Cuenca del río Santa Lucía
Las reservas de agua dulce del Río Santa Lucia, los embalses de Canelón Grande y Paso Severino y de paso ver el río en diferentes lugares están secas.
por Raúl E. Viñas
El embalse de Paso Severino se ve muy bajo y el agua sólo pasa por un vertedero lateral
Sobre el agua potable
Por Mariana Abreu
Preocupación por el aumento de sodio en agua potable. Uruguay atraviesa por un duro período de sequías que tiene un impacto directo en la sociedad.
LA MITAD del agua potable se pierde desde hace años por las cañerías, rotas y viejas. Las pérdidas no son totalmente evitables pero se pueden reducir sustancialmente.
Si los gobiernos de turno, incluido el actual, hubieran invertido en repararlas, hoy habría más agua.
50% del agua potable de OSE se pierde por roturas en las cañerías
La falta de $ es uno de los argumentos más usados para optar por no invertir. Pero el Estado NUNCA ha cobrado cánones por la utilización industrial y comercial del agua a ninguna empresa, aunque la ley lo habilite desde 1978.
"El agua como subsidio ambiental del agronegocio en Uruguay". Carlos Santos, María Noel González y Martín Sanguinetti. En Economía Ecológica Latinoamericana, noviembre 2021
La celulosa, la ganadería y el agro, por ejemplo, consumen grandes cantidades de agua. SIN pagar canon.
Hay emprendimientos que, además de necesitar mucha agua, precisan agua POTABLE.
El data center que instalará Google en Uruguay, negociado en confidencialidad durante el gobierno pasado, demandará el equivalente al consumo de 55mil personas.
El sistema político no ha escuchado a quienes más saben de agua. Ella es Mariana Meerhoff, 2° científica uruguaya mas destacada en el mundo en su disciplina. En 2018 alertó sobre posibles efectos de la Ley de Riego, apoyada por casi todos los partidos
Planteo de 12 investigadores seniors de Udelar especializados en agua
¿Por qué NO SE CONOCEN los informes sobre la calidad del agua de Ose? ¿Por qué no se promueve material y culturalmente la RACIONALIZACIÓN del recurso (se lavan autos y se cargan cisternas con agua potable)?
Es elemental que mejore el acceso al agua envasada, dada la situación. Pero el AGUA ENVASADA TIENE SUS PROBLEMAS. ¿Por qué la gente no ACCEDE a los análisis de la IM sobre lo que come y toma?
Capturas de nota de Luciano Costabel en Semanario Brecha
La sequía es innegable. Lo que podría haber sido distinto es su impacto. ¿Se aprenderá algo de esto?
Crisis en el abastecimiento de agua potable: medidas propuestas por los científicos que aún pueden ser escuchadas
La Diaria 13 de mayo de 2023
Escribe Camila Méndez
Mejorar la situación del río Santa Lucía y atacar las causas profundas de los problemas hídricos, reducir las pérdidas en el sistema de distribución del área metropolitana y generar conciencia social son algunas de las sugerencias que han realizado los especialistas.
Pensar en la crisis hídrica que está sufriendo nuestro país puede resultar inmovilizador. En la última semana, autoridades del gobierno reconocieron que Montevideo y parte de Canelones –territorios donde vive más de 60% de la población de Uruguay– no están recibiendo agua potable. Cada día de esta semana, personas autoconvocadas se manifestaron frente a la Torre Ejecutiva, el Palacio Legislativo, la sede del Ministerio de Salud Pública y de OSE en busca de respuestas.
El período de sequía no es nuevo; con diferente intensidad, se está manifestando desde hace más de tres años. Sin embargo, con el paso de los meses, al observar que la situación se agudiza y las lluvias no llegan, las respuestas del gobierno frente a la falta de abastecimiento de agua potable fueron modificando su tenor. Comenzaron por recomendaciones para modificar nuestros hábitos, como no regar jardines, no lavar autos, cerrar las canillas cuando no se están utilizando. Luego, se optó por reducir la presión del agua y comenzar a utilizar fuentes hídricas que poseen mayor nivel de salinidad. Más recientemente, el miércoles –dadas las alertas de la comunidad científica sobre los efectos en la salud de tomar agua con mayor nivel de sodio al estipulado en la normativa-, se comprometieron a garantizar el “equivalente al costo de dos litros de agua por día, por persona, durante un mes, para Montevideo y Canelones”, a sectores de la población que se encuentran en contexto de vulnerabilidad. El jueves se anunció la construcción de una “represa provisoria” para “aislar” un tramo del río Santa Lucía. Mientras tanto, se hicieron declaraciones que no ayudaron a la preocupante emergencia. Por ejemplo, cuando la vicepresidenta de OSE, Susana Montaner, dijo que “hay mucha gente que puede dejar de comprar una cocacola y comprarse un agua”.
El panorama para los próximos meses no es alentador. Sergio Rico, director del Sistema Nacional de Emergencias, comentó a Radio Sarandí que en mayo no se prevén lluvias y en junio los valores estarán “por debajo de los habituales”. En este contexto, ¿qué enseñanzas nos deja el manejo de la crisis hídrica actual y qué medidas se recomiendan desde la academia y la sociedad civil?
Te lo dije
En noviembre del año pasado, un grupo de 12 investigadores e investigadoras del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias y el Centro Universitario Regional Este, hicieron público un manifiesto en el que alertaban que “el abastecimiento de agua potable en el sur del país, en particular en el área metropolitana, experimenta una creciente vulnerabilidad, poniendo en serio riesgo la soberanía nacional en el uso y acceso a agua potable”. Advertían la necesidad de “analizar la situación del funcionamiento del sistema ambiental, natural y productivo en su conjunto” y, a partir del intercambio de décadas de conocimiento, construyeron medidas tendientes a “mitigar la problemática de la cantidad y calidad del agua y su abastecimiento”. También se pusieron a disposición para contribuir a buscar soluciones que “promuevan la sustentabilidad y el cuidado del patrimonio del país”.
Una primera medida que pusieron sobre la mesa consiste en mejorar el estado del ambiente de las cuencas usadas como fuente de agua potable, en particular, la del río Santa Lucía, de donde se abastece el área metropolitana. Afirmaban que su situación es de “franco deterioro, acompañada de una pérdida de biodiversidad, que, a su vez, podría reflejarse en una reducción de su capacidad de autodepuración”. Y continuaron diciendo que “las causas de esta problemática ambiental están científicamente establecidas: las deficiencias en el saneamiento y tratamiento de efluentes y las prácticas imperantes de producción agropecuaria altamente demandante de insumos químicos”.
Algunas de las recomendaciones que podrían tomar los gobernantes son: clasificar al río Santa Lucía como “destinado al abastecimiento de agua potable a poblaciones con tratamiento convencional”; “acelerar y profundizar el cumplimiento de medidas de gestión ambiental”; “establecer un plan de ordenamiento de los usos de la cuenca que priorice el abastecimiento de agua potable implementando restricciones ambientales efectivas y exclusiones en zonas críticas de algunas actividades que son incompatibles con esta prioridad”; “tomar medidas precautorias cuando se plantea la intensificación agrícola e incremento de cultivos forestales”; y “promover la implementación efectiva de zonas de amortiguación mediante la restauración de vegetación riparia”. A su vez, entendieron necesario “diseñar un sistema global descentralizado de las tomas de agua existentes para la zona metropolitana”, donde el río Santa Lucía continúe siendo uno de los componentes fundamentales. “Esto contribuirá a disminuir la presión sobre la principal fuente actual, considerando fuentes superficiales y subterráneas, a efectos de disminuir la vulnerabilidad del sistema en su conjunto”, señalaron.
En el manifiesto, recordaron que el sistema de distribución del área metropolitana “implica un nivel de pérdida estimado en el orden del 50% del agua elevada”. “Los costos implicados en la reducción de pérdidas son elevados, pero esta inversión debe realizarse de forma urgente. La sociedad humana precisa agua suficiente y de buena calidad, aceptar la pérdida de la mitad del agua que se potabiliza y asumir que la mejor opción es la de seguir degradando los ecosistemas, no resiste un análisis lógico”, argumentaron.
Por otro lado, los 12 investigadores e investigadoras se expresaron sobre el proyecto Neptuno –también conocido como Arazatí–, que nació de una iniciativa privada que busca construir una nueva planta potabilizadora que tome agua del Río de la Plata para abastecer a la zona metropolitana y que en los últimos días se presentó como la salvación a los problemas de abastecimiento.
Enumeraron ocho problemáticas ambientales que rodean a esta iniciativa. Una de ellas consiste en que la salinidad del Río de la Plata “supera ampliamente los valores aceptables para ser potabilizados en forma concomitante con períodos de bajas precipitaciones en las cuencas del Paraná y Uruguay”. A su vez, implica tomar agua de un recurso que “está sometido a la contaminación de cuencas y efluentes sobre los cuales se carece de soberanía”. También que la calidad del agua del estuario está comprometida “por intensas floraciones de cianobacterias tóxicas recurrentes en la zona, en particular en la costa de Arazatí”. Por si fuera poco, el aumento de la temperatura debido al cambio climático, dicen los expertos, puede “reforzar la entrada de agua oceánica y provocar mayor prevalencia de una intrusión salina en el Río de la Plata” y “un mayor riesgo de ocurrencia y duración de floraciones de cianobacterias tóxicas, como ya se está observando en Uruguay y otros lugares del mundo”.
Los nombres de los científicos y científicas que firmaron el manifiesto son Marcel Achkar, Rafael Arocena, Luis Aubriot, Guillermo Chalar, Ismael Díaz, Carla Kruk, Javier García Alonso, Ofelia Gutiérrez, Mariana Meerhoff, Daniel Panario, Lorena Rodríguez Gallego y Franco Texeira de Mello.
Ir a la raíz de la problemática
En diálogo con la diaria, Achkar comentó que “la falta de lluvias es muy importante, un evento extremo grave, pero lo que hace a la crisis hídrica es el mal uso del territorio de la cuenca, la mala gestión del agua, la concentración del suministro de agua potable del área metropolitana sin usar las aguas subterráneas, sin siquiera evaluarlas, y perder el 50% del agua que se eleva”. Enseguida recordó que la necesidad de tomar acción sobre la cuenca del río Santa Lucía se plantea, al menos, hace 25 años. “Cada vez que hay una situación crítica se retoma la problemática, pero en la práctica no se avanza”, resaltó.
El científico comentó que “la imagen de una crisis hídrica inesperada es falsa”, ya que “había previsiones”. “Al comienzo de la primavera se planteó con fuerza por parte de los investigadores del área climática que venía un período seco intenso. Se sabía lo que había que hacer en la cuenca, lo que no se tomaron fueron las medidas de anticipación. En nuestra zona del mundo, que estemos enfrentados a un problema de agua con altos niveles de salinidad es un absurdo. Llegado a este punto, no parece muy fácil la solución”, indicó. Sostiene que una posibilidad de solución rápida puede estar en “revisar el potencial de antiguos pozos de OSE en la cuenca del Santa Lucía”, para poder tomar agua subterránea. Sin embargo, alerta que “el mayor problema es que se dejó pasar tanto tiempo”.
También resaltó una de las medidas que le parece fundamental aplicar: “Debemos discutir realmente la recalificación de los suelos de prioridad forestal en las nacientes del Santa Lucía. No se debería permitir que aumente una hectárea. La forestación jugó un papel en la sequía; está más que comprobado que reduce la producción hídrica de una cuenca entre 25% y 40%. Se ha encontrado que, en situaciones de sequía, reduce hasta 80%. No nos ponemos de acuerdo entre todos los investigadores en la magnitud de los porcentajes, pero nadie niega que reduce el rendimiento hídrico”.
Por otra parte, Achkar declaró que la política de gestión de la cuenca debería “estar por fuera de las agendas de los gobiernos de turno” si realmente queremos resolver la problemática. Y sumó: “La otra enseñanza consiste en que los eventos extremos van a ser cada vez más frecuentes y necesitamos planes. Neptuno no es la solución porque no podemos gestionar el abastecimiento de agua con altos niveles de salinidad. Lo demuestra esta experiencia. Tampoco podemos gestionar el abastecimiento de agua potable bajo la idea de que ‘siempre llovió, vamos a esperar que llueva’”.
Topear los precios
Natalia Carrau, integrante de Redes-Amigos de la Tierra, aclaró a la diaria que el acceso al agua potable “no puede estar supeditado al poder de compra” y que el bien común “nunca puede ser considerado una mercancía”. “En circunstancias como la actual, y siendo que la recomendación por parte de las autoridades sanitarias es consumir agua embotellada, pues el Estado es quien se tiene que hacer cargo de ese precio y topearlo, pero en el caso de quienes no la puedan adquirir, también debe ser garantizado. Desde un punto de vista de la justicia ambiental, tenemos que considerar el agua como un bien común, que es de responsabilidad colectiva y del Estado cuidarlo, preservarlo, y que este último tiene la obligación de establecer las políticas que sean necesarias para garantizar su acceso en cantidad y en calidad. Se pueden pensar en medidas coyunturales de diferente tipo. Una de ellas puede ser fijar un precio y que a partir de ahora empiece a ser parte de la canasta de bienes básicos”, aseguró.
Entiende que, en este momento, se deben aplicar “medidas paliativas y coyunturales”, pero deben ser acompañadas de la implementación de políticas “que realmente aseguren que el agua vuelva a los niveles de potabilidad a los que están obligados”. “Tiene que existir una solución estructural, que no hubo y no existió, porque hay desinversión en la empresa pública. No hay un debate sobre el modelo de manera más profunda, viendo cuáles son las causas de la afectación de los sistemas hídricos en nuestro país”, reafirmó.
Discutir en cada territorio y hacer valer el derecho
El Grupo de Ambiente y Derechos Humanos de la Universidad de la República (Udelar) y el Colectivo Interdisciplinario TÁ emitieron un comunicado al que accedió la diaria en el que manifiestan su “preocupación” por la medida que adoptó OSE de aumentar el nivel de sodio y cloruro en el agua que suministra a la población. “El derecho al agua está vinculado a otros derechos como el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, al principio de igualdad y no discriminación, entre otros. En este contexto, observamos que la crisis hídrica y las medidas adoptadas por los organismos del Estado afectan a grupos y personas históricamente discriminadas, como lo son las personas en situación de pobreza y quienes tienen problemas de salud”, describen.
Al mismo tiempo, los académicos indican que la medida genera “una mayor mercantilización del agua, promoviendo el consumo de agua embotellada, incluso bajo la idea de subsidios del Estado a las empresas embotelladoras; es decir, socializa los daños y concentra las ganancias y los beneficios”. Agregan que, en este momento, “el sector productivo es el que consume más agua y de mejor calidad, mientras que la población recibe agua con exceso de sodio y cloruro”. También entienden que la decisión “forma parte de una serie de políticas y gestiones públicas de las últimas décadas que contribuyen a múltiples causas que deterioran la calidad del agua y afectan sistemáticamente el derecho” a su acceso.
“Alentamos a toda la población a debatir en profundidad este problema en cada territorio y movilizarse para hacer valer el derecho humano de acceso al agua potable y a vivir en un ambiente sano [...]. Como derecho humano, el agua debe ser prioridad y requiere de políticas públicas basadas en el principio precautorio y el bien común, por sobre intereses comerciales y productivos”, finaliza el comunicado.
¿Quién consume nuestra agua dulce?
Carlos Santos, integrante del Grupo de Ambiente y Derechos Humanos de la Udelar, comentó a la diaria que en el Código de Aguas se establece que el Poder Ejecutivo puede “establecer cánones para el aprovechamiento de aguas públicas destinadas a riegos, usos industriales o de otra naturaleza”, pero no se aplica. “Podríamos estar cobrando un canon, pero de todas formas, por sí solo no resuelve el problema actual. Siempre es necesario hacer énfasis en recuperar la calidad ambiental de las cuencas en las que se produce agua potable, establecer zonas en donde la prioridad sea el abastecimiento para las poblaciones. Hay una clave en la consigna que los movimientos han instalado, la idea de que no es sequía, es saqueo. La situación está agravada por la sequía, pero el problema no es en sí la sequía”, reflexionó.
En su artículo denominado “El agua como subsidio ambiental del agronegocio en Uruguay”, que escribió junto a María Noel González y Martín Sanguinetti, se expresa que nuestro país tiene “un claro perfil exportador de agua”. Detalla que los principales rubros que la consumen son la celulosa, los lácteos, la soya, la carne vacuna y el arroz. En el trabajo, realizan una “huella hídrica” de cada sector, entendida como “un indicador del uso de agua dulce, que analiza no sólo el uso directo de agua de un consumidor o productor, sino también el uso indirecto del agua [...] considerando el volumen de agua dulce utilizada para producir el producto, medido a lo largo de la cadena de suministro completa”.
“Este indicador plantea tres niveles de consumo o pérdida de agua: la huella hídrica azul, con relación al agua subterránea disponible que no vuelve a la fuente luego de la evaporación; la huella hídrica verde, la derivación de agua de lluvia de su escorrentía; y la huella hídrica gris, referida al volumen de agua necesario para diluir la contaminación volcada al agua durante el proceso de producción”, se explica en el texto. Sin embargo, plantean que la herramienta tiene una limitante: “No incluir la destrucción de ecosistemas y sus procesos naturales positivos sobre la potabilización del agua”. “No incluye los efectos sobre la depuración de las cuencas y la mitigación del cambio climático que generan los pastizales, ecosistema desplazado por el cambio en el uso del suelo. La expansión de los cultivos forestales y sojeros en el último decenio ha tenido consecuencias negativas en las condiciones del agua para su utilización en el abastecimiento de poblaciones humanas. Para las aguas superficiales del país, uno de los principales problemas de calidad tiene que ver con la eutrofización, es decir, que la alta concentración de nutrientes genera un nivel alto de productividad primaria de cianobacterias y microalgas, fenómeno que compromete el sostenimiento de la vida de los sistemas”, aclaran los autores y autora.
Fuente: El agua como subsidio ambiental del agronegocio en Uruguay, con datos tomados de DIEA, 2020 y OSE, 2019
En la tabla que acompaña esta nota se puede observar cómo “se ha mantenido constante en el período la producción total del agua para consumo humano, así como la huella hídrica del arroz, mientras que la huella hídrica de la celulosa ha tenido un aumento sostenido, así como la ganadería”. “Al considerar los valores de 2019, se aprecia que la producción de arroz equivale a cuatro veces la cantidad de agua producida para el consumo humano, la celulosa lo multiplica por diez, la soya por 17 y la carne por 20”, destacan. Enseguida, se resalta que si bien la cantidad de agua que se destina a potabilización es mucho menor que la cantidad de agua que se destina a la producción, “son las personas usuarias del agua potable quienes pagan el costo de la contaminación”.
¿Qué se puede hacer, como usuarios del agua, en este contexto de crisis hídrica? Santos responde: “Lo que está pasando ahora me parece que es el camino. Grupos de familias de escuelas juntándose a ver qué pasa con el agua, para ver cómo resolver el problema, vecinos y vecinas hablando del tema. Si tuviéramos esto instalado de manera permanente y no tuviéramos naturalizado que abrimos la canilla y el tema está resuelto, la situación podría ser otra. Me parece que la clave está en recuperar la conexión con los territorios en los que se produce el agua que terminamos consumiendo. Creo que pasa mucho más por generar un nivel de conciencia que por prácticas concretas; cerrar la canilla cuando nos lavamos los dientes o regar menos el jardín no mueve la aguja de los verdaderos niveles de consumo de agua que hay en el país”.
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