El estilo de los comunistas

Muzzarella que se derrite en el punto justo, y se estira de forma ideal.

Entre el disciplinamiento y la refundación

Brecha

Lorier: "nuestro estilo"

PPP: La discusión que no fue
Por Hoenir Sarthou
de Voces Semanario, el jueves, 14 de julio de 2011

 Las alternativas generadas por la aprobación del
proyecto de ley de “participación público privada” revelan cosas importantes que están pasando en el país y, particularmente, en la izquierda uruguaya.

En primer lugar, una vez más, un proyecto de
importancia estratégica es votado sin la necesaria información y discusión
públicas. El hecho no es nuevo. El Estado uruguayo omite sistemáticamente
difundir de manera efectiva los contenidos de las iniciativas legislativas. Las
“páginas” virtuales oficiales, de intrincada organización interna y difícil
manejo, en las que es muy difícil o imposible localizar el documento que uno
busca y en las que en cambio abundan las “noticias” autopublicitarias, no son
la forma de difundir algo que se quiere hacer de verdad público. ¿Por qué no aparecen
los textos de los proyectos en los “buscadores” virtuales más usados y de más
fácil acceso? ¿Por qué no se los publica a costo del Estado en los medios de
comunicación más difundidos (cuando se gasta tanto dinero en publicidad oficial
innecesaria)? ¿Por qué no se los imprime y se los pone a disposición de la
gente –el texto objetivo, sin comentarios- en carteleras y mostradores de las
oficinas públicas?
Sin información pública no hay democracia. O,
peor aun, la democracia se vuelve una oscura administración de intereses,
legitimada por la ignorancia y desinformación de la ciudadanía. Se pueden
aprobar muchos proyectos de ley e implementar muchas políticas de esa forma.
Pero no es gratis. Tarde o temprano, habituados a la impunidad del secreto, los
gobernantes empiezan a ser “desprolijos”, a confundir el interés público con el
privado, a sufrir el “complejo de Dios”. Y, tarde o temprano, la gente se da
cuenta y desconfía. Para confirmarlo basta recordar lo que les pasó a los ex
-gobernantes blancos y colorados.
La urgencia y casi desesperación con que se ha empujado este proyecto, sumadas a la falta de información que lo ha acompañado, hacen que el procedimiento se parezca poco a lo que debería ser una decisión democrática debidamente asumida.

UN CHEQUE “AL PORTADOR”

No voy a analizar el proyecto concreto de
“participación público privada”. Sí a decir que –al menos en la versión a la
que tuve acceso- le permite al Estado –o al gobierno de turno- poner en manos
de privados la explotación de casi cualquier actividad (excepto las esenciales
del Estado y las que éste realiza en régimen de monopolio de origen legal).
La idea de que es sólo para la construcción de obras de infraestructura es meramente publicitaria, porque el proyecto incluye la “prestación de servicios relacionados”, lo que permite conceder la
explotación de aspectos parciales de cualquier proyecto o actividad, por lo que
no necesariamente el contratante privado debe ser un inversor en monumentales
obras de infraestructura.
El proyecto es un gran “cheque en blanco” para la administración de turno. Sin duda, puede ser bien utilizado. Pero también puede ser usado para malversar recursos publicos en beneficio de particulares.
Algunos de sus mecanismos son especialmente aptos para lo segundo. Es el caso
del “diálogo competitivo”, que en los hechos permite elegir casi “a dedo” a la
empresa con la que se contratará y hacerle un contrato a la medida. Y lo es
también el régimen de prestación de garantías, por el que el Estado puede salir
de fiador de los créditos que el contratante privado contraiga para financiar
el proyecto.
Habrá quien sostenga que este gobierno tiene
la intención de usar este cheque en blanco para bien, aplicando todos los
cuidados y transparencias. Puede ser. Pero, como dijo otro Pepe, “es muy
veleidosa la probidad de los hombres…” (y la de las mujeres, agrego yo, para no
ser discriminatorio), por lo que no está demás que las leyes prevean e impidan
la posibilidad de manejos indebidos. Allí está el patético caso de Pluna, en el
que el Estado ha perdido y no se cansa de perder millones de dólares, en una
asociación con privados que ha resultado desastrosa y en la que el Estado se
hizo fiador de sumas enormes, que todavía no nos han caído en la cabeza pero
probablemente nos caerán.
Lo cierto es que, aun en la mejor de las
hipótesis, legislar para un período de gobierno o para ciertos proyectos de
ciertos gobernantes es una mala forma de legislar. Porque los gobiernos pasan y
las leyes quedan. Y lo que puede ser bien usado por unos, puede ser mal usado
por otros.
Hay, entonces, una discusión nacional que no fue, por falta de información y, tal vez, por una lamentable falta de interés público. Pero hay otra discusión que tampoco fue: la que la izquierda se debe a sí misma.

LA IDENTIDAD DE IZQUIERDA

La negativa del Partido Comunista a votar el
proyecto, escamoteada mediante una sustitución parlamentaria tras algún
“enroque” ministerial, así como la postura del movimiento sindical, estuvieron
a punto de disparar un debate pendiente en el seno de la izquierda. Estuvieron a
punto pero no lo dispararon. Tal vez porque la conservación del instrumento
“Frente Amplio”, y de las posiciones que el Frente posee en el Estado, son
demasiado importantes y atractivas para todos.
¿Cuál es ese debate?

Nadie puede ignorar que el Frente Amplio, como
condensación de la izquierda uruguaya, tiene una matriz estatista. Una matriz
que le viene por varios lados. Por un lado, la raíz marxista, clave para el
Partido Comunista, para el Socialista, para muy buena parte del MLN y para una
cantidad de agrupaciones más chicas. Por otro, la impronta batllista, común a
todos los uruguayos.
Pues, bien, el proyecto de ley “de participación público privada” va en sentido rigurosamente contrario al
estatismo. Esto no es un juicio de valor, sino la constatación de un hecho.
Esta ley, definida como de prioridad estratégica, apunta a transferir la
realización de obras y la prestación de servicios públicos a manos privadas.
Con participación y control del Estado, sí, pero transferencia al fin.
Naturalmente, aparejará la transferencia de cuantiosos recursos públicos, o que
podrían ser públicos, a manos privadas. No es que eso sea malo de por sí, pero
es bueno saber que pasará.
¿Qué explica ese cambio radical de posición
respecto al papel del Estado? ¿Y por qué se produjo sin ningún debate teórico?
Sin duda, la implosión del “socialismo real” fue determinante para que la izquierda –los militantes de izquierda individualmente considerados, más que sus organizaciones- perdieran la fe en el Estado como administrador de los medios de producción. La perdieron en silencio, sin decirlo, casi como avergonzados.    

La caída del “socialismo real” ha sido un
hecho traumático para toda la izquierda. Más que las derrotas, más que la
dictadura, más que la tortura. Porque, al demostrar que el Estado “proletario”
no sustituía con eficiencia a la burguesía,
puso en crisis a la versión popular de la profecía marxista y, con ello,
puso en duda la propia identidad ideológica de la izquierda.
Falta –sigue faltando- un análisis teórico de ese hecho. Y un proyecto ideológico sustitutivo. Desde fines de los años 80, en casi todo el mundo, las organizaciones políticas de izquierda son como cuerpos sin cabeza. Tienen los músculos y los votos, pero no saben a dónde van. En no pocas ocasiones, terminan ejecutando programas políticos de derecha bajo banderas de izquierda.

El Frente Amplio sobrevivirá a la crisis causada por la “participación público privada”. Una vez más, su cuerpo físico
se ha salvado. No sé si puede decirse lo mismo de su cerebro y de su corazón.