La memoria de Uruguay no caduca

22.06.2011

A. Camino

Organizaciones de derechos humanos insisten en la vías internacional y jurídica tras la negativa parlamentaria a derogar la ley de amnistía en Uruguay

“Es una responsabilidad hacia los demás para crear una conciencia colectiva que nos ayude a mejorar el presente”

 

El silencio no suena siempre igual. La Marcha del Silencio recorrió a finales del pasado mayo las calles de Montevideo envuelta en un mutismo diferente a las quince ediciones anteriores convocadas por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos bajo el lema Verdad, justicia, memoria y nunca más. “Siempre se mantiene el silencio, pero esta vez fue un silencio angustiado y con bronca”, resume Elena Zaffaroni, miembro de la organización humanitaria y víctima de la última dictadura cívico-militar (1973-85) en Uruguay. No en vano, la Cámara de Representantes se opuso el 20 de mayo, justo en la madrugada de la jornada de protesta tras un intenso y extenso debate parlamentario, a la derogación de la Ley 15.848, oficialmente denominada como de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado y también conocida como ley de amnistía o de impunidad por someter las investigaciones del poder judicial a las decisiones del ejecutivo. De este modo, la norma impide en la práctica el juicio de los delitos perpetrados por militares y policías durante el régimen autoritario.

Una bandera uruguaya sobresale entre retratos de víctimas. (Andrés Landinelli Oroño)

Aunque surgió de sus propias filas, la reciente iniciativa de anulación fracturó al izquierdista Frente Amplio y, de hecho, no prosperó en sede legislativa al empatar la votación a causa de la ausencia intencionada de un diputado del mismo partido gobernante. Tampoco el actual presidente del país y preso durante la dictadura como guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, José Mujica, se mostró a favor de la propuesta, aunque aseguró que acataría una eventual derogación por disciplina partidaria y no ejercería su derecho de veto. Más allá de las meras contradicciones internas, la fuerza progresista evidenció el cisma de la población uruguaya entorno a la Ley de Caducidad, pues el texto se mantuvo en el ordenamiento jurídico después de someterse a dos referendos populares convocados por iniciativa ciudadana en 1989, apenas cuatro años después del retorno a la democracia, y en 2009, en coincidencia con las elecciones presidenciales. Tras diversas polémicas por su planteamiento, las consultas no superaron el 48% de apoyo ciudadano. “Nos cuesta aceptar que la sociedad uruguaya esté tan dividida, pero hay mucha gente indiferente por el distanciamiento del pasado con respecto a lo cotidiano”, lamenta Zaffaroni, detenida a finales de  1974 en el cuarto mes de embarazo de su primer hijo junto a su esposo y militante del Partido Comunista Revolucionario. Aunque ella y su hijo recuperaron la libertad más de tres años después, nunca apareció el cuerpo de su pareja, el estudiante de Medicina de 22 años Luis Eduardo González.Según la Comisión de la Paz, impulsada por la Presidencia de la República desde 2000, alrededor de 200 personas desaparecidas y casi 6.000 presos políticos sufrieron la represión durante doce años en 50 centros de detención oficiales y 9 clandestinos en Uruguay, aunque los crímenes también se extendieron a otros países del entorno mediante la coordinación militar ejecutada a lo largo de las décadas de los 70 y 80 por las dictaduras de Chile, Paraguay, Argentina y Brasil bajo la denominación de Operación Cóndor. A juicio de Elena Zaffaroni, fisioterapeuta retirada de 62 años y madre de dos hijos más con su segundo marido, “la impunidad parecía una secuela del terrorismo de Estado, pero se ha quedado como estructural. Hay miedo y amenazas, además de tradición de clientelismo y caudillismo político”. En definitiva, desde Familiares observan una ausencia de “voluntad clara”, incluso tras dos gabinetes de izquierdas consecutivos, para lograr una “necesaria solución política” al conflicto. “Tratamos de desmarcarnos de la última propuesta, porque tenía muchos puntos débiles, y no alentamos ese camino, pero sí la discusión. Sin embargo, ni siquiera se discutió el tema de fondo en el Parlamento, la necesidad de que no haya impunidad”, lamenta Elena Zaffaroni.
Fallo internacional a favor del poeta Juan Gelman
Por ello, desde las organizaciones de derechos humanitarios depositan “mayores expectativas en otras vías” como la presión internacional y los procesos judiciales, instancias que ya se pronunciaron en contra de la Ley de Amnistía y anticipan su caducidad. Desde su aprobación en 1986, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) insistió en la presentación de diversos recursos de inconstitucionalidad contra el texto sin obtener resultados positivos en la Corte Suprema de Justicia. “Un caso solo se puede presentar una vez y no abarca a los demás, una de tantas perversidades del sistema jurídico, igual que dejar durante casi 30 años que una ley quite independencia y autonomía al poder judicial”, detalla el abogado y presidente de Ielsur, Jorge Pan. Sin embargo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) consideró en 1993 la Ley de Caducidad “incompatible” con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por Uruguay en 1968 en el denominado Pacto de San José de Costa Rica, y las víctimas iniciaron la reapertura de los casos hasta que, finalmente, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la norma en 2009 para el proceso por el asesinato de joven profesora comunista Nibia Sabalsagaray, una decisión que admitió la incoherencia con el ordenamiento jurídico internacional y repitió después para más de una veintena de casos. Y más contundente todavía fue el fallo emitido el pasado febrero por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Uruguay en la denuncia interpuesta por el poeta y premio Cervantes 2007, Juan Gelman, a causa de la desaparición forzada de su nuera y el secuestro con cambio de identidad de su nieta al subrayar que diversos artículos de la Ley de Caducidad “carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos (…), identificación y el castigo de los responsables”.

"Angustia y bronca" durante la XVI Marcha del Silencio. (Andrés Landinelli Oroño)

Tras los avances logrados, la reciente decisión parlamentaria resultó, según Amnistía Internacional, “una oportunidad histórica perdida de hacer justicia”, y supuso, en opinión de Pan, “un nuevo golpe” para las víctimas, “aunque ya se veía venir y se estudiaron vías alternativas para que fuera menos duro”.  De hecho, Ielsur presentó antes de la votación en sede legislativa un recurso de petición ante la Presidencia de la República con el objetivo de que notifique la sentencia del caso Gelman a la Suprema Corte para su “cumplimiento en forma inmediata” mediante la reapertura de “todas las denuncias por violaciones a los derechos humanos que fueran oportunamente archivadas por las disposiciones de la Ley 15.848” y, de este modo, “evitar una sanción por incumplimiento” al Estado desde las instituciones transnacionales. A juicio del presidente de Ielsur, “el recurso es una vía más aséptica que da aire, porque debe resolverse ante la Suprema Corte y está fuera del juego y los avatares políticos, que pueden darte un revolcón. Aunque nunca se detuvo y con el tiempo se van logrando pequeños objetivos, todo este camino causa irritación y no queremos dar pasos que comprometan a los familiares, hay que tener mucho cuidado porque tienen una carga emocional muy grande”.
De hecho, Zaffaroni admite que resulta “difícil mantener la esperanza y doloroso volver a vivirlo todo con el propio relato. Llevamos 26 años de un camino lento con pequeños pasos y un proceso tan, tan largo nos va desgastando mucho, porque denunciar el pasado va perdiendo el sentido con la distancia, manosea la temática y quita expectativas o posibilidades concretas”. En cualquier caso, ella, con el apoyo de su segunda familia, y su anterior suegra, María Amalia González, ya presentaron a mediados de junio una petición ante la Suprema Corte para la reapertura urgente de la investigación archivada en la denuncia por la desaparición forzada de Luis Eduardo González González con el argumento del precedente jurídico establecido por el caso Gelman en la CIDH. “En absoluto el centro de la satisfacción está en verlos presos”, sentencia Elena Zaffaroni.  “Más que un fin es un camino, una lucha que atraviesa una sociedad y una responsabilidad hacia los demás. Es crear una conciencia colectiva que nos ayude a mejorar el presente”.

La protesta recorre la avenida 18 de Julio. (Andrés Landinelli Oroño)

Encuentro latinoamericano en cada aniversario golpista

El 27 de junio de 2011 se cumplen 38 años de la disolución de las Cámaras de Senadores y Representantes por parte del entonces presidente de la República de Uruguay, Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas para crear un Consejo de Estado con funciones legislativas y administrativas. Ante la conmemoración, justo una jornada antes, del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, un grupo de organizaciones no gubernamentales se reúnen del 24 al 26 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales de Montevideo para celebrar II Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia con el objetivo de vincular las dos efemérides y, de este modo, denunciar un crimen no tipificado como de lesa humanidad en la mayoría de los países de la región. La reunión impulsada por Familiares, el  Servicio de Paz y Justicia de Uruguay (Serpaj), las fundaciones Mario Benedetti y Zelmar Michelini o la Asociación de ex presos políticos del Uruguay (Crysol) se produce como resultado del acuerdo alcanzado en la primera edición, desarrollada a finales del pasado marzo en Argentina con motivo del 35 aniversario del inicio de la última dictadura en el país (1976-83), para conmemorar mediante encuentros internacionales los diferentes golpes de Estado sufridos en Latinoamérica y, por ello, ya se trabaja también en una cita similar el 11 de septiembre en Santiago de Chile.
Además de analizar la coordinación represora de la Operación Cóndor, el primer encuentro se saldó con la aprobación del Compromiso de Buenos Aires: “Coincidimos que nuestros países siguen siendo víctimas de la impunidad instaurada para ocultar los crímenes de lesa humanidad que sufrieron nuestros pueblos, y proteger a los violadores de los derechos humanos de aquellas dictaduras”. Bajo esta premisa, los firmantes de la declaración porteña se comprometieron con la verdad (apertura de archivos secretos sobre el terrorismo de Estado y exclusión de represores y cómplices de la función pública), la justicia (fortalecimiento del presupuesto y aplicación de la jurisprudencia internacional sin presiones), la ética (eliminación de toda norma de impunidad resabio de la doctrina de la seguridad nacional, tipificación de los delitos de lesa humanidad y reparación a las víctimas) y la memoria (respeto a los derechos humanos y ejercicio de los derechos civiles).