Cerrando lo que fue tu carrera ¿donde realizaste tus servicios?
R- Cumplí en distintas unidades de artillería, yo soy oficial de artillería y puedo decir con orgullo que he participado de cosas importantes. Yo creo que acá se ha escrito una historia luego que retornó la "democracia" y quienes participamos en la otra que fue la de defender las Instituciones poco se ha escrito, no se encuentran narradores de historia, no la historia subjetiva y suspicaz de los irreconciliables de siempre que quieren demostrar al militar como el estereotipo del "verdugo" de lo que pasó y pasa en el Uruguay, yo voy también a hacer llegar al uruguayo como fué la experiencia de un militar que llegó como "un pibe" del interior y derrepente se vio enfrentado con esas " huestes"
P- ¿En que reparticiones estuviste?
R- Estuve en Flores primero, después estuve en el Grupo de Artillería Nº 1, también hice distintos cursos, fui Jefe del Cuerpo de la Escuela Militar, que me llena de orgullo, forme generaciones buscando la inserción de militar en el mundo civil, otro nuevo relacionamiento que otros no quieren, nosotros los militares queremos, porque siempre hemos sido pueblo, el militar uruguayo no es el brazo militar de la "oligarquía" , es el uruguayo que desenvaina la espada para defender a su pueblo y eso es lo que nosotros siempre hemos sido, lamentablemente siempre hay quienes tergiversan esta profesión.
P- Toda ésta actividad que nos comentas hasta lo que es el retiro, ¿como culminaste tu carrera?
R- Lo importante que culmine mi carrera, también fundé la Escuela de Artillería del Ejército, y terminé mi carrera en Wáshington, en el Colegio Interamericano de Defensa y en la Junta Interamericana, eso creo que fue el broche de oro para mi para darle una visión no solamente como militar, sino como uruguayo de lo que estaba pasando en el mundo y cuando retorne a mi País aún en la plenitud de mi vida porque 55 años, es un crimen que te manden para tu casa, como nos mandan y me dedique a una actividad social mas que política y ¿donde? y bueno en lo que toda mi vida fue, el Partido Nacional.
Lo debo decir con tristeza que integre un partido cuyas estructuras estaban aquilosadas, donde hubo gente de una "élite" partidaria que se creía que de esas estructuras y del Palacio Legislativo y los organismos del estado se podía hacer política, la Política es bien público y no es creer que el estado y el poder es para beneficio de ellos.
Torturador torturado por la tortura
Publicación de la “Agencia Nacional de Noticias Hispanoamérica”, organización neo-falangista nada virtual con sede central en España
Publicación de la “Agencia Nacional de Noticias Hispanoamérica”, organización neo-falangista nada virtual con sede central en España
Coronel /r/ Luis María Agosto Bessonart
EL ESTADO TORTURADOR
¿Existe alguna diferencia entre un Estado algunos de cuyos agentes perpetran, ocasionalmente actos de tortura, y un Estado en que esa ignominia es una práctica consuetudinaria, que persiste y se agrava durante décadas, cuya impunidad garantiza la abdicación contumaz, por ese Estado desertor, de su obligación de prevenirla y reprimirla, y de proteger a sus víctimas, y en que más que “casos” de tortura hay que hablar de tortura institucionalizada?
La distancia entre esos dos escenarios es abismal, y como por lo visto no han reparado en ella los constitucionalistas y operadores políticos, ofrezco a esos expertos estas módicas reflexiones mías para alentarlos a dedicar al asunto algo de su tiempo y así demostrar algún interés en las cosas del bien común de los uruguayos.
Afirmo que un Estado en que la tortura no es ocasional, sino masiva e indiscriminada contra vastos contingentes sociales, sin expectativas de que semejante patología social se mitigue, deja de ser un Estado “en que se cometen” torturas, para convertirse en una nueva especie en la nomenclatura de formas políticas. Propongo denominarla Estado Torturador, por ser esa es su segunda naturaleza.
Quizá a esta altura convenga explicar al paciente lector que el concepto vulgar de tortura -- violencia física contra un sospechoso para que confiese -- no coincide con el legal, mucho más amplio, como lo ilustra la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, que define a ésta como “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin [y] la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.” Este texto no es una arenga ni un manifiesto, sino una Ley Nacional ratificada el 10/11/1992 (Ley 162949. Antes el Uruguay, convencido de que el papel no protesta, había ratificado un instrumento similar de la ONU (Ley 15798).
Tanto el legislador internacional como el nacional han querido, pues, sabiamente, impedir que los torturadores eludan el castigo cuando, sin atormentar corpóreamente a la víctima, infligen a ésta tormentos morales que pueden hasta ser más brutales que los físicos (y -además- causar dolencias psicosomáticas). Por lo tanto es a esa luz que debemos evaluar este aspecto del naufragio de nuestro Estado de Derecho (al respecto, ver, p.ej. un excelente artículo en Búsqueda del 15.10.2010).
Un Estado en que grandes masas de la población, por la única “razón” de ser física, cultural o económicamente débiles, viven en perpetua angustia por su seguridad y la de sus hogares; un Estado en que una masa de jóvenes vegeta en la impotencia del desempleo que el Estado “remedia” maquillando estadísticas, y que a falta de fortísimos resortes morales sucumbe a la malsana tentación del delito o del vicio-suicidio; un Estado que deja imperar una justicia de clase en que el fanatismo político impide que las garantías penales de las naciones civilizadas rijan para los indagados penales que visten uniforme, porque como se ha dicho sin ambages, vamos a una “justicia especial para el enemigo”; un Estado que “mortifica” (el término es constitucional, y la Constitución proscribe tal infamia) a las tristes huestes de reclusos comunes, hacinados peor que las bestias en lo que es una pena ilícitamente agregada a la impuesta por los tribunales (observa el jurista G. Salle que nunca como hoy ha habido en nuestra historia tantas personas torturadas…)
Pero acabemos, aunque el prontuario quede incompleto: un Estado en que el funcionario policial no simplemente asume valerosamente un riesgo de vida para cumplir su misión, sino que por un magro salario se le hace incurrir en la probabilidad de perderla por un Estado que así tortura a esos connacionales y a sus familias, y que nada ha hecho para restablecer el aprecio y respeto social hacia los agentes del orden. Un Estado que tiene el descaro de suscribir, ratificar, publicar y ufanarse de meter en el sarcófago del Diario Oficial convenciones contra la tortura, y viola el art. 6 de la antecitada Convención Interamericana, que lo obliga a “asegurarse” “de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas” (sic), siendo que todos los días los ciudadanos honestos tienen que coexistir en pringosa compañía con los culpables por acción y omisión de conductas tan incalificables como las referidas, que ni siquiera en teoría han sido tipificadas como ilícitas, ni ninguna jurisprudencia proclama como lo que son: crímenes contra la humanidad y contra esta poco recordada fracción de la humanidad que es nuestra colectividad uruguaya.
¿Con que artes de alquimia y estratagemas sofísticas se negará que sumir en la abyecta miseria a gran parte de las clases pasivas, tras haberles “expropiado” los fondos que pagaron compulsivamente para planes estatales de vivienda, es un trato o pena cruel, inhumana y degradante –como la que condena el art. 7 de esa Convención anti-tortura que el Estado uruguayo se obligó a cumplir (faltando así el respeto, con su flagrante insinceridad, a los demás Estados firmantes)?
¿Qué atenuante encontrará el tribunal que en un futuro más justo juzgue la tortura infligida a centenares de miles de jóvenes uruguayos a quienes se les falsea concienzudamente la historia, ofendiendo así su dignidad de seres racionales y libres e impeliéndolos a asumir conductas violentas en aras de una “realidad” que con la sacrosanta garantía de la palabra oficial, se les inculca como intolerable e inicua?
Teníamos, pues, en el nomenclátor de los estudiosos, el Estado de Derecho, con sus variantes Democrática Social y Popular Democrática, el Estado Comunitario, y Autocracias, Dictaduras, Oclocracias y otros gajos del viejo tronco aristotélico y ciceroniano. Permítaseme añadir, como observador preocupado, la novel variante del Estado Torturador. No para enfermiza contemplación de un mal que nos resignemos a soportar, sino como diagnóstico indispensable para sacar al Uruguay de su patológica situación. Y de paso, en homenaje a Alonso y Trelles, para no comprar en la tablada de los gauchos zonzos ni una sola esperanza gorda a quienes hayan defraudado, en reiteración real, toda la confianza de un pueblo en que todavía residen nobles y genuinos valores.
La distancia entre esos dos escenarios es abismal, y como por lo visto no han reparado en ella los constitucionalistas y operadores políticos, ofrezco a esos expertos estas módicas reflexiones mías para alentarlos a dedicar al asunto algo de su tiempo y así demostrar algún interés en las cosas del bien común de los uruguayos.
Afirmo que un Estado en que la tortura no es ocasional, sino masiva e indiscriminada contra vastos contingentes sociales, sin expectativas de que semejante patología social se mitigue, deja de ser un Estado “en que se cometen” torturas, para convertirse en una nueva especie en la nomenclatura de formas políticas. Propongo denominarla Estado Torturador, por ser esa es su segunda naturaleza.
Quizá a esta altura convenga explicar al paciente lector que el concepto vulgar de tortura -- violencia física contra un sospechoso para que confiese -- no coincide con el legal, mucho más amplio, como lo ilustra la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, que define a ésta como “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin [y] la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.” Este texto no es una arenga ni un manifiesto, sino una Ley Nacional ratificada el 10/11/1992 (Ley 162949. Antes el Uruguay, convencido de que el papel no protesta, había ratificado un instrumento similar de la ONU (Ley 15798).
Tanto el legislador internacional como el nacional han querido, pues, sabiamente, impedir que los torturadores eludan el castigo cuando, sin atormentar corpóreamente a la víctima, infligen a ésta tormentos morales que pueden hasta ser más brutales que los físicos (y -además- causar dolencias psicosomáticas). Por lo tanto es a esa luz que debemos evaluar este aspecto del naufragio de nuestro Estado de Derecho (al respecto, ver, p.ej. un excelente artículo en Búsqueda del 15.10.2010).
Un Estado en que grandes masas de la población, por la única “razón” de ser física, cultural o económicamente débiles, viven en perpetua angustia por su seguridad y la de sus hogares; un Estado en que una masa de jóvenes vegeta en la impotencia del desempleo que el Estado “remedia” maquillando estadísticas, y que a falta de fortísimos resortes morales sucumbe a la malsana tentación del delito o del vicio-suicidio; un Estado que deja imperar una justicia de clase en que el fanatismo político impide que las garantías penales de las naciones civilizadas rijan para los indagados penales que visten uniforme, porque como se ha dicho sin ambages, vamos a una “justicia especial para el enemigo”; un Estado que “mortifica” (el término es constitucional, y la Constitución proscribe tal infamia) a las tristes huestes de reclusos comunes, hacinados peor que las bestias en lo que es una pena ilícitamente agregada a la impuesta por los tribunales (observa el jurista G. Salle que nunca como hoy ha habido en nuestra historia tantas personas torturadas…)
Pero acabemos, aunque el prontuario quede incompleto: un Estado en que el funcionario policial no simplemente asume valerosamente un riesgo de vida para cumplir su misión, sino que por un magro salario se le hace incurrir en la probabilidad de perderla por un Estado que así tortura a esos connacionales y a sus familias, y que nada ha hecho para restablecer el aprecio y respeto social hacia los agentes del orden. Un Estado que tiene el descaro de suscribir, ratificar, publicar y ufanarse de meter en el sarcófago del Diario Oficial convenciones contra la tortura, y viola el art. 6 de la antecitada Convención Interamericana, que lo obliga a “asegurarse” “de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas” (sic), siendo que todos los días los ciudadanos honestos tienen que coexistir en pringosa compañía con los culpables por acción y omisión de conductas tan incalificables como las referidas, que ni siquiera en teoría han sido tipificadas como ilícitas, ni ninguna jurisprudencia proclama como lo que son: crímenes contra la humanidad y contra esta poco recordada fracción de la humanidad que es nuestra colectividad uruguaya.
¿Con que artes de alquimia y estratagemas sofísticas se negará que sumir en la abyecta miseria a gran parte de las clases pasivas, tras haberles “expropiado” los fondos que pagaron compulsivamente para planes estatales de vivienda, es un trato o pena cruel, inhumana y degradante –como la que condena el art. 7 de esa Convención anti-tortura que el Estado uruguayo se obligó a cumplir (faltando así el respeto, con su flagrante insinceridad, a los demás Estados firmantes)?
¿Qué atenuante encontrará el tribunal que en un futuro más justo juzgue la tortura infligida a centenares de miles de jóvenes uruguayos a quienes se les falsea concienzudamente la historia, ofendiendo así su dignidad de seres racionales y libres e impeliéndolos a asumir conductas violentas en aras de una “realidad” que con la sacrosanta garantía de la palabra oficial, se les inculca como intolerable e inicua?
Teníamos, pues, en el nomenclátor de los estudiosos, el Estado de Derecho, con sus variantes Democrática Social y Popular Democrática, el Estado Comunitario, y Autocracias, Dictaduras, Oclocracias y otros gajos del viejo tronco aristotélico y ciceroniano. Permítaseme añadir, como observador preocupado, la novel variante del Estado Torturador. No para enfermiza contemplación de un mal que nos resignemos a soportar, sino como diagnóstico indispensable para sacar al Uruguay de su patológica situación. Y de paso, en homenaje a Alonso y Trelles, para no comprar en la tablada de los gauchos zonzos ni una sola esperanza gorda a quienes hayan defraudado, en reiteración real, toda la confianza de un pueblo en que todavía residen nobles y genuinos valores.
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