Igual que en el 72' se llama a los milicos (no aprendieron nada)
Militares uruguayos para combatir al narco
La oposición presentará al el parlamento un proyecto que buscan copiar las experiencias de las Fuerzas Armadas de Brasil y México en la lucha contra el tráfico de drogas.El senador Luis Alberto Heber, presidente del directorio del Partido Nacional -el principal de la oposición- adelantó que se está estudiando el plano jurídico para "darle a los militares el marco legal" para que puedan "tener una acción contra el narcotráfico en todo el país" y así evitar que Uruguay "pierda esa batalla".
Lo que resta definir antes de presentar el proyecto de ley es si "será necesario crear una nueva fuerza militar o buscar la mejor manera para que las existentes puedan combatir este flagelo", indicó.
"Ya vimos que en Brasil o México los militares fueron llamados para enfrentar con éxito el narcotráfico y pretendemos lo mismo para Uruguay", destacó el legislador, impulsor de la iniciativa.
"Estamos perdiendo la lucha contra el narcotráfico y eso golpea el tejido social y la vida de todos los uruguayos", aseguró.
Wilson Ferreira Aldunate, discurso del Kiyú
Las declaraciones de Ferreira Aldunate fueron realizadas en Kiyú el 10 de enero de 1987, fueron publicados en "El engaño colorado, el sacrificio blanco, el enemigo de afuera y la coalición imposible": Discurso de Ferreira en Kiyú, Brecha, 16 enero 1987
A principios de 1986, la comisión parlamentaria sobre las violaciones de los derechos humanos entregó a la justicia una lista de cuarenta y seis casos de personal militar y policial implicados en violaciones de los derechos humanos. En agosto de 1986, el presidente presentó un proyecto de ley diseñado para conceder inmunidad a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad implicados en violaciones de los mismos. Tal ley habría sido equivalente a los indultos concedidos en marzo de 1985 a los Tupamaros. La reacción popular al proyecto de ley fue completamente negativa. Una manifestación masiva de más de 10.000 personas exigió su rechazo. El parlamento rechazó de hecho dicho proyecto de ley en septiembre de 1986.
Wilson Ferreira Aldunate, uno de los líderes del Partido Nacional "Blanco", quien había sido víctima de la represión, denunció en enero de 1987 que las fuerzas armadas habían permitido la apertura democrática a cambio del compromiso por parte de los líderes políticos civiles de no citar a los militares a juicio. Según Ferreira Aldunate, dicho acuerdo, llamado Pacto del Club Naval, hizo posible la transición política a la democracia en 1984.
En octubre de 1986, diecinueve generales advirtieron de que la carencia de una ley de amnistía implicaba "serios riesgos" para la estabilidad y continuidad del sistema democrático . Las fuerzas políticas se dividieron sobre este tema. El partido Blanco, principal fuerza de la oposición, favoreció una amnistía parcial. El partido gobernante, el Colorado, era partidario de una amnistía más amplia. La coalición de izquierda, el Frente Amplio, rechazó cualquier tipo de compromiso con los responsables de las violaciones de derechos humanos. Las fuerzas armadas indicaron que ninguno de sus miembros obedecería las citaciones judiciales que se emitieran.
Finalmente, el parlamento aprobó la Ley de Caducidad, la cual tuvo el apoyo de amplios sectores de la oposición del partido Blanco, así como del partido gobernante, el Colorado. La Ley de Caducidad exoneró a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía de los actos delictivos cometidos por motivos políticos antes del 1 de marzo de 1985. La ley perdonaba las violaciones de los derechos humanos, excepto en los casos extremos en los que se probara la existencia de un beneficio ilícito por parte de los violadores. Con dicha ley, el gobierno mantenía el derecho de investigar la desaparición de 164 ciudadanos durante la represión, así como el destino de los hijos de desaparecidos. El senado adquirió el control sobre la promoción de los oficiales de las fuerzas armadas; el Ministerio de Defensa fue puesto a cargo de los servicios de inteligencia y se concedió al parlamento la supervisión de la academia militar.
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