Espionaje: A varias bandas

Trabajaba para la CIA

Samuel Blixen

14 octubre 2016

La estación de la Cia estadou-nidense en Uruguay tenía en nómina a por lo menos 37 funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores, a los que pagaba mensualidades de entre 250 y 1.000 dólares por una colaboración permanente. En la nómina figuraban, además de personal de Protocolo de la cancillería, el inspector Máximo Costa Rocha, el comisario Panizzolo, el subcomisario Moll, el oficial Del Rivero, el “Caballo” Vaz, y Javier Ledesma, alias “Condorito”, que oficiaba de enlace de la Cia con las autoridades de gobierno y de la Policía. Los citados policías de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii) fueron simultáneamente, a mediados de 1989, informantes pagos de la inteligencia española, a partir del momento en que se confirmó la presencia en Uruguay de ciudadanos vascos requeridos por su presunta participación en la Eta. Las relaciones policiales con organismos extranjeros eran monitoreadas por Walter Nessi, prosecretario de la Presidencia en la primera administración de Julio María Sanguinetti.
Los detalles del funcionamiento de la Cia en los meses previos a las elecciones de 1989 están consignados en por lo menos 20 documentos de la inteligencia militar a los que accedió Brecha. Dichos informes dan cuenta de una verdadera historieta de espías, en la que agentes estadounidenses y su “residente” local, identificado como el “Facho” Ramírez, presuntamente ex policía, presionan a los responsables de la inteligencia policial para sabotear un operativo de infiltración al Comité Central del Partido Comunista, que desplegaba el Departamento III de la Dirección Nacional de Información de Defensa. En este ménage à trois entre la Compañía, la Dnii y la Dgid, la Cia pretendía tener la exclusividad del manejo de un miembro del Pcu que había sido conectado anteriormente pero que en 1989 colaboraba con la inteligencia militar.

 JUEGO DE ESPÍAS. “Diego”, un “manipulador” de la Dgid (que inopinadamente se descompartimentó como oficial del arma de Ingeniería y propuso “barrer con buldozers a toda la Dnii y construir de nuevo”) mantuvo, entre febrero y agosto de 1989, entrevistas bisemanales con “Fabián”, un funcionario del Departamento de Análisis de la Dnii que en el archivo de la agencia figura como “agente 53-G”. Por lo menos desde 1980, Fabián fue informante a sueldo de la Cia, pero en 1987 abruptamente prescindieron de sus servicios, con lo que sus ingresos cayeron significativamente, hasta que fue reclutado por la inteligencia militar.
En su calidad de doble agente, Fabián entregó a su manipulador militar un contacto con un escribano, miembro del Partido Comunista, a quien el Departamento III bautizó como Juan Carlos. La relación del agente Fabián con Juan Carlos databa del momento en que éste fue detenido por la Dnii en una de las oleadas de represión al Partido Comunista durante la dictadura.
La “manipulación” de Juan Carlos por la agencia militar fue un tanto borrascosa, en la medida en que los oficiales presionaron excesivamente al comunista quien, al parecer, tenía acceso a información de la interna del Comité Central. Sin llegar a romper el vínculo, Juan Carlos era reacio a brindar información, aduciendo que no era un militante muy enterado. Mientras por un lado los oficiales montaron toda una vigilancia en torno a Juan Carlos y establecieron seguimientos, por otro apelaron a Fabián para recomponer el vínculo. Fabián tuvo una entrevista con Juan Carlos en la que lo conminó a ser más específico en su colaboración. A su contacto en la Dgid, Fabián explicó que el talón de Aquiles del escribano era la “garantía” que dos coroneles, Klastornic y Donaldo, dieron ante el juez militar para obtener la libertad de Juan Carlos. Fabián también informó que en la entrevista le había dicho a Juan Carlos que a partir de entonces tenía que asegurar su “seguridad”, para el caso de que el partido conociera sus contactos; le dijo que los militares le daban esa seguridad. Sin embargo, Juan Carlos optó por informar a un miembro de la dirección del partido que la inteligencia militar lo había consultado sobre las posibilidades de la derogación de la ley de caducidad en el referéndum; y de la misma forma, le avisó a Fabián que había tratado de blanquear esa relación.
Fabián comenzó a tener problemas en la Dnii, a pesar de que no había ocultado que mantenía vínculos con la inteligencia militar. Primero fue el subdirector de la Dnii, el comisario Pani-zzolo, quien le preguntó si seguía viendo al escribano. “Vos hacé lo que quieras –le dijo– pero yo no quiero saber nada porque ese asunto está muy manoseado”, refiriéndose a que anteriormente había estado en manos de la Cia.
Y una mañana de mayo de 1989, el director de la Dnii, Costa Rocha, le advirtió a Fabián que el escribano era un doble agente y que no debía verlo más. Costa Rocha le dio a entender que sabía que el escribano tenía vínculos con la inteligencia militar, y que había dado cuenta de esos contactos a la dirección del partido. Fabián le preguntó si la información provenía de dentro del partido y Costa Rocha le confirmó que era una “fuente muy segura”, pero después se supo que el origen de la información era la propia Cia.
Pese a la orden recibida, Fabián se negó a abandonar el contacto con el escribano y, como explicó más tarde a su manipulador Diego, no temía sanciones o represalias porque “conozco todas las historias sucias de ahí adentro”. En su evaluación, Fabián concluyó que la afirmación sobre el carácter de doble agente de Juan Carlos era una maniobra para indisponerlo con la inteligencia militar, al haberle pasado un contacto que supuestamente podría abrir la puerta para una penetración de la inteligencia del Partido Comunista en la Dgid. Diego le recordó que esa había sido una hipótesis no descartada por la agencia, pero Fabián argumentó que todo era una maniobra de la Cia para retomar el control exclusivo del manejo del escribano. En ese momento Fabián entregó una carpeta con memorandos y desgrabaciones de las conversaciones que los agentes de la Cia habían mantenido con Juan Carlos. “Yo historié todo el proceso de este asunto muy mal manejado a los dos gringos que estuvieron responsables aquí en Montevideo”, explicó Fabián.

LA CIA SE REPITE. Pese al evidente resentimiento por haber sido “despedido” de la Cia, la inteligencia militar no cuestionó la información que aportó Fabián sobre la actuación local de la agencia estadounidense. Detalló que el Facha Ramírez era el residente de la Cia, cuya función es la de “un administrador”: paga sueldos, sugiere compras y decide quién recibe qué beneficio, un viaje para la familia o una recompensa extra. “Yo le dije, ahora cuando me encontré con él en la Dirección e intentó que volviera a trabajar para la Cia, que yo no me olvidaba de lo que me habían hecho. Y no me olvidaba de los sobrecitos con el dinero y con los nombres.”
Fabián informó que el enlace de la Cia con la Policía era Javier Ledesma, alias Condorito, “amigo íntimo del inspector Costa Rocha y amigo también de Walter Nessi”. El entonces prosecretario de la Presidencia tenía, según el agente 53-G, un grupo del que era parte Condorito. El prosecretario era quien administraba todas las relaciones con todas las agencias extranjeras: “Nessi era el que decidía qué cosas se les decía y qué cosas no”. A través del Ministerio del Interior, Nessi tenía contactos con iraníes, con la derecha peronista, con la inteligencia española, además de la Cia. El grupo de Nessi, según las afirmaciones de Fabián, se desmembró porque el prosecretario “cayó en desgracia” en el último tramo del período de Sanguinetti.
La Cia privilegiaba la relación con el Ministerio del Interior y rechazaba la relación con el Ejército. Fabián atribuía al Facha Ramírez la afirmación de que “somos antimilitaristas” y que eso explicaba por qué la Cia quería excluir a la inteligencia militar del operativo sobre el escribano comunista.
Según Fabián, el director Costa Rocha secundaba todas las indicaciones que habitualmente recibía de la Cia por intermedio del Condorito Ledesma. Pero los sueldos que pagaba la Cia eran fijados por el Facho Ramírez y el criterio del monto no estaba dado por la jerarquía del funcionario sino por su trabajo de campo y su antigüedad en la relación; algunos no recibían sueldos, pero obtenían regalos: sugerían viajes para sus familias o ayuda para adquirir vivienda. Fabián aseguraba que el Facho había adquirido una casa en España, a donde pensaba retirarse.
El Departamento III de la inteligencia militar especulaba que la Dnii podía tener un infiltrado al máximo nivel en el Partido Comunista, aunque su agente 53-G decía que no había evidencia informativa de tal infiltración: él no había escuchado nada que confirmara esa hipótesis, por más que lo sugería el propio director Costa Rocha. Los documentos tampoco aportan una resolución a la incógnita de si Juan Carlos era o no un doble agente. El manipulador Diego y su supervisor “Guillermo” se inclinaban a reconocer que el Partido Comunista había desarrollado un eficiente aparato de inteligencia, lo que los obligaba a aplicar un tamiz fino sobre cualquier información que la inteligencia militar recibiera de las docenas de agentes infiltrados, a nivel central del Pcu, de su estructura zonal o de los sindicatos.

Una confesión

Si finalmente accede a los documentos del espionaje militar en democracia, la comisión investigadora que Diputados está a punto de nombrar, bien puede rastrear el documento P.I.E. 14/89, redactado el 22 de mayo de 1989, que transcribe la conversación entre el oficial Diego, del Departamento III de la Dirección General de Información de Defensa, y el agente 53-G, alias Fabián. Este agente, funcionario de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía, relataba el tenor de una conversación que mantuvo con un agente de la Cia en Uruguay, el Facho Ramírez.
—Yo no maté gente por satisfacción propia –cuenta Fabián que le dijo al Facho–. Y a vos te consta, porque salimos juntos, estuvimos juntos enterrando gente, ¿o no?
—Sí, pero eso fue una cagada –dijo el Facho.
—Y bueno, si vos te olvidaste de eso, yo no me olvido, porque yo no lo hice con satisfacción y vos tampoco. Hubo una diferencia: yo no me mamaba después de hacerlo. Yo pensaba que teníamos que trabajar de otra manera para evitar llegar a eso. Insistí y te rompí las bolas durante años de que formáramos un equipo de gente para que mañana, de diez tipos, tuviéramos que matar a tres para obtener información.
No sería difícil identificar a Fabián, en especial porque en cierto momento de la desgrabación parece referirse a sí mismo por su nombre y apellido al recrear una conversación de una tercera persona.

Partido Independiente y Unidad Popular

Más apoyos para la investigadora

Probablemente el lunes 17 un grupo de trabajo designado por la bancada de diputados del Frente Amplio concluya un documento que será presentado a una comisión preinvestigadora, como denuncia para fundamentar la instalación de una investigadora sobre las actividades de espionaje militar que quedaron al descubierto tras la incautación del llamado archivo Castiglioni.
La necesidad de investigar el origen del espionaje militar en democracia y establecer qué autoridad fue responsable de esa práctica, fue inicialmente planteada por el Pvp, el Partido Comunista, Ir y Casa Grande, y finalmente, aunque a regañadientes en el caso del Mpp, la iniciativa obtuvo la unanimidad.
El planteo de una comisión investigadora parlamentaria recogió además el apoyo del Partido Independiente y de la Unión Popular. Este apoyo, que en el plenario de Diputados implica la adhesión de cuatro votos, asegura las mayorías y diluye la posibilidad de naufragio si algún legislador díscolo de la bancada oficialista horada la estrecha mayoría. Por otro lado, también se manifestaron proclives a indagar la actuación de la inteligencia militar en los sucesivos gobiernos democráticos los senadores blancos Luis Alberto Heber y Javier García, así como el colorado José Amorín.
Las reticencias de algunos sectores frenteamplistas fueron confirmadas por el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, a una delegación de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos que pretendía dejar constancia de la importancia que atribuyen a la instalación de una investigadora. Para Familiares, los mapas sobre el predio del Grupo de Artillería Antiaérea encontrados en las carpetas del coronel Castiglioni, y sus referencias a que había que impedir las investigaciones en esa unidad, hacen suponer que las excavaciones que se realizan actualmente podrían beneficiarse de la documentación que al respecto pudiera haber en el archivo.
La necesidad de que los antropólogos que están a cargo de las excavaciones en Artillería puedan acceder a la información incautada fue la razón de una entrevista que otra delegación de Familiares mantuvo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique. El magistrado aclaró que no es competencia de la Suprema Corte facilitar el acceso a la documentación, que está en manos de la jueza penal Adriana de los Santos, quien debe decidir al respecto. Sugirió que Familiares eleve un pedido escrito para que la jueza decida. La nota sería enviada a la brevedad porque, como especificó una integrante de la delegación, toda eventual información que pueda ayudar al trabajo de los antropólogos debe obtenerse a corto plazo.
Al respaldar la iniciativa de instalación de una comisión investigadora parlamentaria, el senador Pablo Mieres aseguró que el espionaje militar en democracia es de “extrema gravedad”. Se refirió también a la necesidad de establecer si alguna documentación referida a algunos de los archivos incautados hasta ahora se ha extraviado.
Es posible que, de prosperar, la comisión investigadora sea integrada con diputados de otros partidos, además del Frente Amplio, incluidos el Partido Independiente y la Unidad Popular

Lunes 17 • Octubre • 2016
La dictadura en democracia

Quizá soy demasiado joven o demasiado ingenuo, pero la confirmación de la existencia de un aparato militar clandestino dedicado a espiar a políticos, sindicatos y militantes me resulta asombrosa y en extremo preocupante. No logro entender cómo un hecho de esta envergadura no fue un escándalo nacional.
La confirmación de la existencia de este aparato vino gracias a la investigación de un archivo incautado por la Justicia en la casa del coronel retirado Elmar Castiglioni, vocero del Foro Libertad y Concordia, organización de militares retirados en defensa de los militares presos por los crímenes de la dictadura.
Pasando en limpio la información divulgada por la prensa (en especial por Brecha), por lo menos hasta 2009, militares partidarios de la dictadura espiaron a diferentes actores del sistema político, continuando con las prácticas de espionaje dictatoriales hasta muy bien entrada la democracia. Cuando los que somos críticos de la democracia uruguaya hablamos de las secuelas del autoritarismo no solemos pensar en cosas tan literales.
Este hecho es preocupante por muchas razones. En primer lugar, da escalofríos pensar para qué estos militares tenían montado este aparato. ¿Qué extorsiones, qué amenazas, qué tráficos de información habrán llevado a cabo? ¿Qué cambios en la trayectoria de discusiones y decisiones políticas habrán logrado estas operaciones? ¿Qué tanto las Fuerzas Armadas (FFAA) participaban (o participan) en estas actividades?
Las revelaciones del archivo Castiglioni nos dan una oportunidad de ver al “estado profundo” (deep state, en inglés), es decir, a las redes de tráfico de información, violencia y recursos que se dan en los bordes de lo estatal, y la medida en la que esas redes se interesan en (y operan sobre) los asuntos políticos civiles. Las consecuencias de la existencia de este tipo de redes para un régimen que se llama democrático no son nada menores, especialmente teniendo en cuenta que en Uruguay tenemos unas FFAA que nunca terminaron de romper con el legado de la dictadura. Cotidianamente los militares participan como grupo de interés en las discusiones políticas, como lo demuestran las disputas en torno a la reforma de la eternamente deficitaria Caja Militar. De hecho, el propio Estado legitima a los militares a erigirse como actores políticos, como lo demuestra su participación en el Diálogo Social y en otras instancias de este tipo.
El poder de los militares es un asunto que debería ser extremadamente sensible, especialmente en un país en el que la única “guerra” que pelearon sus FFAA en el último siglo fue contra su propia población, “guerra” cuya función fue ayudar a detener el avance de la izquierda en una América Latina convulsionada, en coordinación con los planes imperiales de Estados Unidos.
Conviene pensar, entonces, cuál es la función de las FFAA, aparte de reprimir a la población, apoyar imperialismos extranjeros y conspirar contra la democracia. Cuesta pensar que su participación en el Sistema Nacional de Emergencias no pudiera ser sustituida por un aparato civil, o que su colaboración con la Intendencia de Montevideo durante los paros de los recolectores de basura los haga realmente fundamentales, o que su función de “seguro de desempleo” en localidades remotas no pudiera ser suplido por una mejor seguridad social. ¿Es necesario tener una institución jerárquica, armada, aislada y conspiradora para cumplir estas funciones? ¿Es necesario que esa institución tenga su propio sistema de salud, educación y jubilaciones?
No se trata de difamar a los soldados, que viven una vida sacrificada y llena de privaciones. Mejor sería que como nación no pidiéramos ese sacrificio y esas privaciones a nadie, menos aun en tiempos de paz, y resulta irónico que quienes imponen este sacrificio a sus subalternos luego lo usen para legitimar otras facetas de la institución militar.
Ya se han comprobado en estos años casos escandalosos de corrupción en las FFAA, pero, si se comprobara que existe involucramiento militar en el aparato de espionaje revelado por los investigadores que trabajan con el archivo Castiglioni, estaríamos ante algo mucho más grave, que entra en el terreno de los crímenes contra el Estado y de la insubordinación militar hacia el poder civil.
Hay en la izquierda quienes están convencidos de que es necesario hacer política con los militares, pero me pregunto qué tipo de política es capaz de dialogar con este tipo de aparatos. Hay también quienes creen que la defensa nacional es un área importante de las políticas públicas, pero cuesta imaginarse a quién defenderían instituciones con la historia y las características de las FFAA uruguayas en caso de crisis. Si quisiéramos plantear algo así, sería necesaria una reforma militar mucho más profunda que la que actualmente se está intentando llevar a cabo y unas señales políticas mucho más fuertes que las medias tintas que escuchamos desde el gobierno ante noticias como estas.
Pienso, mientras escribo estas líneas, si como civil politizado tendría que tener miedo por escribirlas. Este pensamiento resume mejor que cualquier texto lo preocupante que es este tema.

Gabriel Delacoste

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