Ante el escenario sin precedentes que enfrentamos, donde la
crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 comienza a
traducirse rápidamente en una situación extremadamente grave en términos
económicos, un conjunto de profesionales que trabajamos e investigamos
en el área de la economía queremos dirigirnos al conjunto de la
población, a nuestros colegas y a las autoridades, para poner en
discusión una serie de lineamientos y medidas en materia económica
(algunas de ellas ya están circulando) que nos parece imprescindible
considerar y analizar en su viabilidad e impacto.
Aún es difícil identificar claramente las dimensiones de la problemática a la que nos enfrentamos. Estamos ante un fenómeno desconocido, tanto en lo sanitario como en lo económico. Todavía no está claro el modo más efectivo para el combate y el control de la epidemia, ni tampoco la duración del estado de cuarentena, que según diversos estudios académicos y recomendaciones (por ejemplo, las del Sindicato Médico del Uruguay -SMU-) urge decretar, ni los impactos de este estado en la economía en general.
En lo inmediato ya hay graves impactos, entre ellos la drástica reducción del sector terciario de la economía (servicios), el que emplea mayor población; el corte de la fuente de ingresos de las trabajadoras y trabajadores del sector cuentapropista y de quienes trabajan en relación de dependencia informal y están siendo despedidos; la situación de absoluta indefensión de las personas en situación de calle, entre otras graves consecuencias focalizadas. Antes que la incertidumbre, la angustia y la falta de bienes y servicios elementales nos golpeen fuerte, el Estado tiene que dar una señal clara y elaborar un plan de contingencia para que a nadie le falte lo básico.
Estamos ante un hecho de características y proporciones inéditas, que está afectando de forma simultánea al mundo entero. Más allá de las repercusiones inmediatas y sectoriales, de prolongarse la crisis sanitaria y la necesidad de la cuarentena será imperioso tomar medidas excepcionales y contundentes para evitar que se desencadene una crisis económica general con graves impactos sociales, a la vez que nos preparamos para una acción coordinada de todos los recursos y capacidades disponibles que tenemos como sociedad.
Las medidas que presentamos a continuación se orientan en función de los siguientes ejes: a. Transferir ingresos a los que perdieron el trabajo y no tienen seguro de desempleo y a aquellos que realizan actividades económicas que ahora son inviables; b. Balancear la economía distribuyendo recursos y liquidez desde los sectores que continúan operando a los que se están paralizando; c. Racionar y planificar el uso de las divisas disponibles y las fuentes de acceso a las mismas, d. Fortalecer las capacidades del Estado para realizar inversiones y movilizar recursos, ya que en esta zona de incertidumbre los incentivos al sector privado tendrán poco efecto en la inversión; e. Asegurar el abastecimiento en bienes y servicios básicos del conjunto de la población, así como el conjunto de suministros sanitarios necesarios.
2. Transferencias de ingresos a quienes perdieron su ingreso y no cuentan con cobertura social para asegurar la compra de una canasta básica de bienes y servicios. Esto abarca fundamentalmente a trabajadores que no pueden desarrollar su trabajo por las restricciones a los movimientos de las personas, a trabajadores informales despedidos, trabajadores despedidos a quienes no corresponde seguro de desempleo y a desocupados de mayor data. Esta medida es de alto impacto porque inyecta poder de compra en lo inmediato, dinamizando a su vez al pequeño comercio y otras formas de venta directa. Las medidas de exoneraciones impositivas o de refinanciación de tributos impactan tardíamente y además no tienen sentido cuando el problema es la pérdida de los ingresos. También deberán fortalecerse de inmediato las transferencias monetarias que brinda actualmente el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) (Asignación Familiar, Asignación Familiar Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social), las cuales llegan a los hogares de menores recursos.
3. Moratoria en el pago de tarifas públicas para los sectores directamente afectados. Tener los servicios básicos (luz, agua, conectividad) debe ser una precondición básica para que la gente se pueda quedar en su casa, que es lo prioritario en esta etapa.
4. Moratoria de alquileres y rentas. Analizar la moratoria de pagos de rentas y de alquileres durante la duración de la situación de excepción. Esta medida va a aliviar a quienes gastan gran parte de su salario en el alquiler de su hogar, pero también a comerciantes o pequeños empresarios que arriendan sus locales y a productores rurales que arriendan las tierras que trabajan. Es importante complementar esta medida con acciones compensatorias para aquellas personas cuyo único ingreso de subsistencia es el cobro de algún tipo de renta o alquiler.
5. Establecer retenciones a las exportaciones con ganancias extraordinarias. La devaluación que está procesando la economía uruguaya genera importantes aumentos de ingresos en el sector exportador. Con respecto al promedio de 2019, la devaluación real del peso ya llega al 23%. Una tasa de retención de 20% para exportaciones sin procesar (grano de soja, carne y celulosa), podría recaudar aproximadamente unos US$ 300 millones. Más de la mitad del plan de apoyo a las personas sin ingresos propuesto por el PIT-CNT.
6. Transferencias excepcionales al Sistema de Cuidados para apoyar la labor de cuidados de los familiares de las y los trabajadores de la salud. El estrés y la sobrecarga de trabajo que están viviendo estos trabajadores asciende día a día. Es importante reforzar las redes de sostén en las tareas de cuidado que muchas de ellas y ellos también deben llevar adelante.
9. Topear transitoriamente los ingresos de los funcionarios públicos de escala gerencial y cargos de confianza política, así como de representantes nacionales y constituir un fondo de emergencia social con el ahorro (tope a ajustar según evolución del Índice Medio de Salarios).
10. Incrementar la alícuota del IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas) en las empresas de mayor porte ubicadas en los sectores no paralizados. Hay sectores que seguirán operando e incluso teniendo ganancias extraordinarias, como ya está pasando con el sector del comercio minorista, que ha multiplicado sus ventas. Es clave obtener para la política de contención general esos recursos. Apelar a incentivos para la reinversión del sector privado no tiene sentido en estas circunstancias ya que no es esperable que reinvierta de forma voluntaria en un escenario de tal incertidumbre. Es el Estado el que deberá tener el protagonismo y el control de la mayor cantidad de recursos para utilizarlos en las áreas prioritarias.
11. Comité Social de Emergencia Económica y Sanitaria. La “política económica” más seria, realista y responsable en este escenario es la constitución de un Comité Social de Emergencia Económica y Sanitaria, que articule a las diferentes fuerzas sociales organizadas para el apoyo de la labor del Estado en la gestión de la situación. De prolongarse la cuarentena y de generalizarse a escala global la crisis económica, los estímulos monetarios y fiscales y las medidas redistributivas podrán ser desbordadas por la envergadura de la crisis. En ese caso será imperioso intervenir directamente en los flujos reales de bienes y servicios, por lo que es clave comenzar desde ya a elaborar un plan de contingencia orientado al abastecimiento general de la población en bienes y servicios básicos, que asegure la cadena de suministros del sector alimenticio, de la salud y de las áreas estratégicas.
El conjunto de medidas que proponemos aquí requiere un análisis detenido, tanto en sus formas de implementación y en su impacto, así como en su coherencia como un conjunto articulado. Son varias las que faltan y que habrá que identificar sobre la marcha. Sin embargo, nos parece importante ser realistas, pensar en esta dirección y prever un escenario donde pequeños incentivos monetarios o fiscales no serán suficientes para sobrellevar esta situación.
El salario y los ingresos monetarios de una familia no son más que el medio para acceder a un conjunto de bienes y servicios concretos que producen otros trabajadores. Si el Estado y la sociedad organizada garantizamos que esos bienes y servicios lleguen a donde tienen que llegar, a nadie tiene por qué faltarle nada de lo esencial, por más que circunstancialmente se haya quedado sin la fuente de sus ingresos.
El personal sanitario se encuentra dando una batalla incansable, enfrentando jornadas extenuantes y poniendo en riesgo su salud. Lo propio hacen los miles de trabajadores y trabajadoras que deben continuar activos en sus puestos para brindarnos aquellas cosas básicas que nos mantienen vivos, sanos y comunicados. Desde el conjunto de la sociedad debemos honrar eso, definiendo medidas drásticas que pongan en el centro la vida contra cualquier intento de especulación económica o prevalencia de intereses particulares o sectoriales. Solo desde la acción protagónica de la sociedad en acción coordinada con todos los recursos de los que dispone el Estado podremos atravesar juntos esta situación sin dejar a nadie por el camino.
Aún es difícil identificar claramente las dimensiones de la problemática a la que nos enfrentamos. Estamos ante un fenómeno desconocido, tanto en lo sanitario como en lo económico. Todavía no está claro el modo más efectivo para el combate y el control de la epidemia, ni tampoco la duración del estado de cuarentena, que según diversos estudios académicos y recomendaciones (por ejemplo, las del Sindicato Médico del Uruguay -SMU-) urge decretar, ni los impactos de este estado en la economía en general.
En lo inmediato ya hay graves impactos, entre ellos la drástica reducción del sector terciario de la economía (servicios), el que emplea mayor población; el corte de la fuente de ingresos de las trabajadoras y trabajadores del sector cuentapropista y de quienes trabajan en relación de dependencia informal y están siendo despedidos; la situación de absoluta indefensión de las personas en situación de calle, entre otras graves consecuencias focalizadas. Antes que la incertidumbre, la angustia y la falta de bienes y servicios elementales nos golpeen fuerte, el Estado tiene que dar una señal clara y elaborar un plan de contingencia para que a nadie le falte lo básico.
Estamos ante un hecho de características y proporciones inéditas, que está afectando de forma simultánea al mundo entero. Más allá de las repercusiones inmediatas y sectoriales, de prolongarse la crisis sanitaria y la necesidad de la cuarentena será imperioso tomar medidas excepcionales y contundentes para evitar que se desencadene una crisis económica general con graves impactos sociales, a la vez que nos preparamos para una acción coordinada de todos los recursos y capacidades disponibles que tenemos como sociedad.
Las medidas que presentamos a continuación se orientan en función de los siguientes ejes: a. Transferir ingresos a los que perdieron el trabajo y no tienen seguro de desempleo y a aquellos que realizan actividades económicas que ahora son inviables; b. Balancear la economía distribuyendo recursos y liquidez desde los sectores que continúan operando a los que se están paralizando; c. Racionar y planificar el uso de las divisas disponibles y las fuentes de acceso a las mismas, d. Fortalecer las capacidades del Estado para realizar inversiones y movilizar recursos, ya que en esta zona de incertidumbre los incentivos al sector privado tendrán poco efecto en la inversión; e. Asegurar el abastecimiento en bienes y servicios básicos del conjunto de la población, así como el conjunto de suministros sanitarios necesarios.
Medidas urgentes e inmediatas
1. Control de precio máximo y limitación de las compras compulsivas de bienes esenciales, ya sea incrementado el valor de la segunda unidad de productos que comienzan a escasear o directamente limitando la cantidad de unidades que puede llevar cada individuo. Algunos comercios ya están haciendo esto pero debe ser una directriz estatal. Ambos instrumentos van de la mano, ya que el solo control de precios puede provocar escasez si no se limitan las compras compulsivas. Esto además debe complementarse con un plan que atienda la fase de producción y distribución de estos bienes, que se desarrolla más adelante. Medidas similares se están aplicando en otros países tales como Argentina o Francia.
2. Transferencias de ingresos a quienes perdieron su ingreso y no cuentan con cobertura social para asegurar la compra de una canasta básica de bienes y servicios. Esto abarca fundamentalmente a trabajadores que no pueden desarrollar su trabajo por las restricciones a los movimientos de las personas, a trabajadores informales despedidos, trabajadores despedidos a quienes no corresponde seguro de desempleo y a desocupados de mayor data. Esta medida es de alto impacto porque inyecta poder de compra en lo inmediato, dinamizando a su vez al pequeño comercio y otras formas de venta directa. Las medidas de exoneraciones impositivas o de refinanciación de tributos impactan tardíamente y además no tienen sentido cuando el problema es la pérdida de los ingresos. También deberán fortalecerse de inmediato las transferencias monetarias que brinda actualmente el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) (Asignación Familiar, Asignación Familiar Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social), las cuales llegan a los hogares de menores recursos.
3. Moratoria en el pago de tarifas públicas para los sectores directamente afectados. Tener los servicios básicos (luz, agua, conectividad) debe ser una precondición básica para que la gente se pueda quedar en su casa, que es lo prioritario en esta etapa.
4. Moratoria de alquileres y rentas. Analizar la moratoria de pagos de rentas y de alquileres durante la duración de la situación de excepción. Esta medida va a aliviar a quienes gastan gran parte de su salario en el alquiler de su hogar, pero también a comerciantes o pequeños empresarios que arriendan sus locales y a productores rurales que arriendan las tierras que trabajan. Es importante complementar esta medida con acciones compensatorias para aquellas personas cuyo único ingreso de subsistencia es el cobro de algún tipo de renta o alquiler.
5. Establecer retenciones a las exportaciones con ganancias extraordinarias. La devaluación que está procesando la economía uruguaya genera importantes aumentos de ingresos en el sector exportador. Con respecto al promedio de 2019, la devaluación real del peso ya llega al 23%. Una tasa de retención de 20% para exportaciones sin procesar (grano de soja, carne y celulosa), podría recaudar aproximadamente unos US$ 300 millones. Más de la mitad del plan de apoyo a las personas sin ingresos propuesto por el PIT-CNT.
6. Transferencias excepcionales al Sistema de Cuidados para apoyar la labor de cuidados de los familiares de las y los trabajadores de la salud. El estrés y la sobrecarga de trabajo que están viviendo estos trabajadores asciende día a día. Es importante reforzar las redes de sostén en las tareas de cuidado que muchas de ellas y ellos también deben llevar adelante.
Medidas necesarias ante la profundización y prolongación del escenario de crisis
7. Uso racionado y planificado de las divisas disponibles. En un escenario como el que vivimos, la disponibilidad de divisas es un asunto de interés nacional. Es necesario diseñar un plan para el uso racionado y planificado de las divisas disponibles, así como para la generación de nuevas divisas. En este sentido consideramos necesario evaluar las siguientes medidas:
- Limitar la compra de moneda extranjera. Es importante evitar que los excedentes en pesos que buscan protegerse de la inflación se pasen a dólares. Esto traerá aparejado un dólar paralelo, pero aún así, es preferible a la pérdida del control sobre el tipo de cambio y la privatización de los dólares disponibles.
- Racionar retiro de moneda extranjera de cajas de ahorro y cuentas corrientes y/o entregar en pesos al tipo de cambio correspondiente.
- Incrementar gravámenes sobre importaciones de bienes suntuarios.
- Impedir la fuga de capitales.
- Estudiar la repatriación de capitales (en estado de liquidez) fugados en los últimos años.
9. Topear transitoriamente los ingresos de los funcionarios públicos de escala gerencial y cargos de confianza política, así como de representantes nacionales y constituir un fondo de emergencia social con el ahorro (tope a ajustar según evolución del Índice Medio de Salarios).
10. Incrementar la alícuota del IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas) en las empresas de mayor porte ubicadas en los sectores no paralizados. Hay sectores que seguirán operando e incluso teniendo ganancias extraordinarias, como ya está pasando con el sector del comercio minorista, que ha multiplicado sus ventas. Es clave obtener para la política de contención general esos recursos. Apelar a incentivos para la reinversión del sector privado no tiene sentido en estas circunstancias ya que no es esperable que reinvierta de forma voluntaria en un escenario de tal incertidumbre. Es el Estado el que deberá tener el protagonismo y el control de la mayor cantidad de recursos para utilizarlos en las áreas prioritarias.
11. Comité Social de Emergencia Económica y Sanitaria. La “política económica” más seria, realista y responsable en este escenario es la constitución de un Comité Social de Emergencia Económica y Sanitaria, que articule a las diferentes fuerzas sociales organizadas para el apoyo de la labor del Estado en la gestión de la situación. De prolongarse la cuarentena y de generalizarse a escala global la crisis económica, los estímulos monetarios y fiscales y las medidas redistributivas podrán ser desbordadas por la envergadura de la crisis. En ese caso será imperioso intervenir directamente en los flujos reales de bienes y servicios, por lo que es clave comenzar desde ya a elaborar un plan de contingencia orientado al abastecimiento general de la población en bienes y servicios básicos, que asegure la cadena de suministros del sector alimenticio, de la salud y de las áreas estratégicas.
El conjunto de medidas que proponemos aquí requiere un análisis detenido, tanto en sus formas de implementación y en su impacto, así como en su coherencia como un conjunto articulado. Son varias las que faltan y que habrá que identificar sobre la marcha. Sin embargo, nos parece importante ser realistas, pensar en esta dirección y prever un escenario donde pequeños incentivos monetarios o fiscales no serán suficientes para sobrellevar esta situación.
El salario y los ingresos monetarios de una familia no son más que el medio para acceder a un conjunto de bienes y servicios concretos que producen otros trabajadores. Si el Estado y la sociedad organizada garantizamos que esos bienes y servicios lleguen a donde tienen que llegar, a nadie tiene por qué faltarle nada de lo esencial, por más que circunstancialmente se haya quedado sin la fuente de sus ingresos.
El personal sanitario se encuentra dando una batalla incansable, enfrentando jornadas extenuantes y poniendo en riesgo su salud. Lo propio hacen los miles de trabajadores y trabajadoras que deben continuar activos en sus puestos para brindarnos aquellas cosas básicas que nos mantienen vivos, sanos y comunicados. Desde el conjunto de la sociedad debemos honrar eso, definiendo medidas drásticas que pongan en el centro la vida contra cualquier intento de especulación económica o prevalencia de intereses particulares o sectoriales. Solo desde la acción protagónica de la sociedad en acción coordinada con todos los recursos de los que dispone el Estado podremos atravesar juntos esta situación sin dejar a nadie por el camino.
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