martes, 27 de enero de 2015

Pedazos de historia para entender el presente




El periodista y ex guerrillero Samuel Blixen dijo que tiene la convicción de que el Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro y hasta el propio Presidente José Mujica contribuyeron a que aún estén impunes muchos operadores de la dictadura que cometieron delitos en el marco del Plan Cóndor. Blixen, que argumentó sus dichos asegurando que los antrópologos no pudieron excavar en todos los cuarteles en donde querían porque el Poder Ejecutivo actual no se lo permitió, fue más lejos aún con su señalamiento, y apuntó contra la bancada de legisladores del Frente Amplio. Escuche la Entrevista de El Tiempo No Para La Treinta.

 






12 comentarios:

  1. Hoy, leí un artículo titulado: "Presidente Mujica: "De todos los gobiernos después de la dictadura el que encontró más desaparecidos fue el mío".
    No puedo expresar mi indignación cada vez que leo sobre Mujica, o bien como en esta ocación un artículo.
    Comienza rechazando las críticas internas y del exterior sobre la búsqueda de los detenidos desaparecidos argumentando que hay "una muralla de silencio", agrega además que 'desenterró casos que no se sabía que estaban desaparecidos'.
    Mejor les dejo la dirección web, por que es demasiado.
    Rían si quieren pero escuchar leer a este tipo me despierta instintos criminales. Patearle la pata donde dice tiene balazos y hacerselos salir por la boca. (lo más pobable que las balas sean producto de sus estupideces cuando era 'jefecito' de la columna.
    Presidente Mujica: “De todos los gobiernos después de la dictadura el que encontró más desaparecidos fue el mío”

    http://colarebo.com/2015/01/27/presidente-mujica-de-todos-los-gobiernos-despues-de-la-dictadura-el-que-encontro-mas-desaparecidos-fue-el-mio/

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  2. El periodista y ex guerrillero Samuel Blixen dijo que tiene la convicción de que el Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro y hasta el propio Presidente José Mujica contribuyeron a que aún estén impunes muchos operadores de la dictadura que cometieron delitos en el marco del Plan Cóndor. Blixen, que argumentó sus dichos asegurando que los antropólogos no pudieron excavar en todos los cuarteles en donde querían porque el Poder Ejecutivo actual no se lo permitió, fue más lejos aún con su señalamiento, y apuntó contra la bancada de legisladores del Frente Amplio

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  3. EL PRESIDENTE VAZQUEZ APLICO DEL ART.4 DE LA LEY ,NO SE PUDO ESCAVAR EN LOS CUARTELES-EL MAESTRO JULIO CASTRO APARECIO HACE POCO CON UN TIRO EN LA NUCA

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  4. TODO EL PODER EJECUTIVO FUE COMPLICE DE ESTOS HECHOS

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  5. BLIXEN YO APUNTARIA A TODO EL F.A ,NO SOLO A MUJICA Y HUIDOBRO
    TODOS SO CULPABLES Y LA BANCADA DEL F.A LO SABIA

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  6. El magro saldo”
    por Samuel Blixen (Semanario Brecha
    Errores y desinteligencias” en las investigaciones sobre desaparecidos ha provocado una crisis entre Familiares, el gobierno y la Udelar (Universidad de la República): después de diez años de administraciones frenteamplistas es poca la colaboración oficial para avanzar en la búsqueda.
    Familiares le quitó la confianza al antropólogo López Mazz debido a actuaciones en la causa Nebio Melo, el hijo de Luisa Cuesta.
    La renuncia de José Luis López Mazz, coordinador de las excavaciones en predios militares, y los cuestionamientos a la actuación de los organismos gubernamentales plantean dudas sobre las verdaderas razones de políticas inconsistentes.
    Una inspección judicial en el Servicio de Material y Armamento, donde funcionó el “300 Carlos”, en el marco de la causa que investiga la desaparición de Nebio Melo, fue el desencadenante de una crisis de proporciones.
    De todas formas, la visita judicial exhibía cierto aire de reivindicación, pero quedó opacada con otra situación, grotesca, inmoral, indignante, cuando los ex presos –y la jueza MOTA llegaron a la alambrada que separa el Regimiento de Caballería número 6 de lo que se conoce como la cárcel de Domingo Arena, el establecimiento de reclusión Vip que alberga al puñado de terroristas de Estado procesados –algunos ya penados– por los crímenes de la dictadura militar.
    Es que, contra ese alambrado, mirando impertérritos, se agrupaban algunos de los que habían sido los torturadores de los visitantes y que son depositantes de los secretos que aún vulneran la paz de la sociedad, a casi 40 años de ocurridas las desapariciones forzadas: los lugares de enterramiento de los cuerpos de las víctimas, y los nombres de quienes ordenaron los asesinatos y eligieron los lugares de sepultura clandestina.A diez años del comienzo de las excavaciones en busca de los cuerpos de los desaparecidos, el balance es extremadamente pobre, acusadoramente pobre. Según la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, hay 240 denuncias de desapariciones forzadas, de las cuales 189 han sido confirmadas y 35 están a estudio; las restantes fueron descartadas.
    La mayoría se refiere a uruguayos detenidos y secuestrados en Argentina, que fueron extraditados clandestinamente a Uruguay entre 1974 y 1979.
    Eso le confiere una particularidad a la represión uruguaya en el contexto del terrorismo regional: la mayoría de las desapariciones forzadas fueron consecuencia del Plan Cóndor e implica la voluntad expresa de trasladar a los detenidos desde otros países, para asesinarlos aquí. Ese dato destruye la fábula que la Comisión para la Paz pretendió instalar sugiriendo una cualidad más “humana” de la dictadura uruguaya, donde unas decenas de desapariciones confirmadas eran atribuibles a las “extralimitaciones” en la tortura con decesos “no premeditados”.

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  7. LA PRESIDENCIA NO TOMO NINGUNA MEDIDA para castigar la maniobra de desinformación y tampoco mostró interés en ubicar al autor del croquis, que podría aportar información sobre otros desaparecidos que estuvieron secuestrados en el 13 de Infantería, como es el caso de la maestra Elena Quinteros.
    El hallazgo de los restos del maestro Julio Castro es más significativo aun.
    Un ex soldado que había revistado en el 14 de Infantería, que había solicitado su retiro del Ejército y que cumplía condena en la cárcel por delitos comunes, hizo saber a la Presidencia que podía señalar un lugar de enterramiento.
    Conducido por el juez penal Pedro Salazar –que instruye la megacausa de la desaparición de María Claudia García de Gelman– a los predios del 14 de Infantería, el ex soldado señaló con precisión el lugar donde fue enterrado Julio Castro, en presencia de los miembros de la Secretaría de Derechos Humanos, de los miembros del Grupo de Investigación en Antropología Forense (Giaf), de Familiares y de una cohorte de oficiales, entre los que se contaban antiguos jefes del informante.
    “¿Qué están haciendo éstos acá?”, reclamó el ex soldado que fue prolijamente filmado antes de un tardío esfuerzo por evitar el “manyamiento”
    . El episodio reveló que ni la Secretaría ni el Ministerio de Defensa toman providencias para preservar a los informantes, lo cual evidentemente desestimula a cualquier otro testigo entre los innumerables soldados que saben dónde fueron enterrados los prisioneros asesinados (entre otras cosas porque ellos eran obligados a cavar las fosas); y que saben también quiénes ordenaron esos enterramientos y quiénes estaban de guardia en las unidades militares.
    La ubicación de Julio Castro permitió muy poco después el hallazgo de los restos de Ricardo Blanco; había sido enterrado en la misma zona y aunque ambos habían sido asesinados con meses de diferencia, provenían del mismo centro clandestino de detención, La Casona de la calle Millán, lo que sugiere que ese bosquecito en los predios del 14 de Infantería había sido adjudicado a las autoridades del Ocoa que asumieron a principios de 1977, para esconder sus infamias.
    No hay hasta ahora siquiera un detalle de las atribuciones y destinos de los responsables de la represión a partir de 1977, por más que a ellos se les debe atribuir los traslados clandestinos de por lo menos una docena de exiliados secuestrados entre diciembre de 1977 y julio-agosto de 1978.
    Depende de la voluntad de las autoridades ubicar y encontrar los organigramas en las dependencias de las Fuerzas Armadas y los documentos de los archivos para que la justicia pueda actuar
    Pero el Ministerio de Defensa no entrega la información –o la entrega parcialmente– y la Secretaría de Derechos Humanos administra con criterios de reserva y secreto aquellos documentos que pudieron ser ubicados y que han sido recopilados por el equipo de historiadores dirigidos por el actual decano de Humanidades, Álvaro Rico.
    Los reclamos de Familiares para el acceso a los documentos no han sido contemplados por la Secretaría, de la misma forma que no obtuvieron respuesta los reclamos para que el gobierno implemente medidas reales y efectivas a los efectos de ubicar todos los archivos militares.
    Testimonios coincidentes
    Pese a la presión e intimidación de los testigos, de los que es responsable el ministro de Defensa, tanto la Secretaría de Derechos Humanos como los jueces, los Familiares y los antropólogos siguieron recibiendo información de personal militar sobre posibles lugares de enterramientos.
    Una de las primeras acciones del Giaf, que en forma colectiva asumió los trabajos de búsqueda tras la renuncia de José López Mazz, fue la presentación, ante el juzgado penal que dirige Pedro Salazar, de un informe conteniendo datos nuevos –o VIEJOS DATOS REEXAMIDADOS como posibles objetivos de nuevas excavaciones en los predios del Batallón de Infantería 13.

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  8. Pero el Ministerio de Defensa no entrega la información –o la entrega parcialmente– y la Secretaría de Derechos Humanos administra con criterios de reserva y secreto aquellos documentos que pudieron ser ubicados y que han sido recopilados por el equipo de historiadores dirigidos por el actual decano de Humanidades, Álvaro Rico.

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  9. LA PRESIDENCIA NO TOMO NINGUNA MEDIDA para castigar la maniobra de desinformación y tampoco mostró interés en ubicar al autor del croquis, que podría aportar información sobre otros desaparecidos que estuvieron secuestrados en el 13 de Infantería, como es el caso de la maestra Elena Quinteros.
    El hallazgo de los restos del maestro Julio Castro es más significativo aun.
    Un ex soldado que había revistado en el 14 de Infantería, que había solicitado su retiro del Ejército y que cumplía condena en la cárcel por delitos comunes, hizo saber a la Presidencia que podía señalar un lugar de enterramiento.
    Conducido por el juez penal Pedro Salazar –que instruye la megacausa de la desaparición de María Claudia García de Gelman– a los predios del 14 de Infantería, el ex soldado señaló con precisión el lugar donde fue enterrado Julio Castro, en presencia de los miembros de la Secretaría de Derechos Humanos, de los miembros del Grupo de Investigación en Antropología Forense (Giaf), de Familiares y de una cohorte de oficiales, entre los que se contaban antiguos jefes del informante.
    “¿Qué están haciendo éstos acá?”, reclamó el ex soldado que fue prolijamente filmado antes de un tardío esfuerzo por evitar el “manyamiento”
    . El episodio reveló que ni la Secretaría ni el Ministerio de Defensa toman providencias para preservar a los informantes, lo cual evidentemente desestimula a cualquier otro testigo entre los innumerables soldados que saben dónde fueron enterrados los prisioneros asesinados (entre otras cosas porque ellos eran obligados a cavar las fosas); y que saben también quiénes ordenaron esos enterramientos y quiénes estaban de guardia en las unidades militares.

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  10. La ubicación de Julio Castro permitió muy poco después el hallazgo de los restos de Ricardo Blanco; había sido enterrado en la misma zona y aunque ambos habían sido asesinados con meses de diferencia, provenían del mismo centro clandestino de detención, La Casona de la calle Millán, lo que sugiere que ese bosquecito en los predios del 14 de Infantería había sido adjudicado a las autoridades del Ocoa que asumieron a principios de 1977, para esconder sus infamias.No hay hasta ahora siquiera un detalle de las atribuciones y destinos de los responsables de la represión a partir de 1977, por más que a ellos se les debe atribuir los traslados clandestinos de por lo menos una docena de exiliados secuestrados entre diciembre de 1977 y julio-agosto de 1978.Depende de la voluntad de las autoridades ubicar y encontrar los organigramas en las dependencias de las Fuerzas Armadas y los documentos de los archivos para que la justicia pueda actuarPese a la opinión de ese órgano de la Presidencia, al otro día de la conferencia de prensa, el ministro Fernández Huidobro formuló declaraciones en el sentido de que los resultados de análisis genéticos sobre un resto óseo encontrado en el 13 de Infantería confirmaba la Operación Zanahoria.Pero dado que tales resultados no coincidían con ninguno de los registros del banco genético de desaparecidos uruguayos, el ministro abundó en una explicación peregrina: si los rastros genéticos de ese resto óseo no coinciden con los guardados en el banco es porque hay familiares que no aportaron sus pruebas genéticas.La Operación Zanahoria fue una explicación sobre el destino final de los desaparecidos que los organismos de derechos humanos cuestionaron, en tanto es funcional a las pretensiones de los militares de mantener el secreto y eludir el castigo.La afirmación de que los desaparecidos asesinados habían sido exhumados, desenterrados, los restos cremados y las cenizas esparcidas en el mar resolvía de un plumazo el problema político de la búsqueda. Las fuentes militares aconsejaban no buscar a los desaparecidos, “porque nunca los van a encontrar”. Según familiares consultados, el abogado Gonzalo Fernández llegó a describir las características de los hornos crematorios usados.Aun cuando pueda admitirse que hubo intentos de hacer desaparecer los cuerpos, las evidencias indican que es necesario multiplicar la búsqueda. Los cuatro cuerpos encontrados son enterramientos primarios y ellos confirmaron los testimonios aportados por testigos.El reclamo, ahora, es establecer una comisión especial con poderes para buscar información y planificar la investigación y la búsqueda que, por razones que se desconocen, han sufrido hasta ahora limitaciones e interferencias para doblegar el secreto de la mafia militar.

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  11. SUERTE BLIXEN ME GUSTA MAS EL ART, UN MAGRO RESULTADO DE TODO EL F.A

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  12. La Operación Zanahoria fue una explicación sobre el destino final de los desaparecidos que los organismos de derechos humanos cuestionaron, en tanto es funcional a las pretensiones de los militares de mantener el secreto y eludir el castigo.
    La afirmación de que los desaparecidos asesinados habían sido exhumados, desenterrados, los restos cremados y las cenizas esparcidas en el mar resolvía de un plumazo el problema político de la búsqueda.
    Las fuentes militares aconsejaban no buscar a los desaparecidos, “porque nunca los van a encontrar”.
    Según familiares consultados, el abogado GONZALO FERNANDEZ llegó a describir las características de los hornos crematorios usados (PORQUE NO SE SIGUIO LA PISTA DEL CROQUIS RECIBIDO?).
    Aun cuando pueda admitirse que hubo intentos de hacer desaparecer los cuerpos, las evidencias indican que es necesario multiplicar la búsqueda. Los cuatro cuerpos encontrados son enterramientos primarios y ellos confirmaron los testimonios aportados por testigos.
    El reclamo, ahora, es establecer una comisión especial con poderes para buscar información y planificar la investigación y la búsqueda que, por razones que se desconocen, han sufrido hasta ahora limitaciones e interferencias para doblegar el secreto de la mafia militar.

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