Los tres latifundios más grandes del Uruguay son de extranjeros
22 de julio de 2002
Los ahorristas uruguayos que invirtieron en empresas forestales obtendrían escasa o nula rentabilidad debido a las altas tasas de interés obtenidas en préstamos bancarios para iniciar las explotaciones, y a consecuencia de la sobredemanda que, ya se prevé, derrumbaría en pocos años los precios en el mercado mundial de maderas para la industria papelera.
Según estimaciones, las únicas forestadoras que recibirían beneficios son las que pertenecen a capitales trasnacionales, que a la vez tienen en sus países de origen las plantas donde procesan la materia prima que exportan desde Uruguay sin valor agregado de mano de obra, y sin haber generado un solo puesto de trabajo.
Mientras tanto, los tres mayores latifundios de Uruguay pertenecen a tres empresas de capitales extranjeros.
Un “yanqui” tiene más que Gallinal
El latifundio más extenso que conoció la historia de Uruguay pertenecía al terrateniente Alejandro Gallinal, hombre distinguido por el voluntarismo con que intentó mejorar la vida del campesinado pobre mediante el Movimiento para Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (Mevir), institución que fundara en los años cincuenta.
Cuatro decenios después, el latifundio más extenso que hay en Uruguay pertenece a la empresa forestadora Weyerhaeuser, una trasnacional de capitales ciento por ciento estadounidense, que opera en el país bajo la razón social de al menos dos empresas subsidiarias: Colonvade, con por lo menos 53 mil hectáreas, y Los Piques, con por lo menos 18 mil.
Weyerhaeuser posee en Uruguay un total de 128 mil hectáreas de tierra en los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Paysandú. Sólo 71 mil están siendo explotadas. El resto son un negocio a futuro.
De los tres latifundios más grandes ninguno tributa
El latifundio estadounidense, bastante mayor aun al que poseyera en su momento Gallinal, cultiva, casi exclusivamente, pinos y eucaliptos, variedades de árboles que agotan hasta la muerte los recursos orgánicos de la tierra donde crecen, absorbiendo grandes cantidades de agua, durante quince o veinte años, en promedio.El segundo mayor latifundio del Uruguay es propiedad de Shell, una multinacional de combustibles, de capitales holandeses, que genera por día más dividendos de los que produce Uruguay durante todo un año. En suelo oriental la Shell tiene más de 50 mil hectáreas, sólo en el departamento de Rivera.
El tercer latifundio, el más pequeño de los tres (pero el más conocido por la opinión pública), pertenece a la firma Eufores, una trasnacional de Ence, la Empresa Nacional de Celulosa, de capitales españoles, que tanto diera que hablar a los uruguayos en relación a presuntos vínculos de corrupción con el gobierno de Luis Alberto Lacalle.
Ninguna de las tres forestadoras tributa al Estado uruguayo. Tampoco pagan impuestos a las Intendencias que construyen y reparan los caminos y carreteras que utilizan para transportar los troncos ya talados.
Ni siquiera abonan el Impuesto para Primaria. De todos estos tributos fueron exonerados por mandatarios blancos y colorados.
Un negocio para países ricos
Según datos obtenidos por LA REPUBLICA entre organizaciones ambientalistas (informaciones que también obran en poder de legisladores de los cuatro partidos con representación parlamentaria), las forestadoras trasnacionales, incluidas las tres mencionadas, serían los únicos emprendimientos que acumularían ganancias.No es el caso de las forestadoras nacionales que comenzarían a arrojar pérdidas en los balances de sus ahorristas cuando, en pocos años, el mercado mundial de madera se vea saturado de ofertas.
Las únicas forestadoras que obtendrían ganancias, las trasnacionales, son aquellas que en Uruguay sólo tienen el arbolito creciendo, sin generar mano de obra para nadie: la planta procesadora de la cotizada celulosa para la industria papelera está instalada en otro lado, precisamente, en países del primer mundo.
Ni trabajo ni tecnología agregada
Los grupos ambientalistas que investigaron la problemática de la extranjerización y concentración de la tierra en manos de trasnacionales (como es el caso del Grupo Guayubirá, por ejemplo), han sido los primeros en señalar que las forestadoras trasnacionales que se instalaron en el interior uruguayo se limitan tan solo a extraer la materia prima básica (el tronco del árbol), para luego procesar su madera en las plantas industriales que tienen montadas en sus países de origen, en general, siempre en los países ricos.En ningún caso incluyen valor agregado a la materia prima que extraen, así como tampoco generan puestos de trabajo en cantidades apreciables, según destacaron también los ambientalistas en documentos de estudio que luego pusieron en conocimiento de las bancadas de legisladores.
La Shell, indicaron los ambientalistas a modo de ejemplo, se lleva de Uruguay los troncos ya talados y los transporta hasta Finlandia donde posee una planta procesadora de celulosa.
Un 60% de las acciones de la procesadora finlandesa pertenece a la Shell; el 40% restante a la empresa Kymmene. Todo el valor agregado a la madera uruguaya genera empleos en Europa. Ninguno en Uruguay.
Mientras tanto, el 60% de la tierra cultivable de nuestro país está en manos de un 17% de los productores, incluidos arrendatarios y propietarios. Según cifras oficiales, Uruguay cuenta con unos 40 mil productores; 20 mil están por debajo de la línea de la pobreza. Otros tres mil padecen un endeudamiento crónico. *
>>>Principales empresas con actividad silvícola en Uruguay hacia 2011
| Empresa | Capitales | Tierras en propiedad (ha) | Plantaciones gestionadas (ha) |
| Montes del Plata (Stora Enso y Arauco) | Suecia, Finlandia, Chile | 270.000 | 156.500 |
| Forestal Oriental (UPM) | Finlandia | 231.500 | 151.000 |
| Global Forest Partners | Extranjeros | 140.595 | |
| Weyerhaeuser | Estados Unidos | 140.000 | 55.000 |
| Forestal Atlántico Sur | Chile, Uruguay | 75.000 | |
| Grupo Forestal | Chile | 40.000 | 16.000 |
| Grupo Forestal | Chile | 40.000 | 16.000 |
| Timberland Group | Estados Unidos, países europeos | 32.500 | 20.150 |
| Phaunos Timber Fund | 31.500 | ||
| Cofusa | 30.000 | ||
| Caja de profesionales universitarios | Uruguayos | 18.000 | |
| Caja Bancaria | Uruguayos | 18.000 | 7.739 |
| Caja Notarial | Uruguayos | 12.748 | 9.102 |
| FYMNSA | Uruguayos | 8.751 | |
| Rivermol | 8.610 | ||
| GMO Renewable Resources | 25.000 |
Fuente: elaboración del autor
La presencia de empresas transnacionales entre las líderes del sector forestal hace que el creciente debate sobre extranjerización y concentración de la tierra en Uruguay inevitablemente las involucre en este proceso. Existe un claro proceso de reconcentración fundiaria en la región, íntimamente ligado al auge del precio de los commodities agrícolas y de los productos forestales en los primeros años del siglo XXI.
>>> Uruguay en la cocina de Bilderberg
Los maipuladores globales incursionaron en Uruguay
Según el anuncio, el acuerdo para vender sus negocios de madera y
manufactura en el país se realizó con un consorcio liderado por
Timberland Investment Group (TIG) de BTG Pactual, un banco de inversión
brasileño especializado en capital inversión y riesgo, además de
administración de fondos patrimoniales y gubernamentales.
La transacción incluye más 120.000 hectáreas de bosques maderables en el noreste y centro-norte
de Uruguay -de las cuales 65.000 son forestadas- , así como una planta
de fabricación de madera contrachapada y chapa, para construcción de
casas y muebles. Además, posee una instalación de cogeneración y un
vivero de plántulas.
"Nuestro
negocio en Uruguay es una combinación única de terrenos forestales de
alta calidad, operaciones de manufactura de valor agregado y personal
calificado y dedicado, y esta transacción posicionará mejor al negocio
para alcanzar su potencial máximo", señaló el presidente y director
ejecutivo de Weyerhaeuser, Doyle Simons, en el comunicado de la empresa.
>>> La calesita de las transnacionales
Los activos adquiridos incluyen más de 120.000 hectáreas de bosques maderables en el noreste y centro-norte del país, además de dos plantas y un vivero.
Un consorcio liderado por Timberland Investmen Group, que integra el grupo BTG Pactual (Brasil) completó este viernes la adquisición de las operaciones de Weyerhaeuser en Uruguay por US$ 402,5 millones, anunció el grupo hoy en un comunicado.
Los activos adquiridos incluyen más de 120.000 hectáreas de bosques maderables en el noreste y centro-norte del país.
>>> Hay progreso
En una década de vigencia de esa normativa, poco más de 90 empresas que operan bajo distintas figuras jurídicas, principalmente sociedades anónimas, recibieron la autorización del Poder Ejecutivo para ser propietarias de inmuebles rurales que en total comprenden unas 5,7 millones de hectáreas, según datos oficiales recabados por Campo. Esa extensión equivale a la suma de las tierras agropecuarias de los departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Durazno y San José.
El decreto reglamentario de esa norma legal estableció el régimen de excepciones al cumplimiento de la obligatoriedad de identificar a los propietarios de las explotaciones agropecuarias.
Las empresas interesadas en obtener el visto bueno del gobierno debieron seguir un procedimiento que empieza con la presentación de la solicitud correspondiente en la comisión asesora del Poder Ejecutivo, que está integrada por representantes de los Ministerios de Ganadería y de Economía.
En el caso de las sociedades en comandita por acciones y las sociedades anónimas, sucursales de entidades del exterior, fideicomisos y fondos de inversión, cuyo capital social esté representado por títulos al portador, o por cuotas o títulos nominativos no incluidos en las disposiciones precedentes, serán exceptuadas cuando la actividad que desarrollen encuadre en un proyecto que sea considerado prioritario para el desarrollo productivo del país, según dispone ese decreto.
La norma indica que la empresa deberá presentar además un plan de producción y manejo responsable y sustentable de los recursos naturales y de protección del medioambiente. Algunos aspectos que tendrá “especialmente en cuenta” la comisión se refieren a la creación de nuevas fuentes de trabajo en el medio rural, el fomento de la pequeña empresa familiar y la obtención de productos comercializables a escala internacional, así como que propendan a la erradicación de la pobreza en el campo. Valorará también la incorporación de tecnología, el aumento del valor agregado, el desarrollo de nuevas cadenas productivas y la promoción de la descentralización territorial.
Ese permiso del gobierno fue solicitado por empresas que requerían hacerlo, pero que también lo hacían porque consideraban que favorecía la gestión de otros trámites en organismos públicos y la imagen de las compañías al cumplir con la reglamentación legal, comentaron a Campo fuentes oficiales.
En el listado
Entre las empresas que figuran en los registros oficiales con mayor extensión de tierras autorizadas por el gobierno se encuentran Union Agriculture Group (UAG) con unas 320.000 hectáreas, Stora Enso con 308.000 hectáreas, Agronegocios del Plata con 156.994 hectáreas, Guanaré (Forestal Atlántico Sur) con 111.800 hectáreas, Forestal Oriental (UPM) con 115.709 hectáreas, y de ese mismo grupo figura la subsidiaria Uruwood con 115.000 hectáreas y Eufores, una empresa adquirida en 2009 por el joint venture conformado por Arauco y Stora Enso, que tiene 369.000 hectáreas.Otras firmas autorizadas fueron Forestal Cono Sur con 83.600 hectáreas, Colonvade con 72.000 y la agrícola argentina MSU (Manuel Santos Uribelarrea) con 22.264 hectáreas.
En el caso de UAG figuran varias sociedades anónimas como Boisy, Rafilur, Madalux, Nogatir y Vadolmar, con unas 65.000 hectáreas en conjunto.
Otras autorizaciones fueron concedidas a la minera Aratirí (9.000 hectáreas), Del Carmen y Santa Margarita, de la familia argentina Pérez Companc, con 24.911 hectáreas, distribuidas en los departamentos de Río Negro, Soriano y Tacuarembó.
El capital accionario nominativo de esas sociedades anónimas pertenece a Hudson Investment Holding, constituido en las Islas Caimán, según consta en la autorización otorgada por los Ministerios de Ganadería y Economía en 2011.
Otras firmas exceptuadas fueron la semillera Hinkely con 4.688 hectáreas y la danesa Ingleby, que cuenta con algo más de 25.000 hectáreas destinadas a la producción de granos y carne, entre otros productos, y que opera en diferentes países.
Un grupo de sociedades de la empresa Calyx Agro, creada por la compañía Louis Dreyfus, entre otros accionistas, figura en los registros con 62.964 hectáreas, al igual que Forestal Atlántico Sur con 55.000 hectáreas, Frigorífico Modelo con 24.674 hectáreas, Ginker con 68.148 hectáreas y Adecoagro, que tiene al magnate George Soros entre sus accionistas, con 42.000 hectáreas.
El grupo de empresas que son propiedad del inversor argentino Alejandro Bulgheroni recibieron las autorizaciones correspondientes: Nuevo Manantial y Estancias del Lago con 26.400 hectáreas, Agroland con 1.674 hectáreas y Gamorel con 567 hectáreas. Esos emprendimientos comprenden la producción de energía eólica, un megatambo, aceite de oliva, vinos, forestación y arándanos.
En el listado figuran además la estatal Alcoholes del Uruguay, que recibió aprobación del Ejecutivo para ser propietaria de un total de 11.440 hectáreas y la Sociedad de Padres Salesianos con 4.930 hectáreas.
RMK Timberland, un fondo de inversión forestal originario de Georgia, Estados Unidos, obtuvo autorizaciones para las sociedades con las que opera en Uruguay: Taurión con 24.797 hectáreas, Monte Fresnos con 4.500 hectáreas y Ponte Tresa con 1.293 hectáreas.
Una de las primeras autorizaciones a ser exceptuada de la ley en cuestión fue la empresa forestal estadounidense Weyerhaeuser, que en los registros oficiales figura con 31.433 hectáreas. Otras sociedades vinculadas al mismo grupo inversor fueron exceptuadas: Los Piques con 11.000 hectáreas y Vandora con 4.967 hectáreas.
La excepción y la regla
La ley 18.092 fue promulgada en enero de 2007 y el decreto reglamentario fue publicado en junio de ese año. Dos meses después de entrar en vigencia ese marco legal, en agosto, ejecutivos de Weyerhaeuser alertaron al gobierno sobre la dificultad que generaba esa normativa para que pueda continuar operando en Uruguay.En una reunión realizada por esos días entre los ministros de Economía, Danilo Astori, de Ganadería, José Mujica, y de Industria, Jorge Lepra, con directivos de esa empresa norteamericana, el Poder Ejecutivo comunicó que sería incluida entre las excepciones a la ley, considerando que cotiza en bolsas de valores de reconocido prestigio, como son las de Nueva Yoork y Canadá.
De acuerdo con esa norma legal, el gobierno podrá disponer que tanto la titularidad de inmuebles rurales, así como de explotaciones agropecuarias, sea ejercida por sociedades anónimas o por sociedades en comandita por acciones, en ambos casos con capital accionario representado por acciones al portador, cuando el número de accionistas o la índole de la empresa impida que el capital accionario estuviera representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas.
La autorización del Ejecutivo indicará los inmuebles rurales concretos que comprende, y deberá volverse a solicitar cada vez que se aumente la superficie de tenencia o se sustituyan los inmuebles, dispone.
En 2017 siguen en trámite las solicitudes de empresas, sociedades anónimas y fideicomisos que esperan la autorización del gobierno para ser titulares de inmuebles rurales adquiridos en años recientes.
Es el caso de la firma Fort Blue SA, que pertenece a un fondo de inversión de Alemania que compró campos en Paysandú con una extensión de 3.270 hectáreas a un precio promedio de U$S 7.000 la hectárea, lo que representa unos U$S 23 millones de inversión en los predios de explotación agropecuaria, dijeron a Campo fuentes oficiales. Agregaron que esa empresa germana adquirió esas tierras a la empresa Cereales del Río Negro.
El fideicomiso Tierras Irrigadas de la empresa Bearing Agro, que captó U$S 50 millones mediante una emisión de certificados de participación en 2016, solicitó autorización para ser titular de varios padrones adquiridos en el departamento de Soriano, que suman unas 1.730 hectáreas.
En 2016 la comisión biministerial encargada del análisis de los pedidos de autorización de las empresas para ser titulares de inmuebles rurales dio el visto bueno a las solicitudes de la firma International Cannabis Corporation (Iccorp) y Tersum SA, que se dedicará a la producción de cannabis para varios usos en Uruguay.
Esos permisos comprenden la explotación de un predio cedido por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis a Iccorp en la ciudad de Libertad, en el departamento de San José, y de cuatro fracciones de campo ubicadas en el paraje Piedra del Toro, departamento de Canelones, que pertenecen a Tersum.
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