Por una para salir...
Aluvión de la sociedad civil
contra renovación del cargo a Huidobro. Cuestionado por el propio Frente
Amplio, polémica con Serpaj refleja un ministro sin respaldo. Vázquez
analiza el caso.
“Es falso lo que está diciendo esa ONG, financiada por las peores fundaciones imperiales… Si SERPAJ me autoriza a torturar, yo capaz le consigo información” declaró el 19 de diciembre el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro en relación a las críticas por la obstaculización de información que se ampara en círculos militares sobre los crímenes cometidos bajo terrorismo de Estado.
En la presentación del Informe Derechos Humanos en el Uruguay 2013-2014 que tuvo lugar el 10 de diciembre, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), criticó el hecho de que se mantuviera a Huidobro como ministro de Defensa en el próximo gobierno que encabezará Tabaré Vázquez.
“Debo confesar que cuando se dio la nómina de ministros que van a estar en el próximo gobierno a mí el de Defensa me costó mucho, porque fue una forma de seguir avalando un silencio, un acuerdo del cuál ninguno de nosotros fue partícipe, y sin embargo hoy las víctimas no tienen la más mínima oportunidad de ejercer su derecho…”, dijo en ese momento la integrante del SERPAJ, Madelón Aguerre. Se refería, por ejemplo, al derecho de las víctimas a acceder a la información de los archivos estatales que no salen a la luz, y que permitiría avanzar en la búsqueda de verdad y justicia.
“Es falso no la tengo (esa información), de dónde quieren que la saque…”, insistió Huidobro ante una repregunta de la prensa. Y allí fue cuando se despachó: “Si me autorizan a torturar por un mes…”.
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El 22 de diciembre,
SERPAJ respondió a Huidobro en un comunicado: “Lamentamos las declaraciones realizadas recientemente por el -actual y próximo- Ministro de Defensa Nacional, porque entendemos que las mismas desvían el eje de la discusión, no dando respuesta a las exigencias de Verdad y mucho menos de Justicia”. Y recordó que en 30 años de historia esta organización de la sociedad civil ha “acompañado la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura cívico-militar. Y lo hemos hecho con autonomía e independencia partidaria, señalando a cada uno de los gobiernos pos-dictadura sus obligaciones en la materia, pues es el Estado quien debe garantizar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.
“Reclamar avances es mantener la coherencia con la historia y el presente, como organización que trabaja por los derechos humanos. Exigir verdad y justicia en el presente es continuar diciendo NO a la retórica y a la práctica del olvido, instaladas por el poder y el saber del terrorismo de Estado”, remarcó.
También señaló que la “cooperación internacional llegó a nuestro país en los albores de la década de los ochenta, a través de colectivos y personas militantes. Atribuir a estas instituciones y personas cometidos ‘imperiales’ es desconocer que esos canales fueron los que permitieron que la solidaridad internacional se materializara en la colaboración con las víctimas directas e indirectas del terrorismo de Estado”.
El SERPAJ fue respaldado por otras organizaciones de la sociedad civil, por la Institución Nacional de Derechos Humanos, y por sectores políticos que cuestionan el proceder de Huidobro, incluso dentro del Frente Amplio. También el Partido Colorado declaró su repudio a los hechos y a la permanencia del ministro en el cargo durante el próximo gobierno.
Así, en la mayoría de los comunicados librados se puede observar no solo la crítica puntual a las palabras de Huidobro contra el Serpaj, sino el cuestionamiento severo a la gestión del ministro de Defensa, la desazón y a veces el rechazo directo a que el actual ministro se mantenga como titular de Defensa más allá del 1 de marzo de 2015.
Estas expresiones, las que provienen del propio seno frenteamplista –y hasta las del Partido Colorado–, crean un escenario de debate que puede propiciar una revisión de la decisión adoptada por el presidente electo Tabaré Vázquez, pues la pregunta ya se ha vuelto latente: luego de sus declaraciones y ante la respuesta contundente de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos, ¿Fernández Huidobro debe seguir al frente del Ministerio de Defensa?
Por lo pronto –según información recabada por
Sudestada –, se ha generado una ronda de consultas entre diversas organizaciones a fin de promover una acción conjunta sobre la problemática.
De la compulsa realizada por
Sudestada resulta que la mayoría de las organizaciones que participan de la ronda consideran que se ha generado un escenario propicio para solicitar al presidente electo que sea sensible al reclamo de la sociedad civil y termine por designar a otro ministro al frente de Defensa.
El entorno del presidente electo Tabaré Vázquez sigue muy de cerca los acontecimientos y el tema está siendo analizado en reuniones con el futuro mandatario, según la información recabada.
Es que además, luego de las consideraciones críticas que surgieron en el Secretariado del FA respecto del hecho político generado por Huidobro, la presidenta del partido de gobierno, Mónica Xavier, decidió trasladar el asunto en un informe a Vázquez. Y el propio órgano político del FA se reunirá con el ministro para plantearle sus cuestionamientos.
Pero el presidente electo y Huidobro se verán las caras en la mañana de este lunes 29 cuando se reúna el gabinete del futuro gobierno, y según trascendio, Vázquez tiene previsto un encuentro a solas con el ministro de Defensa.
En los hechos, el presidente electo deberá estudiar el asunto y decidir si mantiene a Huidobro en el cargo y de esa manera quedar enfrentado a la sociedad civil desde el arranque de su gestión, o se muestra sensible a los reclamos de las organizaciones y opta por designar a otro secretario de Estado.
De cualquier manera deberá sopesar la montaña de cuestionamientos al ministro de Defensa, y considerar los costos o réditos políticos que genere cualquier decisión que adopte.
“Compartimos con Serpaj, sus opiniones sobre el triste (negativo) papel que ha jugado el ministro de Defensa al frente de esa cartera, defendiendo a militares denunciados, acusados y condenados por gravísimos delitos de tortura, homicidio y desapariciones forzadas.
Nos preocupan muy especialmente sus “conceptos” sobre la tortura que, al igual que Serpaj, repudiamos al entender gravísimo que desde su cartera banalice y escude en meras palabras su poca voluntad política en la búsqueda de los archivos y testigos militares que colaboren con la verdad en la búsqueda de los desaparecidos; llegando a interferir en procedimientos judiciales, recusando fallos sin aportar datos que respalden su defensa, ni archivos imprescindibles que existen en su Ministerio, para avanzar en el conocimiento y accionar del terrible papel que jugaron las Fuerzas Armadas en ese período. Asimismo no cumplió con su promesa de tribunales de honor para los condenados por la Justicia por estos graves delitos, catalogados de lesa humanidad.
Lamentamos que el nuevo gobierno haya considerado su continuidad en la cartera, cuando su gestión ha sido cuestionada por todas las organizaciones de DDHH, y también evaluada por la ciudadanía con un pobrísimo caudal de votos en las elecciones nacionales pasadas”.
Siendo el Ministro de Defensa quien ejerce la autoridad sobre las FFAA, no le preocupó y ni le preocupa, que éstas nunca se hicieran responsables por el “Terrorismo de Estado”, manteniendo un silencio cómplice por el cual las consecuencias las pagarán las futuras generaciones.
Comunicado de Familiares
COMUNICADO DE PRENSA
Amnistía Internacional Uruguay expresa su profunda preocupación ante las expresiones realizadas por el Ministro de Defensa Sr. Eleuterio Fernández Huidobro en ocasión de la presentación del último informe del Servicio Paz y Justicia del Uruguay (SERPAJ) y la visión del mismo sobre los avances y retrocesos en la búsqueda de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los crímenes cometidos en la última dictadura cívico militar en Uruguay.
Con sus expresiones, el Sr. Ministro pone en discusión la seriedad y credibilidad del SERPAJ, sus integrantes y la de toda la sociedad civil uruguaya en tanto contralor del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado en la protección y defensa de los derechos humanos.
Uruguay, que promueve la convivencia democrática y el pleno respeto a los derechos humanos, no puede sumarse a la terrible práctica de denigrar, perseguir y amenazar a las defensoras y defensores de derechos humanos, práctica que lamentablemente está cada vez más presente en diferentes países de la región.
SERPAJ es una organización de la sociedad civil referente en la defensa de los derechos humanos en Uruguay, la región y el mundo. Instamos a las autoridades del gobierno a garantizar que todos sus representantes respeten la libertad de expresión, de acción de la sociedad civil en el cumplimiento de su trabajo y todos los derechos humanos.
El respeto al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil contribuye al respeto y fortalecimiento de la democracia.
Amnistía Internacional Uruguay expresa su profunda preocupación ante las expresiones realizadas por el Ministro de Defensa Sr. Eleuterio Fernández Huidobro en ocasión de la presentación del último informe del Servicio Paz y Justicia del Uruguay (SERPAJ) y la visión del mismo sobre los avances y retrocesos en la búsqueda de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los crímenes cometidos en la última dictadura cívico militar en Uruguay.
Con sus expresiones, el Sr. Ministro pone en discusión la seriedad y credibilidad del SERPAJ, sus integrantes y la de toda la sociedad civil uruguaya en tanto contralor del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado en la protección y defensa de los derechos humanos.
Uruguay, que promueve la convivencia democrática y el pleno respeto a los derechos humanos, no puede sumarse a la terrible práctica de denigrar, perseguir y amenazar a las defensoras y defensores de derechos humanos, práctica que lamentablemente está cada vez más presente en diferentes países de la región.
SERPAJ es una organización de la sociedad civil referente en la defensa de los derechos humanos en Uruguay, la región y el mundo. Instamos a las autoridades del gobierno a garantizar que todos sus representantes respeten la libertad de expresión, de acción de la sociedad civil en el cumplimiento de su trabajo y todos los derechos humanos.
El respeto al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil contribuye al respeto y fortalecimiento de la democracia.
“La INDDHH considera que el tratamiento de asuntos de tan alta relevancia para la consolidación del Estado de Derecho en nuestro país exige de las autoridades públicas una actitud de respeto hacia la sensibilidad de víctimas, familiares y de amplios sectores de nuestra sociedad, a la vez que no deben arrojar dudas sobre la voluntad del Estado uruguayo de cumplir con sus obligaciones de investigar estos hechos y someter a la Justicia a sus eventuales responsables.
La INDDHH expresa al Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), así como a las víctimas del terrorismo de Estado, su solidaridad ante la situación mencionada”.
Comunicado Institución Nacional de DDHH
“En repudio a la actitud del Ministro Eleuterio Fernández Huidobro de amparo a los violadores de los derechos humanos en la última dictadura, ADES Montevideo y otras organizaciones sociales convocan a concentración: MARTES 30 DE DICIEMBRE HORA 19 Frente al Ministerio de Defensa (8 de Octubre y Berro)”.
Convocatoria a la marcha
El domingo 21 el Comité Central del Partido Socialista emitió una declaración donde “rechaza los dichos del compañero Ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro en relación a las organizaciones de defensa de los DDHH, dichos que por otra parte reiteran expresiones ya vertidas en anteriores oportunidades”.
El secretario general del PS, Yerú Pardiñas, dijo a Sudestada que la situación le “preocupa” a su sector porque “no ayuda a lograr un entendimiento con las organizaciones de la sociedad civil”.
“La línea del gobierno es muy clara, el programa del FA es también claro y expresiones como la de Fernández Huidobro generan tensiones y no son convenientes. No podemos dejar que se generen dudas de que el FA va a seguir trabajando en términos de justicia, en una línea de plena vigencia de los derechos humanos y ampliando las acciones institucionales sobre un tema que sigue muy cuestionado”, subrayó.
Respecto de las explicaciones que Fernández Huidobro le pidió al PS por sus críticas, Pardiñas respondió: “Nosotros no vamos a andar haciendo truco y retruco”.
Sudestada conversó con el docente de historia y militante de la Vertiente Artiguista, Oscar Destouet, sobre los desafíos del Ministerio de Defensa y del nuevo gobierno respecto de los casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo terrorismo de Estado.
El investigador planteó la necesidad de “profundizar el debate sobre la importancia de la memoria colectiva; educar en y para los Derechos Humanos; recordar, dignificar y homenajear a las víctimas; erradicar las causas que promueven violaciones a los derechos humanos y construir nuevas pautas de convivencia democrática sin excluidos donde reine la justicia”.
Con perpectiva ambiciosa, sostuvo que es necesario adecuar algunos aspectos interinstitucionalespara para asumir desafíos como “rastrear y traducir en un inventario civil toda la documentación existente en los archivos estatales bajo custodia de las armas y del Ministerio de Defensa e Interior; repensar la educación militar; fortificar la colaboración con todo requerimiento del Poder Judicial para así habilitar sin traba alguna el accionar de la Justicia; aprobar una Ley de Servicios de Inteligencia con fuerte respaldo parlamentario y control ciudadano”.
Al repasar las gestiones de los ministros de Defensa, el docente señaló que “fueron más lentos de lo deseable en desterrar el secretismos y la negación de lo esperable. Particularmente en el último período fue más lento que todo lo imaginable”.
En cuanto al actual ministro de Defensa, sentencio: “la mejor reparación hoy es disculparse, y para ser creíble anunciar su jubilación de la política y de todo cargo público”.
La agrupación frenteamplista Magnolia, liderada por Constanza Moreira pidió la renuncia de Fernández Huidobro.
Moreira, senadora que ha tenido varios cruces con Fernández Huidobro, dijo que “instigar a una organización de derechos humanos como SERPAJ, que luchó contra la tortura, a que lo ‘autorice’, es una perversión política, ética y simbólica de la mayor envergadura. Frente a esto no podemos permanecer indiferentes… las declaraciones del ministro no honran el compromiso del Frente Amplio con la causa de los derechos humanos”.
“Un gobierno que se considere de izquierda o progresista no solo debe parecer comprometido con la plena vigencia de los derechos humanos, sino serlo realmente.
Las responsabilidades que se le atribuyen a la cartera de la que el Sr, Huidobro es titular y que supuestamente lo seguirá siendo en el próximo gobierno, no son ningún invento, Así lo constatan los diversos operadores del sistema judicial e integrantes de organismos internacionales.
En ese sentido, aún reconociendo las facultades del actual titular del Poder Ejecutivo y del futuro gobierno, para designar a sus Ministros, no podemos dejar de expresar que su permanencia en la citada cartera constituye un franco retroceso en la credibilidad del gobierno y en la continuidad en la instalación de una cultura en clave de derechos humanos que barra todo vestigio de impunidad”.
Comunicado PVP
El partido Colorado declaró su “total repudio a las declaraciones del actual ministro de Defensa Nacional, Sr. Eleuterio Fernández Huidobro;
Su rechazo total a las declaraciones que como las del Sr. Ministro de Defensa sacan gravedad a lo terrible de la violación de Derechos Humanos;
El Partido Colorado reitera públicamente su inclaudicable defensa de los derechos humanos, por su lucha histórica contra el terrorismo de Estado.
Solicitar al presidente electo revisar la designación del referido ciudadano como ministro de Defensa, en el entendido que luego de las declaraciones aludidas carece de respaldo parlamentario suficiente”.
Comunicado Partido Colorado
"Expresamos nuestro total respaldo al Compañero Ministro Eleuterio Fernández Huidobro.
Reafirmamos expresamente que los lineamientos políticos emanados del Programa del Frente Amplio son nuestros lineamientos de acción y que todas las compañeras y compañeros pertenecientes a nuestra organización enmarcan su accionar en ellas.
Declaramos que únicamente los gobiernos del Frente Amplio han desarrollado una investigación seria y han dados pasos firmes en procura de la Verdad y la Justicia y nuestra Organización y cada un@ de sus integrantes han estado y están en las primeras filas de esa batalla.
Nos parece grave la afirmación de SERPAJ – por conocer su trayectoria en la lucha durante todos estos años- acusando a un integrante de nuestro gobierno de cómplice en el ocultamiento de datos en la tarea de búsqueda y aclaración de los crímenes cometidos durante la Dictadura. Creemos de suma importancia la aportación de datos de forma inmediata a la Justicia competente. Sostener que se están ocultando pruebas por parte de un compañero, es sin duda, una grave forma de desacreditar a un integrante de éste y del futuro gobierno de la fuerza política".
Comunicado CAP-L
"Ante la repercusión causada por la pegatina que llevamos a cabo en la madrugada del 22 de diciembre, con la consigna “Otra Navidad con Impunidad”, en que se mostraba una imagen del actual Ministro de Defensa Nacional Sr. Eleuterio Fernandez Huidobro, luciendo un gorro de Papá Noel, las personas autoconvocadas que llevamos adelante esta actividad solicitamos al Presidente electo Dr. Tabaré Vázquez que no designe al actual ministro en su futuro gabinete.
Somos un colectivo de ciudadanos entre los que se encuentran militantes de distintas organizaciones de la sociedad civil relacionados a la causa de los derechos humanos, personas de todas las edades comprometidas con su presente –tanto- que lucharán incansablemente para que el pasado no lo condene..."
Comunicado Que se vaya...
Producción: Álvaro Levín* / Sudestada /
@alvarolevin
Brecha 2 de Enero
Demasiado verde
Por Ricardo Scagliola
Si bien en la reunión que mantuvo con la dirección del Frente Amplio (FA) el ministro de Defensa negó que haya obstaculizado la investigación sobre el pasado reciente, abogados involucrados en causas sobre violaciones a los derechos humanos denuncian “encubrimiento” y casi nula colaboración de la cartera de Defensa con la justicia.
Ombú
Que los retirados comprometidos con un pasado turbio trinen contra la reclusión de un general en actividad procesado por el asesinato de una militante comunista en plena dictadura no tendría, en principio, nada de asombroso, si no fuese que esta vez recibieron la solidaridad de sus antiguos enemigos de armas. Las declaraciones del presidente del Centro Militar, el coronel Guillermo Cedrés, reivindicando la inocencia de Miguel Dalmao, coronan un fin de año en el que a instancias de José Mujica el gobierno intentó reflotar aquella máxima que el presidente enunció en los albores de su mandato acerca de que no quería “viejitos presos” en centros carcelarios. En conocimiento del estado de salud del militar procesado por el crimen de Nibia Sabalsagaray, Mujica encomendó al secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, que intercediera ante el juez de ejecución, Martín Gesto, para que concediera la prisión domiciliaria a algunos militares detenidos por crímenes durante la dictadura (algo que finalmente impidió el fiscal de Corte, Jorge Díaz, según informó Búsqueda). Esa noticia, precedida por el conocimiento de la homologación de un fallo de un tribunal de honor militar que restituía el 100 por ciento de la jubilación a Gilberto Vázquez, marcaron dos nuevos hitos en la vieja pretensión del presidente y su ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, de dar vuelta la página de la dictadura.
“No se entiende qué es lo que reclaman ciertos periodistas e internautas. ¿El incumplimiento de la ley? ¿La incautación de los haberes jubilatorios de los presos? ¿Que les peguemos? ¿Que los torturemos?”, se preguntaba Huidobro en una carta abierta dirigida “a la opinión pública” luego de que a principios de mes el abogado Federico Álvarez Petraglia publicara en la red social Latanet la noticia sobre la restitución de la jubilación al represor Vázquez, reproducida por el periodista Samuel Blixen en Brecha (5-XII-14) y Roger Rodríguez en su perfil de Facebook. La airada respuesta del ministro de Defensa era una primera insinuación de los términos del debate sobre los que luego reincidiría en ocasión de la presentación del informe anual en el que el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) denunciaba lo que hace tiempo varios jueces y fiscales vienen sosteniendo en los pasillos judiciales: que el Ministerio de Defensa (Mdn) dificulta la investigación sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Huidobro no demoró en salir al cruce: “Si Serpaj me autoriza a torturar, yo capaz que le consigo información”, insistió, en rueda de prensa.
La polémica pasó entonces a girar en torno a la banalización de la tortura, desatando duros cuestionamientos en la interna del FA que determinaron la convocatoria al ministro para que diera explicaciones, y la solicitud a la presidenta Mónica Xavier para que encaminara contactos con Mujica y Vázquez a fin de trasmitir el malestar en la izquierda en relación con los dichos del actual y designado ministro. La reunión entre Huidobro y la dirección del FA tuvo lugar finalmente el lunes a la tarde. Inicialmente, varios dirigentes habían asegurado que el encuentro iba a realizarse en la calle Colonia. Pero contra todos los pronósticos, fueron las autoridades del FA las que se trasladaron hasta la sede del Mdn. Lo que en un principio parecía un llamado en consulta al ministro pasó, en cuestión de minutos, a una charla entre compañeros. Antes, según pudo saber Brecha, el presidente electo había trasmitido tanto a Huidobro como a Xavier el pedido de que se bajaran los decibeles de la discusión pública, tras una andanada de pronunciamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En la reunión que tuvo lugar en la vieja casona de la avenida 8 de Octubre, la dirección del FA se encontró con “un tipo humilde”, “un equipo comprometido con la verdad y la justicia” y “una discusión sensata”, según las impresiones que trasmitieron a Brecha varios participantes de la reunión. Durante 30 minutos Huidobro se explayó sobre las políticas llevadas adelante durante los últimos diez años con relación al pasado reciente. Dijo sentirse interpelado y argumentó que sintió la acusación de la directora del Serpaj, Madelón Aguerre, como “un agravio al FA”, pero en su intervención nunca utilizó las palabras “autocrítica” o “arrepentimiento”. Sí habló de los restos hallados, mencionó las conversaciones con militares retirados para identificar los cuerpos de Ricardo Blanco Valiente y Julio Castro, y hasta comentó que en ese lugar se edificará un monumento, una decisión sobre la que se vanaglorió –“No tardé ni 15 minutos en aprobarlo”, dijo–, al tiempo que se quejó porque ese tipo de iniciativas “no tienen prensa”. Si bien pocos días antes de la reunión el vicepresidente del FA Juan Castillo había subrayado que la convocatoria era “al adherente Huidobro”, el ministro recibió a la delegación acompañado por el subsecretario Jorge Menéndez, el director de secretaría, Hernán Planchón, y el director de Asuntos Jurídicos-Notariales y Derechos Humanos, Sergio Caballero.
Este último detalló la ausencia de historias clínicas que constaten el pasaje de presos políticos por el Hospital Militar y subrayó que de 110 mil fichas encontradas en el ministerio, sólo 23 contenían alguna información, aunque limitada, sobre detenidos políticos. Hacia el final de la reunión, explicaron fuentes políticas, las autoridades del FA solicitaron a Huidobro que remitiera a la mesa política un informe que el ministro viene preparando con un balance sobre las gestiones realizadas por temas de derechos humanos. A su vez, el secretario político del FA, Gerardo Rey, se comprometió a avanzar en un resumen del encuentro para informar este lunes próximo al secretariado. Y poco más.
Si hasta hace poco parecía que el ministro (saliente y entrante a la vez) era el blanco de una ofensiva que esta vez amenazaba con llevárselo puesto, ahora todo indica que Huidobro salió fortalecido del brete en el que lo habían colocado sus dichos. Más preocupada por los cuestionamientos al Serpaj y el tono de la polémica pública que por el trasfondo ideológico de los comentarios –una “guerra” entre “combatientes” que de un tiempo a esta parte emerge como justificación de una vuelta de página en la que coinciden tupamaros y militares–, en línea con la intención de Vázquez la dirección del FA dejó diluir la polémica con el ministro. Con el respaldo del Consejo de Ministros –que en la mañana del mismo lunes avaló su gestión al frente de la cartera de Defensa– y del presidente electo, Tabaré Vázquez –con quien mantuvo una conversación en la que ambos acordaron bajarle perfil a la polémica–, Huidobro planteó a la delegación del FA que lo visitó que él no haría más declaraciones sobre el tema. En esa línea, tendiente a respetar el compromiso asumido con Vázquez, el ministro pidió no ser él quien oficiara como vocero de la reunión.
HUIDOBRO RECARGADO. Mientras tanto, los efectos prácticos de esta teoría de los combatientes siguen obstaculizando el avance de la justicia. Para el abogado Pablo Chargoñia, del Observatorio Luz Ibarburu –único organismo que monitorea las 205 causas abiertas de derechos humanos en el país–, el Mdn “no ha sido un buen auxiliar de la justicia ni un socio que colabore” en la búsqueda de información que avale los testimonios que numerosas víctimas aportan ante los tribunales, lo que lleva a decenas de familiares a vestirse de detectives y realizar tareas de investigación propias de la Policía. El abogado Federico Álvarez Petraglia, que colabora con al menos 20 causas vinculadas al terrorismo de Estado, lo explica así: “Si a uno lo rapiñan, los que tienen que a salir atrás de los rapiñeros no pueden ser las víctimas, ni el juez, ni el fiscal, sino la Policía, que es la auxiliar de la justicia. Ahora todo el peso recae sobre las víctimas o sobre el juez y el fiscal, porque no está la Policía ni inteligencia militar investigando absolutamente nada”.
Chargoñia explica que existe “una queja permanente de jueces y fiscales por respuestas tardías e insuficientes del Mdn”. Y agrega que “muchas veces, las contestaciones del ministerio revelan falta de interés en el tema que plantea el juez. No se trata de un caso puntual, sino de una actitud de respuesta”. En este punto, el contraste con otras secretarías de Estado, como la cancillería, es patente: Relaciones Exteriores logró, en estos años, un archivo sistematizado sobre documentos relativos al Plan Cóndor. “Tenemos la certeza de que el Mdn tiene información que no ha brindado, en parte porque si por algo se caracteriza el terrorismo de Estado es por registrar minuciosamente todo lo que hace”, destacó Chargoñia a Brecha. Para Álvarez Petraglia esto denota “un encubrimiento masivo” del Mdn: “Detrás de ese ‘no hacer’ hay decisiones políticas de los militares avaladas por los políticos, de no investigar y no aportar”, argumentó. En diálogo con Brecha, Petraglia sostuvo que “hay un dejar morir por inanición” las causas sobre derechos humanos. El martes el representante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Óscar Urtasun, sostuvo que Huidobro “pone trabas constantemente” al avance en temas de verdad y justicia.
“Se trataba de dejar en claro que la fuerza política desea que este debate se realice en un tono de serenidad, respeto y de confrontación de ideas más que de calificativos”, dijo la presidenta del FA a la salida de la audiencia con Huidobro. El verdadero trasfondo de las declaraciones del ministro, la vuelta de página de un gobierno que no está dispuesto a habilitar una pléyade de juicios sobre las espaldas de los militares y que en los últimos tiempos se abocó a intentar otorgarle a los represores el beneficio de la prisión domiciliaria, no fue abordado en la reunión. La razón de estas lógicas de mutua solidaridad entre militares y tupamaros tiene, aun en el presente, explicaciones difusas, pero casi todas trasuntan un “pacto de honor” entre ex combatientes. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas siguen rehusándose a pedir perdón a la sociedad por crímenes gravísimos cometidos por sus miembros, la reforma de la Defensa sigue en veremos, un militar procesado en Chile por el caso de Berríos (Tomás Casella) consigue autorización para visitar Uruguay por gestiones directas de la Presidencia de la República, otro militar recluido en Uruguay logra lo que ningún otro preso consigue –cobrar íntegramente su jubilación– y los soldados más jóvenes aún reciben educación impartida por varios uniformes manchados que sumergen a los restantes 30 mil en un oscuro pantano de sospechas. Casi nada.
Más designaciones en el futuro gobierno
Cambios y continuidades
El ex presidente del Banco República Fernando Calloia será el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, según anunció este lunes el vicepresidente y futuro ministro de Economía, Danilo Astori. Calloia fue procesado por abuso de funciones por el caso Pluna en 2013, pero su procesamiento fue revocado este año por un tribunal de apelaciones. Además, el actual ministro de Economía, Mario Bergara, será el titular del Banco Central. Los titulares del Banco de Seguros del Estado (Mario Castro), el Banco Hipotecario (Ana Salveraglio), y el Banco República (Julio Porteiro) se mantendrán en sus cargos. De esta manera se reafirma el predominio de figuras de estricta confianza de Astori en todo el equipo económico.
En Educación se reafirma, por lo menos en el plano de la gestión más desconcentrada, la línea trazada por Mujica en el último tramo de su gestión: Wilson Netto seguirá al frente del Codicen y en Secundaria continuará la profesora Celsa Puente. En Primaria estará Irupé Buzetti. Jorge Papadópoulos será el director general del Ministerio de Educación y Cultura (que como se sabe será encabezado por María Julia Muñoz), Juan Pedro Mir el nuevo director de Educación, Sergio Mautone (actual presidente del Sindicato Uruguayo de Actores) el nuevo director de Cultura, y el diputado Jorge Orrico estará al frente del Sodre.
Otras designaciones están vinculadas al nuevo director nacional de Trabajo, que será Juan Castillo. En la Inspección de Trabajo asumirá Gerardo Rey y en la Dirección de Empleo seguirá Eduardo Pereyra. En Relaciones Exteriores, el actual embajador en Israel, Bernardo Greiver, será el futuro director general de la cancillería. En Salud Pública, la actual titular de Asse, Beatriz Silva, será directora general de Secretaría; Jorge Quian director de Salud y la presidenta de Asse será la actual ministra, Susana Muñiz.
La misión uruguaya en Haití
Prorróguese
El Parlamento prorrogó esta semana la presencia de 605 militares uruguayos como integrantes de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah), pero la cantidad de efectivos disminuirá a 250 entre el 28 de febrero y el 31 de diciembre. La ley reserva además al Ejecutivo la decisión de reducir el número de efectivos militares o proceder al retiro total simplemente comunicándolo a la Asamblea General dentro de los mismos plazos establecidos. Fuentes de la cancillería consultadas por Brecha explicaron que la permanencia de un reducido contingente en la isla se debe a que el país mantiene su apego al sistema global de las Naciones Unidas, donde aún no hay una decisión de retirarse del país, a pesar de que el Senado haitiano reclamó, por unanimidad, la salida de los cascos azules. Además, Uruguay preside el grupo de amigos de Haití en las Naciones Unidas, que año a año redactan la resolución que establece el mandato de la Minustah. Sin embargo, a nivel diplomático también jugaron otros factores, como la candidatura uruguaya a ocupar un asiento en el consejo de seguridad de la Onu, que depende del voto positivo de los países latinoamericanos. “Hubiese sido una muy mala señal ordenar un retiro intempestivo y dejar solo a Brasil”, explicaron fuentes diplomáticas.
La decisión de prorrogar la permanencia de los soldados uruguayos generó fricciones en el Frente Amplio (FA). El diputado Luis Puig, del Pvp, renunció a su banca disconforme con el proyecto, y la senadora Constanza Moreira se tomó licencia durante el tratamiento de la ley en el Senado. En una columna de su autoría, la legisladora alegó que “la prórroga de las misiones en Haití es inaceptable” porque “mientras el gobierno de Michel Martelly va hacia una deriva que lo transformará prontamente en un gobierno ilegítimo (el presidente se niega a convocar elecciones para la renovación del Senado haitiano con lo cual el mismo quedará absolutamente inoperante en los próximos meses), Uruguay sigue con sus tropas validando, de hecho, la situación ilegítima de un gobierno autoritario”. Moreira había pedido a la bancada que la prórroga fuera sólo de seis meses y que, en ese lapso, el FA discutiera el tema en profundidad, según contó la senadora a Brecha. Aunque por “razones estrictamente personales”, Alberto Couriel debió retirarse de sala antes de la votación, también él había planteado discrepancias con el mantenimiento de la misión. Su intención, según explicó a Brecha, era acatar el mandato de la bancada del FA.
Si bien la idea original de Mujica era retirarse definitivamente de la isla, la cancillería y el Ministerio de Defensa estimaron oportuno diseñar un plan de retiro paulatino mientras se llevan a cabo conversaciones del más alto nivel en Nueva York, explicaron fuentes políticas. De acuerdo al cronograma votado, ahora Uruguay –el décimo contribuyente de contingentes para misiones de paz de los 190 países de las Naciones Unidas– pasaría a compartir el destacamento con Perú. El año pasado el Parlamento había aprobado reducir en 33 por ciento la misión, algo que se concretó en abril de 2014.
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Demasiado verde
Por Ricardo Scagliola
Si bien en la reunión que mantuvo con la dirección del Frente Amplio (FA) el ministro de Defensa negó que haya obstaculizado la investigación sobre el pasado reciente, abogados involucrados en causas sobre violaciones a los derechos humanos denuncian “encubrimiento” y casi nula colaboración de la cartera de Defensa con la justicia.
Ombú
Que los retirados comprometidos con un pasado turbio trinen contra la reclusión de un general en actividad procesado por el asesinato de una militante comunista en plena dictadura no tendría, en principio, nada de asombroso, si no fuese que esta vez recibieron la solidaridad de sus antiguos enemigos de armas. Las declaraciones del presidente del Centro Militar, el coronel Guillermo Cedrés, reivindicando la inocencia de Miguel Dalmao, coronan un fin de año en el que a instancias de José Mujica el gobierno intentó reflotar aquella máxima que el presidente enunció en los albores de su mandato acerca de que no quería “viejitos presos” en centros carcelarios. En conocimiento del estado de salud del militar procesado por el crimen de Nibia Sabalsagaray, Mujica encomendó al secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, que intercediera ante el juez de ejecución, Martín Gesto, para que concediera la prisión domiciliaria a algunos militares detenidos por crímenes durante la dictadura (algo que finalmente impidió el fiscal de Corte, Jorge Díaz, según informó Búsqueda). Esa noticia, precedida por el conocimiento de la homologación de un fallo de un tribunal de honor militar que restituía el 100 por ciento de la jubilación a Gilberto Vázquez, marcaron dos nuevos hitos en la vieja pretensión del presidente y su ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, de dar vuelta la página de la dictadura.
“No se entiende qué es lo que reclaman ciertos periodistas e internautas. ¿El incumplimiento de la ley? ¿La incautación de los haberes jubilatorios de los presos? ¿Que les peguemos? ¿Que los torturemos?”, se preguntaba Huidobro en una carta abierta dirigida “a la opinión pública” luego de que a principios de mes el abogado Federico Álvarez Petraglia publicara en la red social Latanet la noticia sobre la restitución de la jubilación al represor Vázquez, reproducida por el periodista Samuel Blixen en Brecha (5-XII-14) y Roger Rodríguez en su perfil de Facebook. La airada respuesta del ministro de Defensa era una primera insinuación de los términos del debate sobre los que luego reincidiría en ocasión de la presentación del informe anual en el que el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) denunciaba lo que hace tiempo varios jueces y fiscales vienen sosteniendo en los pasillos judiciales: que el Ministerio de Defensa (Mdn) dificulta la investigación sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Huidobro no demoró en salir al cruce: “Si Serpaj me autoriza a torturar, yo capaz que le consigo información”, insistió, en rueda de prensa.
La polémica pasó entonces a girar en torno a la banalización de la tortura, desatando duros cuestionamientos en la interna del FA que determinaron la convocatoria al ministro para que diera explicaciones, y la solicitud a la presidenta Mónica Xavier para que encaminara contactos con Mujica y Vázquez a fin de trasmitir el malestar en la izquierda en relación con los dichos del actual y designado ministro. La reunión entre Huidobro y la dirección del FA tuvo lugar finalmente el lunes a la tarde. Inicialmente, varios dirigentes habían asegurado que el encuentro iba a realizarse en la calle Colonia. Pero contra todos los pronósticos, fueron las autoridades del FA las que se trasladaron hasta la sede del Mdn. Lo que en un principio parecía un llamado en consulta al ministro pasó, en cuestión de minutos, a una charla entre compañeros. Antes, según pudo saber Brecha, el presidente electo había trasmitido tanto a Huidobro como a Xavier el pedido de que se bajaran los decibeles de la discusión pública, tras una andanada de pronunciamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En la reunión que tuvo lugar en la vieja casona de la avenida 8 de Octubre, la dirección del FA se encontró con “un tipo humilde”, “un equipo comprometido con la verdad y la justicia” y “una discusión sensata”, según las impresiones que trasmitieron a Brecha varios participantes de la reunión. Durante 30 minutos Huidobro se explayó sobre las políticas llevadas adelante durante los últimos diez años con relación al pasado reciente. Dijo sentirse interpelado y argumentó que sintió la acusación de la directora del Serpaj, Madelón Aguerre, como “un agravio al FA”, pero en su intervención nunca utilizó las palabras “autocrítica” o “arrepentimiento”. Sí habló de los restos hallados, mencionó las conversaciones con militares retirados para identificar los cuerpos de Ricardo Blanco Valiente y Julio Castro, y hasta comentó que en ese lugar se edificará un monumento, una decisión sobre la que se vanaglorió –“No tardé ni 15 minutos en aprobarlo”, dijo–, al tiempo que se quejó porque ese tipo de iniciativas “no tienen prensa”. Si bien pocos días antes de la reunión el vicepresidente del FA Juan Castillo había subrayado que la convocatoria era “al adherente Huidobro”, el ministro recibió a la delegación acompañado por el subsecretario Jorge Menéndez, el director de secretaría, Hernán Planchón, y el director de Asuntos Jurídicos-Notariales y Derechos Humanos, Sergio Caballero.
Este último detalló la ausencia de historias clínicas que constaten el pasaje de presos políticos por el Hospital Militar y subrayó que de 110 mil fichas encontradas en el ministerio, sólo 23 contenían alguna información, aunque limitada, sobre detenidos políticos. Hacia el final de la reunión, explicaron fuentes políticas, las autoridades del FA solicitaron a Huidobro que remitiera a la mesa política un informe que el ministro viene preparando con un balance sobre las gestiones realizadas por temas de derechos humanos. A su vez, el secretario político del FA, Gerardo Rey, se comprometió a avanzar en un resumen del encuentro para informar este lunes próximo al secretariado. Y poco más.
Si hasta hace poco parecía que el ministro (saliente y entrante a la vez) era el blanco de una ofensiva que esta vez amenazaba con llevárselo puesto, ahora todo indica que Huidobro salió fortalecido del brete en el que lo habían colocado sus dichos. Más preocupada por los cuestionamientos al Serpaj y el tono de la polémica pública que por el trasfondo ideológico de los comentarios –una “guerra” entre “combatientes” que de un tiempo a esta parte emerge como justificación de una vuelta de página en la que coinciden tupamaros y militares–, en línea con la intención de Vázquez la dirección del FA dejó diluir la polémica con el ministro. Con el respaldo del Consejo de Ministros –que en la mañana del mismo lunes avaló su gestión al frente de la cartera de Defensa– y del presidente electo, Tabaré Vázquez –con quien mantuvo una conversación en la que ambos acordaron bajarle perfil a la polémica–, Huidobro planteó a la delegación del FA que lo visitó que él no haría más declaraciones sobre el tema. En esa línea, tendiente a respetar el compromiso asumido con Vázquez, el ministro pidió no ser él quien oficiara como vocero de la reunión.
HUIDOBRO RECARGADO. Mientras tanto, los efectos prácticos de esta teoría de los combatientes siguen obstaculizando el avance de la justicia. Para el abogado Pablo Chargoñia, del Observatorio Luz Ibarburu –único organismo que monitorea las 205 causas abiertas de derechos humanos en el país–, el Mdn “no ha sido un buen auxiliar de la justicia ni un socio que colabore” en la búsqueda de información que avale los testimonios que numerosas víctimas aportan ante los tribunales, lo que lleva a decenas de familiares a vestirse de detectives y realizar tareas de investigación propias de la Policía. El abogado Federico Álvarez Petraglia, que colabora con al menos 20 causas vinculadas al terrorismo de Estado, lo explica así: “Si a uno lo rapiñan, los que tienen que a salir atrás de los rapiñeros no pueden ser las víctimas, ni el juez, ni el fiscal, sino la Policía, que es la auxiliar de la justicia. Ahora todo el peso recae sobre las víctimas o sobre el juez y el fiscal, porque no está la Policía ni inteligencia militar investigando absolutamente nada”.
Chargoñia explica que existe “una queja permanente de jueces y fiscales por respuestas tardías e insuficientes del Mdn”. Y agrega que “muchas veces, las contestaciones del ministerio revelan falta de interés en el tema que plantea el juez. No se trata de un caso puntual, sino de una actitud de respuesta”. En este punto, el contraste con otras secretarías de Estado, como la cancillería, es patente: Relaciones Exteriores logró, en estos años, un archivo sistematizado sobre documentos relativos al Plan Cóndor. “Tenemos la certeza de que el Mdn tiene información que no ha brindado, en parte porque si por algo se caracteriza el terrorismo de Estado es por registrar minuciosamente todo lo que hace”, destacó Chargoñia a Brecha. Para Álvarez Petraglia esto denota “un encubrimiento masivo” del Mdn: “Detrás de ese ‘no hacer’ hay decisiones políticas de los militares avaladas por los políticos, de no investigar y no aportar”, argumentó. En diálogo con Brecha, Petraglia sostuvo que “hay un dejar morir por inanición” las causas sobre derechos humanos. El martes el representante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Óscar Urtasun, sostuvo que Huidobro “pone trabas constantemente” al avance en temas de verdad y justicia.
“Se trataba de dejar en claro que la fuerza política desea que este debate se realice en un tono de serenidad, respeto y de confrontación de ideas más que de calificativos”, dijo la presidenta del FA a la salida de la audiencia con Huidobro. El verdadero trasfondo de las declaraciones del ministro, la vuelta de página de un gobierno que no está dispuesto a habilitar una pléyade de juicios sobre las espaldas de los militares y que en los últimos tiempos se abocó a intentar otorgarle a los represores el beneficio de la prisión domiciliaria, no fue abordado en la reunión. La razón de estas lógicas de mutua solidaridad entre militares y tupamaros tiene, aun en el presente, explicaciones difusas, pero casi todas trasuntan un “pacto de honor” entre ex combatientes. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas siguen rehusándose a pedir perdón a la sociedad por crímenes gravísimos cometidos por sus miembros, la reforma de la Defensa sigue en veremos, un militar procesado en Chile por el caso de Berríos (Tomás Casella) consigue autorización para visitar Uruguay por gestiones directas de la Presidencia de la República, otro militar recluido en Uruguay logra lo que ningún otro preso consigue –cobrar íntegramente su jubilación– y los soldados más jóvenes aún reciben educación impartida por varios uniformes manchados que sumergen a los restantes 30 mil en un oscuro pantano de sospechas. Casi nada.
Más designaciones en el futuro gobierno
Cambios y continuidades
El ex presidente del Banco República Fernando Calloia será el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, según anunció este lunes el vicepresidente y futuro ministro de Economía, Danilo Astori. Calloia fue procesado por abuso de funciones por el caso Pluna en 2013, pero su procesamiento fue revocado este año por un tribunal de apelaciones. Además, el actual ministro de Economía, Mario Bergara, será el titular del Banco Central. Los titulares del Banco de Seguros del Estado (Mario Castro), el Banco Hipotecario (Ana Salveraglio), y el Banco República (Julio Porteiro) se mantendrán en sus cargos. De esta manera se reafirma el predominio de figuras de estricta confianza de Astori en todo el equipo económico.
En Educación se reafirma, por lo menos en el plano de la gestión más desconcentrada, la línea trazada por Mujica en el último tramo de su gestión: Wilson Netto seguirá al frente del Codicen y en Secundaria continuará la profesora Celsa Puente. En Primaria estará Irupé Buzetti. Jorge Papadópoulos será el director general del Ministerio de Educación y Cultura (que como se sabe será encabezado por María Julia Muñoz), Juan Pedro Mir el nuevo director de Educación, Sergio Mautone (actual presidente del Sindicato Uruguayo de Actores) el nuevo director de Cultura, y el diputado Jorge Orrico estará al frente del Sodre.
Otras designaciones están vinculadas al nuevo director nacional de Trabajo, que será Juan Castillo. En la Inspección de Trabajo asumirá Gerardo Rey y en la Dirección de Empleo seguirá Eduardo Pereyra. En Relaciones Exteriores, el actual embajador en Israel, Bernardo Greiver, será el futuro director general de la cancillería. En Salud Pública, la actual titular de Asse, Beatriz Silva, será directora general de Secretaría; Jorge Quian director de Salud y la presidenta de Asse será la actual ministra, Susana Muñiz.
La misión uruguaya en Haití
Prorróguese
El Parlamento prorrogó esta semana la presencia de 605 militares uruguayos como integrantes de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah), pero la cantidad de efectivos disminuirá a 250 entre el 28 de febrero y el 31 de diciembre. La ley reserva además al Ejecutivo la decisión de reducir el número de efectivos militares o proceder al retiro total simplemente comunicándolo a la Asamblea General dentro de los mismos plazos establecidos. Fuentes de la cancillería consultadas por Brecha explicaron que la permanencia de un reducido contingente en la isla se debe a que el país mantiene su apego al sistema global de las Naciones Unidas, donde aún no hay una decisión de retirarse del país, a pesar de que el Senado haitiano reclamó, por unanimidad, la salida de los cascos azules. Además, Uruguay preside el grupo de amigos de Haití en las Naciones Unidas, que año a año redactan la resolución que establece el mandato de la Minustah. Sin embargo, a nivel diplomático también jugaron otros factores, como la candidatura uruguaya a ocupar un asiento en el consejo de seguridad de la Onu, que depende del voto positivo de los países latinoamericanos. “Hubiese sido una muy mala señal ordenar un retiro intempestivo y dejar solo a Brasil”, explicaron fuentes diplomáticas.
La decisión de prorrogar la permanencia de los soldados uruguayos generó fricciones en el Frente Amplio (FA). El diputado Luis Puig, del Pvp, renunció a su banca disconforme con el proyecto, y la senadora Constanza Moreira se tomó licencia durante el tratamiento de la ley en el Senado. En una columna de su autoría, la legisladora alegó que “la prórroga de las misiones en Haití es inaceptable” porque “mientras el gobierno de Michel Martelly va hacia una deriva que lo transformará prontamente en un gobierno ilegítimo (el presidente se niega a convocar elecciones para la renovación del Senado haitiano con lo cual el mismo quedará absolutamente inoperante en los próximos meses), Uruguay sigue con sus tropas validando, de hecho, la situación ilegítima de un gobierno autoritario”. Moreira había pedido a la bancada que la prórroga fuera sólo de seis meses y que, en ese lapso, el FA discutiera el tema en profundidad, según contó la senadora a Brecha. Aunque por “razones estrictamente personales”, Alberto Couriel debió retirarse de sala antes de la votación, también él había planteado discrepancias con el mantenimiento de la misión. Su intención, según explicó a Brecha, era acatar el mandato de la bancada del FA.
Si bien la idea original de Mujica era retirarse definitivamente de la isla, la cancillería y el Ministerio de Defensa estimaron oportuno diseñar un plan de retiro paulatino mientras se llevan a cabo conversaciones del más alto nivel en Nueva York, explicaron fuentes políticas. De acuerdo al cronograma votado, ahora Uruguay –el décimo contribuyente de contingentes para misiones de paz de los 190 países de las Naciones Unidas– pasaría a compartir el destacamento con Perú. El año pasado el Parlamento había aprobado reducir en 33 por ciento la misión, algo que se concretó en abril de 2014.
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