jueves, 6 de septiembre de 2018

La impunidad y la reparación

Birgit Gerstenberg visitó Uruguay como representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos


>>> Uruguay no cumple con los tratados

Por Sergio Israel – Búsqueda 6 9 18

Birgit Gerstenberg estudió Filosofía en Jena, donde hizo su tesis Carlos Marx. Luego de un posgrado dedicado al pensamiento del siglo XIX en América Latina y un pasaje por Nicaragua para ayudar a reformular la disciplina a nivel universitario, ya unificada Alemania, comenzó una carrera en Naciones Unidas como oficial de derechos humanos, un trabajo arduo pero ―maravilloso‖ que la llevó a El Salvador, Guatemala, Sudán, Uganda, Colombia y Jamaica, entre otros.

Esta semana, Gerstenberg visitó por primera vez Uruguay como representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos, que tiene sede en Santiago de Chile. En entrevista con Búsqueda explicó que la principal prioridad de este viaje es respaldar la urgente reparación de las víctimas de la dictadura, una postura que quedará patente al asistir a un acto en la sede de la asociación de expresos políticos Crysol.

Aunque advirtió que los derechos humanos también incluyen el estado de los mares, las ciudades y en general los derechos económicos, sociales y culturales, y no solo la tortura, fijó entre las prioridades para Uruguay la seguridad pública, la discriminación de las mujeres, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y las cárceles, que han mejorado, aunque aún ―un 33% de los presos‖ están en condiciones ―inhumanas‖.

Con respecto a la criminalidad dijo que si bien el país está lejos de Guatemala y El Salvador, se ha producido una fragmentación social que hace más difícil la convivencia y resaltó que el Estado es responsable de una investigación criminal eficaz para que violar la ley conlleve un riesgo real. —¿Cómo está la situación de los derechos humanos en Uruguay?

—En cada país tratamos de mirar todos los temas, aunque obviamente tenemos que priorizar, porque no somos una oficina con capacidad ilimitada. Hemos formulado un plan de trabajo que incluye: Estado de derecho e impunidad, seguridad pública y violencia, discriminación de todo tipo y pobreza, porque son importantes los derechos económicos, sociales y culturales.

Dentro del concepto discriminación caben muchas cosas: el tema de los indígenas, la discapacidad, los migrantes. El de la mujer no es un asunto pequeño, porque se trata de discriminación del 50% de la población. También está la situación de los afrodescendientes, los colectivos LGTB y los adolescentes en conflicto con la ley.

Esta es mi primera visita. Tuvimos una reunión con unos 20 representantes de la sociedad civil en la que entraron más temas de los que pensábamos. Escuchamos a representantes del pueblo charrúa; a pesar de los tratados, de acuerdo a la Constitución no hay indígenas y tampoco existe una visión política del tema. Es un tema para poner en la agenda, igual que la migración.

También atendemos la judicialización de los derechos económicos, culturales y sociales. El derecho a la salud, la educación y a una vivienda digna tienen que ser tratados como cualquier otro derecho humano y pueden ser exigibles, aunque Uruguay ha ratificado todos los tratados y ha demostrado excelente voluntad política.

Un eje de esta visita es el tema de verdad, justicia y reparación. La asociación de expresos políticos Crysol nos visitó en julio para plantear que hay una ventana de oportunidad hasta octubre para producir una reforma en la ley de reparación. No solamente es una demanda legítima de las víctimas sino una obligación del Estado responder. Hablamos de este tema con la Institución Nacional de Derechos Humanos y con el ministro de Relaciones Exteriores y hay un compromiso fuerte del gobierno de mejorar.

—Todo gobierno va a decir que quiere mejorar...

—Y han hecho cosas. Las reformas en las cárceles después del informe del relator especial Manfred Novak han dado frutos. Por ejemplo, ahora hay centros carcelarios que se pueden mostrar. Sin embargo, aún 33% de los centros carcelarios están en condiciones muy infrahumanas, 33% con problemas y 33% en buenas prácticas. Nos preocupa la previsión de la tortura, que la situación en las cárceles mejore, la seguridad pública y la violencia, que obviamente es una preocupación actual, no solamente en Uruguay.

—Según el director nacional de la Policía, Uruguay va camino a convertirse en una sociedad con niveles de criminalidad como Guatemala y El Salvador.

—Uruguay todavía está muy lejos, por suerte, de esas situaciones. De todas formas, cada empeoramiento preocupa y requiere del Estado una respuesta eficaz y de acuerdo a los derechos humanos. Es un esfuerzo institucional que hay que hacer y ahí vemos conectados los temas de impunidad de crímenes y delitos y la ineficacia en la investigación criminal, de ausencia de protección de las víctimas y de amarillismo en los medios.

Hay que mejorar la respuesta institucional. El crimen que ocurre en todo el Cono Sur tiene múltiples dimensiones. Por un lado vemos el crimen organizado como el tráfico de drogas, que siempre es corrupción del Estado. El contexto influye pero además el tejido social ha cambiado; la fragmentación de la sociedad en la que se territorializa la pobreza es más difícil de interrumpir, y a pesar de los logros que ha tenido el país en construir una sociedad de altos ingresos, no ha logrado eliminar la división de la sociedad en ricos y pobres y la red social se ha reducido. Hay más aislamiento, más dificultad para construir vínculos de solidaridad con los que quedan atrás.

Eso y la administración de justicia han dejado huellas en la seguridad pública. No lo he podido estudiar aún en forma detallada, pero lo que escuchamos de forma repetida es la ineficacia para contrarrestar el crimen. Otro factor es la educación y que ha disminuido la fortaleza de las familias. Lo importante no es el aumento de las penas sino la respuesta al crimen. Si más del 80% de los homicidios quedan sin sentencia, entonces yo puedo asesinar y tengo una alta probabilidad de que nada me va a ocurrir por más que haya pena de muerte. La probabilidad de que te pesque el sistema es bastante baja.

Luego está la violencia contra la mujer. Si yo le pego a mi mujer y ella tiene que ir al hospital y eso no representa más que un año o menos de prisión para un juez, eso es un peligro, porque al salir tendrá ganas de vengarse. La legislación es avanzada, pero el problema son los patrones culturales de la sociedad.

—¿Entonces una buena parte del problema son los jueces?

—Un juez al fin y al cabo es un miembro de la sociedad uruguaya y está creciendo con los mismos patrones culturales. El machismo es un problema. Eso se refleja en la participación de la mujer en el Parlamento o en las zonas rurales donde no consiguen contratos de trabajo. Los procesos de justicia y verdad en muchos casos están relacionados con los de reparación. Mejor justicia deja más claro a la sociedad la necesidad de la reparación. Hay muchos reclamos en el sentido de que no existe una reparación integral. Son temas que internacionalmente están claros pero que Uruguay no cumple cabalmente. De todas formas, la atmósfera en el gobierno es que se puede hablar del tema de los derechos humanos. No hay país en el mundo que no tenga una cantidad de problemas de derechos humanos. El asunto es cómo reacciona el Estado para confrontarlos. Si omite darles atención o consulta, rinde cuentas y toma medidas.

En todos los países hay temas no resueltos. ¿Quién esperaba que en Alemania el tema de la xenofobia tomara unas dimensiones tales que puedan cambiar el gobierno?

No creo que Uruguay esté muy mal. Y lo que valoramos es el esfuerzo y la capacidad de rendir cuentas. Los derechos humanos no son solo los civiles y políticos, también los económicos, sociales y culturales. Cada ámbito es importante, como el cambio climático. Hay muchos temas novedosos, el desarrollo de las ciudades, la protección de los mares. A menudo la resistencia se debe a una mirada reducida.



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