La desmemoria impune

Elocuencias de la investigadora sobre espionaje militar.

Samuel Blixen

5 enero, 2018

“El pasado no deja de existir porque vos lo ignoréis”, puso en boca del emperador romano Juliano II,
llamado “el apóstata”, el escritor estadounidense Gore Vidal. La frase calza como un guante (o una bota) para describir las lagunas mentales que exhibieron civiles y militares en la investigación parlamentaria
del espionaje en democracia.

La comisión parlamentaria que investiga el espionaje militar en democracia contra organizaciones políticas y sociales ha recolectado, durante el año que sesionó, a lo largo de 2017, un volumen tal de información documental y de testimonios que permite anunciar, ya, la elaboración de un informe con elementos probatorios de delitos continuados que amerita, además de su aprobación por el plenario de Diputados, el pase a la justicia penal.
Sin embargo, según el diputado frenteamplista Luis Puig, es necesario, en el escaso tiempo que resta –la investigación termina indefectiblemente el 30 de junio–, completar las citaciones a ex presidentes bajo cuyos mandatos se confirmaron sistemáticas y continuas acciones de espionaje, y a los militares responsables directos de ese espionaje. Puig sostiene que entre marzo y junio la comisión deberá completar las evidencias de los delitos continuados perpetrados por organismos de defensa, de modo que el informe pueda ser discutido por los diputados antes de que comience el análisis de la rendición de cuentas.
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“Yo trabajo con las mentiras que dicen y los secretos que esconden.”
(John le Carré, El amante ingenuo
y sentimental.)
Por la comisión desfiló la mayoría de los ministros de Defensa Nacional y del Interior de los seis primeros gobiernos desde la restauración institucional (de la lista queda excluido el actual gobierno de Tabaré Vázquez, puesto que la documentación analizada abarca desde 1985 hasta 2011); también los respectivos jefes de los organismos de inteligencia militar –Sid, Siffaa, Dgid, Dinacie, y algunos de la inteligencia policial (Dnii)–. Los cuatro primeros oficiales citados, Juan A Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins, no concurrieron.
Zerpa, jefe de la inteligencia desde 1986 a 1990, fue comandante del Batallón 13 de Infantería en 1975, cuando el cuartel se convirtió en un centro de interrogatorios y torturas. Aguerrondo, también comandante del 13 de Infantería, y antes responsable de la represión del 9 de julio de 1973, fue jefe de la inteligencia militar entre 1993 y 1995, cuando el secuestro y desaparición del ex agente chileno Eugenio Berríos. Asimismo fue responsable de un operativo de espionaje con micrófonos ocultos en el despacho del general Fernán Amado. Legnani, jefe de la inteligencia entre 1990 y 1992, también estuvo involucrado en el episodio de los micrófonos; y Wins, jefe de la inteligencia entre 1998 y 2000, participó –estando en comisión en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa)– en la represión de 1975.
El plenario de la Cámara consideró por unanimidad que fue una actitud coordinada y, en una declaración, condenaron a los cuatro oficiales por “desconocer al Parlamento y el cometido encomendado, queriendo amputar la posibilidad de que el pueblo uruguayo conozca las razones de por qué se desarrolló espionaje militar en democracia”; la negativa a concurrir “muestra el desinterés en contribuir a la transparencia y el conocimiento de los hechos, sus responsables y ejecutores”. Dicha declaración impulsó a los restantes invitados, jefes de la inteligencia militar (contralmirante Óscar Otero, vicealmirante Carlos Magliocca, vicealmirante Carlos Gianni, brigadier José Mayo, contralmirante Manuel Burgos, general Juan Villagrán) a concurrir y ofrecer su testimonio ante los miembros de la investigadora.
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“No está de moda tener memoria, en los tiempos que corren.”
(John le Carré, La casa Rusia.)
Salvo el vicealmirante Otero, que admitió la práctica de seguimientos durante su jefatura en la Dirección General de Información (Dgid), los restantes militares adujeron ignorancia sobre lo que habían hecho sus subalternos, a la luz de los documentos oficiales que probaban el espionaje en sus respectivos períodos de mando en la inteligencia. A juicio de Puig, tal desconocimiento los dejó mal parados, porque evidencia ausencia de jerarquía. Sin embargo, ninguno de ellos desmintió el espionaje; simplemente dijeron desconocerlo.
Un caso particular fue el del vicealmirante Magliocca, un marino de profundas convicciones ideológicas, militante del Opus Dei y admirador del dictador Francisco Franco, cuya monografía de fin de cursos versó sobre “El nuevo orden político”, en la que avalaba la teoría del dictador Juan María Bordaberry, “en el sentido de que las democracias, con las estructuras de partidos políticos, no servían para los países de la América Latina”.
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“Poseo amplias facultades, entre ellas el olvido.”
(John le Carré, Single & Single.)
Director de inteligencia en dos oportunidades, 1991 y 2006, Magliocca declaró enfáticamente que su conducta estuvo siempre apegada a las normas democráticas (por más que en febrero de 1973 participó del levantamiento de la Armada contra el presidente constitucional) y que nunca dio una orden para el seguimiento y vigilancia de organizaciones sociales. “Le entregamos un material de 20 carillas –cuenta Puig–, un informe sobre el escrache, en noviembre de 1991, a (Manuel) Cordero en Atlántida, el único en que participó el Pit-Cnt.” El documento contabilizaba cuántas personas se habían concentrado, en qué vehículos habían llegado y a qué hora; reproducía las proclamas de la central sindical y de Hijos. Respondió: “Nosotros sólo hacíamos inteligencia abierta, esto debe haber sido recogido de la prensa”. “En realidad el informe es del mismo día del acto –le explicó Puig a Magliocca–. Estuve repasando la proclama del Pit y está íntegra.” Magliocca argumentó: “Seguramente estaba impresa y algún medio la publicó”. Puig aclaró: “Yo no escribo las proclamas, y yo fui designado para decirla”. “La verdad que esto me desconcierta. Me siento en falta”, dijo entonces el vicealmirante.
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“Hay dos memorias: la chica,
para recordar cosas chicas; y la grande, para olvidar cosas grandes.”
(John le Carré, Una pequeña ciudad
en Alemania.)
En sintonía con los militares, la mayoría de los jerarcas civiles invitados a la comisión adolecieron de una incapacidad crónica a la hora de saber qué ocurría en sus ministerios. Algunos llegaron a restar trascendencia al espionaje en democracia: “No era mi preocupación”. Por la comisión desfilaron Antonio Marchesano, Juan Andrés Ramírez, Raúl Iturria, Ángel María Gianola, Juan Luis Storace, Didier Opertti, Daniel Borrelli, Alejo Fernández Chávez, José Díaz, Jorge Bruni, Azucena Berrutti, José Bayardi, Gonzalo Fernández y Luis Rosadilla.
Los ministros frenteamplistas –salvo Gonzalo Fernández, quien se limitó a decir: “No sé nada, no tengo nada para aportarles”– relataron sus experiencias con el espionaje en democracia. Díaz dijo que tenía documentado que desde el Ministerio del Interior se espiaba a las organizaciones sociales en forma sistemática y por ello ordenó el cese de ese espionaje. Berrutti, quien descubrió e incautó el mayor archivo de la inteligencia militar conocido hasta ahora, afirmó su convicción de que, hasta 2005, los ministros de Defensa estaban para los actos protocolares; las decisiones políticas las tomaba la cadena de mando. Bayardi reafirmó que había cumplido con la normativa y que había entregado a la Comisión de Seguimiento del Pasado Reciente 37 rollos del llamado “archivo Berrutti” en los que, suponía, podía haber información sobre detenidos desaparecidos.
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“¿Cómo sobrevivió la mentira?
Por el secreto.”
(John le Carré, La casa Rusia.)
Máximo Costa Rocha fue director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii), el organismo policial que, según se jactó un jerarca en una recepción en la embajada de España, acumula el mayor archivo político del país. Su testimonio sacudió la inercia de la desmemoria: admitió que la información que la Dnii había recabado entre enero de 1987 y abril de 1989, en torno al referéndum para la derogación de la ley de caducidad, era de utilidad para el gobierno. La Dnii compitió con el Departamento III de la Dgid por el espionaje a los militantes sociales y sindicales que recolectaban firmas. Si era de utilidad el seguimiento y el control, alguien habrá dado la orden. Pero el ministro del Interior entre 1986 y 1989, jerarca superior de Costa Rocha, Antonio Marchesano, eludió el tema específico de la directiva afirmando que “nunca me llegó ninguna denuncia de un legislador o persona relativa a ese tema”. De todas formas, documentos de la inteligencia militar aseguran que Costa Rocha mantenía una estrecha relación con el hombre de confianza del presidente Julio María Sanguinetti, el prosecretario de la Presidencia Walter Nessi, uno de los asistentes a una reunión convocada por Sanguinetti para sugerir a los dueños de los canales privados que se negaran a difundir un video donde Sara Méndez pedía el apoyo al voto verde, en el referéndum, como camino para encontrar a su hijo secuestrado y hasta entonces desaparecido, Simón Riquelo. Esos mismos documentos indican que Nessi estaba encargado de las relaciones del gobierno con agencias de inteligencia extranjeras, entre ellas la Cia. Costa Rocha reaccionó airadamente cuando los diputados le preguntaron si él era uno de los 37 funcionarios policiales y de la cancillería que recibían pagos mensuales de la Cia. “Esa es una infamia de un traidor”, afirmó Costa Rocha, aludiendo a Abayubá Centeno de Alem Castro, un funcionario policial que a su vez espiaba para los militares.
Según el diputado Puig, la citación a Sanguinetti “está cantada”, aunque el ex presidente, en una entrevista con La Diaria, ya adelantó que “nunca jamás” ordenó un espionaje “de nadie ni de nada”. Empero, podría decirse que su pasado lo condena: avaló la insubordinación del comandante del Ejército, general Hugo Medina, impulsó la ley de caducidad, archivó los expedientes judiciales sobre desaparecidos, ejerció una notable “influencia directriz” contra el voto verde y enfrentó un papelón internacional al negar el robo de bebés en Uruguay cinco meses antes de la aparición de Macarena Gelman.