Antonio Viana Acosta fue secuestrado el 21 de febrero de 1974 en Buenos Aires.
dom 22-jun-08, Antonio Viana Acosta
<antoniovianaddhh@hotmail.com>
En 1974,el Estado uruguayo ordena y ejecuta mi secuestro,mientras me encontraba en Buenos Aires - Argentina,trabajando en Derechos Humanos junto a los senadores Enrique Erro, Zelmar Michelini y el diputado J.Chenlo.-
Al mismo tiempo,trabajaba en forma honoraria como Asistente Social en el Ministerio de Bienestar Social,cuartel general de la organización criminal Triple A. Desempeñé funciones en el Ministerio desde los primeros días de junio de 1973,hasta el 20 de febrero de 1974.- Hasta ahora ninguna autoridad competente en Uruguay,investiga mi secuestro .-
Lo que es peor aún en 1996, presenté denuncia ante la justicia penal ¨SUMA: Se Presenta Demanda HECHOS ACAECIDOS EN BUENOS AIRES y EN URUGUAY EN 1974¨ DEMANDA PENAL Expediente Ficha No. 300/96, presentada ante el Juzgado Letrado En Lo Penal de 4to. Turno y recepcionada el 5/11/96.-
El Expediente Ficha 300/96; donde yo,aporto un listado de más de un centenar de militares,policías,políticos y diplomáticos todos como inculpados en los hechos denunciados ha sido archivado,por órden del Poder Ejecutivo.-Antecedentes del denunciante: Como se enuncia seguidamente,el denunciante ha venido sosteniendo desde el 12de agosto de 1981,con acciones positivas -realizando presentaciones en el ámbito nacional e internacional,judicial y administrativo,los valores de Verdad y Justicia y la búsqueda incesante del esclarecimiento y enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad planificado y ejecutado desde el poder estatal,tanto en la etapa dictatorial como en los años previos a su instalación formal.-
Mis denuncias han sido presentadas,por el autor-víctima directa ante diversos organismos internacionales gubernamentales y no-gubernamentales de defensa de los Derechos Humanos,demostrando así las gravisimas y persistentes violaciones de los derechos protagonizadas,por el gobierno uruguayo,aún fuera de de suss fronteras,mediante la practica de los secuestros y las desapariciones forzadas dentro del plan Cóndor.-
RACCONTO: de organismos Internacionales donde he presentado denuncia Ref.Caso: Antonio Viana Acosta Secuestro y Repatriación Forzada.-
Mi secuestro en Buenos Aires - Argentina el 21/02/74, y mi posterior repatriación fozadamente a Uruguay,ha sido denunciado ,por el autor-víctima directa en los organismos internacionales desde junio de 1981,en los estrados siguientes: Amnesty International, The International Committee of the Red Cross, Human Rights Committee(ver Antonio Viana Acosta V. Uruguay,Communication No. 110/1981(31 March 1983), U.N.Doc.Supp.No.40(A/39/40 at 169(1984), Movimiento Internacional de Juristas Catolicos Pax Romana,Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos Fundazione Internacionale Leilo Basso, Catholi Church,Archidiocese of S. Paulo -Brasil,Inter-American Commission on Human Rights,Americas Watch, Secretariado Internacional de Juristas`por la Amnistia en Uruguay, Ministry For Foreign Affairs -Sweden quién citó al Embajador de Uruguay, y le entregó un AIDE MEMOIRE con fecha 7/07/93.
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Antonio Viana Acosta
“Me torturaron en Coordinación Federal durante 15 días sin descanso”
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Juicio al crimen más brutal de la dictadura
Los policías retirados Juan Carlos Lapuyole –hombre del ex ministro Harguindeguy–, Carlos Gallone y Miguel Angel Timarchi están acusados por el homicidio de veinte hombres y diez mujeres que permanecían secuestrados en la Superintendencia de Seguridad Federal.
El juez Guillermo Gordo y, a la derecha, el acusado Gallone, en una foto que intentó usar en su favor.
Por Diego Martínez
En la madrugada del 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres secuestrados en la Superintendencia de Seguridad Federal, bajo la órbita del Cuerpo I de Ejército, fueron adormecidos y cargados en un camión verde oscuro. A la altura del kilómetro 62 de la ruta 8, en un camino de tierra cercano a Fátima, el camión y los tres Ford Falcon que lo escoltaban se detuvieron. Bajaron a los moribundos, les dispararon un tiro a quemarropa y los apilaron sobre una carga de dinamita. A las 4.30 la explosión hizo temblar Fátima. El sumario policial detalló que tenían las manos atadas por la espalda y los ojos tapados con cinta adhesiva. Fue la matanza más brutal que se conoce de la última dictadura.
Mañana el Tribunal Oral Federal 5, integrado por Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, comenzará a juzgar por la “Masacre de Fátima” a tres oficiales retirados de la Policía Federal. La acusación correrá por cuenta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del fiscal Félix Crous. Los imputados son el director de Inteligencia de la Superintendencia (SSF), comisario general Juan Carlos Lapuyole –hombre de íntima confianza del ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, que interrogaba al pie de varias mesas de tortura porteñas con el alias de “Francés”– y dos miembros de sus brigadas: los comisarios inspectores Carlos Enrique Gallone y Miguel Angel Timarchi.
El sombrío edificio de Moreno 1417, a una cuadra del Departamento Central de Policía, fue desde los años ‘60 sinónimo de represión política. El año pasado, el uruguayo Antonio Viana Acosta, militante tupamaro, denunció que ya en febrero de 1974 fue torturado durante dos semanas en Coordinación Federal, nombre anterior de la SSF. En su secuestro, pedido por la inteligencia oriental, intervinieron los jefes de la Policía Federal, Alberto Villar y Luis Margaride, y de la Triple A, Rodolfo Almirón y Juan Ramón Morales. Coordinación ya era epicentro del incipiente Plan Cóndor.
El inspector Rodolfo Peregrino Fernández, ayudante de Harguindeguy durante 1976, relató en 1983 que el ministro tenía brigada propia para secuestrar, pero “cuando el grado de riesgo superaba la capacidad de acción de este grupo recurría a oficiales de la Dirección de Operaciones de la SSF, cuya jefatura ejercía el comisario mayor Lapuyole, siendo el principal Carlos Gallone, alias ‘Carlitos’, quien más frecuentemente era comisionado a estos efectos”. Agregó que Gallone tenía “ferviente admiración por la extrema derecha” y fue “el más estrecho colaborador de Harguindeguy en las tareas de represión ilegal. Se rodeó de los mayores torturadores y asesinos salidos de la Triple A, a quienes llevó a la Dirección General de Inteligencia”.
A diferencia de otros centros clandestinos porteños como El Olimpo, Club Atlético o la ESMA, recuperados como espacios para la memoria y con decenas de represores presos, la mayor parte de los asesinos de la SSF siguen impunes, y su edificio intacto. El juicio por Fátima es la excepción que confirma la regla. El juez federal Norberto Oyarbide, que instruye la causa Triple A, no avanzó por el momento más allá del entorno íntimo del ex ministro José López Rega. Y el Estado argentino, querellante por medio de su Secretaría de Derechos Humanos en causas de todo el país, no impulsó aún la investigación del centro clandestino más cercano al Obelisco.
Royal Air Force
Rara avis para una fuerza que convirtió el silencio en mandamiento, el sargento retirado Armando Luchina, ex carcelero de la superintendencia, declaró ante la Conadep en 1984, en el Juicio a las Juntas en 1985, y ante cada organismo, juez o periodista dispuesto a escucharlo. “Yo estoy jugado”, responde para explicar por qué no aceptó protección del Estado. A Luchina no le contaron la historia. Siempre admitió que tuvo contacto con los secuestrados y que debía llevar una lista de presos legales y otra de “RAF”, por Royal Air Force, como Lapuyole & Cía. nombraban a quienes consideraban “en el aire”.
La noche del 19 de agosto se apagaron todas las luces de la superintendencia menos las del ascensor y el estacionamiento, relató Luchina. Estaban los jefes de todas las brigadas. Gallone daba las órdenes. Bajaron a los treinta secuestrados desde distintos pisos. Cuatro parecían muertos. El resto, drogados. Los cargaron en un camión que no era de la dependencia. “Estos se van para arriba”, le comentaron. Dos días después leería en los diarios la aparición de los treinta cuerpos.
Un grupo de obreros se topó con la escena. La explosión había provocado un hoyo de un metro de profundidad. La brutalidad obligó a Videla a repudiar la masacre. Cinco cadáveres fueron identificados desde el primer momento. Inés Nocetti había sido secuestrada el 11 de agosto junto con Selma Ocampo, militante sindical despedida de la Ford de General Pacheco, identificada en 1984. Alberto Comas había desaparecido a fines de julio. Trabajaba en la fábrica Royo, pegada al Riachuelo. Ramón Lorenzo Vélez, Angel Osvaldo Leiva y Conrado Alsogaray, obreros de la firma Bendix, habían sido secuestrados en la madrugada del 16 de julio. Los otros 25 cuerpos fueron inhumados como NN en fosas individuales del cementerio de Derqui. El Equipo Argentino de Antropología Forense los exhumó en 1985, pero recién diez años después, en el marco del Juicio de la Verdad, pudo comenzar a identificarlos por medio de análisis genéticos. De las 30 víctimas, 16 ya tienen tumba con nombre y apellido. La mayoría eran obreros de Bendix y fueron vistos en la SSF.
A fines de 2002, en representación de familiares de Jorge Argente, Alberto Comas, Susana Pedrini de Bronzel y Horacio García Gastelú, el CELS pidió la reapertura de la causa. En mayo de 2004 el juez federal Daniel Rafecas procesó a Lapuyole, Gallone y al director de operaciones, Carlos Vicente “El Lobo” Marcote, que murió poco después. Al año, al confirmar los procesamientos, la Cámara Federal porteña incluyó también a Timarchi. En febrero de 2006 Rafecas elevó la causa a juicio oral. Lapuyole, de 75 años y serios problemas de salud, goza de prisión domiciliaria. Timarchi, de 62, y Gallone, de 60, están presos en Devoto. La causa tiene un solo prófugo: Luis Alberto “El Japonés” Martínez. El resto de los miembros de las brigadas de la superintendencia podrá presenciar el juicio como cualquier ciudadano. Nadie los busca.
Enviado por Antonio Viana Acosta
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