Paro del 16 de noviembre del PIT-CNT

La principal central obrera de Uruguay, PIT-CNT, realizó este martes una huelga de cinco horas, en demanda de diferentes reivindicaciones sociales, entre estas, mejoras salariales, defensa de los consejos de salarios y la reforma de la ley de Caducidad, que favoreció a la impunidad a represores de la dictadura (1973-85).
La paralización de actividades se acató de forma parcial en el sector educativo, bancario, salud y servicios, por lo que fue considerada por el secretario de la Presidencia uruguaya Alberto Brescia como desproporcionada. (Alberto Brescia esta en contra de la anulación de la ley)
El Sindicato Médico de Uruguay, las Sociedades Anestésico Quirúrgicas y la Federación Médica del Interior, informaron que este martes podrían iniciar un paro de 48 horas.
La gremial de transporte anunció que respalda las demandas de la huelga de la PIT-CNT, pero informó que no va a detener sus servicios, mientras que los taxis agremiados si resolvieron paralizar sus actividades.
El acto principal de la huelga de este martes se desarrolló en el centro de la capital. Mediante movilizaciones, los sindicalistas reclamaron "mayor presupuesto" educativo, salarios "más justos y dignos", "mayor justicia social" y un presupuesto de gastos oficiales "que respalde al país productivo".

También la huelga fue convocada para que la Cámara de Senadores del país apruebe una reforma a ley de Caducidad que le otorgó amnistía a responsables de crímenes de lesa humanidad, cometidos en la dictadura (1973-1985).
El sindicalista Jorge Bermúdez sostuvo al respecto que "hay temas que no han sido saldados". No obstante, se conoce como un hecho histórico que el pasado 1 de noviembre la  Suprema Corte de Uruguay haya declarado inconstitucional al mencionado instrumento legal.

La ley de Caducidad ó ley 15.848, fue aprobada el 22 de diciembre de 1986. Establece que el Estado renuncia su pretensión punitiva hacia los responsables de crímenes cometidos contra la sociedad por militares y policías durante la dictadura en territorio nacional.

De esta forma violaciones contra los Derechos Humanos (DDHH) como secuestros, torturas,  asesinatos y desapariciones, ejecutados en esos años, han quedado impunes.

Hasta ahora, Uruguay ha juzgado a los dictadores Juan Bordaberry (1973- 1976) y Gregorio Goyo Alvarez (1981-1985), quienes fueron condenados a 30 y 25 años, respectivamente.
TeleSur




Una producción de El Potrillo Rezano