Juicio a muertes por tortura

SCJ REAFIRMÓ INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY DE CADUCIDAD
Caras y Caretas 5 noviembre 2010

Son diecinueve muertes por tortura. Eran sindicalistas, militantes políticos, padres de familia. Devolvieron sus cuerpos en ataúdes cerrados, sin permitir autopsia. Varios militares conocidos serán juzgados por sus homicidios. La Suprema Corte de Justicia sentenció que la Ley de Caducidad es inconstitucional. Lo mismo hará en breve con los fusilados de Soca. El estéril debate parlamentario sobre la Ley de Caducidad se postergó. Uruguay será condenado este mes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy


La sentencia por la que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para diecinueve casos de muertes por tortura en la dictadura terminó por reencauzar el tema de los derechos humanos en Uruguay, que se había atascado en un estéril debate en la antesala del Senado, donde el oficialismo no alcanzó acuerdo para confirmar en sala un proyecto de ley interpretativa redactado por el canciller Luis Almagro, que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados.
El nuevo intento legislativo por enmendar lo que el propio Parlamento había hecho el 22 de diciembre de 1986, cuando bajo presión consagró la impunidad de los militares a través de la una vez más declarada inconstitucional “caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, procuraba mejorar la posición del gobierno de José Mujica ante la inminencia de una sentencia por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenará este mes al Estado uruguayo por incumplir sus compromisos internacionales en el caso Gelman.
El Frente Amplio ya había intentado acordar una ley interpretativa durante el gobierno de Tabaré Vázquez y fue, precisamente, el fracaso de esa propuesta lo que derivó en la campaña de las organizaciones sociales que, encabezadas por la central de trabajadores Pit-Cnt, salieron a juntar firmas para realizar un nuevo plebiscito donde se aprobara una reforma constitucional que anulara la malhadada ley. La iniciativa ciudadana fue plebiscitada el último 25 de octubre, pero no alcanzó la requerida mitad más uno de los votos.
Sólo una semana antes del fracaso de la 'papeleta rosada', el 19 de octubre, la propia Suprema Corte de Justicia ya había concretado una primera sentencia en contra de la Ley 15.848 que al ser declarada inconstitucional permitió que la Justicia Penal actuara exclusivamente en el caso de la muerte por torturas de la estudiante Nibia Sabalsagaray en 1974, caso por el que al cierre de esta edición podían ser procesados con prisión los generales Miguel Dalmao (actual comandante de la División de Ejército IV) y José Chialanza (retirado).

Sienta jurisprudencia

El nuevo pronunciamiento del máximo órgano judicial uruguayo, adoptado por unanimidad y como “resolución anticipada”, sienta jurisprudencia al reiterar para la causa caratulada “Organizaciones de Derechos Humanos denuncian” (que componen diecinueve casos de muertes por tortura) los mismos argumentos establecidos para el caso Sabalsagaray: la Ley de Caducidad viola los artículos 4, 82 y 233 de la Constitución e incumple convenciones que “se integran a la Carta por la vía del artículo 72, por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana que la comunidad internacional reconoce”.
Esa interpretación del artículo 72 de la Carta Magna era precisamente lo que proponía el proyecto del canciller Almagro, que fue rechazado por los senadores Jorge Saravia, Rodolfo Nin Novoa y Eleuterio Fernández Huidobro, quienes consideraron que el Parlamento no podía aprobar una ley que no había sido derogada ni anulada en los plebiscitos realizados en 1989 y 2009. Una hipótesis apoyada por el ex senador y constitucionalista José Korzeniak, quien –como los senadores disidentes– postula dejar sin efectos la Ley de Caducidad a través de la convocatoria a un nuevo plebiscito el año próximo.
El debate parlamentario sobre el proyecto Almagro quedó pospuesto para diciembre, después de que se termine de aprobar la ley del presupuesto quinquenal, para evitar que se profundicen las diferencias internas del Frente Amplio, donde deberá resolverse la incorporación plena a la Mesa Política de los grupos Columna Blanca y Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad que encabezan los propios senadores Saravia y Fernández Huidobo, quienes fueron particularmente criticados por otros grupos de la coalición.
Antes de que el tema vuelva al ámbito parlamentario, la Suprema Corte de Justicia realizaría un nuevo pronunciamiento de inconstitucionalidad, por el que también quedaría habilitada la indagatoria judicial sobre el caso de los fusilados de Soca, que nuclea el secuestro en Buenos Aires y traslado ilegal (Vuelo Cero) a Montevideo de cinco militante tupamaros que fueron ejecutados el 21 de diciembre de 1974 como 'represalia' por el asesinato un día antes del coronel Ramón Trabal en París. La causa también implicará la investigación de la propia muerte del agregado militar, uno de los episodios guardado con mayor secreto de la dictadura.

19 casos reabiertos

 

Oscar Felipe FERNÁNDEZ MENDIETA,

Muere el 24 de mayo de 1973 en el Regimiento de Caballería Nº 2 de Durazno. Era militante del PCR: Testigos afirman que fue muerto en la tortura por Alberto Ballestino (hijo), Gustavo Mieres Ultra y Daniel Blanco Fanocchio.

 

Gerardo Moisés ALTER,

Muere el 19 de agosto de 1973 en el Batallón Florida de Infantería Nº 1. Era ciudadano argentino. Militante del PRTERP que se había sumado al MLN-Tupamaros. Tenía 27 años.

 

Walter Hugo ARTECHE ECHETO,

Muere el 19 de agosto de 1973 en el Batallón Florida de Infantería Nº 1. Era militante tupamaro. Fue detenido junto a Gerardo Alter en Veracierto y Camino Carrasco. Dijeron que murió cuando quiso fugar.

 

Gilberto Alfredo COGHLAN,

Muere en el Hospital Militar el 13 de diciembre de 1973. Sindicalista de la Unión Ferroviaria y militante de la ROE. Había sido detenido el 31 de julio y torturado en el Regimiento de Caballería Nº 4, donde “interrogaban” Antranig “El turco” Ohannessian, Carlos Bassani, Eduardo Ferro y Walter Díaz Tito.

 

Aldo PERRINI GUALO,

Muere entre el 3 marzo de 1974 en el Batallón de Infantería Nº 4 (Colonia). Era militante del FIDEL. Residía en Carmelo. Tenía 34 años. Estaba casado y tenía 3 hijos. “Edema agudo de pulmón y stress”, certificaron su muerte.

 

Iván MORALES GENERALLI,

Muere el 21 de noviembre de 1974 en el Batallón de Ingenieros Nº1. Era militante del OPR-33 y de la ROE. Un documento desclasificado evidencia que fue muerto en la tortura por el mayor Manuel Cordero.

 

Amelia Amanda LAVAGNA de TIZZE,

Muere el 29 de abril de 1975 en el Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce. Era militante del PCU. Tenía 58 años. Dijeron que se había suicidado y devolvieron su cuerpo en un cajón cerrado sin permitir una autopsia.

 

Carlos María CURUCHAGA IBARBURU,

Muere en prisión el 26 de setiembre de 1975. Había sido detenido el 11 de julio de ese año. Militaba en el PCU. Era de Mercedes, tenía 63 años. Fue salvajemente torturado en la Dirección de Inteligencia policial. Sufrió una hemiplejia y lo delegaron al Hospital de Clínicas, donde falleció

 

Carlos María ARGENTA ESTABLE.

Muere el 16 de diciembre de 1975 en el Batallón de Infantería Nº 13. Militaban en el SUANP y era afiliado al PCU. Tenía 64 años. Su esposa fue obligada a ver como lo torturaban.

 

Pedro Ricardo LERENA MARTÍNEZ,

Muere el 2 de enero de 1976 en el Hospital Militar. Lo detuvieron el 25 de mayo de 1975. Era militante del MLN-Tupamaros. Había sido funcionario de la Caja Rural. Lo matan en el Regimiento de Caballería Nº 9.

 

Julián Basilicio LOPEZ,

Muere el 5 de enero de 1976 en el Batallón de Ingenieros Nº 1. Era taximetrista, militante de la UNOT y afiliado al PCU. Se dictamina que fallece por “Politraumatismo con hemorragia aguda consecutiva”. Dijeron que se cayó por una escalera.

 

Ivo Edison FERNÁNDEZ NIEVES,

Muere en prisión el 21 de enero de 1976 en el Batallón de Infantería Nº 8 de Paysandú. Militante comunista e integrante del SUTM. Había sido detenido tres días antes y torturado en el Batallón de Caballería Nº 4 de Artigas.

 

Oscar Bonifacio OLIVERA ROSANO,

Muere el 27 de febrero de 1976 en el Batallón de Infantería Nº 1 “La Paloma”. Fue baleado por un custodia. Tenía 56 años. Vivía en Las Piedras. Era metalúrgico, sindicalista de CINOCA y militante del PCU. Había sido detenido en diciembre de 1975.

 

Nicanor ALDABALDE,

Muere en marzo de 1976 en la División de Ejército IV de Lavalleja. Trabajaba en el Banco de Seguros del Estado de Minas. Tenía 65 años. Era militante comunista. Sufrió un paro cardíaco en la tortura.

 

Eduardo MONDELLO TECHERA,

Muere el 9 de marzo de 1976 en el Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce. Era militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Tenía 20 años, estaba casado, con 2 hijos. Había sido detenido tres días antes.

 

Nuble Donato YIC,

Muere el 15 de marzo de 1976 en el Batallón de Infantería Nº 2 y 3 (de esa época) en el Kilómetro 14 de Camino Maldonado. Obrero frigorífico, tenía 47 años. Era militante del PCU. Había sido detenido el 22 de octubre de 1975. Muere de un paro cardíaco tras ser sometido varios meses a la tortura. Su cuerpo fue entregado en un cajón cerrado con prohibición de abrirlo y custodiado por soldados (igual se abrió).

 

Silvina del Carmen SALDAÑA LAPEREIRA,

Muere el 13 de junio de 1976 en el “300 Carlos” detrás del Batallón de Infantería Nº 13. La detuvieron en febrero. Era estudiante del IPA y de la Escuela del Servicio Social, militante de la FEUU y de la UJC. Dijeron que fue “Suicidio por ahorcamiento”

 

Humberto PASCARETTA CORREA,

Muere el 4 de junio de 1977 en el Hospital Militar. Tenía 43 años, estaba casado, una hija. Trabajaba en la Central Batlle, militaba en AUTE y era obrero de la papelera CICSSA. Afiliado al PCU. Había sido detenido en mayo. Su caso fue denunciado por el desertor Hugo García Rivas, quien responsabilizó a Carlos Calcagno y Armando Méndez por su asesinato.

 

Hugo PEREYRA CUNHA,

Muere el 28 de agosto de 1977 en el Hospital Militar, luego de ser torturado en el Batallón de Infantería Nº 13 y en Artillería Nº 1 del Cerro. Era obrero de la construcción. Tenía 52 años. Estaba afiliado al Partido Comunista del Uruguay. 

Rosales cerca de Dalmao

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