Operación Generalato

SECCIÓN MILITAR: “EJECUTAR ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LAS FUERZAS ARMADAS”

Ocho de los dieciséis generales se desacataron y fueron sancionados por ir a visitar en su confinamiento a un militar procesado por el homicidio de un estudiante en 1973. Los “indagables” celebran que su “ofensiva psicopolítica” haya sumado a oficiales en actividad solidarios con un violador de derechos humanos. Habría primado la hermandad de la Escuela de las Américas. El episodio implicó a militares de confianza del gobierno y puede incidir en la designación del próximo comandante en jefe del Ejército.

ROGER RODRÍGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy

Uno de los objetivos de la “ofensiva psicopolítica” que lanzaron los militares retirados que pueden ser indagados por crímenes de lesa humanidad, pudo comenzar a lograrse en la última semana, cuando ocho generales del Ejército fueron sancionados con una falta disciplinaria por ir a visitar al coronel (r) Tranquilino Machado, quien se encontraba preso en la Guardia de Coraceros tras ser procesado por el asesinato del estudiante Ramón Peré en 1973. Por primera vez, un grupo de oficiales en actividad se solidarizó públicamente con un violador de derechos humanos.
Desde que en febrero pasado los “indagables” salieron a la luz con una carta al comandante del Ejército, Jorge Rosales, han logrado varios de sus objetivos: ser referentes de la prensa a través del Foro Libertad y Concordia, concretar acciones de propaganda por la “lucha antisubversiva” y contra “la injusticia de los procesamientos”, establecer la discusión jurídica sobre el “derecho penal del enemigo”, atacar a fiscales y jueces de las causas, y, ahora, “ejecutar acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas, centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas”.
Todos esos “operativos” se fueron realizando a través de las “secciones” (integradas por las promociones de quienes son denunciados por violaciones a los derechos humanos) creadas con el propósito de “formar opinión pública, psicosocial y política para alcanzar el objetivo” (“en principio por medios legales”) de “luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los prisiones políticos, militares, policías y civiles”, según se habían establecido como “misión” en documentos internos confidenciales que Caras&Caretas reveló en febrero último.
Uno de los objetivos fundamentales, que no se había conseguido en los meses anteriores pese a las campañas propagandísticas sobre la emergencia de la sanidad militar, el show del presunto video con encapuchados uniformados, las acusaciones contra la autoridad del comandante Rosales, las críticas a la gestión del ministro de Defensa Luis Rosadilla y, aún, al presidente José Mujica, era que desde la oficialidad en actividad se diera una señal de adhesión a la lucha que -por su propia libertad- estaban realizando los militares retirados que participaron en la represión durante los años de la dictadura.

Tranquilo, Tranquilino

El viernes 10 de junio, la mitad de los dieciséis generales en actividad se presentaron en la Guardia de Coraceros en forma escalonada ("fuimos a las 8, a las 9 o a las 10 de la mañana", explicaron a El País) para visitar al coronel Tranquilino Machado, pese a que el comandante en jefe Rosales había desautorizado cualquier manifestación de adhesión a los militares retirados que se encuentran bajo proceso judicial. Nadie ha explicado cómo fue que se convocaron los generales, quienes se cuidaron “legalmente” de no cometer un delito militar mayor como el de “motín” pasible de una pena de prisión.
El artículo 40 de Código Penal Militar establece que semejante rebelión se constata cuando “militares, equiparados o prisioneros” (…) “en un numero no menor de cuatro, previo concierto o sin él, cualquiera fuera el fin perseguido” (…) “desobedezcan a sus superiores, se sobrepongan o intenten sobreponerse a la autoridad de éstos, tomen las armas indebidamente, ejecuten violencias reales o personales, formulen exigencia, inciten a la insubordinación” (…) “instiguen a la desobediencia” o “se valieran de su autoridad, para ordenar o ejecutar actos contrarios al orden o la disciplina”.
Sin embargo, los generales llegaron a destiempo y se fueron de dos en dos. Tampoco cayeron en el delito de “demanda colectiva” (Artº 41) porque no formularon pedido alguno, por su cuenta, ni atribuyéndose la representación de ninguna unidad militar. Sólo fueron pasibles de la sanción prevista en el Art. 47 del Reglamento de Disciplina General de Servicio, que en su inciso “j” tipifica como falta “las manifestaciones hechas por militares en actividad en forma pública por cualquier medio, aún con carácter de réplica, referente a cuestiones funcionales, sin estar debidamente autorizados”.
Del modo en que se realizó, la “Operación Generalato” fue un éxito para los defensores de los criminales de lesa humanidad, en la medida en que no facilitaron una sanción colectiva mayor por parte del mando y dejaron al gobierno en la difícil situación de tomar la decisión política de provocar un cambio total en la oficialidad superior que podría general la adhesión de los subalternos y tensar aún más la relación con los militares en actividad a quienes hoy les preocupa el presupuesto, los salarios y la atención sanitaria, más que la defensa de los “viejos carcamanes” de la dictadura.

Los cadetes de Panamá

La adhesión al militar encarcelado la protagonizaron los generales Luis Pérez (actualmente sin destino), Daniel Castellá (División de Ejército I), Pedro Aguerre (División Ejército IV), Domingo Montaldo (Casa Militar), Sergio D’Oliveira (Instituto Militar de Estudios Superiores), Neris Corbo (Sanidad Militar), Nelson Pintos (Logística), y Juan José Saavedra (Escuela Militar e Instituto Militar de las Armas y Especialidades). No llegó a la visita el general Juan Villagrán (División Ejército III) quien habría salido hacia Montevideo desde Paso de los Toros.
No pudieron concurrir, aunque lo hubieran querido, los tres generales en el exterior: Felicio de los Santos (Subjefe de la Misión de o­nU en Haití), Raúl Gloodtdofsky (Misión de o­nU en Pakistán) y Milton Ituarte (Agregado Militar en Estados Unidos). Los únicos que no asistieron fueron los generales Wile Purtscher (División Ejército II), José Burone (Estado Mayor de la Defensa) y el propio Jorge Rosales (Comandante en Jefe). El decimosexto general es Miguel Ángel Dalmao, quien también esta preso en la misma Guardia de Granaderos, procesado por la muerte en 1974 de Nibia Sablsagaray.
Hay algo que une a los procesados con la mayoría de los generales: Dalmao y Machado, ambos encarcelados por actos de represión cuando tenían el grado de alférez en la dictadura, son compañeros de promoción de los generales Gloodtdofsky, Castellá y Villagrán. Los cinco realizaron en 1972, el curso “Internal Security Opns CC-6” en la School of Americas (SOA) del ejército estadounidense en Panamá. De la misma promoción eran los hoy retirados Daniel Blanco Fenocchio y Gustavo Mieres Ultra, quienes están acusados del asesinato por torturas de Oscar Fernández Medietta en 1973.
Como la mayoría de los cadetes del Ejército entre 1967 y 1976, también egresaron de la SOA los generales Aguerre y Purtscher (“Internal Security Operations Course C-6”, 1973), De los Santos (“Básico de Operaciones de Combate y Contrainsurrección”, 1974), Corbo (“Basic Combat and Counterinsurgency Course C-6”, 1975), Burone, D’Oliveira y Saavedra (“Small Unit Leaderts Orien C-6”, 1976). Sólo cuatro (Pérez, Ituarte, Pintos y Montaldo) de los dieciséis generales no son egresados de los cursos norteamericanos. El propio Rosales llegó a realizar cursos en Fort Benning, Georgia.

Por orden de derechas

La prisión de Tranquilino Machado, fue calificada como un “punto de inflexión” para las Fuerzas Armadas, por el vocero del Foro Libertad y Concordia, coronel José Carlos Araújo Sbarra (de la misma promoción de la Escuela de las Américas que ambos encarcelados) y habría facilitado que los “indagables” les recordaran a los generales en actividad (todos ellos egresados y formados durante la dictadura) las funciones que cumplieron cuando con el grado de alférez también tuvieron a su cargo a un sargento, tres cabos y una veintena de soldados, sobre los que tenían que tomar decisiones.
Los ocho generales que visitaron a Machado, recibieron una sanción de tres días, dispuesta por el comandante Rosales, que podrán cumplir desde su mando y que sólo les obliga a mantenerse bajo arresto domiciliario al estar fuera del servicio. La medida fue apoyada por el ministro interino Jorge Menéndez (en consulta con el titular Luis Rosadilla, enfermo en su domicilio) y por el propio presidente José Mujica, quienes deberán ordenar la sanción a los generales Corbo y Montaldo, los cuales dependen del Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la República, respectivamente.
La inédita sanción sobre ocho generales en actividad se suma a otros desencuentros con mandos militares desde que gobierna el Frente Amplio: En 2005 se sancionó al agregado en Washington, coronel Alvaro Picabea, por colocar una foto en su despacho. En 2006, el comandante Carlos Díaz fue subrogado por reunirse con el ex presidente Julio María Sanguinetti. En 2007, Gloodtdofsky fue trasladado de Haití por dichos agraviantes. En 2010, Rosales fue amonestado por declaraciones políticas. En 2011 el jefe de la División de Ejército I, José A. López, fue sustituido por criticar a sus mandos.
El episodio, pude incidir en el nombramiento del futuro comandante en jefe del Ejército, ya que Rosales cesa en noviembre al cumplir cinco años en el mando. En esferas políticas sorprendió que entre los militares en falta estuvieran dos oficiales de confianza del gobierno, como el jefe de la Casa Militar, Montaldo, y el jefe de la División Ejército I, Castellá (hermano del recientemente fallecido subsecretario de Defensa), quien tras la sanción a López surgía como candidato a comandante. Si los sancionados quedarán fuera de carrera, por el orden de derechas, asumiría el general   Wile Purtscher.



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