Gremio estudiantil del liceo Zorrilla ocupó el centro educativo por “reclamos históricos” que no han sido resueltos
En vísperas del 20 de Mayo, los estudiantes del Zorrilla sintetizan bien "Donde están?", "Memoria, verdad y justicia" y "Nunca más"...
Mal que les pese a los Manini, a los Lacalle y a los Sanguinetti...
Payasos del Ministerio del Interior amedrentaron estudiantes que ocupan sus lugares de estudio en pedido de mejoras edilicias, casos de acoso y eliminación de horas de clase.
Así accionó el gobierno en el Zorrilla.
Obligaron a firmar un acta
>>> Ocupar hasta que se ocupen
Estudiantes del Liceo Zorrilla ocuparon esta mañana el centro educativo. Reclaman mejoras edilicias y equipos multidisciplinarios para atender las situaciones de violencia.
Gremio de estudiantes ocupó el liceo Miranda: denuncian falta de respuesta de las autoridades a instancias de diálogo Desde la ocupación del Liceo Miranda el movimiento estudiantil recuerda a las y los desaparecidos, personas que tal como lo están haciendo hoy, luchaban por un mundo más justo.
Desde
el gremio estudiantil explicaron que ocuparon el centro de estudios
para exigir la incorporación de un equipo multidiciplinario que atienda
la salud mental de los y las estudiantes, y mejor accesibilidad para las
personas en situación de discapacidad.
El
pedido de equipo multidiciplinario es un punto de la plataforma
reivindicativa que es compartido por otros gremios estudiantiles, como
es el caso del Gremio de Estudiantes del Zorrilla (GEZ). Reclaman que el
estudiantado pueda ser asistido en casos de depresión o conflictos,
como forma de prevenir los suicidios.
“Exigimos
un equipo multidisciplinario, que es de vital importancia en un
edificio que está lleno de adolescentes, sabiendo que el suicidio es la
principal causa de muerte", dijo un integrante del gremio, Bruno Volpi, a
Subrayado.
Eduardo Ache está imputado por lavado de activos y blanqueo de capitales en causa Lava Jato, que indaga pago de millonarias coimas a ex funcionarios de gobiernos de la región por parte de constructora brasilera Odebrecht.
EDUARDO ACHE asesor de Cabildo Abierto
BETINGO SANGUINETTI hermano de Sanguinetti
MAYA CIKUREL pareja del ministro Da Silveira
Juan María Bordaberry, hermano de Juan Martín, es decir cuñado de Sarah Cartes y concuñado de Horacio del cartel de Marset
16 de Mayo de 2023
El
empresario Eduardo Ache, asesor económico del senador Guido Manini
Ríos, designado por el gobierno para dirimir controversias en el Puerto
de Montevideo y representante de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol)
en la Comisión Organizadora del Mundial de Fútbol 2030, fue imputado por
la causa Lava Jato en Perú y está investigado por lavado de activos y
blanqueo de capitales en la causa que indaga el pago de millonarias
coimas a ex funcionarios y funcionarios de gobiernos de la región por
parte de la constructora brasileña Odebrecht. Por este delito Ache
enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión.
La causa contra el economista Ache está a cargo de la fiscal peruana
Geovana Mori Gómez, responsable del segundo despacho del equipo especial
de fiscales del caso LavaJato y figura en la carpeta fiscal con el
número 09-2021, según informó la fiscal a La Tapadita, la columna de
Eduardo Preve que va por todos los martes por Nada Que Perder de M24.
Ache, también expresidente de Nacional y actual integrante del Comité
Ejecutivo de la AUF, enfrenta una pena de 15 años de prisión en caso de
ser ratificada la solicitud de la Fiscalía por el Poder Judicial.
La Fiscalía peruana también investiga en la misma causa a otras dos
ciudadanas uruguayas (María Gazzo y Mercedes Araujo) que cumplían
funciones administrativas para Ache.
El nombre del economista Ache -si bien estaba mencionado en un
principio en la causa- apareció con más evidencia (mails y
comunicaciones) tras nueva evidencia aportada por la Fiscalía de Andorra
a la Fiscalía de Perú.
La maniobra se hacía desde la filial uruguaya al Banco Privada de Andorra, según pudo comprobar la Fiscalía de Perú.
El empresario uruguayo ya ha sido notificado de la causa en su contra
por parte de la Fiscalía de Perú y designó abogado en ese país, al
doctor Julión Carrión.
La notificación se hizo a través de uno de los juzgados de Crimen
Organizado que funcionan en Uruguay, según confirmaron fuentes
judiciales locales.
MEDIDAS COERCITIVAS. La fiscal Geovana Mori pretende
tomar declaración a Ache. La fiscal ya ha realizado un requerimiento
con medidas coercitivas para poder asegurar que Ache se someta a la
investigación en Perú y comparezca en ese país, según confiaron fuentes
de la Fiscalía de Perú.
La fiscal descarta viajar a Uruguay para tomar declaración a Ache
-cómo si ha ocurrido con otros involucrados en la causa- porque ello
ocurre en la etapa de búsqueda de información, pero en el caso de Ache
“como ya está formalizado (ya hay un proceso penal en su contra)” por
lavado de activos; la Fiscalía de Perú prevé establecer mecanismos
procesales para asegurar que el uruguayo se someta a su jurisdicción.
Si Ache no se presenta a declarar y no se somete a la investigación,
la intención de la Fiscalía de Perú es solicitar un requerimiento ante
el Poder Judicial (PJ) que le dicte reglas de conductas coercitivas para
que tenga con cumplir con los llamados del Ministerio Público y el PJ.
La fiscal confirmó a LA TAPADITA que tiene previsto indagar a Ache vía asistencia judicial, reveló Preve.
Según la Fiscalía de Perú, desde su condición de funcionario de la
Banca Privada de Andorra, Ache flexibilizó la normativa de este banco en
Uruguay para poder dar facilidades a la empresa Odebrecht y de esa
forma la constructora brasileña efectuó transacciones y transferencias
bancarias tercerizadas a otros bancos off shore para el pago de coimas.
Ache también está acusado de favorecer la flexibilización de las
normas para que funcionarios públicos peruanos y terceros vinculados a
funcionarios públicos abran cuentas en Andorra.
“Se realizaban transferencias de sumas exorbitantes sin justificación
y después lo regularizaban”, según consta en la investigación fiscal en
Perú (carpeta 09-2021).
Según la Fiscalía de Perú, se cruzaban mails y correos electrónicos
donde los funcionarios explicaban la captación del cliente Odebrecht
para facilitar este sistema. Luego se daban instrucciones en circuitos
de correo para la triangulación del dinero.
Ache aparece junto a Betingo Sanguinetti -también imputado en la
causa- dentro de las instrucciones de circuitos de correos obtenidos por
la Fiscalía de Perú.
En esos correos electrónicos se autorizaba el pago de dinero ordenado
por Odebrecht a diferentes ex funcionarios y mandatarios de la región a
través de terceras personas.
Según la Fiscalía de Perú, Ache participó de la maniobra de
facilitación de la apertura de las cuentas para el pago de coimas a
través de la filial uruguaya de la Banca Privada de Andorra y obtenía
ganancias de 1% del total de los giros realizados.
El equipo especial de la Fiscalía de Perú busca determinar qué
responsabilidad le cabe a Ache en esa red de operadores que pagaban
millonarias coimas de Odebrecht en diferentes países de la región a
través Banco Andorra Uruguay (filial del Bando de Andorra) primero y
luego de BPA Services.
El objetivo de la investigación también es ubicar el destino de ese
1% de comisión que cobraban los uruguayos. “Dentro de esa búsqueda del
1% hemos podido identificar esos montos de dinero por las transacciones
efectuadas y así podemos establecer cómo se han favorecido los
ejecutivos de la Banca Privada de Andorra y estamos en la búsqueda del
incremento patrimonial que han tenido”, informaron desde la Fiscalía de
Perú.
Ache fue hasta el año 2011 presidente de la filial del Banco Andorra en Uruguay.
El 31 de marzo de 2011, el Banco Central (BCU) retiró la licencia a
BPA para operar en Uruguay, después de que la entidad comunicara su
liquidación. Sin embargo, siguió operando bajo otra denominación, Noswey
SA Asesores de Inversión, en la misma dirección del BPA en el World
Trade Center, hasta el año 2014.
La Banca Privada de Andorra en Uruguay está acusada en Perú de
incumplir los protocolos de prevención de blanqueo de capitales y
terrorismo, según la Fiscalía de ese país.
TRAMA CORRUPTA. Odebrecht utilizaba un complejo
esquema bancario para comprar funcionarios de gobiernos de la región y
quedarse con licitaciones para construir grandes obras de
infraestructura.
Por esta misma causa, o sea el pago de millonarias coimas de la
constructora Odebrecht a ex mandatarios y ex funcionarios de gobiernos
de la región mediante cuentas del Banco Andorra, resultó procesado y
preso Betingo Sanguinetti.
El hermano de Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, falleció el año pasado.
Betingo Sanguinetti -que hasta 2015 trabajó para la Banca Privada de
Andorra (BPA) – fue procesado con prisión en Andorra por lavado de
activos luego de cumplir prisión domiciliaria en Uruguay. El empresario
siempre se proclamó inocente de los cargos y meses después de su
encarcelamiento fue puesto en libertad.
La historia de corrupción de la constructora Odebrecht es parte de la
mayor trama de lavado de activos de la historia de Brasil, superior a
US$ 8.000 millones.
La constructora reconoció con este acuerdo que desde 2001 repartió
sobornos millonarios en 12 países mediante su Departamento de
Operaciones Estructuradas de la multinacional Odebrecht, conocido como
el “Departamento de Sobornos” o de compra de voluntades.
El ex abogado de Odebrecht, Rodolfo Tacla, admitió en una entrevista
con el diario El País de Madrid que “la constructora sobornó a más de
1.000 personas en el mundo”.
La hinchada de Peñarol hizo un homenaje a las madres y familiares de desaparecidos en la dictadura.
"La hinchada tiene memoria".
>>> Lo que no se vió en Subrayado
Los
hinchas, se reunieron debajo de la tribuna para realizar un acto y
recibir a las Madres y Familiares en el marco de la Marcha del Silencio y
del mes de la Memoria.
"Hoy queremos hacer un reconocimiento a esos hombres y mujeres que no están pero que eran trabajadores e hinchas de Peñarol
igual que todos nosotros", señaló uno de los hinchas y leyó los nombres
de los detenidos desparecidos al grito unánime de "Presente" de parte
de toda la hinchada.
Posteriormente recibieron con una ovación a las principales referentes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Los
carteles con imágenes de desparecidos y banderas con mensajes y
reclamos por verdad y justicia remplazaron por un instante los
tradicionales "trapos", y los hinchas cerraron el emotivo encuentro al
grito de "VIva Familiares, Viva Peñarol".
Los grupos Hinchada con Memoria y Gol contra la Impunidad le reclaman al club una categoría de socio eterno para hinchas desaparecidos por la dictadura.
Debajo de una de las tribunas del Campeón del Siglo, un grupo de
hinchas de Peñarol le rindió homenaje a Madres y Familiares de Detenidos
Desaparecidos. En el marco del mes de la memoria y a días de una nueva
Marcha del Silencio, referentes de Madres y Familiares se hicieron
presentes para recibir una plaqueta “por su lucha incansable”. “Hoy
queremos hacer un reconocimiento a esos hombres y mujeres que no están
pero que eran trabajadores e hinchas de Peñarol, igual que todos
nosotros”, dijo el hincha encargado de la breve oratoria.
Los nueve detenidos desaparecidos homenajeados son Walner Bentancour,
Gerardo Gatti, Winston Mazzuchi, Nebio Melo Cuesta, Luis Eduardo
González, Miguel Mato, Enrique Lucas, Saniago Rodríguez y Félix Ortiz.
La actividad planeada por los parciales caboneros está dentro de la
campaña “Socio eterno”, con la que se busca que estos hinchas
desaparecidos integren una categoría especial y tengan su carné de socio
de Peñarol. Los colectivos que impulsan la campaña son Hinchada con
Memoria y Gol contra la Impunidad.
“Hoy la hinchada de Peñarol hizo socios eternos a nueve detenidos
desaparecidos y asesinados. La hinchada los inmortaliza para siempre”,
expresó en su cuenta de Twitter Madres y Familiares de Detenidos
Desaparecidos.
Las reservas de agua dulce del Río Santa Lucia, los embalses de Canelón Grande y Paso Severino y de paso ver el río en diferentes lugares están secas.
por Raúl E. Viñas
El embalse del Canelón Grande está vacio y no pasa casi agua por la represa de la Ruta 5.
A la altura del Paso Pache (Ruta 5 vieja) se ve el fondo del río y aparecen islotes
El embalse de Paso Severino se ve muy bajo y el agua sólo pasa por un vertedero lateral
Sobre el agua potable
Por Mariana Abreu
Preocupación por el aumento de sodio en agua potable. Uruguay atraviesa por un duro período de sequías que tiene un impacto directo en la sociedad.
LA MITAD del agua potable se pierde desde hace años por las cañerías, rotas y viejas. Las pérdidas no son totalmente evitables pero se pueden reducir sustancialmente. Si los gobiernos de turno, incluido el actual, hubieran invertido en repararlas, hoy habría más agua.
50% del agua potable de OSE se pierde por roturas en las cañerías
La falta de $ es uno de los argumentos más usados para optar por no invertir. Pero el Estado NUNCA ha cobrado cánones por la utilización industrial y comercial del agua a ninguna empresa, aunque la ley lo habilite desde 1978.
Código de aguas
"El agua como subsidio ambiental del agronegocio en Uruguay". Carlos Santos, María Noel González y Martín Sanguinetti. En Economía Ecológica Latinoamericana, noviembre 2021
La celulosa, la ganadería y el agro, por ejemplo, consumen grandes cantidades de agua. SIN pagar canon.
Hay emprendimientos que, además de necesitar mucha agua, precisan agua POTABLE.
El data center que instalará Google en Uruguay, negociado en confidencialidad durante el gobierno pasado, demandará el equivalente al consumo de 55mil personas.
El sistema político no ha escuchado a quienes más saben de agua. Ella es Mariana Meerhoff, 2° científica uruguaya mas destacada en el mundo en su disciplina. En 2018 alertó sobre posibles efectos de la Ley de Riego, apoyada por casi todos los partidos
No es contradictorio con ningún proyecto (llamesé Neptuno, Casupá o de otro modo) cuidar las fuentes de agua disponibles. Hace décadas que SE DETERIORAN por el modelo productivo hegemónico y otras causas.
Planteo de 12 investigadores seniors de Udelar especializados en agua
¿Por qué NO SE CONOCEN los informes sobre la calidad del agua de Ose?
¿Por qué no se promueve material y culturalmente la RACIONALIZACIÓN del recurso (se lavan autos y se cargan cisternas con agua potable)?
Es elemental que mejore el acceso al agua envasada, dada la situación. Pero el AGUA ENVASADA TIENE SUS PROBLEMAS. ¿Por qué la gente no ACCEDE a los análisis de la IM sobre lo que come y toma?
Capturas de nota de Luciano Costabel
en Semanario Brecha
La sequía es innegable. Lo que podría haber sido distinto es su impacto. ¿Se aprenderá algo de esto?
Crisis en el abastecimiento de agua potable: medidas propuestas por los científicos que aún pueden ser escuchadas
La Diaria 13 de mayo de 2023 Escribe Camila Méndez
Mejorar la situación del río Santa Lucía y atacar las causas profundas de los problemas hídricos, reducir las pérdidas en el sistema de distribución del área metropolitana y generar conciencia social son algunas de las sugerencias que han realizado los especialistas.
Pensar en la crisis hídrica que está sufriendo nuestro país puede
resultar inmovilizador. En la última semana, autoridades del gobierno
reconocieron que Montevideo y parte de Canelones –territorios donde vive
más de 60% de la población de Uruguay– no están recibiendo agua potable.
Cada día de esta semana, personas autoconvocadas se manifestaron frente
a la Torre Ejecutiva, el Palacio Legislativo, la sede del Ministerio de
Salud Pública y de OSE en busca de respuestas.
El período de sequía no es nuevo; con diferente intensidad, se está
manifestando desde hace más de tres años. Sin embargo, con el paso de
los meses, al observar que la situación se agudiza y las lluvias no
llegan, las respuestas del gobierno frente a la falta de abastecimiento
de agua potable fueron modificando su tenor. Comenzaron por
recomendaciones para modificar nuestros hábitos, como no regar jardines,
no lavar autos, cerrar las canillas cuando no se están utilizando.
Luego, se optó por reducir la presión del agua y comenzar a utilizar
fuentes hídricas que poseen mayor nivel de salinidad. Más recientemente,
el miércoles –dadas las alertas de la comunidad científica sobre los
efectos en la salud de tomar agua con mayor nivel de sodio al estipulado
en la normativa-, se comprometieron a garantizar el “equivalente al
costo de dos litros de agua por día, por persona, durante un mes, para
Montevideo y Canelones”, a sectores de la población que se encuentran en
contexto de vulnerabilidad. El jueves se anunció la construcción de una
“represa provisoria” para “aislar” un tramo del río Santa Lucía.
Mientras tanto, se hicieron declaraciones que no ayudaron a la
preocupante emergencia. Por ejemplo, cuando la vicepresidenta de OSE,
Susana Montaner, dijo que “hay mucha gente que puede dejar de comprar una cocacola y comprarse un agua”.
El panorama para los próximos meses no es alentador. Sergio Rico,
director del Sistema Nacional de Emergencias, comentó a Radio Sarandí
que en mayo no se prevén lluvias y en junio los valores estarán “por
debajo de los habituales”. En este contexto, ¿qué enseñanzas nos deja el
manejo de la crisis hídrica actual y qué medidas se recomiendan desde
la academia y la sociedad civil?
Te lo dije
En noviembre del año pasado, un grupo de 12 investigadores e
investigadoras del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la
Facultad de Ciencias y el Centro Universitario Regional Este, hicieron
público un manifiesto
en el que alertaban que “el abastecimiento de agua potable en el sur
del país, en particular en el área metropolitana, experimenta una
creciente vulnerabilidad, poniendo en serio riesgo la soberanía nacional
en el uso y acceso a agua potable”. Advertían la necesidad de “analizar
la situación del funcionamiento del sistema ambiental, natural y
productivo en su conjunto” y, a partir del intercambio de décadas de
conocimiento, construyeron medidas tendientes a “mitigar la problemática
de la cantidad y calidad del agua y su abastecimiento”. También se
pusieron a disposición para contribuir a buscar soluciones que
“promuevan la sustentabilidad y el cuidado del patrimonio del país”.
Una primera medida que pusieron sobre la mesa consiste en mejorar el
estado del ambiente de las cuencas usadas como fuente de agua potable,
en particular, la del río Santa Lucía, de donde se abastece el área
metropolitana. Afirmaban que su situación es de “franco deterioro,
acompañada de una pérdida de biodiversidad, que, a su vez, podría
reflejarse en una reducción de su capacidad de autodepuración”. Y
continuaron diciendo que “las causas de esta problemática ambiental
están científicamente establecidas: las deficiencias en el saneamiento y
tratamiento de efluentes y las prácticas imperantes de producción
agropecuaria altamente demandante de insumos químicos”.
Algunas de las recomendaciones que podrían tomar los gobernantes son:
clasificar al río Santa Lucía como “destinado al abastecimiento de agua
potable a poblaciones con tratamiento convencional”; “acelerar y
profundizar el cumplimiento de medidas de gestión ambiental”;
“establecer un plan de ordenamiento de los usos de la cuenca que
priorice el abastecimiento de agua potable implementando restricciones
ambientales efectivas y exclusiones en zonas críticas de algunas
actividades que son incompatibles con esta prioridad”; “tomar medidas
precautorias cuando se plantea la intensificación agrícola e incremento
de cultivos forestales”; y “promover la implementación efectiva de zonas
de amortiguación mediante la restauración de vegetación riparia”. A su
vez, entendieron necesario “diseñar un sistema global descentralizado de
las tomas de agua existentes para la zona metropolitana”, donde el río
Santa Lucía continúe siendo uno de los componentes fundamentales. “Esto
contribuirá a disminuir la presión sobre la principal fuente actual,
considerando fuentes superficiales y subterráneas, a efectos de
disminuir la vulnerabilidad del sistema en su conjunto”, señalaron.
En el manifiesto, recordaron que el sistema de distribución del área
metropolitana “implica un nivel de pérdida estimado en el orden del 50%
del agua elevada”. “Los costos implicados en la reducción de pérdidas
son elevados, pero esta inversión debe realizarse de forma urgente. La
sociedad humana precisa agua suficiente y de buena calidad, aceptar la
pérdida de la mitad del agua que se potabiliza y asumir que la mejor
opción es la de seguir degradando los ecosistemas, no resiste un
análisis lógico”, argumentaron.
Por otro lado, los 12 investigadores e investigadoras se expresaron
sobre el proyecto Neptuno –también conocido como Arazatí–, que nació de
una iniciativa privada que busca construir una nueva planta
potabilizadora que tome agua del Río de la Plata para abastecer a la
zona metropolitana y que en los últimos días se presentó como la salvación a los problemas de abastecimiento.
Enumeraron ocho problemáticas ambientales que rodean a esta
iniciativa. Una de ellas consiste en que la salinidad del Río de la
Plata “supera ampliamente los valores aceptables para ser potabilizados
en forma concomitante con períodos de bajas precipitaciones en las
cuencas del Paraná y Uruguay”. A su vez, implica tomar agua de un
recurso que “está sometido a la contaminación de cuencas y efluentes
sobre los cuales se carece de soberanía”. También que la calidad del
agua del estuario está comprometida “por intensas floraciones de cianobacterias tóxicas recurrentes en la zona, en particular en la costa de Arazatí”.
Por si fuera poco, el aumento de la temperatura debido al cambio
climático, dicen los expertos, puede “reforzar la entrada de agua
oceánica y provocar mayor prevalencia de una intrusión salina en el Río
de la Plata” y “un mayor riesgo de ocurrencia y duración de floraciones
de cianobacterias tóxicas, como ya se está observando en Uruguay y otros
lugares del mundo”.
Los nombres de los científicos y científicas que firmaron el
manifiesto son Marcel Achkar, Rafael Arocena, Luis Aubriot, Guillermo
Chalar, Ismael Díaz, Carla Kruk, Javier García Alonso, Ofelia Gutiérrez,
Mariana Meerhoff, Daniel Panario, Lorena Rodríguez Gallego y Franco
Texeira de Mello.
Ir a la raíz de la problemática
En diálogo con la diaria, Achkar comentó que “la falta de
lluvias es muy importante, un evento extremo grave, pero lo que hace a
la crisis hídrica es el mal uso del territorio de la cuenca, la mala
gestión del agua, la concentración del suministro de agua potable del
área metropolitana sin usar las aguas subterráneas, sin siquiera
evaluarlas, y perder el 50% del agua que se eleva”. Enseguida recordó
que la necesidad de tomar acción sobre la cuenca del río Santa Lucía se
plantea, al menos, hace 25 años. “Cada vez que hay una situación crítica
se retoma la problemática, pero en la práctica no se avanza”, resaltó.
El científico comentó que “la imagen de una crisis hídrica inesperada
es falsa”, ya que “había previsiones”. “Al comienzo de la primavera se
planteó con fuerza por parte de los investigadores del área climática
que venía un período seco intenso. Se sabía lo que había que hacer en la
cuenca, lo que no se tomaron fueron las medidas de anticipación. En
nuestra zona del mundo, que estemos enfrentados a un problema de agua
con altos niveles de salinidad es un absurdo. Llegado a este punto, no
parece muy fácil la solución”, indicó. Sostiene que una posibilidad de
solución rápida puede estar en “revisar el potencial de antiguos pozos
de OSE en la cuenca del Santa Lucía”, para poder tomar agua subterránea.
Sin embargo, alerta que “el mayor problema es que se dejó pasar tanto
tiempo”.
También resaltó una de las medidas que le parece fundamental aplicar:
“Debemos discutir realmente la recalificación de los suelos de
prioridad forestal en las nacientes del Santa Lucía. No se debería
permitir que aumente una hectárea. La forestación jugó un papel en la
sequía; está más que comprobado que reduce la producción hídrica de una
cuenca entre 25% y 40%. Se ha encontrado que, en situaciones de sequía,
reduce hasta 80%. No nos ponemos de acuerdo entre todos los
investigadores en la magnitud de los porcentajes, pero nadie niega que
reduce el rendimiento hídrico”.
Por otra parte, Achkar declaró que la política de gestión de la
cuenca debería “estar por fuera de las agendas de los gobiernos de
turno” si realmente queremos resolver la problemática. Y sumó: “La otra
enseñanza consiste en que los eventos extremos van a ser cada vez más
frecuentes y necesitamos planes. Neptuno no es la solución porque no
podemos gestionar el abastecimiento de agua con altos niveles de
salinidad. Lo demuestra esta experiencia. Tampoco podemos gestionar el
abastecimiento de agua potable bajo la idea de que ‘siempre llovió,
vamos a esperar que llueva’”.
Topear los precios
Natalia Carrau, integrante de Redes-Amigos de la Tierra, aclaró a la diaria
que el acceso al agua potable “no puede estar supeditado al poder de
compra” y que el bien común “nunca puede ser considerado una mercancía”.
“En circunstancias como la actual, y siendo que la recomendación por
parte de las autoridades sanitarias es consumir agua embotellada, pues
el Estado es quien se tiene que hacer cargo de ese precio y topearlo,
pero en el caso de quienes no la puedan adquirir, también debe ser
garantizado. Desde un punto de vista de la justicia ambiental, tenemos
que considerar el agua como un bien común, que es de responsabilidad
colectiva y del Estado cuidarlo, preservarlo, y que este último tiene la
obligación de establecer las políticas que sean necesarias para
garantizar su acceso en cantidad y en calidad. Se pueden pensar en
medidas coyunturales de diferente tipo. Una de ellas puede ser fijar un
precio y que a partir de ahora empiece a ser parte de la canasta de
bienes básicos”, aseguró.
Entiende que, en este momento, se deben aplicar “medidas paliativas y
coyunturales”, pero deben ser acompañadas de la implementación de
políticas “que realmente aseguren que el agua vuelva a los niveles de
potabilidad a los que están obligados”. “Tiene que existir una solución
estructural, que no hubo y no existió, porque hay desinversión en la
empresa pública. No hay un debate sobre el modelo de manera más
profunda, viendo cuáles son las causas de la afectación de los sistemas
hídricos en nuestro país”, reafirmó.
Discutir en cada territorio y hacer valer el derecho
El Grupo de Ambiente y Derechos Humanos de la Universidad de la
República (Udelar) y el Colectivo Interdisciplinario TÁ emitieron un
comunicado al que accedió la diaria en el que manifiestan su
“preocupación” por la medida que adoptó OSE de aumentar el nivel de
sodio y cloruro en el agua que suministra a la población. “El derecho al
agua está vinculado a otros derechos como el derecho a la vida, a la
alimentación, a la salud, al principio de igualdad y no discriminación,
entre otros. En este contexto, observamos que la crisis hídrica y las
medidas adoptadas por los organismos del Estado afectan a grupos y
personas históricamente discriminadas, como lo son las personas en
situación de pobreza y quienes tienen problemas de salud”, describen.
Al mismo tiempo, los académicos indican que la medida genera “una
mayor mercantilización del agua, promoviendo el consumo de agua
embotellada, incluso bajo la idea de subsidios del Estado a las empresas
embotelladoras; es decir, socializa los daños y concentra las ganancias
y los beneficios”. Agregan que, en este momento, “el sector productivo
es el que consume más agua y de mejor calidad, mientras que la población
recibe agua con exceso de sodio y cloruro”. También entienden que la
decisión “forma parte de una serie de políticas y gestiones públicas de
las últimas décadas que contribuyen a múltiples causas que deterioran la
calidad del agua y afectan sistemáticamente el derecho” a su acceso.
“Alentamos a toda la población a debatir en profundidad este problema
en cada territorio y movilizarse para hacer valer el derecho humano de
acceso al agua potable y a vivir en un ambiente sano [...]. Como derecho
humano, el agua debe ser prioridad y requiere de políticas públicas
basadas en el principio precautorio y el bien común, por sobre intereses
comerciales y productivos”, finaliza el comunicado.
¿Quién consume nuestra agua dulce?
Carlos Santos, integrante del Grupo de Ambiente y Derechos Humanos de la Udelar, comentó a la diaria
que en el Código de Aguas se establece que el Poder Ejecutivo puede
“establecer cánones para el aprovechamiento de aguas públicas destinadas
a riegos, usos industriales o de otra naturaleza”, pero no se aplica.
“Podríamos estar cobrando un canon, pero de todas formas, por sí solo no
resuelve el problema actual. Siempre es necesario hacer énfasis en
recuperar la calidad ambiental de las cuencas en las que se produce agua
potable, establecer zonas en donde la prioridad sea el abastecimiento
para las poblaciones. Hay una clave en la consigna que los movimientos
han instalado, la idea de que no es sequía, es saqueo. La situación está
agravada por la sequía, pero el problema no es en sí la sequía”,
reflexionó.
En su artículo denominado “El agua como subsidio ambiental del
agronegocio en Uruguay”, que escribió junto a María Noel González y
Martín Sanguinetti, se expresa que nuestro país tiene “un claro perfil
exportador de agua”. Detalla que los principales rubros que la consumen
son la celulosa, los lácteos, la soya, la carne vacuna y el arroz. En el
trabajo, realizan una “huella hídrica” de cada sector, entendida como
“un indicador del uso de agua dulce, que analiza no sólo el uso directo
de agua de un consumidor o productor, sino también el uso indirecto del
agua [...] considerando el volumen de agua dulce utilizada para producir
el producto, medido a lo largo de la cadena de suministro completa”.
“Este indicador plantea tres niveles de consumo o pérdida de agua: la
huella hídrica azul, con relación al agua subterránea disponible que no
vuelve a la fuente luego de la evaporación; la huella hídrica verde, la
derivación de agua de lluvia de su escorrentía; y la huella hídrica
gris, referida al volumen de agua necesario para diluir la contaminación
volcada al agua durante el proceso de producción”, se explica en el
texto. Sin embargo, plantean que la herramienta tiene una limitante: “No
incluir la destrucción de ecosistemas y sus procesos naturales
positivos sobre la potabilización del agua”. “No incluye los efectos
sobre la depuración de las cuencas y la mitigación del cambio climático
que generan los pastizales, ecosistema desplazado por el cambio en el
uso del suelo. La expansión de los cultivos forestales y sojeros en el
último decenio ha tenido consecuencias negativas en las condiciones del
agua para su utilización en el abastecimiento de poblaciones humanas.
Para las aguas superficiales del país, uno de los principales problemas
de calidad tiene que ver con la eutrofización, es decir, que la alta
concentración de nutrientes genera un nivel alto de productividad
primaria de cianobacterias y microalgas, fenómeno que compromete el
sostenimiento de la vida de los sistemas”, aclaran los autores y autora.
Fuente: El agua como subsidio ambiental del agronegocio en Uruguay, con datos tomados de DIEA, 2020 y OSE, 2019
En la tabla que acompaña esta nota se puede observar cómo “se ha
mantenido constante en el período la producción total del agua para
consumo humano, así como la huella hídrica del arroz, mientras que la
huella hídrica de la celulosa ha tenido un aumento sostenido, así como
la ganadería”. “Al considerar los valores de 2019, se aprecia que la
producción de arroz equivale a cuatro veces la cantidad de agua
producida para el consumo humano, la celulosa lo multiplica por diez, la
soya por 17 y la carne por 20”, destacan. Enseguida, se resalta que si
bien la cantidad de agua que se destina a potabilización es mucho menor
que la cantidad de agua que se destina a la producción, “son las
personas usuarias del agua potable quienes pagan el costo de la
contaminación”.
¿Qué se puede hacer, como usuarios del agua, en este contexto de
crisis hídrica? Santos responde: “Lo que está pasando ahora me parece
que es el camino. Grupos de familias de escuelas juntándose a ver qué
pasa con el agua, para ver cómo resolver el problema, vecinos y vecinas
hablando del tema. Si tuviéramos esto instalado de manera permanente y
no tuviéramos naturalizado que abrimos la canilla y el tema está
resuelto, la situación podría ser otra. Me parece que la clave está en
recuperar la conexión con los territorios en los que se produce el agua
que terminamos consumiendo. Creo que pasa mucho más por generar un nivel
de conciencia que por prácticas concretas; cerrar la canilla cuando nos
lavamos los dientes o regar menos el jardín no mueve la aguja de los
verdaderos niveles de consumo de agua que hay en el país”.
El hidrógeno verde se refiere al hidrógeno producido mediante la electrólisis del agua utilizando energía renovable, como la energía solar o eólica. Durante el proceso de electrólisis, el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno resultante se recolecta como un combustible limpio.
El hidrógeno verde es considerado una fuente de energía prometedora debido a su potencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Al ser producido a partir de fuentes renovables, no genera emisiones directas de dióxido de carbono (CO2) durante su uso. Además, el hidrógeno puede almacenarse y transportarse, lo que lo hace versátil y aplicable en una variedad de sectores, como la industria, el transporte y la generación de energía.
Audiencia pública en Tambores debido a iniciativa privada que propone producir hidrógeno verde
La sombra verde del progreso
Miguel Ángel Olivera Prietto Brecha 13 mayo 2022
En un pueblo de 1.500 habitantes en la
frontera entre Tacuarembó y Paysandú, se proyecta instalar una planta
industrial para producir hidrógeno y metanol verdes, con una inversión
de 700 millones de dólares. El miércoles se hizo una audiencia pública,
en la que los vecinos se desayunaron de las características de la
megainversión. Calibran el posible impacto del proyecto en una pequeña
villa olvidada luego de la debacle de los ferrocarriles del Estado.
Predio donde se instalará la planta industrial
Aproximadamente a las 15.00 horas del miércoles 11 de mayo el club
Huracán de Tambores comenzó a llenarse de gente. En cierto momento conté
más de 300 personas. Imagino que los organizadores no esperaban tanta
concurrencia, porque la audiencia pública fijada por la Intendencia de
Tacuarembó había sido tímidamente publicada en un par de medios de
prensa de la capital departamental y pasó casi desapercibida.
El
29 de abril, en Tambores, recibimos un mensaje del periodista Víctor
Bacchetta. Nos preguntaba si sabíamos algo de un suelto periodístico del
diario tacuaremboense El Avisador –que tiene poca llegada en
el pueblo– en el que se hacía la invitación a esta instancia, para
hablar de un proyecto llamado Tambor. Pronto supimos que nadie en la
villa estaba enterado, salvo las autoridades locales, que se reunieron
en la estancia del propietario del campo donde se planifica llevar a
cabo el proyecto para ver la presentación de la empresa (eso lo supimos
después). El asombro no se debió al llamado público en sí, sino al
motivo: en Tambores, un pueblo perdido en las cuchillas, se planea
producir hidrógeno verde.
EL GRAN COMBUSTIBLE
En
Australia se están concretando emprendimientos con inversiones de más
de 8.000 millones de dólares. China se propone liderar la producción
mundial. En América del Sur, Chile tendrá el hidrógeno verde más barato,
por sus ventajas geográficas. España está construyendo su segunda
planta. Escucho al científico Ramón Méndez (doctor en Física con una
destacada actuación durante los gobiernos del Frente Amplio por su
diseño de políticas energéticas hacia 2030), quien en una entrevista con
El Espectador explica que, si bien tenemos hidrógeno «en todos
lados», para obtener su molécula libre hay que hacer un procedimiento
caro, que rompe por electrólisis la molécula de agua y separa el oxígeno
del hidrógeno. Entusiasta, dice que el hidrógeno será una forma de
electricidad moderna, porque suplirá los combustibles fósiles, gracias a
que es producido con energías renovables. Para obtener volúmenes
importantes de hidrógeno se necesita agua y una gran producción de
energía renovable, un área en la que Uruguay se encuentra en una
posición privilegiada.
Se le conoce como hidrógeno verde
porque se extrae del agua, utilizando energía eléctrica generada en
parques eólicos o fotovoltaicos, y las posibles fugas no contaminan: son
hidrógeno u oxígeno, que ya están presentes en nuestra atmósfera. Según
Méndez, si lográramos independizarnos del petróleo, evitaríamos las
emanaciones de dióxido de carbono y sus efectos nocivos. La aplicación
del hidrógeno verde en la industria de los fertilizantes, en el
transporte y en los hogares sería la solución para deshacernos de las
energías contaminantes. Se augura que para la década del 30 este recurso
será el gran combustible y se asegura que muchos países petroleros
están intentando convertirse a esta nueva industria, en la que Uruguay
tiene las condiciones para ser protagonista.
TAMBORES
Vivo
en Tambores hace dos años. Mi compañera, Ana, es oriunda del lugar. Nos
vinimos a vivir al pueblo de su niñez y primera juventud. Ella nació y
se crio corriendo por las vías del tren, mirando a los pasajeros en
ventanillas fugaces, subiendo a los árboles, chiveando en el descampado
con un montón de gurises pobres. En este lugar he conocido el silencio,
mezclado con el trino de los pájaros y el silbido de un viento constante
que atraviesa la cuchilla de Haedo. A este lugar vine a escribir y
pintar, en comunión con lo que la naturaleza me quiera dar diariamente.
Vine de la ciudad a este refugio oculto del mundo, un lugar olvidado y
empobrecido, luego de que en la década del ochenta el gobierno de Julio
María Sanguinetti liquidara la Administración de los Ferrocarriles del
Estado (AFE).
Tambores es una villa atravesada por una calle larga
que sirve de límite entre Tacuarembó y Paysandú. Acá las viejas casas
de latas de aceite de los pobres y las casillas inglesas de los
trabajadores ferroviarios fueron sustituidas por casas de ladrillos o
bloques, por casas mixturadas con barro y chapas, o por las viviendas
del plan MEVIR. Algunos estancieros viven en el pueblo y tienen las
mejores viviendas, aunque no hacen alarde. El caserío está rodeado de
estancias. Pero la mayor parte de la población es pobre.
Nosotros
vivimos en la punta del pueblo, desde donde un camino de tierra y
pedruscos se abre hacia Piedra Sola: otro pueblito, más perdido aún, que
queda a poco más de 20 quilómetros. Desde aquí veo el amanecer en el
horizonte de cerros azulados, al este, cuando temprano les doy una
ración diaria de semillas y arroz quebrado a decenas de pájaros que se
agolpan casi a mis pies. En el horizonte opuesto, por las tardecitas,
vemos el fulgor del atardecer, casi como un rito. Sin dudas, es mejor
que la televisión. A esas horas el silencio es bellísimo, el viento te
llena los pulmones y parece que los años vividos se alivian cuando
cerrás los ojos, parado en medio del descampado.
Hubo
una época en la que esta villa tenía dos estaciones de servicio.
También tenía una farmacia, un correo y oficinas públicas. El tren traía
los pedidos de London París para las familias del pueblo. Los
comerciantes se nutrían de mercaderías bajadas de los vagones. Aún
quedan los restos del corral de embarque, el puerto seco por donde los
hacendados de la zona embarcaban su ganado en enormes trenes de carga
para trasladarlo a los frigoríficos del sur. Todo cambió después del
golpe asestado a AFE. Los pueblos como Tambores comenzaron a morir
cuando perdieron su contacto directo con la capital del país y todo el
ramal hacia Rivera, hacia el norte y hacia el litoral oeste.
En
los últimos decenios ningún gobernante ha entendido cómo viven estas
localidades. Nadie ha intervenido, tampoco, con políticas serias para
darles a estos uruguayos un estatus similar al de los ciudadanos del
sur. En el papel todos tienen los mismos derechos, pero si uno no puede
ejercerlos por la ausencia de posibilidades, el abismo que se abre entre
una ciudad como Montevideo y un pueblo como Tambores es tremendo. Por
eso, hoy Tambores no tiene estación de servicio ni farmacia, entre
tantas otras cosas. La juventud se va yendo y la población se va
achicando. Antes eran más de 4 mil, ahora apenas quedan 1.500
pobladores.
TAMBOR
De
momento, solo tenemos información básica sobre el proyecto. Se llama
Tambor y se dedicará a la producción industrial de hidrógeno verde y
derivados, entre los que se cuenta el metanol. Está a cargo de la
empresa Belasay SA, con domicilio en Montevideo, más precisamente, en la
plaza Cagancha 1145, piso 6. Su responsable legal es Aram Christian
Hermann Sander. A los efectos legales, esta empresa fue creada en
Uruguay, pero las empresas responsables del desarrollo del proyecto son
SEG Ingeniería (Uruguay) y Enertrag (Alemania). Enertrag parece tener
una gran experiencia en la industria energética: en Alemania, por
ejemplo, cuenta con una planta que produce hidrógeno verde. El proyecto
prevé invertir 700 millones de dólares. La idea es producir 13 mil
toneladas de hidrógeno verde y 70 mil toneladas de metanol por año. El
planteo en el contrato-plan, publicado por el Ministerio de Ambiente,
contiene los detalles del proyecto, que se plantea a 30 años.
Tambor
ocupará cerca de 4 mil hectáreas. La planta industrial se construirá en
un predio de 100 hectáreas y se ubicaría casi enfrente al cementerio de
Tambores, a 3 quilómetros de la villa, por la ruta que la une con
Piedra Sola. Según explicaron los responsables, se utilizará energía
eléctrica de su propia producción y no se utilizarán las redes de UTE.
Para ello se instalará un parque eólico que producirá entre 150 y 200
megavatios, con 33 molinos diseminados en la zona. También se planea
instalar un parque solar fotovoltaico, que producirá entre 150 y 300
megavatios en un predio de 500 hectáreas. Esta energía alimentará un
electrolizador con potencia de 150 megavatios, que permitirá extraer el
hidrógeno del agua a través de la electrólisis.
Un punto delicado:
según los voceros de la empresa, el agua será extraída del acuífero
Guaraní, sobre el cual se harán entre cuatro y seis pozos. Se consumirán
entre 500 y 700 metros cúbicos por día. Esta cantidad de agua obtenida
del subsuelo sería menor que la que se extrae para algunos parques
termales del litoral del país –14 veces menor que la de las Termas de
Arapey, según un representante de la firma–. El documento del proyecto
incluye recaudos sobre aspectos arqueológicos, ambientales y de fauna y
flora. Por ejemplo: el propietario de los predios exige que no se corte
ningún árbol, que no se usen herbicidas, que no se afecte a los
animales, que se respeten tres cairnes de indios que están en el lugar
–así como un cerco de piedras del siglo XIX– y que se conforme un equipo
arqueológico para el caso de que aparezcan vestigios de interés.
LA AUDIENCIA
Entre
los asistentes a la audiencia pública en Tambores, donde el proyecto se
presentó en sociedad, había representantes políticos de Tacuarembó y
Paysandú, integrantes de la Universidad de la República (Udelar),
organizaciones de la sociedad civil, el propietario del campo donde se
planea instalar la planta y algunos pobladores de la villa y las zonas
cercanas, como Valle Edén y Piedra Sola. Comenzó hablando el intendente
de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, y luego siguió la directora de
Ordenamiento Territorial, Silvia Silveira. Por la parte empresarial
expusieron Annie Hareau, de AHB Consultora, y Martín Piedra Cueva y
Fernando Schaich, quienes hablaron de los aspectos legales del proyecto e
informaron de algunas cuestiones generales.
Una vez culminada la
presentación se abrió un espacio para que los pobladores locales y los
demás asistentes plantearan sus preocupaciones e interrogantes. Estos
cuestionaron varios aspectos: el consumo de agua del acuífero, la
producción de metanol, el impacto socio-territorial en la vida del
pueblo. Consideran contradictorio que se tenga un discurso tan afín a la
no contaminación cuando se produciría metanol (cuyo consumo produce
emanaciones de dióxido de carbono). Se aclaró, entonces, que el metanol
también sería verde, ya que su producción se llevaría a cabo con energía
renovable y desechos orgánicos de otros procesos industriales
(¿forestación?).
Los concurrentes también cuestionaron el
procedimiento del recurso de la audiencia pública. De acuerdo con lo
previsto en la ley 18.308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible, la propuesta de cambio de los padrones se debió presentar
antes al órgano legislativo departamental. Estas dudas sobre el
procedimiento fueron contestadas por el abogado Pablo Ligrone, uno de
los redactores de la ley. Según evaluó, ciertas directrices
departamentales de 2016 permiten que la audiencia pública se haga antes
que la consideración en la junta departamental. Plantearon, además, la
necesidad de que un agente externo, y no la propia empresa, estudie el
impacto ambiental. Se sugirió que intervenga la Udelar. Las
explicaciones fueron escuetas. Hubo momentos de tensión. Cuando algunos
vecinos hablaron en contra de la instalación de la planta o cuestionaron
que se consuma agua del acuífero Guaraní, fueron aplaudidos por buena
parte de los concurrentes. En la audiencia quedó claro que, luego de que
la junta departamental considere la recategorización de los padrones
–en caso de que lo apruebe–, se hará otra audiencia pública para que la
gente de Tambores reconsidere el proyecto final.
Sobre los tiempos
de construcción de la planta, Martín Piedra Cueva, uno de los
ingenieros representantes del emprendimiento, dijo que por algo le
llaman de prefactibilidad: no depende de ellos, sino de la
Junta Departamental de Tacuarembó y de la opinión de los vecinos de
Tambores en una segunda audiencia, definitiva. Además, resta definir
otros aspectos, como los permisos, los contratos posteriores, los
acuerdos empresariales y las licitaciones internacionales. Piedra Cueva
también dijo que algunos países podrían querer hidrógeno gris o negro
(llamado así porque se obtiene de la energía fósil y es más barato),
aunque los países como Alemania prefieren un producto cuyo proceso no
haya contribuido a la contaminación ambiental. En ese sentido, Uruguay
podría competir con otros países, como Chile. Una vez superados todos
esos requisitos legales, empresariales y de oferta del producto en el
mercado internacional, se sabrá a qué atenerse.
La gente de
Tambores quizás se sienta superada por las cifras del Tambor. Dicen que
en la construcción de la planta trabajarán 1.900 personas y que habrá 2
mil puestos de trabajo en actividades anexas. También estiman que unas
300 personas trabajarán en forma permanente cuando la planta esté en
plena producción. No imagino una población de 1.500 habitantes,
acostumbrada a la mansedumbre de las horas, conviviendo con 2 mil
personas extrañas, sobre todo teniendo en cuenta que se preocupan apenas
ven llegar al pueblo a alguien que no conocen. El proyecto tendrá un
impacto social, un impacto en el ritmo de vida y las costumbres, en el
comercio y las necesidades. Pero quizás los pobladores se beneficien con
el arreglo de las rutas, con una nueva farmacia y una nueva estación de
servicio, y con las actividades culturales. El progreso es una
sustancia híbrida.
Vecinos de Tacuarembó presentaron acción de inconstitucionalidad contra decreto departamental que permite instalación de planta de hidrógeno verde y metanol
La Diaria 28 de febrero de 2023
Escribe Camila Méndez
El recurso fue llevado a la Suprema Corte de Justicia y firmado por 43 locatarios; entienden que la normativa departamental va en contra del artículo 47 de la Constitución por promover el “extractivismo” del agua.
La compañía alemana Enertrag se asoció con la compañía uruguaya SEG
Ingeniería y juntas crearon la empresa Belasay SA para presentar ante el
Ministerio de Ambiente la viabilidad ambiental de localización de un
proyecto a fines de 2021. Su objetivo es instalar una planta de
producción de hidrógeno verde y “derivados, principalmente metanol”,
según se propone en el documento enviado a las autoridades. Recordemos
que el hidrógeno verde se ha definido como uno de los productos-promesa
para sustituir los combustibles fósiles en un futuro y cumplir con sus
metas climáticas, ya que se obtiene a partir de energías renovables y la
electrólisis de agua. Sin embargo, el desarrollo de su industria
todavía es incipiente e incluso la rodean diferentes debates vinculados a
la soberanía del agua, los efectos en los territorios y qué tan
económicamente viable es su producción. Ahora bien, las empresas
privadas denominaron a la iniciativa como “Tambor”, en referencia a
Tambores, la localidad donde pretende llevarse adelante, cuya
administración es compartida por los departamentos de Paysandú y
Tacuarembó.
Uno de los puntos más controvertidos que rodean al proyecto, desde la
visión de los locatarios, es el volumen de agua -la materia prima del
hidrógeno- que utilizará la planta. Según el estudio de viabilidad,
estiman que extraerán entre “500 y 700” metros cúbicos por día. Para
ayudar a dimensionar la cifra, un metro cúbico de agua equivale a 1.000
litros. Pero ¿de dónde tomarán el recurso? Prevén hacer perforaciones
para obtener agua subterránea, aunque su reservorio podría “ser
complementado” con cursos superficiales. “La zona presenta abundantes
recursos hídricos, en particular agua subterránea proveniente del
acuífero Guaraní, capaces de abastecer la planta de hidrógeno sin
afectar otros usos del recurso”, señalan desde la empresa. Por otra
parte, describen que “la energía utilizada provendrá totalmente de
fuentes renovables”, ya que en sus instalaciones contarán con un parque
eólico, y “no implicará consumo de energía de UTE”. Al mismo tiempo,
destacan que los productos elaborados “serán destinados en gran medida a
exportación, con una parte para uso en el país”.
En los últimos meses, vecinos y vecinas de la zona de Tambores, Valle
Edén y Piedra Sola -localidades cercanas al predio donde busca
afincarse la empresa- decidieron organizarse para buscar un camino
jurídico que logre frenar el proyecto. Gloria Rodríguez, una de las
integrantes del movimiento que se está gestando y que desde hace 68 años
vive en Tambores, dijo a la diaria: “No podemos dejar que se
nos escape el agua. Este verano, por ejemplo, muchos campos están
necesitando que se arrime el recurso. Nosotros estamos sobre el acuífero
Guaraní, somos unos privilegiados. Es agua limpia y pura, que tenemos
debajo de nuestra tierra. Para mí, esto es muy doloroso. Yo lo que
defiendo es que no nos falte el elemento principal para vivir”. Antes de
profundizar sobre la medida que tomaron, es necesario ver el contexto.
¿Al servicio de quién?
En mayo de 2022 tuvo lugar una audiencia pública en la que se
presentó el proyecto Tambor a la sociedad. Seis meses después, la Junta
Departamental de Tacuarembó emitió un decreto que establece que “en base
a la solicitud presentada por la Empresa Belasay SA [...], surge la
necesidad de adecuar el uso vigente del suelo, mediante una revisión
parcial de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible, que permita la recategorización del uso del
suelo”. De esta forma, el área de 100 hectáreas donde se instalarán la
planta de hidrógeno verde y sus derivadas actividades pasó de ser suelo
“rural productivo” a suelo “suburbano industrial”. Sin esta
modificación, la empresa no podría instalarse allí. Fue aprobado por 20
ediles, cuando había un total de 29 presentes.
A su vez, en el decreto se indica que el emprendimiento deberá
cumplir con “condiciones mínimas”, tales como: mantener “las condiciones
de ruralidad y calidad ambiental del área en el entorno de la localidad
de Tambores y el uso tradicional del territorio con fines de producción
agropecuaria”; asegurar “un uso sostenible del recurso hídrico, que no
interfiera con ninguna fuente de agua de uso y consumo de la población
de la zona de influencia”; no extraer “agua de los cursos naturales
superficiales ni de reservorios subterráneos cerrados para suministro”,
entre otras. También definen que se deberá “elaborar y aprobar un
Contrato-Plan” entre la Intendencia de Tacuarembó y la empresa para la
instalación de la planta. En el caso de “no concretarse la solicitud del
permiso de construcción de la planta en un plazo de tres años a partir
de la aprobación”, el suelo nuevamente volverá a ser categorizado como
“rural productivo”.
“En la Constitución se ponen “las máximas restricciones para que no
salga más allá de sus fronteras territoriales, prohibiendo en los hechos
toda posibilidad de extractivismo del agua”.
El camino de los vecinos
Hace poco más de una semana, 43 vecinos y vecinas de Tambores, Valle
Edén y Piedra Sola, junto con el abogado Cley Espinosa, presentaron ante
la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra
la empresa Belasay SA, a la que accedió la diaria. Entienden
que la normativa departamental “viola lo establecido en el artículo 47
de la Constitución”. “El primer inciso de dicho artículo define el
interés general de nuestro país en la protección del medioambiente,
interés que además debe traducirse en una actividad por parte del
Estado, de regulación, control e incluso sanciones, para reprimir todo
menoscabo al medioambiente. El segundo inciso vincula el elemento agua
con el derecho principalísimo a la vida”, se recuerda. También sintetiza
otros puntos de la normativa, vinculados a “la solidaridad con las
generaciones futuras”, “el principio de anteponer las razones de orden
social a las de orden económico” y que “las aguas superficiales y
subterráneas pertenecen al dominio público estatal y están subordinadas
al interés general”.
Enfatizan que la “inconstitucionalidad” del decreto departamental no
radica en la revisión de las Directrices Departamentales. Tampoco “en
aspectos más sustanciales, y para nada menores, como que un parque
eólico que cubra una superficie de 4.000 hectáreas puede alterar los
hábitos y conducta de parte de la fauna, como aves de la zona, o que el
transporte de toneladas de metanol desde el centro norte del país hasta
el puerto más cercano puede generar derrames y, paradójicamente, muchas
más emisiones de carbono (lo que se dice querer solucionar)”. Desde su
postura es “inconstitucional” porque las Directrices Departamentales “se
modifican específicamente para un emprendimiento extranjero de
hidrógeno verde y sus derivados, emprendimiento que es violatorio de la
Política Nacional de Aguas que debe tener nuestro país”. “Es decir, lo
inconstitucional es el ‘para qué’ de la norma, especialmente en lo que
refiere al destino del agua a utilizarse”, agrega.
“Es extractivismo puro, no le queda nada a Uruguay”. Abogado Cley Espinosa.
En la acción hacen hincapié en la “importancia” de que se trate de
“un proyecto absolutamente privado” y promovido por “una empresa
extranjera”, con fines “de llevar el producto fuera del país”. Lo
resaltan no sólo por “una cuestión meramente nacionalista”, sino porque
se trata de un recurso “soberano” y en la Constitución se ponen “las
máximas restricciones para que no salga más allá de sus fronteras
territoriales, prohibiendo en los hechos toda posibilidad de
extractivismo del agua”. “Para el constituyente no es indiferente que el
emprendimiento lo gestione OSE, Ancap u otra empresa estatal, con
destino a solucionar nuestros problemas de emisión de carbono, a que lo
haga una empresa privada extranjera”, se subraya.
Por otra parte, mencionan que representantes de Belasay SA dicen que
el agua pretendida “no es mucha”, incluso sería “menos de lo que
extraen, por ejemplo, las piscinas termales”. Sin embargo, para el
abogado y los vecinos “no es lo mismo un emprendimiento que otro”. “Las
piscinas termales extraen agua que permanece dentro de su ciclo. Los
29.000 litros de agua por hora que extraería esta empresa es agua que
dejará de ser agua. Se pierde porque no podrá ser bebida ni por
nosotros, ni por nuestros hijos y nietos, ni por los animales de la
zona, ni tampoco con ella se regarán plantas. Es agua que no correrá por
nuestros arroyos”, declaran. A la situación se agrega que, además, el
agua que se tomaría es dulce. “¿Que solidaridad estamos teniendo con los
habitantes de estas localidades dentro de 30 o 50 años, inutilizando
29.000 litros de agua dulce por hora?”, se inquiere en la acción
presentada.
Finalmente, como último argumento, se expresa que parte de la
población que vive en la zona “ni siquiera tiene asegurado el disfrute
del derecho humano al agua y al saneamiento, consagrado en la
Constitución”. En el documento agregan que “en esta zona del país hay
una imperiosa necesidad de desarrollo, pero de un desarrollo
sustentable, que privilegie el interés de nuestra gente, en el presente y
futuro”. En diálogo con la diaria, Espinosa admitió que se
trata de “una acción muy difícil”. “Desde el punto de vista jurídico, es
viable. Lo que pasa es que es una acción que la lleva adelante un grupo
de vecinos de una localidad aislada del país, contra una multinacional,
una empresa grande, que seguramente contratará el mejor estudio
jurídico del país. No es fácil, pero vamos a seguir trabajando,
movilizándonos”, agregó. La acción se trata de un primer paso, pero la
idea del colectivo es poder organizar conversatorios en el territorio y
“movidas culturales” para poder “empezar a difundir el tema”. “Es
extractivismo puro, no le queda nada a Uruguay”, resaltó el abogado.
El dirigible alemán Hindenburg
Hidrógeno peligrosamente inflamable
Tambor Green Hydrogen Hub: el nuevo proyecto uruguayo de hidrógeno verde
La iniciativa es desarrollada por la empresa alemana Enertrag, en conjunto con la compañía uruguaya SEG Ingeniería.
Uruguay tendrá su primera planta de hidrógeno verde en el
departamento de Tacuarembó. El proyecto contempla una capacidad
generadora de 350 MW en base a energía eólica y solar, un electrolizador
in situ e instalaciones para el refinamiento del hidrógeno.
El Tambor Green Hydrogen Hub será capaz de producir 15.000 toneladas
de hidrógeno verde al año, las que serán convertidas en derivados. Así,
en la primera fase se producirá e-metanol renovable, materia prima para
la industria química que puede utilizarse como portador de energía.
“En estos momentos el proyecto se encuentra en sus fases iniciales,
en colaboración con la empresa uruguaya SEG Ingeniería”, indica Matthias
Philippi, portavoz de la empresa Enertrag a cargo de este proyecto. El
Tambor Green Hydrogen Hub es parte de una serie de proyectos de
hidrógeno verde que Enertrag está llevando adelante tanto en Alemania
como en el extranjero.
“Especialmente por la situación de guerra en Ucrania, Alemania está
intentando reducir su dependencia en combustibles fósiles lo más rápido
posible. Aunque esto requiere proyectos a nivel nacional, también se
necesita de exportaciones desde el extranjero”, explica el portavoz de
Enertrag. De hecho, esperan que el e-metanol producido en Tacuarembó
compense alrededor de un 10% del metanol que se produce
convencionalmente a partir del petróleo ruso en la refinería más grande
de Alemania.
“Uruguay es un partner ideal para Europa y Alemania gracias a
sus recursos renovables de alta calidad, su marco regulatorio y
político estable, como también su vasta experiencia en permitir la
implementación de instalaciones de energías renovables a gran escala”,
señala Philippi.
El gobierno alemán ha advertido este potencial y mediante la
iniciativa H2Global (de la cual Enertrag es miembro fundador) pretende
crear un programa de financiación eficiente para un aumento rápido del
mercado y la importación de productos a base de hidrógeno verde a
Alemania. El mecanismo de financiación previsto permitirá la operación
comercial a largo plazo de plantas de hidrógeno verde y el aumento del
mercado hacia una escala industrial global.
“Uruguay es un país pionero en el sector de las energías renovables y
actualmente planea convertirse en un exportador del hidrógeno verde y
sus derivados. El país tiene el potencial para producir hidrógeno en una
escala de gigawatts, y así, por ejemplo, cumplir con la totalidad de la
demanda alemana de metanol”, asegura Philippi.
Y no es sólo el caso de Uruguay, sino también el de varios países de
la región. En Enertrag aseguran que ven un gran potencial local para la
producción de hidrógeno verde, tanto en términos de uso local como para
exportación. “Hay varios países en América Latina que se han
comprometido a una economía del hidrógeno verde. Varios ya tienen un
alto porcentaje de energías renovables en su matriz eléctrica, por lo
que se podrían crear capacidades adicionales para la producción de
hidrógeno sin necesidad de competir con el mercado eléctrico nacional”,
concluye.
