Raúl Olivera, del Observatorio Luz Ibarburu, dio un balance sobre las violaciones en Derechos Humanos en Uruguay.

¿Cuántas familias encontraron justicia?
Creo que las familias de los desparecidos, asesinados y torturados esperan respuestas del Estado, que tiene una obligación ética, moral, jurídica y política de dar respuestas. El balance que podemos hacer no es estimatorio.
¿Cómo trabaja el observatorio?
Los observatorios observan. Teníamos la esperanza de que solamente debíamos observar el proceso de justicia que se inauguraba con la sentencia del caso Gelman. En 2014 decidimos intervenir en lo que observábamos, como el proceso judicial. En Uruguay las causas no avanzan si no hay alguien atrás que las esté empujando. El observatorio actúa en las causas y se preocupa de la democratización de la información.
Estas causas se miran con la misma lógica que un delito común, cuando no ven que el delincuente fue el Estado. Para eso hay que tener una visión distinta, algo que al Uruguay le ha costado.
¿Qué pasó por el grupo Por la Verdad?
Uruguay tiene el repertorio más amplio de instituciones dedicadas a resolver el pasado. Uno se pregunta: ‘¿por qué estamos como estamos?’ Porque no alcanza con tener una institucionalidad, sino que hay que tener una voluntad política de resolver estos temas. Creo que no existe voluntad política. Creo que en las altas esferas políticas hay un pensamiento conservador de espaldas al derecho internacional.
No veo seguridad jurídica cuando la Corte cambia en lo que va a resolver. Creo que el Estado tiene que tener una política coherente en todos los niveles porque fortalece la democracia.