Un grupo de paisanos se ve por necesidad , obligado a ocupar tierras.
El 14 de junio un grupo de familias, integrantes del Movimiento 10 de setiembre de 1815 ocuparon un potrero de 120 hectáreas que forma parte de la Estancia La Zulma en el departamento de Tacuarembó. Se trata en su mayoría de pequeños ganaderos a los cuales la concentración y extranjerización de la propiedad y explotación de la tierra ha privado del acceso limitado a la misma que antes tenían.
La estancia La Zulma, propiedad del Instituto Nacional de Colonización, es administrada por los supuestos colonos como si fuera una estancia particular. Uno de los titulares de la explotación es el mismo Director regional del INC, quien lo hace a través de su esposa. A los actuales ocupantes les fue prometida una solución a su acuciante necesidad de tierra para trabajar numerosas veces por las actuales autoridades, antes y después de las elecciones. Agobiados, desesperados ante la falta de respuesta, viéndose obligados a carnear a sus preciados animales, ante la imposibilidad de alimentarlos, han tomado esta medida de lucha, conscientes de que enfrentan la ley dura de los propietarios y el gobierno.
Es de señalar que el Estado tiene, en el departamento de Tacuarembó, varios campos que suman miles de hectáreas, algunos en manos del Ejército, otros administrados y en beneficio, como es el caso de la Zulma, de particulares más o menos adinerados.
La desidia y la inacción del Gobierno ante estos hechos, el conocimiento de que, a pesar de haberse promulgado hace pocos meses una pomposamente denominada "Ley de repoblamiento de la campaña" que expresamente establece que las tierras del Estado deben pasar en plazo perentorio al INC, se están malvendiendo campos del Banco de Seguros del Estado a particulares; todo esto sumado a la desesperación de estas familias ante su destino no les han dejado otra camino que no sea esta ocupación.
El Jueves 26 de junio están citados a las 13:30 horas para declarar en el Juzgado Letrado Penal de 1er. Turno de Tacuerembó. Porque aquí sí, cuando se trata de criminalizar a los de abajo, el Estado actúa muy rápido. La solidaridad del pueblo es imprescindible para apoyarlos en su justo reclamo.
Gracias: crezano
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