Justicia en cámara lenta.

Héctor Castagnetto

La jueza Graciela Eustachio no ha enviado el expediente

Demoras en el caso del escuadrón de la muerte

BRECHA
WALTER PERNAS

El retraso en el pasaje al Ministerio Público del expediente sobre los crímenes de la banda parapolicial y paramilitar pone en riesgo una pronta resolución del asunto. El fiscal quiere pedir procesamientos antes de dejar su cargo penal. La extradición desde Argentina del otrora integrante del Escuadrón Nelson Bardesio también aparece demorada.




Desde hace mas de tres meses, el fiscal Ricardo Perciballe trabaja en un dictamen en el que solicita procesamientos de dos integrantes del Escuadrón de la Muerte que actuó a principios de los años setenta: Miguel Sofía y Pedro Freitas (véase Brecha, 5-XII-08).
Sin embargo, las posibilidades de concretar esa solicitud ante la sede penal se están esfumando, puesto que la jueza Graciela Eustachio no ha enviado el expediente al Ministerio Público.
La magistrada parece no haber tenido en cuenta que hace algunas semanas Perciballe fue nombrado fiscal del crimen organizado -aunque falta la homologación del Ministerio de Educación y Cultura-, y que por esa razón probablemente en pocos días deje de actuar en la fiscalía penal.
Desde el Ministerio Publico se ha hecho llegar al juzgado la disposición de Perciballe a expedirse sobre el fondo del asunto antes de terminar con su función en el ámbito penal, pero la sede no ha reparado en ese aspecto.

Luego de que se realizaran los interrogatorios de mayor envergadura a los efectos del acopio de pruebas, y de reunir la documentación más importante para esta etapa del proceso, el fiscal presentó un escrito ante la sede renunciando al resto de la prueba que había solicitado, en virtud de que ya contaba con elementos para expedirse.

Además, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), patrocinante en esta denuncia, solicitó reiteradamente a la jueza Eustachio que remita el expediente a la fiscalía, incluso renunció a parte de la prueba testimonial que había solicitado a fin de que no se demore más el trámite.

En su último escrito, entregado esta semana ante la sede, el SERPAJ recuerda que la denuncia contra integrantes del Escuadrón "se presentó en junio de 2005, entendiendo que a casi cuatro años de instrucción se ha reunido prueba suficiente, la que fue presentada mayormente por la denunciante y otras solicitadas por la fiscalía".

Por ello, solicitó a la jueza que "prescinda" de la prueba solicitada por el SERPAJ "que a la fecha no se hubiere sustanciado ". "En razón de lo expuesto se solicita que a esta altura de las actuaciones se establezcan responsabilidades de los integrantes del Escuadrón de la Muerte identificados en relación con la desaparición forzada de Héctor Castagnetto da Rosa y Abel Adán Ayala y los homicidios políticos de Manuel Antonio Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez, todos delitos de lesa humanidad".




Para ello el SERPAJ pide a la jueza que "sin más trámite se dé vista al fiscal de estas actuaciones, y se determine por parte de la sede los responsables de los hechos" criminales.
Además, la organización entregó junto al escrito un documento desclasificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos -obtenido por la historiadora Clara Aldrighi- que contiene las declaraciones que el ex fotógrafo policial Nelson Bardesio realizó a los tupamaros en 1972, cuando describió quiénes integraban el Escuadrón y cómo actuaba esta banda.

El documento seguramente será tenido en cuenta a la hora de señalar las responsabilidades de Sofía y Freitas, pero también cuando se cumpla con la extradición de Bardesio -detenido en Argentina, luego de una investigación periodística de Brecha-, cuyo proceso parece estar demorado en Buenos Aires

A pesar de todos estos pedidos y renuncias de parte del SERPAJ y del fiscal, la jueza Eustachio prefirió continuar recolectando prueba. Primero, resolvió completar los interrogatorios dispuestos, que se terminaron de cumplir con la declaración del senador Julio María Sanguinetti, ministro de Educación en la época del Escuadrón. Luego quedó a la espera de una documentación oficial que en principio no ha llegado a la sede judicial.

"Si la parte denunciante y la fiscalía renuncian a la prueba pedida, y la sede no ha solicitado prueba de motu propio, lo natural sería que no se esperara-más y se remitan los antecedentes del caso al Ministerio Público para que pida procesamientos", dijo a Brecha el abogado del SERPAJ Guillermo Paysée.

Lo natural en casos de expedientes tan intrincados y voluminosos como éste es que un fiscal que actuó cerca de dos años en la causa se pueda expedir, siempre que las condiciones del proceso se lo permitan. De lo contrario, un nuevo fiscal debería familiarizarse con la causa, estudiar todo el expediente, volver a pedir pruebas y testimonios -si le quedan dudas- y luego adoptar una decisión, lo que significa un retraso en los tiempos procesales y una demora en el ejercicio del derecho de justicia que exigen los familiares de los desaparecidos y asesinados por el Escuadrón.
De todas maneras, de no llegar el expediente al Ministerio Público, igualmente el fiscal Perciballe podría presentarse en la baranda del juzgado penal, pedirlo en confianza y presentar en ese acto su dictamen. No es lo habitual, pero nada se lo impide.





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