La vida en un barrio “en guerra”

 

El domingo sale una nota en el país sobre la violencia en los barrios, y mas sobre el nuestro,el marconi ,donde mataron a un policia,fui consultado pero no quise hacer comentarios porque la corrupción policial es terrible y le pueden avisar a bandas narcos de lo que se puede hablar y agregar lo que se les antoja como ya pasó en algún caso.nadie dice que es parte culpable por inacción o por cómplice  y siguen haciendo diagnósticos y la solución no llega para nosotros

Solo la presencia de deportes ,cultura y divertimentos como carnaval ,algo de música u otros podría haber evitado varios suicidios juveniles y otros ,también podía haber evitado que muchos gurises que hoy están muertos o en la cárcel hubieran entrado en esa espiral de delitos droga y muertes que hoy nos asola más que cualquier pandemia ,pero el comunal ,la intendencia y otros nos abandonaron a nuestra suerte hace 4 años..y el resultado se ve cada día peor que el otro

Hubiera querido decir mucho en ese reportaje pero no puedo arriesgar a mi familia
 
 Crónica desde el Marconi, 

donde gobierno estrena plan para reducir homicidios

Los focos otra vez están puestos en este barrio al norte de Montevideo tras el asesinato de un policía a inicios de febrero y los datos del Ministerio del Interior de 2023, que lo vuelven a posicionar como el más violento de la capital. 

El País 18 febrero 2024

 

 Hay días enteros, y hasta algunas semanas, de tregua. Esos días caminar por las calles de los barrios de la zona de Casavalle -como Borro y Marconi- no significa un peligro para los vecinos. Pero la foto es la de una guerra que toma pausas en zonas donde la mayoría de la gente a veces tiene que parar su vida para esquivar las balas de batallas que no le corresponden.

Las zonas de acción de las bandas de microtráfico de drogas se están moviendo y desde hace al menos un año el Marconi volvió a estar en el radar. Los enfrentamientos se dan a plena luz del día. Modifican armas de fuego y las hacen más letales: funcionan como escopetas semiautomáticas, que con un solo disparo dejan ráfagas de balas. También cortan los cables de las cámaras de seguridad, para que dejen de funcionar.
Los vecinos dicen que no se animan a denunciar, que el miedo es grande, porque al hablar con las autoridades se está poniendo en juego la vida. Hay formas de denuncias anónimas, también testigos protegidos. Pero estas opciones no parecen claras para muchas personas que nacieron en estos barrios, vieron cómo varias bandas fueron desarticuladas por la Policía y a los pocos meses los hijos o los nietos tomaron “las riendas del negocio”.

Con este panorama el Ministerio del Interior comenzará en pocos días, desde marzo, a aplicar un plan en la zona para la prevención de homicidios y conflictos criminales basado en la mediación; esto se hará con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El coordinador de estrategias focalizadas en prevención del delito, Diego Sanjurjo, dice a El País que técnicos de ONGs trabajarán junto a vecinos de la zona y serán “interruptores o mediadores” para llegar a las personas que participan de los hechos violentos. “Es un equipo que conjuga lo técnico y lo profesional, con estas personas que tienen el poder de acceder al público objetivo”, explica Sanjurjo. Más adelante desarrollaremos los detalles del plan.

Para Sanjurjo estos son los barrios más peligrosos y críticos, al menos desde que hay registros. “Hay una inversión de la Policía en tareas de patrullaje pero también unidades de investigación y de homicidios”, dice.
Los patrulleros se ven de día, y los vecinos cuentan que en algunas noches hay una presencia más activa. “Estamos hablando de zonas muy complejas. Nunca podemos olvidar que la inseguridad no es una consecuencia, es un síntoma”, dice el coordinador del ministerio. Porque son barrios con bajo nivel educativo y poco acceso a servicios públicos. Es un micromundo, un Montevideo lleno de desigualdades.

El ministro Nicolás Martinelli ha recorrido por las noches estas zonas. De hecho, el pasado miércoles estuvo en Marconi y esta es la recorrida número 30 que realiza desde que está en el cargo. Según supo El País, lo hace a veces con autoridades policiales de rango y otras veces sin ellas, porque busca tener un diálogo directo con los policías que están trabajando en territorio, y que le puedan trasladar de primera mano las problemáticas del lugar.

En 2022 los homicidios se concentraban en Cerro, Marconi y Casavalle, según informó el jefe de la Policía de Montevideo, Mario Luis D’Elía, en la Comisión Permanente del Poder Legislativo. Al año siguiente, en 2023, la concentración sólo se puede notar en Marconi, en el resto disminuye y empieza a haber un foco en Carrasco Norte. Sobre las rapiñas hay dos focos, uno se concentra en Marconi y el otro en Malvín Norte.
Si repasamos solo este mes de 2024, se cuentan varios hechos graves: homicidios y heridos de bala.
La lista empieza el 5 de febrero, cuando fue asesinado un policía mientras realizaba tareas de patrullaje por el interior del barrio. Los policías detuvieron a tres personas en actitud sospechosa, le pidieron documentos y al terminar dicho procedimiento comenzaron a recibir disparos. Los agentes se resguardaron detrás del patrullero, pero uno de ellos, que se encontraba a mayor distancia, fue alcanzado por un bala y murió.

El 7 de febrero fue baleado en un brazo un taxista. El hombre relató a los policías que se acercaron dos desconocidos, le pidieron “unas monedas” y que, cuando bajó la ventanilla del auto, uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó. Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que el taxista se negó a entregarles dinero y allí se produjo un forcejeo.

Ese mismo día, un joven de 18 años fue asesinado de al menos un disparo en el pecho, sobre las cuatro de la madrugada en el barrio Las Acacias, próximo a Marconi. La víctima fue baleada al igual que otros dos jóvenes de 18 y 19 años, que resultaron heridos de bala.

Unos días después, el 10 de febrero, fue encontrado el cuerpo de un hombre cubierto por una bolsa de nylon. Quien encontró a la víctima fue su hermano, que relató a la Policía que su hermano estaba envuelto en nylon y que él lo cubrió luego con una sábana. Contó que el fallecido era consumidor de drogas. El cuerpo presentaba una herida en la cabeza y el hombre tenía antecedentes.

Marconi.
En 2023 fue el barrio de la capital con más violencia

Según los datos del Ministerio del Interior, desde 2019 a 2021 esta zona no estuvo entre las “áreas calientes” de la capital. Para hacer este indicador se toma en cuenta la cantidad de delitos violentos, desde homicidios y feminicidios a rapiñas. Esta realidad fue cambiando, ya en 2022 los homicidios se concentraban en Cerro, Marconi y Casavalle. Al año siguiente, en 2023, la concentración sólo se pudo notar en Marconi, en el resto disminuyó y empezó a haber un foco en Carrasco Norte. En cuanto a las rapiñas, hay dos focos: uno se concentra en Marconi y otro en Malvín Norte.

Las razones del corrimiento del delito tienen que ver con la represión, dicen las autoridades, pero también es clave la recuperación de la libertad de líderes de bandas.

 Sin veredas.

Al caminar por las calles de esta zona al norte de Montevideo se ven fraccionamientos distintos. Está la vieja casona de Pedro Casavalle, “los barrios jardín” creados en 1920 con terrenos más grandes, y después la lista enorme de viviendas que se comenzaron a realizar después de la década de 1950. El gran límite de esta zona es toda el área de terrenos del Ministerio de Defensa: el descampado de los batallones funciona como frontera entre un Montevideo con servicios y otro que cada vez se empobrece más.
Son calles y manzanas marcadas por las disputas entre grupos. El alcalde del Municipio D, Gabriel Velazco, que vive a unas cuadras de las zonas más complicadas, dice que hay negocios que se “heredan”. El territorio importa pero también la cantidad de personas vinculadas a una banda, porque hay un reclutamiento, sobre todo de los más jóvenes.

“Son una carta de cambio. El problema del narcotráfico no está acá, lo que vemos son las consecuencias. El resultado, y víctimas de distintas maneras. Uno es víctima con un arma, otro es víctima porque es un trabajador que no puede salir de la casa. Pero hay que entender que son todos víctimas”, dice Velazco, quien recorre estos barrios con tranquilidad, a pie y en auto. La gente lo conoce y lo paran para pedirle de todo, desde dinero para el boleto hasta un traslado a hospital del centro de Montevideo.
Velazco está seguro que el Estado tiene que estar muy presente en estas zonas. Dice que muchos jóvenes ven en la delincuencia un camino posible: “El chiquilín que tuvo dificultades para comer, para acceder a una educación, para tener una vida digna, que no fue cuidado o respetado por su familia... Un día viene otro y le da un arma, 3.000 pesos y un par de championes. Y ese botija piensa que es Gardel”. Esta es una de las formas más claras en las que comienzan a ingresar a las bandas delictivas, de las que después es muy difícil salir. Aunque a este alcalde le sobran los dedos de las manos para contar historias de chiquilines que han sido “rescatados”. Deja claro que son situaciones muy complejas, porque hay una utilización de los jóvenes que todavía no tienen 18 años: “De alguna manera son descartables”.

El lunes 19 de diciembre de 2023 sobre las dos de la tarde el Centro Cívico Luisa Cuesta recibió un disparo que impactó sobre la ventana de la biblioteca, en el mismo lugar donde el alcalde da esta entrevista a El País. Ese mismo día y por el mismo enfrentamiento, la puerta del auto de una funcionaria de la policlínica Casavalle recibió otra bala. 

Tanto la policlínica como el centro estuvieron cerrados por 48 horas. El alcalde dice que primero se debe garantizar la seguridad de los funcionarios que trabajan en estos espacios, porque están expuestos de forma directa a los enfrentamientos cruzados. Pero eso no quiere decir que no puedan trabajar en el barrio.

Para Marisa Ledesma, coordinadora del Centro Cívico Luisa Cuesta, estos barrios no son “difíciles permanentemente, sino en algún momento”. Si bien hay días en los que los propios vecinos le dicen a los trabajadores de los equipos multidisciplinarios que la jornada ha estado compleja y que no es el momento para ingresar, esos son los menos. El resto de los días los trabajadores sociales, al igual que los psicólogos y educadores sociales de los distintos programas e instituciones que trabajan en el centro, recorren sin problema la zona.
De la misma forma que entran los profesores de los liceos y las maestras, también lo hacen las cuadrillas del municipio D cuando hay que cortar el pasto, recolectar basura u otras tareas de mantenimiento del alumbrado y vía pública.

También hay casos como el de Matías, quien estaba en el período de prueba de un trabajo y tuvo que faltar, después lo despidieron. Según cuenta Ledesma, la madre no lo dejó salir del barrio porque ir a la parada a tomar el ómnibus implicaba ese día un peligro vital real: la zona estaba complicada y sabían que podían darse tiroteos.

Un día así, y al otro día a las seis de la mañana ya todo el mundo en pie. Los adultos salen a trabajar y los jóvenes a estudiar. Más tarde salen las doñas con la chismosa a hacer los mandados a la panadería. Se vuelve a una vida “relativamente normal”, dice la coordinadora del centro cívico donde funciona una oficina del BPS, Comuna Mujer, Mides y todos los servicios que da el Comunal 11. “Lo inquietante es que nunca sabes qué va a pasar, y la gente tiene eso dentro, ya lo incorporaron”, dice Ledesma.

Pero el alcalde cuenta que hay muchos vecinos a los que, tanto o más que los tiroteos y homicidios, les preocupan delitos menores como los arrebatos en las paradas de ómnibus y robos de celulares o de la bolsa de los mandados. Cuesta entenderlo pero los conocedores del lugar dicen que la razón es emocional, porque las balas en realidad no son para la gente de a pie, muchos vecinos no se sienten parte de esos asuntos. Son temas de “otros”. Una otredad que es mínima pero que estigmatiza al barrio entero y que puede terminar con la vida de cualquiera, porque las balas perdidas no eligen a su muerto.

Violencias.

La cumbia y la plena es la música de estos barrios, que tienen muchos jardines públicos pero también privados. Según el último censo esta es la única zona donde la natalidad no para de crecer y este indicador no es positivo, en opinión de Sanjurjo. El asesor del Ministerio del Interior cree que en barrios de contexto social como este, más hijos no es buena noticia porque las familias no tienen recursos para tantos miembros.

La Policía trabaja pero Sanjurjo está seguro de algo: “La infinidad de problemas y dificultades para acceder a recursos es lo que da lugar a la inseguridad. Por más que hagamos un trabajo impecable, en la medida en que esas causas están presentes y tienen tanta fuerza, el delito va a seguir”.
El Estado falla. Para Sanjurjo “en estos barrios, la sociedad y los distintos gobiernos no han logrado superar las carencias enormes” y la inseguridad “siempre va a estar presente”. El plan ahora es pacificar de manera sostenida en el tiempo, bajar los niveles de segregación residencial, desempleo y drogadicción.
¿Pero cómo se hace todo eso? Se apunta a atacar las causas y no sólo reaccionar ante el delito. Desde el Ministerio del Interior entienden que el delito es un síntoma que vemos, que es causado por los problemas de desigualdad. “Por eso ahora en marzo vamos a comenzar en Marconi y otros barrios el programa de interrupción de la violencia”, cuenta Sanjurjo. Ya se cerró el llamado a ONGs interesadas y se comenzará a trabajar en el territorio. No está la idea de “mano dura”, sino que el foco está puesto en la reinserción social.

—¿En concreto qué va hacer este programa que es financiado por el BID?

—Lo que busca es interrumpir las dinámicas de retroalimentación. Es frenar el “yo te mato, yo te tiroteo, porque vos me hiciste a mí algo antes”. Entonces un homicidio termina siendo diez homicidios al final del año, podemos interrumpir eso. Y es lo que vamos a implementar con este programa, que ha sido un éxito en cientos de ciudades del mundo.

En otras palabras, el grupo de referentes de la zona con formación y en conjunto con el equipo de la ONG van a intentar encauzar los conflictos por una vía que no sea violenta. Proponerle otras alternativas a esas personas, por fuera de la represión policial. Las podrán poner en contacto con programas del Mides o del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), y también con programas para tratar adicciones.

Este último punto el ministerio lo ve fundamental. “Hay personas que terminan trabajando en una boca de venta de droga porque son adictos y no les queda otra”, dice Sanjurjo. Por eso entiende que atender a una persona de estas características es trabajar a corto plazo, pero también a largo plazo, porque luego de que esté desintoxicada podrá comenzar a estudiar, por ejemplo.

—¿Quiénes serían esas personas que llaman “interruptores” y qué relación tienen con la Policía?

—Es un programa organizado por nosotros pero totalmente independiente de la Policía. Los interruptores son personas que nacieron, crecieron, viven y duermen ahí. Tienen acceso a personas que ningún policía va a tener nunca. Además van a enterarse mucho antes de los conflictos que se están gestando, porque saben quién se lleva mal con quién. Su trabajo es el del seguimiento del conflicto, tiene que interceder, interrumpir la dinámica de violencia.

Mientras que el Ministerio del Interior planea aplicar este plan para detener los “ajustes de cuentas” y los homicidios por temas de drogas, que se desarrolló con éxito en grandes ciudades del mundo pero que puede sonar algo utópico, los vecinos están más preocupados por los arrebatos y robos diarios. Es que los tiroteos, que pueden llegar a durar muchos minutos, son parte del paisaje de su vida. Balas pérdidas que, con suerte, no encuentran destino.

Violencia estructural.
La historia de Casvalle: “Fue un depósito de personas”

La historia de esta zona de Montevideo comenzó cuando Uruguay todavía no era independiente y tuvo un rol muy importante en la emancipación oriental. En 1823 se dio una batalla entre las tropas imperiales de Brasil, y las fuerzas de Manuel Oribe. También estuvo ocupada por Brasil y más adelante tuvo su papel en la Guerra Grande. El antropólogo Eduardo Álvarez Pedrosian explica que el barrio Casavalle está sobre las faldas del Cerrito de la Victoria, y por eso era un punto estratégico para la guerra. Desde esta zona se ve todo Montevideo.

Parte de lo que hoy conocemos como cuenca de Casavalle es fruto de un lote que compró Pedro Casavalle hace más de 200 años, en 1803. Él construyó una casona que sigue en pie y se hicieron chacras. “Hasta hace muy poco esta zona estaba más vinculada a un paisaje rural. Y, si se mira el mapa y el trazado que se hizo, se ve a la zona metida en el medio de la ciudad con forma de la letra v”, dice Álvarez Pedrosian, autor de varias publicaciones de investigación sobre la zona, entre ellas el libro Casavalle bajo el sol.
Corriéndose al siglo XX, esta visión territorial de la letra “v” se consolidó. El paisaje rural comenzó a desaparecer, el Cementerio del Norte y los batallones militares terminaron por aislar el lugar. Lo que hoy vemos es fruto de un plan de la Junta Departamental de Montevideo de 1941, donde se decidió hacer viviendas económicas en la zona. En opinión de Álvarez Pedrosian, esto se dio de forma muy desorganizada y generó aislamientos internos, algunas zonas que eran parques verdes fueron hechos viviendas. Esto pasó en 1972 cuando inauguraron “Los Palomares” en terrenos que eran parque de uso público.
Las zonas que quedaron vacías entre los distintos grupos de viviendas fueron ocupadas, y eso generó la consolidación de varios cantegriles.
Para Álvarez Pedrosian, la zona mantiene desde sus comienzos una misma esencia: “Funciona como una especie de depósito espacial en el cual se ha ido desplazando población y colocando a través de diferentes procesos de políticas de viviendas, que se vio más agudo desde 1950 hasta la crisis de 2002”.

A fines de 1950 las casas que se empezaron a construir eran modelo. Y venían de la idea de crear “grandes barrios con equipamiento social y un desarrollo urbanístico con vegetación”, dice el antropólogo. Pero esto cambió en los hechos y, con el golpe de 1973, el lugar llegó a convertirse en “una especie de gueto”, según explica Álvarez Pedrosian. A la zona llegaron personas expulsadas de los conventillos de Barrio Sur y Palermo, los que no podían mantener un alquiler en Cordón, además de la migración del campo. Y el control de ingreso al barrio era muy fuerte por parte de los militares.

Para Álvarez Pedrosian la violencia estructural que se generó desde 1950 se arrastra hasta esta época y es clave para entender por qué estos barrios presentan altas cifras de delincuencia.

Lo problemático se inició cuando los niños y jóvenes comenzaron a organizarse en barras, primero robando como forma de juego o chiste, hasta consolidarse en una delincuencia organizada. “Antes la pobreza era digna” o había esperanzas “de que la cosa pudiera cambiar”. Pero luego llegó el “sálvese quién pueda”, dice el antropólogo. Él está seguro en su diagnóstico: “Por décadas se desplazó distinta población sin planes claros, se los dejó casi sin servicios, el resultado que vemos hoy era casi evidente”.