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Los
narcos eluden las escuchas telefónicas con aplicaciones como Whatsapp y
afectan las investigaciones policiales; “El Guardián llegó tarde”
“El Guardián llegó tarde”, dijo Mario Layera, en referencia al polémico software para interceptar llamadas
Es
“ropa”, “jaboncitos”, “escama”. “Alita” si es descarte y “especial” si
viene cortada. Si es “pura”, es pura. Los códigos se refieren a una sola
cosa: droga. Cuando se comunican por teléfono, los narcotraficantes son
precavidos. Usan seudónimos, palabras en clave, referencias ambiguas.
Saben que puede haber alguien más escuchando sus conversaciones.
Sin
embargo, hoy tienen mejores alternativas para eludir el espionaje de la
Policía: las aplicaciones como Whatsapp o Telegram, que aseguran el
encriptado de los mensajes y las llamadas. Esto impide, tanto a
gobiernos y agencias de seguridad como a las propias compañías, acceder
al contenido de las comunicaciones, lo que permite a los delincuentes
hablar sin temor a ser escuchados.
El
asunto preocupa a países en todo el mundo. En Brasil, la Justicia llegó a
ordenar el bloqueo de Whatsapp porque la compañía se negó a colaborar
con la Policía en investigaciones criminales. A mediados del año pasado,
el Ministerio del Interior alemán anunció el desarrollo de un nuevo
software que le permitiría sortear el encriptado hackeando los propios
teléfonos. En Francia, el uso de mensajería cifrada para coordinar los
atentados en París avivó el debate sobre la protección que las nuevas
tecnologías dan a los criminales, y en Estados Unidos el exdirector del
FBI, James Comey, admitió el año pasado que el encriptado de Whatsapp
estaba afectando de “gran forma” las investigaciones.
Uruguay
no es la excepción. La Policía y la Justicia especializada en Crimen
Organizado observan con preocupación —y resignación— cómo las escuchas
telefónicas perdieron efectividad frente a las nuevas aplicaciones de
mensajería. El problema no es menor: las interceptaciones eran la
principal herramienta para investigar a los criminales organizados, en
especial aquellos que se dedican al tráfico de drogas, dijeron varias
fuentes consultadas por Búsqueda.
Era una
técnica relativamente sencilla — aunque debe ser autorizada por un juez—
y muy eficaz. Moniterando los diálogos de los involucrados, la Policía
conseguía enterarse del día y la hora de una “entrega” e interceptarla, y
detener a los involucrados in fraganti. Además, servían para determinar
quiénes eran los pesos pesados que estaban detrás de las operaciones.
“Es
un tema que nos preocupa mucho”, dijo a Búsqueda el jefe de la Policía
Nacional, Mario Layera. “En cierta manera nos desprotege mucho, nos
vulnera mucho y no solo en el narcotráfico. Hay que pensar también en
las posibles amenazas terroristas”, afirmó.
Layera
sostuvo que tiempo atrás las interceptaciones fueron “fundamentales”
para investigar el crimen organizado. En la década del 2000, cuando se
adquirieron sistemas i nformáticos para “pinchar” teléfonos, “avanzamos
muchísimo y eso nos permitió tener éxito sobre organizaciones de
narcotráfico que actuaban en la región”, señaló.
Sin
embargo, “el advenimiento de las redes sociales y de las aplicaciones
de mensajería encriptadas” provocaron una disminución significativa de
la información que la Policía recoleta con las interceptaciones,
explicó. “Por supuesto que se redujo, porque todo el mundo usa esas
redes para las comunicaciones”.
La jueza
especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, también expresó
preocupación por el tema. “La disminución de operativos de incautación
de drogas, a partir de la popularización de Whatsapp, es bastante
notoria”, dijo a Búsqueda. “Desde que estoy en este juzgado (asumió a
mediados de 2016) no tuvimos operativos importantes”, añadió. Es que
aunque había varias interceptaciones telefónicas dispuestas, estas no
arrojaron información relevante. “Era el principal elemento de
investigación y se cayó”.
Cuando el fiscal
de Corte, Jorge Díaz, fue juez de Crimen Organizado (entre 2009 y
2012), prácticamente todos los procedimientos estaban apoyados en
escuchas telefónicas. “Era una herramienta fundamental”, dijo a
Búsqueda. “Es cierto que ahora el uso de aplicaciones ha complicado el
trabajo”, evaluó. “Obviamente es un problema, pero no solo para
nosotros, sino a nivel internacional”.
Para
Mónica Ferrero, fiscal especializada en Estupefacientes, el panorama no
es tan negativo. Aunque los narcotraficantes “siempre van tres pasos
adelante”, la Justicia sigue teniendo buenas técnicas de investigación
para perseguirlos, sostuvo. Su fiscalía, creada a partir del nuevo
Código del Proceso Penal que comenzó a funcionar el 1º de noviembre,
viene “trabajando a buen ritmo” y ha “desbaratado varias bocas de
drogas” en los primeros dos meses de trabajo.
“Es
cierto que la interceptación telefónica, como técnica probatoria, se ha
debilitado. Pero no es la única, la investigación es una suma de
varias”, afirmó.
“Llegó tarde”. Mientras
el Ministerio del Interior alemán desarrollaba una tecnología capaz de
burlar el encriptado de Whatsapp, el ministerio local ponía en
funcionamento El Guardián, el más reciente software adquirido para
interceptar llamadas realizadas a la vieja usanza. La tecnología, que
mejoró considerablemente el antiguo y “más artesanal” sistema de
escuchas, generó una gran polémica debido a la preocupación de
organizaciones civiles sobre la creciente capacidad del ministerio para
invadir la privacidad de las personas.
Sin
embargo, el debate hoy parece caduco. “El Guardián llegó tarde”,
admitió Layera. Y aunque en el mundo se estén desarrollando sistemas
para interceptar las nuevas tecnologías, “cuando lleguen a Uruguay ya se
habrá inventado otra cosa”, dijo.
La
pérdida de eficiencia de las escuchas afecta particularmente a Policías
con menos recursos y despliegue tecnológico como la uruguaya, evaluó
Layera, ya que cuentan con menos posibilidades de investigar con otros
métodos, como es la infiltración y el reclutamiento de fuentes. “Las
fuentes humanas resultan más difíciles para nosotros, porque
generalmente tienen un interés económico para trabajar y nosotros no
tenemos ese presupuesto. Entonces, usamos fuentes cuando interviene otro
factor: venganza, competencia, despecho o esas cosas”, explicó.
También
mencionó co- mo dificultad que en Uruguay se trabaja bajo lo que se
denomina “interceptación legal”, es decir, que las escuchas están
controladas por la Justicia. En otros países eso no es así, explicó.
“Los ingleses, por ejemplo, te pinchan, te detienen y no importa cómo
obtuvieron la información. Acá nosotros tenemos que contar a los jueces
cómo obtuvimos la información. Entonces, el propio sistema te obliga a
jugar con determinadas reglas,que no te permiten desviarte a otros
caminos más rápidos”, afirmó. “Ese es uno de los grandes problemas que
estamos teniendo”.
Para Layera, es
necesario estudiar si, mediante normas jurídicas, es posible encontrar
mecanismos para controlar las aplicaciones de mensajería. Mencionó a
países como China y Estados Unidos, que tienen un mayor control sobre
las comunicaciones, o las discusiones que se están dando en Brasil en
torno a Whatsapp. De todas formas, dijo, Uruguay “tiene un sistema
democrático de libertades individuales distinto”, por lo cual sistemas
restrictivos, como el chino, “no son viables”.
Por
el momento, informó, se está trabajando en ajustar las normas de
control sobre los celulares, para que se cumpla “estrictamente” la
identificación de quién usa el teléfono. “Si bien no podemos i
nterceptar l as comunicaciones, en un examen posterior forense podemos
acceder a la información. Pero debemos buscar que cada aparato esté
identificado con cada dueño”, explicó.
>>> Entonces a quién vigilan
Para identificar a las más de 130 personas que integran grupos radicales en Uruguay, la unidad de inteligencia
policial no dudó en colocar "observadores" estratégicamente ubicados,
que pueden ser agentes vestidos de particular, o incluso, falsos
vendedores de garrapiñada, quienes aprovechando la seguridad de su
disfraz pueden tomar fotos o filmar a personas, según contó una fuente a
El Observador.
Además esa dependencia prepara
informes cada vez que algunas de estas organizaciones convocan a una
marcha, y según lo admitió el Ministerio del Interior en un comunicado
publicado en 2013.
Y aunque autoridades del
Ministerio del Interior han negado la existencia de policías
encubiertos, ésta es una práctica vigente en Uruguay, según lo
confirmaron tres fuentes de inteligencia.
De
hecho, un proyecto de ley que fue presentado en enero de este año por el
Poder Ejecutivo, y que establece la creación del Sistema Nacional de
Inteligencia, dará un marco regulatorio que le permitirá a agentes
encubiertos ocultar su identidad oficial e incluso utilizar documentos
con nombres falsos.
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