La justicia retomó el caso del maestro Julio Castro asesinado en 1977 y varios militares retirados y presos en Domingo Arena prestaron declaraciones.
Teledoce
Declararon como testigos varios militares retirados y algunos de los militares procesados que están en Domingo Arena, entre ellos el ex dictador Gregorio Álvarez.Todos los ex militares que declararon dijeron que no saben nada sobre el caso Castro, detenido en 1977 por los servicios de Inteligencia y fue trasladado a un centro clandestino de detención donde murió dos días más tarde a causa de la tortura.
Julio Castro por el_muerto
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| Viernes, 27 de julio, 2007 |
Julio Castro sigue desapareciendo
Abogados del Estado continúan desconociendo su tortura, asesinato y enterramientoJulio Castro fue secuestrado el 1º de agosto de 1977 en un operativo del SID. Fue apremiado hasta la muerte en el centro de torturas La Casona de Millán y Loreto Gomensoro. La denuncia judicial sobre su desaparición fue incluida en la Ley de Caducidad por el presidente Julio María Sanguinetti. La Comisión para la Paz, admitió la desaparición pero fue ambigua respecto a lo ocurrido con sus restos. Dos abogados del Ministerio de Defensa Nacional defienden al Estado desde el gobierno de Jorge Batlle en una causa de reparación civil iniciada por los familiares. Los mismos abogados continúan hoy interponiendo recursos y apelaciones.
ROGER RODRIGUEZ
Dos abogados del Ministerio de Defensa Nacional, los doctores Pablo Mella y Alfredo Maeso Vera, han sostenido en 2006 ante un Juzgado del Contencioso Administrativo, que si Julio Castro Pérez no fue liberado con la ley de amnistía de presos políticos de 1985, está muerto y, por lo tanto, el delito caducó hace años.
El Ministerio de Defensa Nacional quedó a cargo de la defensa del Estado en un juicio de reparación patrimonial que la familia de Julio Castro, desaparecido el 1º de agosto de 1977, decidió iniciar en 2003 luego que la Comisión para la Paz les diera un ambiguo informe sobre el paradero de los restos del maestro y periodista.
Durante treinta años los familiares de Julio Castro han luchado por encontrar una verdad y la asunción de una responsabilidad por parte del Estado que, les sigue siendo esquiva en el presente, aún cuando en el gobierno se encuentra el partido Frente Amplio, del que Julio Castro fue fundador en 1971.
La historia oculta del caso Julio Castro, cuyo recuerdo será motivo de múltiples homenajes la próxima semana, evidencia las consecuencias de una impunidad vigente que ante cada instancia ha seguido desapareciendo al renombrado pedagogo y reconocido periodista.
Julio Castro Pérez ha sido objeto de una continua desaparición. Cuando fue secuestrado y torturado hasta la muerte, cuando la dictadura montó una farsa pública sobre su salida del país, cuando la Justicia no pudo actuar por la Ley de Caducidad, cuando la Comisión para la Paz y, aún hoy, en la causa de reparación.
Amigos de Julio Castro y organizaciones de derechos humanos no descartan iniciar una nueva causa penal sobre su desaparición en un juicio a los mandos de la época, para intentar esclarecer la verdad sobre lo ocurrido con su vida y con su cuerpo. Sus hijos, ya mayores, han desistido de hacerlo, ante tanta frustración.
Desde entonces ha estado desaparecido.
Julio Castro estaba jubilado como docente y era el redactor responsable de la clausurada revista "Marcha" que durante décadas había dirigido Carlos Quijano, entonces en el exilio. Esa mañana fue a conversar con el capitán de navío Oscar Lebel y luego a lo de Quesada, de donde se retiró a las 10.30 horas.
El ex agente del Servicio de Información y Defensa (SID) Julio César Barboza, confesó en 1985, a la salida de la dictadura, que él había sido uno de los miembros del grupo de operaciones del SID que secuestró a Julio Castro y narró cómo lo llevaron al centro de torturas La Casona en Millán y Loreto Gomensoro.
Barboza cuenta que cuando salía de las oficinas de la sede del SID, en Luis Alberto de Herrera y Monte Caseros, el oficial principal Juan Ricardo Zabala, un policía en comisión, le ordenó acompañarlo en un operativo. En un auto fueron hasta Rivera y Soca donde esperaron para secuestrar a Julio Castro.
La primera desaparición de Julio Castro se produce en aquel sórdido centro de torturas del SID desde donde se operaba con el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas que entonces se había trasladado a La Tablada.
El periodista brasileño Flavio Tabárez fue testigo de lo ocurrido.
Tabárez, a quien habían secuestrado y torturado en La Casona de Millán cuando realizaba una cobertura periodística sobre la dictadura uruguaya, narra que el 2 de agosto escuchó que los represores habían traído a una persona a la que llamaban Castro o "el veterano", a quien torturarían en el lugar.
En su relato, el periodista brasileño explica que el jefe de operaciones, apodado "Julio César", interroga a Julio Castro y le pregunta si era algo de Fidel y cuando niega parentesco alguno le dice: "Sos, claro que sos".
Esa tarde, escucha sus gemidos...
Al día siguiente dos soldados reconocen que "el veterano está jodido...".
La Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) del Ministerio del Interior recoge en sus archivos la falsa indagatoria realizada ante la denuncia de la desaparición del maestro. Los "partes de novedades" dejan constancia de la indagatoria que terminaría con una falsa información pública.
El diario El País publica el 4 de octubre de 1977 el Comunicado Nº 36, fechado el 27 de setiembre, donde se afirma que Julio Castro había abandonado Uruguay el 22 de setiembre en el vuelo 159 de Pluna a Buenos Aires. Agregaba que no había datos de la camioneta Indio matrícula 129-024 que desapareció con él.
En aquel vuelo de Pluna viajaba el periodista Ruben Cotelo, quien cuenta que hasta hicieron llamar por los altavoces del aeropuerto a Julio Castro. Cotelo recorrió el avión y constató que su colega y amigo no estaba a bordo. En aquella aeronave viajaban otras dos personas también llamadas Julio Castro.
Durante años aquella mentira fue mantenida por la dictadura uruguaya, incluso en informes oficiales presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió al Estado uruguayo el esclarecimiento de la desaparición del maestro y periodista.
La dictadura nunca admitió lo ocurrido, aún cuando en noviembre de 1977 un oficio de Interpol informó desde Buenos Aires que: "Sobre el llamado Julio Castro Pérez, impresiones digitales enviadas no reúnen condiciones", y cuando el gobierno argentino informó a la CIDH que Julio Castro nunca abordó aquel avión.
Pese a las denuncias internacionales de su esposa, Zaira Gamundi, y los trámites internos ante la Seccional 4ª de Policía, el Estado Mayor Conjunto (Esmaco), el Consejo de Estado y una carta personal al general Gregorio Alvarez, quien había sido su alumno en la Escuela Sanguinetti, Julio Castro siguió desapareciendo...
La denuncia sobre el secuestro de Julio Castro no tuvo mejor suerte que otras tantas que entonces derivaron en contiendas de competencia con la justicia militar y luego de largos trámites volvieron a los juzgados penales para quedar adormecidas en el debate sobre la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
El juez penal Jorge Ruibal Pino no llegó a realizar la esperada indagatoria. Con la aprobación de la Ley de Caducidad las actuaciones quedaron congeladas, aun cuando no aparecía el acto administrativo por el cual el gobierno colorado había amparado el caso Julio Castro en la impunidad.
El 1º de junio de 1987 la familia pidió que se le notificara sobre la resolución por la que se incluyó el caso en la Ley 15.848. Recién dos años después, el 31 de julio de 1989, el juez Ruibal Pino diligencia la denuncia a la Presidencia de la República, que un mes más tarde la deriva a la Suprema Corte de Justicia.
Finalmente, el 5 de setiembre de 1989, la Presidencia de la República comunica al máximo órgano judicial que efectivamente se había incluido el caso Julio Castro en la caducidad y se había ordenado al Ministerio del Interior la investigación prevista en el artículo 4º de la ley.
La investigación fue realizada por la Jefatura de Policía en solo 17 días.
En las conclusiones comunicadas el 13 de noviembre de 1989, se insistía en la versión que la dictadura había tejido durante años respecto al viaje hacia Argentina en el avión de Pluna. En democracia, Julio Castro seguía desapareciendo.
Lugo de presentar todos los antecedentes y testimonios relativos al secuestro y tortura de Julio Castro por integrantes del SID, la Comisión para la Paz citó a los familiares a una reunión con otras víctimas donde el asesor presidencial Carlos Ramela Regules le informó formalmente de sus conclusiones.
El 26 de febrero de 2003, en presencia del hoy secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández y del arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno, Ramela les dijo que todos los desaparecidos habían muerto, pero que los cuerpos de Julio Castro y de Elena Quinteros nunca serían encontrados.
La familia no había terminado de asimilar el impacto de semejantes afirmaciones cuando, con fecha 10 de abril de 2003, se les entregó el informe final de la Comisión para la Paz, en el que se incluía a Julio Castro en la misma versión que todos los demás desaparecidos...
"1. La Comisión para la Paz considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo Julio Castro Pérez (C.I. Nº 167.820), porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que: a) Fue detenido en la vía pública, en la intersección de la calle Francisco Llambí casi Avenida Rivera, el día 1º de agosto de 1977, alrededor de la hora 10.30. b) Se le trasladó a un centro clandestino de detención sito en la Avenida Millán Nº 4269, donde fue sometido a torturas a consecuencia de las cuales falleciera, en ese lugar, el 4 de agosto de 1977, sin recibir atención médica. 2. Sus restos según la información recibida- habrían sido primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata".
Una vez más, el maestro y periodista seguía desapareciendo.
La defensa del Estado ante el reclamo civil, fue encomendada al Ministerio de Defensa Nacional en un acuerdo entre el presidente Jorge Batlle y el ministro Yamandú Fau. Desde entonces en la causa representan al Estado uruguayo los abogados Pablo Mella y Alfredo Maeso Vera.
Los dos abogados del Ministerio de Defensa Nacional han interpuesto desde entonces una serie de trabas jurídicas para evitar el definitivo pronunciamiento judicial sobre la responsabilidad del Estado uruguayo en la desaparición de Julio Castro, como reclama su familia.
Aún luego de la asunción del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, los abogados Mella y Maeso han interpuesto recursos dilatorios y apelado los pronunciamientos en contra del Estado con los mismos argumentos jurídicos y políticos que esgrimió la dictadura y los posteriores gobiernos.
El 18 de marzo de 2004, el abogado Alfredo Maeso Vera argumentó que el Ministerio de Defensa "desconoce la procedencia del reclamo en todos sus términos" y la misma línea argumental esgrimió hace sólo un año, cuando decidió apelar el fallo por el que el tribunal condenaba al Estado.
En nombre del Ministerio de Defensa Nacional, el abogado Maeso apeló con fecha 17 de mayo de 2006, el último fallo judicial contrario, a la vez que el abogado Mella interponía un recurso de reposición y nulidad contra la sentencia condenatoria con el argumento de que se les había comunicado tardíamente de la audiencia.
El argumento que dejó establecido el defensor del actual Ministerio de Defensa Nacional sostiene que la familia debió presentar su demanda antes de los cuatro años de producida la desaparición y que debía demostrarse la certeza razonable de que ello hubiera ocurrido.
"El estado de incertidumbre finalizó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 15.735 del 8 de marzo de 1985 (amnistía de delitos políticos), desde que dicha persona no fue liberada, ni se produjo su aparición", sostiene el abogado representante del gobierno del Frente Amplio.
En definitiva, el argumento de la defensa del Estado sostiene que si Julio Castro no fue liberado con la ley de amnistía de 1985, está muerto, y si así fuera, el delito y la responsabilidad del Estado caducó en 1989, por lo cual no corresponde el pago de ninguna indemnización.
El fundamento del abogado Maeso no reconoce ni la responsabilidad asumida por el Poder Ejecutivo al validar las conclusiones de la Comisión para la Paz, ni los informes de las Fuerzas Armadas, donde el Ejército también admite que Julio Castro fue detenido por el SID y muerto en La Casona de Millán.
El último recurso del Estado fue presentado el 23 de julio de 2007 por el abogado Maeso, quien introdujo en el expediente, como "prueba superviniente", un capítulo del libro "Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos", donde se incluye una extensa ficha policial sobre Castro, pero no se contextualiza su desaparición. A treinta años de su secuestro y cuando el Parlamento, la Intendencia y la Junta Departamental de Montevideo, las autoridades de la Enseñanza, y los gremios de la prensa, magisterio y escritores preparan diversos homenajes en su recuerdo, Julio Castro continúa desapareciendo. *
El Ministerio de Defensa Nacional quedó a cargo de la defensa del Estado en un juicio de reparación patrimonial que la familia de Julio Castro, desaparecido el 1º de agosto de 1977, decidió iniciar en 2003 luego que la Comisión para la Paz les diera un ambiguo informe sobre el paradero de los restos del maestro y periodista.
Durante treinta años los familiares de Julio Castro han luchado por encontrar una verdad y la asunción de una responsabilidad por parte del Estado que, les sigue siendo esquiva en el presente, aún cuando en el gobierno se encuentra el partido Frente Amplio, del que Julio Castro fue fundador en 1971.
La historia oculta del caso Julio Castro, cuyo recuerdo será motivo de múltiples homenajes la próxima semana, evidencia las consecuencias de una impunidad vigente que ante cada instancia ha seguido desapareciendo al renombrado pedagogo y reconocido periodista.
Julio Castro Pérez ha sido objeto de una continua desaparición. Cuando fue secuestrado y torturado hasta la muerte, cuando la dictadura montó una farsa pública sobre su salida del país, cuando la Justicia no pudo actuar por la Ley de Caducidad, cuando la Comisión para la Paz y, aún hoy, en la causa de reparación.
Amigos de Julio Castro y organizaciones de derechos humanos no descartan iniciar una nueva causa penal sobre su desaparición en un juicio a los mandos de la época, para intentar esclarecer la verdad sobre lo ocurrido con su vida y con su cuerpo. Sus hijos, ya mayores, han desistido de hacerlo, ante tanta frustración.
Secuestro: la primera desaparición
El maestro y periodista Julio Gerardo Castro Pérez, con 68 años de edad, fue secuestrado en la vía pública en la mañana del 1º de agosto de 1977, cuando salía de la casa de su amigo Efraín Quesada en Francisco Llambí casi Avenida Rivera.Desde entonces ha estado desaparecido.
Julio Castro estaba jubilado como docente y era el redactor responsable de la clausurada revista "Marcha" que durante décadas había dirigido Carlos Quijano, entonces en el exilio. Esa mañana fue a conversar con el capitán de navío Oscar Lebel y luego a lo de Quesada, de donde se retiró a las 10.30 horas.
El ex agente del Servicio de Información y Defensa (SID) Julio César Barboza, confesó en 1985, a la salida de la dictadura, que él había sido uno de los miembros del grupo de operaciones del SID que secuestró a Julio Castro y narró cómo lo llevaron al centro de torturas La Casona en Millán y Loreto Gomensoro.
Barboza cuenta que cuando salía de las oficinas de la sede del SID, en Luis Alberto de Herrera y Monte Caseros, el oficial principal Juan Ricardo Zabala, un policía en comisión, le ordenó acompañarlo en un operativo. En un auto fueron hasta Rivera y Soca donde esperaron para secuestrar a Julio Castro.
La primera desaparición de Julio Castro se produce en aquel sórdido centro de torturas del SID desde donde se operaba con el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas que entonces se había trasladado a La Tablada.
El periodista brasileño Flavio Tabárez fue testigo de lo ocurrido.
Tabárez, a quien habían secuestrado y torturado en La Casona de Millán cuando realizaba una cobertura periodística sobre la dictadura uruguaya, narra que el 2 de agosto escuchó que los represores habían traído a una persona a la que llamaban Castro o "el veterano", a quien torturarían en el lugar.
En su relato, el periodista brasileño explica que el jefe de operaciones, apodado "Julio César", interroga a Julio Castro y le pregunta si era algo de Fidel y cuando niega parentesco alguno le dice: "Sos, claro que sos".
Esa tarde, escucha sus gemidos...
Al día siguiente dos soldados reconocen que "el veterano está jodido...".
Farsa: la segunda desaparición
La desaparición de un pedagogo reconocido internacionalmente y periodista de una publicación de la trayectoria de "Marcha" provocó inmediatas reacciones a nivel nacional e internacional. La dictadura decide, entonces, orquestar una segunda desaparición de Julio Castro.La Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) del Ministerio del Interior recoge en sus archivos la falsa indagatoria realizada ante la denuncia de la desaparición del maestro. Los "partes de novedades" dejan constancia de la indagatoria que terminaría con una falsa información pública.
El diario El País publica el 4 de octubre de 1977 el Comunicado Nº 36, fechado el 27 de setiembre, donde se afirma que Julio Castro había abandonado Uruguay el 22 de setiembre en el vuelo 159 de Pluna a Buenos Aires. Agregaba que no había datos de la camioneta Indio matrícula 129-024 que desapareció con él.
En aquel vuelo de Pluna viajaba el periodista Ruben Cotelo, quien cuenta que hasta hicieron llamar por los altavoces del aeropuerto a Julio Castro. Cotelo recorrió el avión y constató que su colega y amigo no estaba a bordo. En aquella aeronave viajaban otras dos personas también llamadas Julio Castro.
Durante años aquella mentira fue mantenida por la dictadura uruguaya, incluso en informes oficiales presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió al Estado uruguayo el esclarecimiento de la desaparición del maestro y periodista.
La dictadura nunca admitió lo ocurrido, aún cuando en noviembre de 1977 un oficio de Interpol informó desde Buenos Aires que: "Sobre el llamado Julio Castro Pérez, impresiones digitales enviadas no reúnen condiciones", y cuando el gobierno argentino informó a la CIDH que Julio Castro nunca abordó aquel avión.
Pese a las denuncias internacionales de su esposa, Zaira Gamundi, y los trámites internos ante la Seccional 4ª de Policía, el Estado Mayor Conjunto (Esmaco), el Consejo de Estado y una carta personal al general Gregorio Alvarez, quien había sido su alumno en la Escuela Sanguinetti, Julio Castro siguió desapareciendo...
Caducidad: la tercera desaparición
La familia de Julio Castro siguió buscando la esquiva verdad. El silencio de la dictadura les obligó a esperar casi ocho años, hasta que, reinstitucionalizado el país con la asunción del presidente Julio María Sanguinetti, pudieron presentar denuncia penal ante el Juzgado Letrado de 1ª Instancia el 28 de junio de 1985.La denuncia sobre el secuestro de Julio Castro no tuvo mejor suerte que otras tantas que entonces derivaron en contiendas de competencia con la justicia militar y luego de largos trámites volvieron a los juzgados penales para quedar adormecidas en el debate sobre la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
El juez penal Jorge Ruibal Pino no llegó a realizar la esperada indagatoria. Con la aprobación de la Ley de Caducidad las actuaciones quedaron congeladas, aun cuando no aparecía el acto administrativo por el cual el gobierno colorado había amparado el caso Julio Castro en la impunidad.
El 1º de junio de 1987 la familia pidió que se le notificara sobre la resolución por la que se incluyó el caso en la Ley 15.848. Recién dos años después, el 31 de julio de 1989, el juez Ruibal Pino diligencia la denuncia a la Presidencia de la República, que un mes más tarde la deriva a la Suprema Corte de Justicia.
Finalmente, el 5 de setiembre de 1989, la Presidencia de la República comunica al máximo órgano judicial que efectivamente se había incluido el caso Julio Castro en la caducidad y se había ordenado al Ministerio del Interior la investigación prevista en el artículo 4º de la ley.
La investigación fue realizada por la Jefatura de Policía en solo 17 días.
En las conclusiones comunicadas el 13 de noviembre de 1989, se insistía en la versión que la dictadura había tejido durante años respecto al viaje hacia Argentina en el avión de Pluna. En democracia, Julio Castro seguía desapareciendo.
Comipaz: La cuarta desaparición
Pasaron los gobiernos de Luis Alberto Lacalle y otra vez de Julio María Sanguinetti, antes de que el presidente Jorge Batlle decidiera crear la Comisión para la Paz con el objetivo de esclarecer los casos de desaparición forzada ocurridos en la dictadura y dar, finalmente, cumplimiento al artículo 4º de la propia Ley de Caducidad.Lugo de presentar todos los antecedentes y testimonios relativos al secuestro y tortura de Julio Castro por integrantes del SID, la Comisión para la Paz citó a los familiares a una reunión con otras víctimas donde el asesor presidencial Carlos Ramela Regules le informó formalmente de sus conclusiones.
El 26 de febrero de 2003, en presencia del hoy secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández y del arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno, Ramela les dijo que todos los desaparecidos habían muerto, pero que los cuerpos de Julio Castro y de Elena Quinteros nunca serían encontrados.
La familia no había terminado de asimilar el impacto de semejantes afirmaciones cuando, con fecha 10 de abril de 2003, se les entregó el informe final de la Comisión para la Paz, en el que se incluía a Julio Castro en la misma versión que todos los demás desaparecidos...
"1. La Comisión para la Paz considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo Julio Castro Pérez (C.I. Nº 167.820), porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que: a) Fue detenido en la vía pública, en la intersección de la calle Francisco Llambí casi Avenida Rivera, el día 1º de agosto de 1977, alrededor de la hora 10.30. b) Se le trasladó a un centro clandestino de detención sito en la Avenida Millán Nº 4269, donde fue sometido a torturas a consecuencia de las cuales falleciera, en ese lugar, el 4 de agosto de 1977, sin recibir atención médica. 2. Sus restos según la información recibida- habrían sido primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata".
Una vez más, el maestro y periodista seguía desapareciendo.
Contencioso: la quinta desaparición
Ante la doble respuesta del gobierno de Jorge Batlle, los hijos de Julio Castro decidieron, por primera vez, presentar acciones civiles de reparación patrimonial y radicaron una denuncia contra el Estado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 1º y 2º turnos.La defensa del Estado ante el reclamo civil, fue encomendada al Ministerio de Defensa Nacional en un acuerdo entre el presidente Jorge Batlle y el ministro Yamandú Fau. Desde entonces en la causa representan al Estado uruguayo los abogados Pablo Mella y Alfredo Maeso Vera.
Los dos abogados del Ministerio de Defensa Nacional han interpuesto desde entonces una serie de trabas jurídicas para evitar el definitivo pronunciamiento judicial sobre la responsabilidad del Estado uruguayo en la desaparición de Julio Castro, como reclama su familia.
Aún luego de la asunción del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, los abogados Mella y Maeso han interpuesto recursos dilatorios y apelado los pronunciamientos en contra del Estado con los mismos argumentos jurídicos y políticos que esgrimió la dictadura y los posteriores gobiernos.
El 18 de marzo de 2004, el abogado Alfredo Maeso Vera argumentó que el Ministerio de Defensa "desconoce la procedencia del reclamo en todos sus términos" y la misma línea argumental esgrimió hace sólo un año, cuando decidió apelar el fallo por el que el tribunal condenaba al Estado.
En nombre del Ministerio de Defensa Nacional, el abogado Maeso apeló con fecha 17 de mayo de 2006, el último fallo judicial contrario, a la vez que el abogado Mella interponía un recurso de reposición y nulidad contra la sentencia condenatoria con el argumento de que se les había comunicado tardíamente de la audiencia.
Julio Castro sigue desapareciendo
En el alegato del abogado Maeso, al que LA REPUBLICA pudo acceder, se afirma: "En opinión de nuestra representada, el derecho a obtener una indemnización reparatoria fruto de la responsabilidad civil del Estado emergente de los hechos ha caducado inexorablemente".El argumento que dejó establecido el defensor del actual Ministerio de Defensa Nacional sostiene que la familia debió presentar su demanda antes de los cuatro años de producida la desaparición y que debía demostrarse la certeza razonable de que ello hubiera ocurrido.
"El estado de incertidumbre finalizó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 15.735 del 8 de marzo de 1985 (amnistía de delitos políticos), desde que dicha persona no fue liberada, ni se produjo su aparición", sostiene el abogado representante del gobierno del Frente Amplio.
En definitiva, el argumento de la defensa del Estado sostiene que si Julio Castro no fue liberado con la ley de amnistía de 1985, está muerto, y si así fuera, el delito y la responsabilidad del Estado caducó en 1989, por lo cual no corresponde el pago de ninguna indemnización.
El fundamento del abogado Maeso no reconoce ni la responsabilidad asumida por el Poder Ejecutivo al validar las conclusiones de la Comisión para la Paz, ni los informes de las Fuerzas Armadas, donde el Ejército también admite que Julio Castro fue detenido por el SID y muerto en La Casona de Millán.
El último recurso del Estado fue presentado el 23 de julio de 2007 por el abogado Maeso, quien introdujo en el expediente, como "prueba superviniente", un capítulo del libro "Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos", donde se incluye una extensa ficha policial sobre Castro, pero no se contextualiza su desaparición. A treinta años de su secuestro y cuando el Parlamento, la Intendencia y la Junta Departamental de Montevideo, las autoridades de la Enseñanza, y los gremios de la prensa, magisterio y escritores preparan diversos homenajes en su recuerdo, Julio Castro continúa desapareciendo. *
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