Platitas electorales

Financiamiento de partidos: proyecto está empantanado en comisión y va camino a naufragar

El avance del narcotráfico en la región, y en especial en la política, mostró su cara en las elecciones primarias de Ecuador, que terminó con un candidato presidencial asesinado por una organización criminal y unos comicios con candidatos yendo a sufragar con chalecos antibalas. La idea de aprobar una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos se plasmó en un proyecto en la pasada legislatura; si bien el Frente Amplio tenía las mayorías para aprobarla, el por entonces diputado frenteamplista –hoy en el Partido Nacional–, Darío Pérez, no dio los votos y de esa forma naufragó hasta este período, en el que la coalición gobernante se comprometió a cambiar algunos puntos. El politólogo Daniel Chasquetti expresó que al no aprobarse esta norma «decepciona un poco» porque, en el fondo, cree que «no están entendiendo lo que está ocurriendo en el mundo» en referencia al avance del crimen organizado.
 

Darío Pérez se acercó a uno de los costados del hemiciclo y con su parsimonia habitual largó seis palabras que quedarían resonando en la sala. “La voy a clavar al ángulo”, dijo y se fue.
Era jueves 20 de diciembre de 2018, y la ausencia del legislador de San Carlos impediría al Frente Amplio tener las mayorías necesarias para levantar el receso parlamentario y votar una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos.
Casi cinco años después, en una muestra de circularidad, Pérez retornó a su primer amor, el Partido Nacional, pero ese día sigue siendo el momento en que el sistema político estuvo más cerca de sancionar una normativa que transparentara la forma en que los partidos reciben dinero para sus campañas.
Porque si bien todo el sistema se comprometió a discutir una nueva ley, ese proyecto está empantanado y va camino a naufragar dadas las distancias existentes.

 Sin legislación  que asegure mecanismos de control, la chance de que fondos vinculados al nacrotráfico financien actividades proselitistas es real, sobre todo en años de elecciones.

Nueva ley de financiamiento de partidos políticos: ni el oficialismo ni la oposición han tenido interés en promoverla

En el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) militantes barriales del oeste del Movimiento de Participación Popular (MPP) advirtieron a sus líderes políticos que un grupo de personas con vínculos con narcotraficantes de la zona estaban haciendo pintadas en defensa de la normativa aludiendo ser integrantes de una lista del Partido Nacional. El tema fue motivo de conversación entre importantes dirigentes de la coalición de izquierda y la advertencia llegó a ser trasladada en reserva a algunos blancos. 

Así como la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tuvo un tono “crudo”, fue “brutalmente sincera” y no “autocondescendiente”, expertos en prevención de estos delitos profundizaron en ese mismo nivel, sobre las amenazas y debilidades que tiene el sistema antilavado uruguayo, y dieron adelantos de la Estrategia Nacional, que se está comenzando a desarrollar.

Chasquetti: Es muy grave, en el contexto de escándalos por narcotráfico y lavado de activos, que no haya una mayor transparencia en el financiamiento de los partidos políticos.

 Mucha gente le pide al Parlamento que apure la ley de financiamiento. Pero debe saberse que la Comisión Especial de la CRR se encamina hacia un fracaso. Es muy probable que no haya nueva ley y que debamos seguir con la de 2009, que como todos saben, es un saludo a la bandera.

Luego de recoger opiniones de jerarcas y expertos, la mayoría oficialista de la Comisión nunca presentó un proyecto alternativo. El 8/12/2022 se reconoció la imposibilidad de hacerlo y desde entonces el organismo sólo se reunió en dos ocasiones.

Además, una de las claves era la definición del organismo encargado de auditar las declaraciones juradas de los partidos. Había acuerdo en que fuera la Corte Electoral pero se dejó pasar la rendición de cuentas sin votar partidas especiales para fortalecer al organismo.

Como ya se vio en la anterior legislatura, los tiempos electorales vuelven difícil legislar sobre un tema tan sensible. Es triste constatar que después de tres años (28 reuniones) no se haya logrado discutir un articulado pese a los esfuerzos de algunos de sus integrantes.

Para los interesados en este complicado proceso, aquí dejo una línea de tiempo con el recorrido del proyecto y el trabajo de la mencionada Comisión.

https://parlamentodata.com/2023/08/21/proyecto-de-modificacion-a-la-ley-de-partidos/ 

 

 

Julio Guarteche siempre decía que el punto de partida para combatir al narcotráfico era tener una visión compartida de la amenaza. Con esto quería decir que debe existir —dentro de la sociedad y de los partidos políticos— una percepción real de que estamos ante un verdadero problema, ante una amenaza que jamás puede ser subestimada.

En el inicio de este siglo —y con el marco de una grave crisis económica— se desnudan las vulnerabilidades locales cuando se produce una explosión de la oferta de drogas (mundial, regional y nacional), con el agravante que en estos dos últimos ámbitos se comienza a comercializar un derivado del proceso de obtención de cocaína, con alta toxicidad: pasta base.

En forma concomitante las organizaciones criminales internacionales crecieron y se extendieron por todos los continentes. Así, el inspector Guarteche, entonces director de la Brigada Antidrogas, comienza a insistir sobre la gravedad de lo que se avecinaba, llamando al compromiso de todos los actores e instituciones del Estado para que le otorguen prioridad. Lo demás, es historia conocida, y los uruguayos lo viven diariamente cada vez que presencian crímenes gravísimos vinculados al narcotráfico.

Lamentablemente, no tenemos la certeza de que exista esa visión compartida, ya que asistimos a una fuerte inacción por parte del Gobierno. A partir de 2020 comienza la desarticulación de la Brigada Antidrogas, entre otras unidades policiales estratégicas, donde se colocaron personas en lugares relevantes que no estaban capacitadas para los desafíos que se venían.

Uruguay ha venido rezagado respecto de los problemas que han sufrido otros países latinoamericanos, pero lamentablemente todo llega, por eso nos preguntamos: ¿Cuánto falta para que el narcotráfico y el crimen organizado terminen financiando políticos? ¿Cuánto falta para que el narcotráfico termine enquistado en el sistema político.

Cuando este Gobierno era oposición, se dio el lujo de rechazar una ley de financiamiento de partidos políticos. Hay que hablar de lo que sucede porque —sin atribuir intenciones— podríamos estar ante la antesala del enquistamiento del narcotráfico dentro del Estado.

Lo que ocurrió en 2022 con el narco uruguayo Sebastián Marset, fugándose de su reclusión en Emiratos Árabes Unidos luego de que la Cancillería le otorgara un pasaporte, sigue dando que hablar. Hace unas semanas, un senador paraguayo denunció frente a Fiscalía que un diputado le solicitó US$ 500.000 para liberar a Marset, que había sido detenido en Dubái.

A este hecho, se suma el testimonio de la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, confirmando que tanto Luis Alberto Heber como Francisco Bustillo, ministro del Interior y canciller respectivamente, faltaron a la verdad en el Parlamento durante la interpelación por el caso Marset. Se confirmó que todo el Gobierno sabía quién era Marset pero no hicieron nada al respecto, solo a mentir en el Parlamento.

No queremos ser insistentes, pero deberán rendir cuentas sobre estos hechos, porque no podemos permitir que se le falte el respeto al Parlamento Nacional. No podemos permitir que se venga a faltar a la verdad, a no asumir los errores y a justificar las cientos de omisiones cometidas. ¿Cómo pudo el ministro Bustillo afirmar que no sabía quién era Marset cuando Ache lo sabía de primera mano por los mensajes recibidos por el subsecretario del Interior, Maciel?

Las responsabilidades políticas son evidentes y deben asumirlas para poder construir una política de Estado que sirva para estar a la altura de este flagelo. Ya no vale poner excusas, es hora de que el sistema político se ponga de acuerdo y actúe en consecuencia. Debemos pensar políticas de Estado porque los problemas en la entrada y salida de droga en el Uruguay, así como la falta de controles al lavado de activo, vienen incrementándose de forma sostenida.

Hoy, lamentablemente vemos como las fronteras, el espacio aéreo, marítimo, puertos, aeropuertos vuelven a estar en máximo riesgo. En marzo de 2023 se publicó el Reporte Global sobre Cocaína 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés). Este documento muestra cómo ha cambiado la ruta de la cocaína en el Cono Sur, convirtiéndose nuestro país y los países de la cuenca del Plata, a través del Río Uruguay y el Paraná, en uno de los principales puntos de partida con destino a Europa.

Las rutas de tráfico han evolucionado, Colombia perdió influencia y la cocaína de los países sin salida al mar se transporta cada vez más a través de Paraguay y la vía fluvial Paraná-Paraguay, hasta Buenos Aires y Montevideo, para luego llegar a Europa. Haciendo hincapié en el protagonismo mundial que ha tomado Uruguay para el trasiego, stockeo y exportación, a través de sus puertos.

Esto se da en un momento donde las incautaciones marítimas documentadas en la Plataforma de Vigilancia de Drogas de la UNODC alcanzaron un 89% en 2021. Esto muestra que en América del Sur, las vías fluviales y sus puertos tienen un rol cada vez más importante en el movimiento y transbordo de cocaína en su camino a un puerto marítimo. Es un hecho preocupante y que debe llamarnos a la acción: hoy el Río de la Plata está siendo utilizado para traficar cocaína en contenedores.

El Reporte Global sobre Cocaína 2023 UNODC hace referencia a los cargamentos de soja y lana utilizados en Uruguay para ocultar la cocaína, también describe que la cocaína se puede ocultar en la estructura de un contenedor (piso, paredes o una unidad de refrigeración).

Hace un tiempo, el doctor Alejandro Montesdeoca —a pedido de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)— realizó un informe donde señaló que el principal delito precedente de lavado de activos en el Uruguay es el tráfico ilícito de estupefacientes. Confirmando, además, que ya no somos un país de tránsito sino que existe una producción nacional de drogas sintéticas y un claro aumento en el consumo de drogas como la cocaína y metanfetaminas. En dicho informe, también se afirma que no hay evidencia que vincule a los circuitos de acopio y exportación de drogas con los de distribución para el consumo interno, ya que están en manos de grupos pequeños, de naturaleza familiar y barrial, pero existe un riesgo creciente de que se produzcan cambios cualitativos y cuantitativos que potencien la problemática del narcotráfico en el país.

Otro de los problemas recae en el sector inmobiliario. En Uruguay ya se ha constatado la presencia de inversiones inmobiliarias en la mayoría de los casos de lavado de activos. Asimismo, se evidencia el ingreso de capitales extranjeros mediante la inversión inmobiliaria, en muchos casos utilizando estructuras societarias, donde no se distingue entre los actores que operan en el sector (promotores, constructores, inmobiliarias, escribanos, etc.) para poder desarrollar medidas de mitigación. Un verdadero problema de dimensiones mayúsculas.

Existen cientos de vulnerabilidades que debemos asumir de una vez por todas. Hay problemas de control, que no solo quedan en evidencia a raíz de las incautaciones, sino a través de la denuncia de varios de los integrantes del sector. Muchos funcionarios de Aduanas han manifestado que, a raíz de la operativa de la empresa Block Tracker en los controles aduaneros, se ha restringido su calidad técnica y de reserva. Esto representa un verdadero problema en un contexto donde nos hemos vuelto un eslabón más en el contexto del narcotráfico internacional.

La SENACLAFT no cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con sus funciones, todo esto considerando el extenso número de sujetos obligados para analizar. El hecho de no tener la más mínima capacidad para enfrentar los problemas vinculados al lavado de activos la vuelve una dependencia meramente decorativa, que poco aporta a solucionar la problemática que debería atender.

Todos los expertos señalan que el próximo Gobierno deberá realizar cambios radicales en materia de lavado de activos y represión al narcotráfico. Solo la conformación de una política de Estado podrá permitir que aparezcan las soluciones.

Hoy, más que nunca, tener una visión compartida de la amenaza se vuelve fundamental para transitar dicho camino. Insistimos, resulta ineludible una ley de financiamiento de los partidos políticos, una política tendiente al fortalecimiento de los controles de las vías del narcotráfico, una política de combate al lavado de activos, ante todo: una política de estado. Y, en especial, que la seguridad pública deje de ser un botín político.

Como decía Guarteche, la visión compartida de la amenaza vuelve a ser un mandato ineludible.