando hay un caso de violencia el Estado tiene que entrar a la familia, se requiere interinstitucionalidad, acompañamiento real y articulación para combatir todas las aristas de esta terrible problemática. Para cambiar esta realidad se necesita inversión”.
Algunas cifras del Sipiav
De las 7035 situaciones de violencia registradas:
Un 55% corresponde a víctimas niñas y adolescentes de sexo femenino y un 45% a varones
Un 37%, se ubican en la franja etaria de 6 a 12 años y un 19 % en menores de cinco años.
Un 37% corresponden a casos de "maltrato emocional", 24% negligencia, 20% abuso sexual, 17% maltrato físico y 2% explotación sexual.
En un 39 % de los casos los agresores fueron los padres de las víctimas y en un 23% las madres.
Se registraron 1400 situaciones de abuso sexual, más de 3 casos por día. De las situaciones atendidas, 3 de cada 4 fueron niñas o adolescentes mujeres y el 45% tenían entre 13 y 17 años.
El 79% de los casos las personas que cometieron los abusos formaban parte de los vínculos cercanos de las víctimas.
Un 78 % de las situaciones de abuso se detectaron en su fase crónica, lo que significa una exposición prolongada a la situación de violencia.
Se intervino en 1196 casos de maltrato físico: golpes, tirones, pellizcones y quemaduras. En el 54% de los casos, el agresor fue el padre o pareja de la madre, en un 33% la madre, en un 9% otro familiar, en un 2% un no familiar y en el 2% restante la pareja de la víctima.
El 65% de las víctimas no son conscientes de la violencia a las que están sometidas.
La directora del INAU por la oposición plantea que el organismo tiene cupos para atender solamente 10% de las situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes; sugiere que la retirada del Estado de los territorios “impacta fuertemente” en esta población.
Natalia Argenzio es licenciada en Enfermería, especialista en gestión y políticas de salud. Es directora del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por el Frente Amplio. En diálogo con la diaria, habló sobre la realidad del sistema de protección de 24 horas, el impacto de la pandemia y la pobreza, el reciente informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) acerca de la salud mental de niñas, niños y adolescentes en contextos de encierro, y la violencia.
Internación, patologización y medicalización
“La primera opción del sistema de protección sigue siendo la internación”, explicó Argenzio. En Uruguay, el promedio de internación de niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección del INAU es de 52 meses. Dos de cada tres niñas, niños y adolescentes que están en amparo viven en hogares de este organismo. El resto vive en un contexto familiar, bajo la modalidad de acogimiento familiar. Para Argenzio, “invertir estos números significaría un salto cualitativo en la forma que tenemos de proteger a las niñas, niños y adolescentes”.
El Poder Judicial forma parte de la decisión sobre estas trayectorias: 75% de la población atendida en el sistema de protección es resultado de una decisión judicial. “Los motivos de ingreso y derivación al sistema son producto de la multicausalidad asociada a la pobreza estructural: situaciones de violencias y abuso, situaciones de calle, falta de vivienda, dificultades económicas de la familia, enfermedades, problemas de salud mental, uso problemático de drogas de la referencia adulta, etcétera”, explicó.
La mayoría (86%) de las niñas, niños y adolescentes que están en el sistema de protección mantienen contacto con su familia. “Por eso se requiere mayor abordaje del trabajo con la familia de origen, para poder restituir la capacidad de cuidado”. Sólo 9% de las niñas, niños y adolescentes tienen condición de adoptabilidad.
Para apostar a un modelo de desinternación y restituir el derecho a vivir en familia, Argenzio plantea que “se debe apostar fuertemente a modelos de base familiar y comunitaria”. Para eso, “es necesario evitar que las familias pierdan la capacidad de cuidar; fortalecer las capacidades de cuidado de la familia de origen, con énfasis en el proceso de reintegración familiar; buscar otros referentes familiares si la madre o el padre no pueden cuidar; promover el proceso de adopción para aquellos que no tienen posibilidades de volver con sus familias”.
De los casi 25.000 oficios que recibió el instituto desde el Poder Judicial en 2020, 1.108 terminaron en ingresos al sistema de protección de 24 horas. 940 de estas solicitudes contaban con intervenciones previas “que, sin dudas, fueron insuficientes”.
El impacto del encierro y el alejamiento familiar
“Hace una década, los estados consolidaron la idea de que la internación en sistemas de protección no son una solución favorable para atender a esta población, que pierde o ve interrumpido el cuidado familiar. Hay evidencias que nos demuestran que hay grandes perjuicios en su desarrollo neurológico, psicoemocional, afectivo y social”, recordó Argenzio.
Los primeros años de vida son determinantes. “La internación produce daños en todas las áreas. La primera infancia es una etapa crucial y por tanto dejará marcas indelebles y profundas; por tal razón, es necesario desalentar la internación en esta etapa hasta llegar a erradicarla”. “Hoy sabemos que las herramientas para desarrollar políticas de desinternación existen y podemos utilizarlas. Es un desafío complejo, que implica un cambio en el paradigma de protección”. Para empezar, cambiar la idea de los hogares por la de centros de atención al fortalecimiento y el apoyo de las familias.
“El INAU tiene cupos para atender solamente 10% de las situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes”.
Para Argenzio, el modelo de encierro alude “a una lógica preventiva”, a “alejar a niñas, niños y adolescentes del delito”. “Esta es una perspectiva de exclusión y discriminación que etiqueta como ‘potencial delincuente’ y refuerza la idea de abandono”. Sugiere que las acciones “deberían responder a políticas socioeducativas que promuevan la inclusión y acompañen su autonomía progresiva para la inserción social”.
El encierro en hogares residenciales aleja a niñas, niños y adolescentes del medio familiar, de su medio social habitual, y pasan “de un momento a otro al encierro y todo lo que esto implica: incertidumbre, miedo”. “El proceso de adaptación es complejo, y si el ambiente social no acompaña, sus necesidades afectivas tendrán consecuencias graves en la niñez y la adolescencia”, señaló Argenzio.
“Defendemos y trabajamos para garantizar el derecho a vivir en familia, y lo que más anhelamos es vivir en un país donde las familias no pierdan la capacidad de cuidar a sus hijos”. A su juicio, esto debe ser “prioritario” y debe ser “el norte de las políticas de infancia”, además de apostar a que “otras familias se involucren con el cuidado por la vía del acogimiento familiar y la adopción”.
Clínicas psiquiátricas privadas ante falta de equipos
Según Argenzio, hay una “falta de abordaje psicoemocional oportuno”. La medicalización de quienes están en el sistema de protección es muy alta: un tercio de las niñas, niños y adolescentes recibe psicofármacos. “Nos preocupan las derivaciones a las clínicas psiquiátricas que muestran una inadecuada interpretación de las conductas llamadas ‘disruptivas’, que permitan reconocer las diferencias entre una crisis circunstancial y una descompensación de problemas crónicos de salud mental”, explicó la directora del INAU por la oposición. Según dijo, 45% de las derivaciones a clínicas psiquiátricas por descompensaciones de la salud mental están asociadas a un antecedente de uso problemático de drogas y 41% tienen antecedentes de haber sido víctimas de violencia, abuso y explotación sexual.
“La falta de un sistema de protección de 24 horas con suficientes equipos multidisciplinarios y propuestas alternativas para dar respuestas oportunas a estas situaciones hace que haya casos en que niñas, niños y adolescentes permanezcan en las clínicas psiquiátricas hasta cuatro meses luego de haber recibido el alta médica”, afirmó Argenzio. “El costo diario de internación ronda en los 6.000 pesos”. El Estado invierte en la prolongación de estas internaciones unos 720.000 pesos. La funcionaria considera que al mismo tiempo “se vulneran derechos y se hace un mal uso de los dineros públicos”. Actualmente, hay 16 adolescentes ingresados en clínicas psiquiátricas que llevan más de cuatro meses de internación, “lo que representa un gasto de casi tres millones de pesos por mes invertidos en vulnerar derechos”.
Planteó que la investigación La infancia que no queremos ver. Encierro y salud mental de niñas, niños y adolescentes, realizada por la INDDHH con apoyo de Unicef, “arroja datos que refuerzan la urgente necesidad de adecuar el sistema de protección hacia bases familiares y comunitarias”.
De acuerdo con el informe, 10% de las niñas, niños y adolescentes estaban internados en centros de salud mental de 24 horas del INAU. Son 316 casos. “Si bien la normativa indica que no deberían permanecer más de 18 meses en centros de salud mental, uno de cada diez menores de 12 años y uno de cada cinco adolescentes han permanecido más de tres años”, señaló Argenzio.
Niñas, niños y adolescentes pasan hasta cuatro meses luego del alta médica en clínicas psiquiátricas privadas por falta de equipos en el INAU.
“El descuido emocional, el trato humillante y amenazante y los malos tratos físicos identifican a la mitad de estos centros”, consideró. Y agregó: “La mayoría del personal carece de formación en trabajo socioeducativo y plantea debilidades en el conocimiento de los derechos humanos”.
Infancias y adolescencias pobres
De las 100.000 personas que cayeron por debajo de la línea de la pobreza en 2020, 35.000 son niñas, niños y adolescentes. Para Argenzio, a las “debilidades socioeconómicas” se suma una “interinstitucionalidad realmente debilitada”: “El Estado se ha retirado de los territorios, cerraron las escuelas, disminuyeron los espacios de abordaje de políticas sociales en territorio”, consideró.
“Si bien el INAU mantiene los centros de tiempo parcial con guardias para cubrir alimentación y situaciones de urgencia”, cada día tienen que “cerrar más servicios” ante la detección de casos de covid-19. “Tenemos equipos exigidos al límite para lograr las coberturas. Se ha contratado trabajadores para cubrir los centros de 24 horas, pero esta emergencia sanitaria no nos está permitiendo atender la emergencia social donde niñas, niños y adolescentes son los más perjudicados”.
Argenzio sugiere que para paliar esta situación se debe pensar en transferencias económicas a las familias de origen –“acompañadas de políticas de fortalecimiento”–, adaptar las propuestas del INAU a las necesidades actuales, “salir al territorio” para atender la demanda y “ofrecer un sistema de protección oportuno que no abuse de la internación”.
Faltan cupos para atender situaciones de violencia
El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia reportó 4.911 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en 2020. Sin embargo, Argenzio dijo que habrá cupos “para atender 10% de los casos”. “El presupuesto del INAU para la atención de la violencia este año es cero”, sentenció.
La Línea Azul es un número telefónico del INAU que recibe denuncias de situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes y denuncias asociadas a la vulneración de sus derechos. En 2020, según Argenzio, las llamadas recibidas por “reiteración de denuncias” tuvieron un aumento de 88%. Las nuevas denuncias aumentaron 16%. Hubo 2.630 denuncias reiteradas y 3.561 denuncias nuevas.
Impacto pandémico y retirada del Estado
Una de las consecuencias de la pandemia ha sido el aumento de la demanda en el ingreso al sistema de protección de 24 horas, que según Argenzio “hoy presenta grandes debilidades en su capacidad de respuesta”. En marzo de este año, “se llegó a 162 casos sin respuesta en Montevideo”.
Esto genera “un gran impacto en los sectores más vulnerables y pobres”. Esta vulneración se ve agravada por el cierre de distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social. “El cierre del Programa de Cercanías dejó a 660 familias sin abordaje en territorio”, puntualizó.
“La falta de técnicos (profesionales indispensables para llevar adelante los proyectos socioeducativos y de restitución de derechos) en el sistema de 24 horas es preocupante”, explicó. Argenzio planteó que la situación es más compleja en el interior, “donde cada profesional tiene mayor cantidad de población atendida”.
En los últimos años, el alto índice de certificaciones médicas “genera una gran dificultad para la cobertura”, y estas “se agudizaron en este período de emergencia sanitaria, siendo una alerta”.
Dijo que se suma además un “franco retroceso en los derechos en cuanto a la mirada del abordaje de los centros, priorizándose una visión tradicional, que no contempla la diversidad y que entiende el encierro como la principal medida de protección”.
“La retirada del Estado de los territorios impacta fuertemente en niñas, niños y adolescentes”, apuntó. “La pandemia y la insuficiente y abatida respuesta del Estado han pegado duramente en la pobreza infantil y adolescente. Esto significa más niñas, niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad”, afirmó. En este sentido, dijo que “es urgente el fortalecimiento de las políticas y de los proyectos de proximidad en territorio que realicen trabajos de cercanía, para que las familias no pierdan la capacidad de cuidar”.
“La retirada del Estado de los territorios impacta fuertemente en niñas, niños y adolescentes”.
Para mitigar los efectos de la pandemia, “los hogares más vulnerables necesitan robustas y urgentes políticas sociales de impacto”. La implementación de políticas públicas “debería redundar en la ruptura de la reproducción intergeneracional de la pobreza”.
Garantías para la infancia
Actualmente, hay un proyecto de ley en discusión en el Parlamento que promueve garantías en el desarrollo, la atención y la protección para la primera infancia, la infancia y la adolescencia. Esta propuesta fortalece la rectoría del INAU.
Para Argenzio, “hay que hacer algo superador, y es la idea de la creación de garantías para la infancia, por medio de un presupuesto que se articule, que trabaje sobre los problemas y las prioridades para un país garantista de derechos, en el que se jerarquicen los asuntos de infancia”.
Presupuesto “abatido” y sin cabida a las propuestas
“La falta de acciones concretas en lo que va de 2021 deriva de un problema presupuestal”, dijo Argenzio. Sobre el presupuesto del INAU, aseguró que “tiene un abatimiento de 6%”. “Si se considera la inflación, hay una pérdida monetaria real de 1.140 millones de pesos anuales”.
“Tenemos una planificación que plantea un abordaje integral, con todas las actividades que nos permitirían cambiar realidades y generar oportunidades reales, pero a cuatro meses del segundo año de gestión estas propuestas aún no cuentan con el aval de todo el directorio del INAU”, explicó.
La directora agrega que “ni siquiera se puso en discusión oficialmente en las sesiones”. “No aprobar esta planificación deja al descubierto la falta de inversión en políticas de infancia”.
“El INAU no tiene un reflejo presupuestal para implementar acciones para el abordaje de las situaciones de violencia, y no contempla nuevas aperturas y ampliaciones en las distintas modalidades de atención en la comunidad. Tampoco hay propuestas presupuestales para el abordaje de proyectos dirigidos al embarazo adolescente, ni estrategias que apunten a la ampliación necesaria de los programas de egreso adolescente que fortalezcan la autonomía progresiva y la inclusión social”, dijo.
Respecto de la ampliación de coberturas para la atención de la primera infancia con nuevas infraestructuras, “sólo se presentan los planes de obras de los CAIF de 2020 a 2022, proyecciones heredadas de la planificación de ampliaciones realizadas por la administración anterior”. Señaló que “hay presupuesto para esas construcciones, pero no para su puesta en funcionamiento”. Por esto es que “en 2020 se finalizaron obras en 24 CAIF, pero hasta el momento sólo 11 están en funcionamiento”.
Para Argenzio, muchas de las propuestas que se hacen “se irán llevando adelante, aisladas y sin una mirada integral”, lo que redunda en un menor impacto. “Se continúa postergando a las infancias y las adolescencias”.
La directora del INAU por la oposición concluyó que la inversión en infancia y adolescencia debe ser un “mandato ético del Estado” y “una prioridad en tiempos de crisis”.
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