Nunca fueron de izquierda

Ser de izquierda
Ser de izquierda no es una abstracción. Hay valores en el individuo que lo identifican en qué parte de un espectro político está. Así de esta forma se podrían identificar a Cristo, Hitler, Obama o Chavez de que lado están. De esta forma identificamos que el Che Guevara y Cristo tienen mucho en común, como así también se atan cabos entre Hitler y Bush.
Hay valores que señalan a los individuos entre izquierda y derecha.
La política uruguaya también tiene sus bemoles. Se puede ser de izquierda siendo de derecha?. Para ser de izquierda no alcanza solamente autoproclamarse.
Los hechos y los dichos confirman a cada cual en su lugar. No alcanza un disfraz.
Nadie acusaría de izquierdas a un banquero, ni  a un especulador, menos a un corrupto, a un torturador, un dogmático, o un individualista. Hay índices que ubican a la gente en su lugar.
De la misma forma en Uruguay cuando se habla por ejemplo de la Ley de Caducidad, marca una línea clara entre izquierda y derecha. Son los hechos. Quien está a la izquierda y quien a la derecha.
Hay también otras líneas que determinan quien es quien. Si un político sigue a rajatabla las politicas del Banco Mundial no se puede considerar de izquierda. Por mas que la vistan de seda.
Hay síntomas que deschavan a los personajes que podrán hacer alianzas, por conveniencia, pero que a la larga, están defendiendo intereses que no son de los de abajo, sur, trabajadores, pobres, de a pié, rebeldes, oprimidos y hombres nuevos.
No, se me hace difícil ver en Nin Novoa o Gonzalo Fernandez un hombre nuevo. Ni oprimido, ni de a pié. Con solo ver la foto lo ubico en el lado de afuera del espectro, de los valores, de lo que ineludiblemente hay que ser.

El Fiambre

Muy lejos del Che

Humor uruguayo

Gonzalo Fernández asumirá la defensa penal de Nin Novoa

Fiscal. Ex vicepresidente ocultó bienes "en forma consciente y voluntaria"

P. MELÉNDREZ / E. DELGADO
Gonzalo Fernández asumirá la defensa de Rodolfo Nin Novoa, sobre quien pesa un pedido de procesamiento por falsificar sus declaraciones juradas. El fiscal del caso concluyó que el ex vicepresidente actuó "en forma consciente y voluntaria".
El senador y ex vicepresidente cambió de abogado: abandonó los servicios de Hebe Martínez Burlé -quien llevó adelante varias denuncias sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura- y nombró al ex secretario de la Presidencia y reconocido penalista Gonzalo Fernández.
La decisión del ex vicepresidente se debe a que no es buena la relación de Martínez Burlé con la jueza Fanny Canessa, a quien recusó en el caso de la muerte de un recluso del CNR, dijeron a El País allegados al propio Nin Novoa.

En círculos judiciales llamó la atención que el ex vicepresidente haya optado por Fernández para sustituir a Martínez Burlé, ya que la abogada es amiga de la familia del senador y está enemistada con el ex secretario de la Presidencia.
A esto se suma que Fernández es investigado por el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, debido a su presunta participación en la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, lo que motivó el archivo del expediente judicial por el que fueron procesados los hermanos Peirano Basso y un ex director del Banco de Montevideo cliente suyo.
Fuentes vinculadas al caso dijeron que previsiblemente Fernández presente un escrito señalando que el accionar de Nin Novoa no es un delito penal sino una falta.
Si esto ocurre, la jueza Canessa enviará el expediente nuevamente al fiscal Luis Bajac, para que resuelva si mantiene el pedido de procesamiento. De ser así, la jueza resolverá si tramita el pedido de desafuero ante el Parlamento o le da la razón a la defensa de Nin Novoa y clausura el expediente.
"CONSCIENTE". En el pedido de procesamiento de Nin Novoa que el fiscal Bajac presentó ante la jueza Canessa el viernes 12, se señala que el ex vicepresidente no incluyó ciertos bienes en sus declaraciones juradas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Junta Anticorrupción) "en forma consciente y voluntaria".
En el dictamen del fiscal, de 15 páginas de extensión, al que tuvo acceso El País, se pide el procesamiento de Nin Novoa por haber cometido un delito reiterado de "falsificación ideológica por un particular", previsto en el artículo 239 del Código Penal.
Así, el fiscal rechaza al argumento planteado por Nin Novoa respecto a un "olvido" o "error" al elaborar las declaraciones juradas. Según Bajac, no es una defensa válida para "una persona con el nivel intelectual y cultural", que se desempeñó como vicepresidente y actualmente es senador.
En el pedido de procesamiento, Bajac analiza las seis declaraciones juradas que Nin Novoa presentó entre 2000 y 2009. De ese estudio se desprende que el ex vicepresidente no sólo no cumplió con los requisitos formales, sino que los documentos "tampoco se ajustaban a la realidad fáctica referida a su estado patrimonial".
El fiscal señala que Nin Novoa no incluyó en su declaración jurada de 2007 la existencia de la sociedad civil "Tupambaé Sociedad Ganadera" que integra junto a dos de sus hermanos desde el 1° de febrero de 2006 y mediante la cual explota un campo en Cerro Largo.
A su vez, en las declaraciones juradas de 2004 y 2005, incluyó dos vehículos "que no debió haber incluido, ya que desde el punto de vista jurídico pertenecen a su hijo, Rodolfo Nin Cirión", dice Bajac.
El fiscal hace un detallado análisis de las declaraciones juradas de Nin Novoa. Así surge que solamente cumplió con toda la información sobre su patrimonio en la declaración jurada de 2009, ya con la indagatoria penal iniciada tras la denuncia que el ex senador blanco Julio Lara hizo en 2008.
El año pasado Nin Novoa estableció que además de sus ingresos como vicepresidente, cuenta con el campo en Cerro Largo, la sociedad rural y una cuenta bancaria. También mencionó lanares y equinos en un porcentaje de 33% y 121 novillos que fueron consignados como totalmente suyos.
Al respecto, Bajac señala que "llama poderosamente la atención" que Nin Novoa haya declarado su cuota parte del campo en Cerro Largo y la existencia de semovientes en la declaración jurada de 2009".
PATRIMONIO. Por otro lado, el fiscal Bajac explica que no se indagó el incremento patrimonial de Nin Novoa, tal como lo pidió Lara cuando presentó la denuncia, porque en Uruguay "no existe penalización del enriquecimiento ilícito".
Entre marzo de 2005 y el mismo mes de 2009, Nin Novoa aumentó su patrimonio en 1.272%, pasando de tener bienes propios por un total neto de $ 300.000 a un patrimonio valuado en $ 5.450.138.

Cruce de nin novoa y el fiscal

El jueves pasado, cuando El País informó sobre el pedido de procesamiento que se aprestaba a presentar el fiscal Luis Bajac, el senador y ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa atribuyó ese dictamen a la existencia de "mucha política atrás" y también a "intereses políticos". El fiscal Bajac desestimó la acusación del ex vicepresidente. "La Ley Anticorrupción la votaron los legisladores del Frente Amplio. No actúo por política; actúo de acuerdo a Derecho", dijo el representante del Ministerio Público. Agregó que en el futuro pueden ser dirigentes de otros partidos políticos los que presenten declaraciones juradas falsas. "Deberé pedir yo el procesamiento de ellos. Tengo que ser derecho y coherente y no actuar por política. No soy político ni me interesa la política", señaló el fiscal.

Pedido fiscal es un "grave error"

El Frente Líber Seregni (FLS), que engloba a Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio y la Alianza Progresista, expresó su "solidaridad" con el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa por tener que "enfrentar este largo y penoso proceso y sus consecuencias políticas y humanas".
En un comunicado, el FLS calificó el pedido de procesamiento del fiscal Luis Bajac contra el líder de la Alianza Progresista como un "grave error". También criticó a los medios que informaron sobre el dictamen del fiscal.
El FLS destacó "el claro y preciso" pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Junta Anticorrupción) que "desmiente de manera clara y categórica el dolo en la declaración (jurada) del senador Nin Novoa". No obstante, según fuentes judiciales, el organismo no se pronunció en cuanto a si Nin Novoa cometió o no delito.
"Ni el fiscal ni nadie ha podido probar que el senador Nin Novoa haya omitido en ninguna de sus declaraciones sucesivas declarar bienes materiales de cualquier índole o valor. Simplemente se trata de una diferente interpretación de la ley", agregó el FLS.
Ayer, el presidente en ejercicio, Danilo Astori, dijo que se analizará en profundidad el caso antes de definir si se otorga el desafuero a Nin Novoa. Agregó que el informe de la Junta Anticorrupción es "muy valioso y debe ser conocido por la ciudadanía".

El País Digital

Las manos en el fuego 

Informe del Frente defiende a Fernández, Salom y Abreu

Senado. Fue elaborado por asesor de Mujica e hijo de Nin

 

SEBASTIÁN CABRERA
El Frente concluyó que Gonzalo Fernández no actuó "por motivos espurios o ilegítimos" y no fue "protagonista" en la derogación del delito por el que procesaron a los Peirano. Y que el senador Abreu, "alma mater" de la ley, se manejó con "autonomía".
Esas son algunas conclusiones del informe del oficialismo en la investigadora del Senado, elaborado por los asesores Homero Guerrero (abogado de confianza del presidente José Mujica y del MPP), Rodolfo Nin (hijo del senador Rodolfo Nin Novoa) y Héctor Di Giácomo (abogado socialista, ex director de la Fiscalía Letrada de la Policía y de Asuntos Internos del Ministerio del Interior), bajo las directivas de los senadores Jorge Saravia (Espacio 609), Nin Novoa (Alianza Progresista), Mónica Xavier (Partido Socialista) y Carlos Baráibar (Asamblea Uruguay).
Allí se afirma que el ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández, la abogada Cecilia Salom (su mujer) y el senador blanco Sergio Abreu no tuvieron interés particular en la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, que luego habilitó la clausura del expediente de los hermanos Peirano Basso. El objetivo de la ley fue "evitar duplicar figuras delictivas", dice el informe, al que accedió El País.

"Resulta prístino el espíritu que moviera al legislador que promueve la norma (Abreu) y su casual interlocutor (Fernández). No puede concluirse que haya existido ninguna suerte de presión o elemento que apunte a dubitación en cuanto a la actitud al promover la norma", dice el informe oficialista, que será votado por el Senado.
Saravia envió ayer el texto a todos los senadores del Frente Amplio (FA) para que lo estudien y digan si "quieren sacar o poner algo", según contó a El País. El informe debe ser aprobado el lunes por la bancada de senadores de la coalición.
Todo indica que el texto tendrá diferencias con las conclusiones de la investigadora que funciona en el FA, donde está casi terminado el trabajo. Allí hubo visiones críticas de las bases, el Partido Comunista y el MPP. También habrá diferencias con el informe del Partido Nacional y del Partido Colorado en torno a la actuación de Fernández, ya que ese informe mencionará "contradicciones y omisiones" del ex funcionario de gobierno, aunque no juzga su actuación y marca como correcta la derogación del artículo 76 de la ley 2.230. No se sabe si el dictamen de la oposición tendrá el visto bueno de Vamos Uruguay, sector mayoritario del Partido Colorado que tiene una visión crítica sobre el proceso.
De tres carillas y media, el informe del FA dice que no hay "mérito para la prosecución de la labor de la investigadora" y que "corresponde el archivo de las actuaciones y documentos".
Sin perjuicio de eso, el juez Jorge Díaz -que investiga si hubo delito en la conducta de Fernández en relación a la derogación del artículo 76 de la ley 2.230- pidió que se remita lo actuado por la investigadora.
LEGÍTIMO. El informe del FA dice que "no existió en el accionar de Fernández conducta tendiente a influenciar la aprobación de la norma por motivos espurios o ilegítimos". Y agrega que "por el contrario, su aporte se debió a consultas de terceros; no habiendo tenido actuación impulsora o protagónica en el proceso y alertando cuando entendió que se estaría al borde de cometer un acto equivocado (en 2006 avisó al ex ministro Danilo Astori que no derogara el artículo 76 porque podía liberar a los Peirano)".
Respecto a la labor de los senadores, el informe concluye que se "actuó con autonomía y fundamento" y que hay coincidencias "entre todos los legisladores" en que se intentó "evitar la multiplicación de normas en nuestro sistema jurídico".
El FA define a Abreu como "propulsor y alma mater del proyecto aprobado" y recuerda la "conversación casual" que tuvo "en el despacho de la Cancillería con el ex canciller Gonzalo Fernández, quien le sugiriera a través de un comentario puntual la conveniencia de la derogación de los artículos 42 a 44 y 76 de la ley 2.230 con la finalidad de evitar la duplicación de figuras delictivas". El informe recuerda que Abreu "tomó buena nota de una sugerencia de un destacado jurista que incluso tenía un libro de su autoría a este respecto".
El texto también recuerda que Abreu definió la "sugerencia" de Fernández como "de pura técnica jurídica". Cuando el tema se trate en la Cámara de Senadores es probable que Abreu no esté en sala, ya que pidió licencia en noviembre.

No buscaron lograr "beneficio procesal"

El informe del Frente Amplio (FA) defiende la actuación de la abogada Cecilia Salom, esposa del ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández, además de asesora socialista y de la coalición.
Con respecto a la defensa del ex director del Banco de Montevideo Juan Domingo Ratti por parte del estudio de Fernández, y en particular de la abogada, el informe frenteamplista indica que "excede claramente el objeto de la investigación" del Senado.
"No obstante, puede decirse que su accionar en esa área no tuvo nada que ver con el proceso de aprobación de la norma en cuestión, ni se puede sostener que ella o el doctor Fernández hayan intentado aprovechar la condición de este último para obtener un beneficio procesal particular", advierte el FA.
Y agrega: "Toda otra interpretación consiste en tratar de desvirtuar los elementos probatorios, tanto testimoniales como documentales, obrantes en esta investigación".
El informe recuerda la "única duda momentánea" durante el proceso legislativo, ocurrida en la Cámara de Diputados a partir de una advertencia del diputado blanco Álvaro Lorenzo, oportunidad en la cual se consultó a Fernández "teléfono de por medio" y este aportó su visión como "conocedor" del derecho procesal penal.
El oficialismo aclara que el informe "no pretende invadir la investigación judicial" y "no pretende agotar el análisis más allá de las fronteras del proceso de aprobación de la ley". Los partidos elevarán los informes al vicepresidente Danilo Astori.

El País Digital

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