En Uruguay, asalariados rurales del norteño departamento de Tacuarembó ocuparon el sábado un campo perteneciente al Instituto Nacional de Colonización (INC), dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se trata de la estancia La Zulma, que en total tiene unas 2400 hectáreas.
Los aspirantes a colonos afirman que la entrega de esas tierras se ha demorado demasiado, y denuncian que en los últimos veinte años han sido adjudicadas en forma irregular a familiares de funcionarios del INC.
La medida de fuerza la adoptó el Movimiento 10 de Setiembre de 1815, que integran entre otros el grupo de jóvenes trabajadores rurales A Desalambrar. En la tarde de ayer, unas sesenta personas se encontraban en el campamento montado en el lugar.
“Estamos desesperados por pasto. Con la seca que hay acá y la falta de forraje, no nos quedó otra que meter los animales para adentro”, comentó en diálogo con Radio Mundo Real uno de los integrantes del grupo A Desalambrar, José Barrios.
Los trabajadores del campo aseguran que en los últimos días han tenido que sacrificar a varias decenas de animales, que generalmente comen en los costados de los caminos vecinales, ya que no tienen qué darles de comer debido al frío intenso y la escasez de lluvias que afectan esa zona del país.
El Movimiento 10 de Setiembre está integrado por 108 familias de aspirantes a tierras, que hasta el momento no han accedido a los beneficios del INC.
El año pasado, este grupo de trabajadores ya había efectuado una ocupación simbólica en la estancia La Lata, también cercana a la capital departamental, Tacuarembó. “Pero esta vez nos vamos a quedar un buen rato, porque acá (en La Zulma) hay cualquier cantidad de pasto”, pronosticó Barrios.
Las irregularidades con las adjudicaciones de La Zulma son de larga data.
En 1995, dos de las tres fracciones de la estancia fueron entregadas a cooperativas agrarias de Tacuarembó: más puntualmente a Calcreta y Carliporá.
La entrega de campos para esta última firma se concretó a partir de un informe favorable que elaboró en aquel momento el director regional del INC, Jorge Laurenz, que aún permanece en ese cargo. Casualmente, y según trascendió unos años después, una de las integrantes de la cooperativa Carliporá era la esposa de Laurenz, y luego también se incorporó al emprendimiento agrario su hijo.
El resto de los beneficiarios eran ingenieros agrónomos de la zona, que claramente no encajaban en los perfiles de colonos previsto por la Ley de Colonización (11.029), que exige, entre otras cosas, la residencia permanente en los predios, algo que no se cumplía en este caso.
En 2005, al asumir las nuevas autoridades del INC –designadas por el gobernante Frente Amplio- se inició un proceso de investigación administrativa que culminó con la rescisión del contrato de arrendamiento y el inicio del trámite del desalojo.
Los integrantes de Carliporá han apelado el dictamen del INC y el tema se está dirimiendo en la lentísima esfera judicial uruguaya.
Los aspirantes de tierra se cansaron de esa larga espera y por eso el sábado decidieron ocupar la estancia, donde hoy sus animales están pastando.
Foto: http://rebelarte.ourproject.org
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