Una fiscal solicitó procesar a otro ex jefe de la Armada, a seis capitanes y a 13 proveedores por
diversas "compras fantasma"
La fiscal especializada en crimen organizado, Mónica Ferrero, solicitó ayer miércoles 9 a la jueza Graciela Gatti que procese con prisión al ex comandante en jefe de la Armada Hugo Viglietti, a seis oficiales y a 13 de sus proveedores por 18 "compras fantasma" producidas en los últimos años en el marco de una "corrupción institucionalizada" en la fuerza de mar, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso.
La información sobre las "compras fantasma" surgió como consecuencia de un acuerdo que la fiscal Ferrero estableció con algunos de los oficiales indagados, señalaron los informantes. La posibilidad de realizar acuerdos por parte del Ministerio Público está regulada de forma expresa en la ley de "Control y prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo" (18.494); es una herramienta que ha sido aprovechada en esta y otras causas.
Las compras en cuestión refieren nuevamente a un banco de prueba para motores y a una grúa que según registros fueron adquiridas por la Armada en 2007, pero que en los hechos nunca ingresaron a sus dependencias. Además de eso hay licitaciones fraudulentas de repuestos para helicópteros, motores de barcos, generadores, frenos hidráulicos, espectrómetros y una multiplicidad de componentes técnicos.
Este es el segundo capítulo de la investigación por actos fraudulentos en la Armada, por los que ya fue procesado el ex comandante en jefe Juan Fernández Maggio y otros tres oficiales.
La causa, que fue objeto de una alta exposición pública, se constituyó en uno de los mayores casos de corrupción conocido en Uruguay hasta el momento.
"Toda la responsabilidad". Ahora, la representante del Ministerio Público profundizó la investigación y solicitó nuevos enjuiciamientos de oficiales de alto grado.
En el caso de Viglietti quien fue comandante en jefe de la Armada de manera interina en agosto de 2010 la solicitud de procesamiento es por un delito continuado de fraude. Viglietti, un contraalmirante ahora retirado, ejerció la jefatura de la fuerza durante menos de un mes, desde el retiro anticipado del entonces comandante en jefe Oscar Debali hasta la asunción del actual titular, Alberto Caramés.
El viernes 13 de agosto del 2010, en un discurso, sostuvo sobre el tema: "Sabremos asumir las responsabilidades que como militares nos correspondan". También dijo: "La Justicia actuará, está actuando, y de confirmarse que otros integrantes (de la Armada) usaron en su provecho dineros que tanto necesitaban nuestras viejas unidades, sin duda pagarán por ello".
En el juzgado Viglietti reconoció que sabía que el objeto de algunas de las licitaciones había sido cambiado y asumió "toda la responsabilidad" por esos hechos. Justificó su actitud en que se necesitaba el dinero "fresco" para cubrir otras necesidades en la Armada. Como ejemplo, mencionó que se utilizaba esa modalidad para pagar deudas con los proveedores que se habían contraído por la compra de otros insumos.
No obstante según las fuentes la fiscal considera que la versión de Viglietti no es verosímil, porque aunque afirme que no hubo beneficios para él ni para terceros, en los hechos la administración pública fue perjudicada ya que los elementos nunca ingresaron a la Armada.
Incluso la declaración de otros altos oficiales compromete a Viglietti, ya que manifestaron en el juzgado que algunos procedimientos de compra fueron realizados por una orden expresa del ahora ex comandante en jefe.
La representante del Ministerio Público también solicitó a la jueza Gatti el procesamiento con prisión del teniente de navio Carlos Esteban Barrero, del capitán de fragata Ricardo Rossi Estellano, del capitán de corbeta Néstor Baltar y del capitán de navio Adolfo Mochetti.
Todos los procesamientos son pedidos por el delito de fraude, ya que la fiscal entiende que los oficiales actuaron con engaño para perjudicar a la administración en beneficio propio o de terceros.
En el caso de Barrero, el oficial confesó su participación en el ilícito al punto de que se encargó personalmente de hablar con los proveedores y obtener el dinero de las compras que ?sabía? eran falsas. Por su parte, Rossi también admitió su participación en los hechos, aunque lo justificó con el argumento de que se lo ordenó Viglietti. En la misma línea, Baltar confeccionó al menos una factura de una compra a sabiendas de que la mercadería era inexistente. Por su parte, Mochetti participó en la maniobra al permitir que una serie de personas cobraran dinero sin pertenecer a la empresa adjudicataria de una licitación y sin exigir documentación alguna. Estas fueron las conclusiones de la fiscal.
Acerca de los marinos Gerardo Feble y Pablo da Costa quienes ya habían sido procesados con anterioridad la representante del Ministerio Público pidió a la jueza que tenga en cuenta estos nuevos hechos para ampliarles la calificación inicial.
Proveedores. En cuanto a los proveedores, según dijeron las fuentes la fiscal solicitó el procesamiento con prisión de 13 de ellos por el delito de fraude: Néstor Enrique Videla, Homero Mujica, Guillermo Lafitte, Alberto Botta, Raúl Alfredo Várela, Enrique Moreira de León, Yanet Alicia Cohén, Carlos Goro, Claudia Cabrera, Clara Szperstein, Gustavo Westerfeld, Lourdes Marisol González y Alejandro Ricardo Abud.
De acuerdo con los informantes, si bien los proveedores manifestaron que el cambio de los objetos de las licitaciones e incluso las licitaciones falsas eran una exigencia de la Armada para poder seguir trabajando, la fiscal considera que su participación fue determinante en la maniobra.
Según la representante del Ministerio Público las "compras fantasma" no podrían haberse llevado adelante sin la complicidad de los proveedores, quienes en algunos casos incluso aceptaron devolver el dinero que habían cobrado supuestamente a cambio de la mercadería, pero quedándose con un 10% como comisión por su trabajo.
Los propios proveedores, al ser interrogados en la Policía y en la Justicia, afirmaron que ese era un mecanismo usual, al que se prestaban para hacerles una "gauchada" a oficiales con los que tenían un trato habitual. Algunas de las empresas que se presentaron a la licitación se integraron con familiares y vecinos de oficiales y otros proveedores, a quienes se les indicó que se trataba de un negocio redituable y seguro.
En la misma línea la fiscal Ferrero solicitó que se libre orden de prisión y captura contra Gustavo Trocki y su esposa Verónica Szerman, quienes también aparecen involucrados en estas maniobras.
Los hermanos Trocki fueron grandes proveedores de la Armada, y cuando la investigación sobre estos hechos tomó estado público se fueron de Uruguay y se radicaron en Israel.
Asimismo, la fiscal solicitó a la jueza que embargue a todos los indagados y que forme una pieza separada por "lavado de activos", para tratar de que el Estado recupere el dinero en poder de los oficiales que presuntamente fue mal habido
http://youtu.be/jBcTOghvcIw
Fiscal pidió el procesamiento de otro ex comandante de la Armada
Para la Justicia el marino estuvo implicado en compras “truchas”
La fiscal de Crimen Organizado, Mónica Ferrero, pidió el procesamiento con prisión del ex encargado de despacho de la Armada Nacional, Hugo Viglietti, y de otros seis oficiales por compras fantasmas. http://youtu.be/34A6cOexxi4 La fiscal de crimen organizado, Mónica Ferrero, pidió nuevos procesamientos por otras compras ficticias de la Armada, entre quienes se encuentra el ex comandante en jefe, Hugo Viglietti. Según dijeron a El Observador fuentes de la investigación, la Fiscalía pidió esta semana a la jueza Graciela Gatti los nuevos procesamientos por el delito de fraude en uno de los diez expedientes que están en trámite por corrupción en la Armada.
En el caso de Viglietti, la investigación determinó que tuvo participación en una lista de adquisiciones “truchas” efectuadas entre mayo de 2007 y diciembre de 2008, cuando era comandante de la flota. La investigación realizada por la oficina de Crimen Organizado del Ministerio del Interior probó que la mercadería no fue entregada.
Se trata del segundo ex jefe de la Armada inculpado por la Justicia en maniobras por las cuales se desviaron fondos públicos y dinero destinado a las misiones de paz de la ONU.
Cuando explotó la crisis en la Armada, en agosto de 2010, por los procesamientos de oficiales y del ex comandante Juan Fernández Maggio, el entonces ministro de Defensa, Luis Rosadilla, designó a Viglietti jefe de la fuerza.
Entre los acusados por la Fiscalía, también se encuentra el ex jefe de Logística, Gerardo Feble, quien ya fue procesado junto a otros dos oficiales en agosto de 2010.
A todos se los indaga también por lavado de activos para saber si con los fondos del Estado enriquecieron su patrimonio.
Diez maniobras distintas
La jueza Gatti tiene a su cargo en total diez expedientes en los que indaga diferentes maniobras que involucran a oficiales de la Marina. En otro de los expedientes en trámite, la Justicia investiga al actual comandante de la Armada, Alberto Caramés, por su gestión al frente de Material Naval, y a los ex comandantes Federico Lebel y Oscar Debali.
Una de esas maniobras está vinculada al manejo irregular de fondos ONU por los cuales se gastaron sin justificar millones de dólares destinados a las misiones de paz. Otra carpeta investiga la adquisición de 16 lanchas para Haití en una licitación, que según se probó hasta ahora, estuvo redireccionada para favorecer a los hermanos Daniel y Gustavo Trocki, proveedores de la Armada. Esa indagatoria intentaba determinar el destino que se le dio a US$ 6 millones que se pagaron por las lanchas.
Las irregularidades con los vales de nafta es otra de las investigaciones que está en curso. En este caso se probó que oficiales intercambiaban vales de nafta por dinero en estaciones de servicio que pertenecen a militares retirados.
Otro expediente investiga el destino que se dio al dinero de una cuenta que la Armada tenía en Alemania y que se cerró en 2005 con el faltante de US$107.000 y 3.800 euros.
Además de estos se abrieron otros presumarios debido a acuerdos entre la Fiscalía y oficiales de la Armada, quienes ofrecieron información a cambio de recibir una pena más leve por sus delitos.
ANÓNIMO.
Esta investigación judicial y administrativa en Defensa está centrada sobre el procedimiento de compra de una grúa hidráulica y de un banco de pruebas para motores, por un monto cercano a los US$ 600.000, y también sobre el manejo de millones de dólares durante varios años de los fondos que la ONU entregó a la Armada por su participación en las misiones de paz de la organización.
Tras recibir una denuncia anónima sobre el caso, la jueza especial de crimen organizado, Graciela Gatti, ordenó un allanamiento en el Servicio de Aprovisionamiento de la Armada (Serap) por parte de personal policial y no halló ni la grúa ni el banco de prueba de motores supuestamente adquiridos.
Uno de los militares separados de su cargo ya declaró ante la jueza especializada y la fiscal Mónica Ferrero, siendo la única persona interrogada hasta el momento por las magistradas, ya que el resto de los oficiales implicados han comparecido ante la Policía.
Pero además, existen indicios en la sede penal de que maniobras de estas características se están realizando desde el año 2000 y que podrían implicar montos que oscilan entre los US$ 3 y US$ 5 millones al año, ya que anualmente la fuerza naval realiza una decena de "compras por excepción", una modalidad en la que no hay límite de gasto ni tampoco rendición de cuentas, informó ayer el diario El Observador.
Rosadilla dijo que emplear el sistema de compras por excepción "no significa discrecionalidad" del ordenador del gasto, sino que se deben seguir los cursos administrativos.
FONDOS ONU.
Estos cuatro oficiales también tienen que ver con otra situación presuntamente irregular que se investiga desde comienzos de este año, como el manejo de los fondos de la ONU. Está comprendido el uso de una cuenta bancaria en una institución financiera de Alemania, y la compra de 16 lanchas patrulleras para destinar a la fuerza de paz desplegada en Haití.
La investigación administrativa sobre el manejo irregular de los fondos de la ONU, lo cual en su momento también fue cuestionado por la Auditoría Interna de la Nación (AIN), estará finalizada el viernes, estimó anoche Rosadilla. A partir de entonces, se tomarán las medidas que correspondan, indicó, tras lo cual auguró "consecuencias graves" sobre los responsables directos del ilícito.
Otras investigaciones en curso por manejo de fondos en el ámbito de Defensa
En marzo, cuando asumió Rosadilla, en el Ministerio había una investigación interna -en paralelo con la Justicia- sobre el manejo de fondos en el exterior. Se levantó el secreto bancario sobre una cuenta radicada en el Dresdner Bank Lateinamerika AG, de Alemania que era manejada por oficiales en el exterior. Esa investigación concluyó hace un mes y está en la Justicia. Según una investigación posterior de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) la fuerza naval administró unos US$ 30 millones recibidos entre 2006 y enero de 2009 por su participación en las fuerzas de paz de Naciones Unidas. El resultado de la auditoría efectuada en el primer semestre de 2009 objetó el "manejo en efectivo" de la totalidad de ese dinero y aconsejó entonces al Ministerio de Defensa la realización de una investigación administrativa concreta respecto a la "apertura, utilización y administración" de la cuenta bancaria en Alemania.Otro caso relativo a la Armada fue enviado a la Justicia por el propio Rosadilla, y refiere a una presunta alteración documental de un documento de cobro por parte de un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional. Además, en forma paralela, el hecho se investiga desde el punto de vista administrativo en la propia cartera. Hubo una separación inmediata del cargo.
El caso actual se sigue a partir de una denuncia que recibió la Justicia. El Ministerio y la Armada también están investigando porque estaría involucrado un alto jerarca naval y otros oficiales. Según Rosadilla, se está ante un "presunto ilícito". "Estoy siendo informado en forma diaria. Las órdenes son dos: seguir con la investigación interna con todo el rigor y darle a la Justicia todo el apoyo y apertura que requiera para aclarar hasta el último elemento que surja", precisó.
Armas dentro de cárceles, robadas a Policía y Ejército
Crisis. Informes de Inteligencia alertan sobre mafias carcelarias
En los últimos 10 días, la Policía encontró nueve armas entre los escombros de los módulos 4 y 5 destruidos por los presos en un motín ocurrido en la madrugada del 25 de abril. Efectivos del Departamento de Inteligencia y Análisis Penitenciario (DIAP) y guardias han descubierto nueve armas cortas, dos granadas -una utilizada por el Ejército y otra usada por la Policía-.
El informe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie), que fue manejado en la comisión técnica de los ministerios de Interior y Defensa que elabora la reglamentación de la ley que habilita a militares a controlar el ingreso a los penales, expresa que grupos vinculados al crimen organizado reclutan a guardias para que ingresen armas y drogas a las cárceles a cambio de dinero o bajo amenazas de ultimar a sus familiares.
La investigación constató que muchas de las municiones en poder de delincuentes fueron dadas de baja en el Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército y provienen de distintas unidades.
TODO ESTO ES UNA MIERDA.... REVANCHISMO !!!!!!
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