Por Patricia Madrid
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) archivó a comienzos de 2020 una investigación que se generó luego de que el organismo recibió, a través de una denuncia anónima, la advertencia de una serie de viajes realizados en 2019 por el ex secretario de la Presidencia, Miguel Angel Toma, junto a una joven contadora integrante de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
Esta historia comienza con un nombre: Giuliana Pérez. Pérez firmó su título de Contadora Pública por la Universidad de la República el 4 de diciembre de 2018, de acuerdo a lo que ella misma divulgó en sus redes sociales.
En abril de 2019, Pérez -recomendada por Toma, según pudo saber Así Nos Va- ingresó a trabajar en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) junto a otro joven contador, ambos con contrato temporal aprobado por Presidencia de la República.
En julio de 2019, Toma informó a la Senaclaft que la contadora Pérez -que se dedicaba a tareas administrativas- formaría parte de la comitiva de Presidencia en el viaje que se realizaría a la ciudad de Roma (Italia) en el marco de la causa del Plan Cóndor. Pérez viajó a pedido expreso de Toma porque, al parecer, la joven contadora podía analizar si los involucrados en la causa del Plan Cóndor habían cometido “financiamiento de terrorismo de Estado”. En la Senaclaft hubo caras de sorpresa, dijeron las fuentes consultadas por Así Nos Va, ya que el organismo dedicado a la lucha contra el lavado de activos contaba con distintos profesionales contadores, con más años y experiencia en la labor.
Presidencia de la República compró tres pasajes para el viaje que se desarrollaría entre el 4 y el 11 de julio de 2019. Un pasaje se compró para el secretario de la Presidencia, Miguel Angel Toma (viaje en clase ejecutiva por U$S 6.265) y dos pasajes en económica valor cada uno U$S 1.795 (uno era para la contadora Pérez y el otro para la escribana María Antonella Introini, quien se desempeñaba como asesora en la Secretaría de la Presidencia de la República). Este viaje no figura entre las Misiones Oficiales del mes publicadas en la página web de Presidencia de la República, según constató Así Nos Va, aunque sí en las redes sociales de la contadora Pérez.
Un mes después, entre el 25 y el 31 de agosto de 2019, Toma vuelve a subirse a un avión -en clase ejecutiva- con destino a Washington DC (Estados Unidos). El motivo del viaje fueron las reuniones que se llevarían adelante con motivo del proceso arbitral ante la Corte Permanente de Arbitraje iniciado por Aratirí. Presidencia abonó por este pasaje U$S 6.355, según constató Así Nos Va. De acuerdo a la web de Compras Estatales, estaba previsto que tanto la contadora Pérez como la escribana Introini viajaran junto al secretario de la Presidencia pero el vuelo de ambas se pospuso para el 2 de septiembre. Así fue que los pasajes de ambas -en clase económica- se reasignaron entre el 2 y el 7 septiembre y Presidencia pagó por estos traslados U$S 2.972 en total, de acuerdo a lo que figura en la web de compras estatales. Este viaje sí figura entre las Misiones Oficiales del mes publicadas en la página web de Presidencia de la República, según constató Así Nos Va.
En noviembre de 2019, Toma y Pérez vuelven a viajar a Washington DC por el caso Aratirí. Una escapada fugaz, entre el 18 y el 23 de ese mes. Presidencia pagó por ambos pasajes U$S 2.525 ya que habían quedado pasajes abiertos y solo hubo que pagar una diferencia de precios. Este viaje también fue publicado entre las Misiones Oficiales del mes en la página web de Presidencia de la República, según constató Así Nos Va.
Y en diciembre de 2019, Toma y Pérez repiten viaje en conjunto pero esta vez a la ciudad de Roma, entre el 9 y el 14 de diciembre, nuevamente por la causa del Plan Cóndor. Presidencia pagó un total de U$S 8.975 en pasajes (Toma vuelve a viajar en clase ejecutiva con un boleto de U$S 6.780), de acuerdo a lo que figura en la web de compras estatales. Si bien este viaje también fue publicado entre las Misiones Oficiales del mes en la página web de Presidencia de la República, cuando se quiere ingresar al detalle de la misión aparece “Error 404” según constató Así Nos Va.
El último viaje de Toma junto con la contadora Pérez tuvo lugar este año, entre el 17 y el 23 de enero. Viajaron nuevamente a Washington DC por el caso Aratirí: Toma en clase ejecutiva y Pérez en económica. Presidencia paga en total US$9.715 por los dos pasajes.
Inmensas dudas
Los viajes realizados por Toma junto a la contadora Pérez, y las dudas respecto a su efectiva participación técnico-profesional en ambas causas -la del Plan Cóndor en Italia y la de Aratirí en Estados Unidos- llegó a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre fines de 2019, bajo el formato de “denuncia anónima”. La Jutep tomó el caso, y solicitó a Presidencia de la República una ampliación de la información.
Terminó el año y la respuesta de Presidencia no había llegado. Llegó recién la primera semana de enero de 2020. Diego Pastorin, quien ocupaba el cargo de Director General de Presidencia, respondió a la Jutep -haciendo alusión a lo contestado por Toma- el detalle de cada viaje en el que participó Pérez, las autorizaciones de Presidencia de la República, los gastos de pasajes, etc.
¿Qué hizo la Jutep? Así Nos Va pudo saber que dos de los miembros del organismo -Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez- resolvieron, una semana después de recibir la respuesta de Presidencia, archivar la investigación por entender que las consultas habían sido evacuadas.
El tercer integrante de la Jutep y quien presidía el organismo, Ricardo Gil Iribarne, estuvo de vacaciones la primera quincena del año y al regresar de su licencia se enteró del trámite que había tenido el expediente. Así fue que en la sesión de la Jutep del 22 de enero, Gil Iribarne dejó constancia en actas que no estaba de acuerdo con que se resolviera archivar la investigación, por entender que en la respuesta de Presidencia faltaban elementos que explicaran la presencia de la contadora Pérez en esos viajes.
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>>> Lo mas doloroso
El abogado italiano Fabio María Galiani, contratado por el estado uruguayo para llevar adelante la causa en Italia contra Néstor Tróccoli y otros militares en el juicio sobre el Plan Condor, acusó al secretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma y a la exfiscal Mirtha Guianze de haber ocultado pruebas en beneficio de los militares.
Según el abogado, Guianze operó para que los militares uruguayos involucrados fueran solo Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau, quien ya cumple pena de prisión en Uruguay por crímenes cometidos durante la dictadura.
En cuanto a Toma, sostiene que no consideró datos concretos que podrían señalar un lugar de enterramiento de un desaparecido.
Galiani hizo sus acusaciones en un cuestionario que respondió por escrito al portal Infobae y que se publicó el 9 de agosto. Sin embargo, el abogado italiano dijo que el medio argentino no publicó la totalidad de sus respuestas, y envió a El Observador una versión completa del cuestionario. En ella abunda en más detalles y acusaciones contra Toma y Guianze.
Cuenta Galiani en esta nueva declaración:
“Mi relación con Guianze empeoró cuando dije que: 1) no era posible que los únicos responsables en la Armada uruguaya fueran Tróccoli y Larcebeau, que son quienes fueron juzgados en Uruguay (...). Por esta razón, era necesario investigar a otros miembros de la Armada; 2) resultaba extraño que Tróccoli no hubiera sido investigado por los crímenes cometidos en el año 1976. Fue en ese año que desaparecieron uruguayos, exactamente cuando Tróccoli estaba trabajando para la OCOA y también fue a Argentina; 3) no estaba claro cómo Tróccoli logró escapar de Uruguay. Su responsabilidad penal había quedado comprobada durante sus declaraciones a Guianze. Sin embargo, no fue arrestado; 4) no era apropiado que Mirtha Guianze continuara en la investigación del caso Tróccoli. Ella debería haberse excusado del caso por conflicto de interés ya que Carlos Guianze, jefe del FUSNA en 1976 era su tío. Fue Carlos Guianze quien ascendió a Tróccoli a S2 del FUSNA en 1976, atribuyéndole de esta manera un rol represivo concreto”.
En sus declaraciones ampliadas enviadas a El Observador, Galiani relató respecto al secretario de la Presidencia:
“La relación con Toma empeoró cuando le solicité presentar a Pintado Otero como testigo en el juicio en Roma y que me autorizara a crear un grupo de excavación, ya que me había dicho dónde encontrar los restos de Edmundo Dossetti, padre de Soledad Dossetti, asistida por mí en el juicio en Roma. Nunca me autorizó a hacer ninguna de las dos cosas, a pesar de que Pintado Otero tiene en su poder los archivos del coronel Buratti y es él quien indicó donde estaban los restos de Fernando Miranda (pero Javier Miranda no lo sabía...). La información principal que me dio Pintado Otero fue confirmada por Lille Caruso, una conocida activista de derechos humanos”.
Soledad Dossetti acusa a Toma
>>> El número dos
Miguel Ángel Toma, la crónica que describe al más oscuro acompañante del presidente Vázquez
11.04.2019
MONTEVIDEO (Uypress) - Miguel Angel Toma es el Secretario de la Presidencia. Es abogado, se lo considera el número dos del Gobierno y el hombre con más poder después del Presidente.
Una crónica de los periodistas Guillermo Draper y Juan Pittaluga para Búsqueda recopila parte de la carrera política de Toma, su actual relación con el presidente Vázquez, su estilo de vida, alejado de las luces de los medios de comunicación, pero con una importante impronta de ciertos lujos exclusivos.
Dice la crónica citada que Toma no reniega de lujos. "En el garaje está estacionado su Nissan Maxima negro, un sedán deportivo de 300 caballos de fuerza que no está disponible en la nómina comercial de vehículos que la marca japonesa ofrece en el mercado local". Se agrega que "Toma se jacta de que ese auto no se consigue en Uruguay y que se lo mandó traer especialmente".
Reside en Montevideo pero pasa mucho tiempo en su casa de Punta del Este en el barrio privado Boulevard Park donde tiene una casa de dos plantas con piscina.
Agrega la crónica que "Toma incurrió en otros gastos para decorar su casa, entre ellos la adquisición de plantas por un costo de miles de dólares en uno de los viveros más exclusivos de Punta del Este".
Toma fue director del Departamento Jurídico del Ministerio de Salud Pública y en 1995 fue instructor de la investigación ordenada por el ministro Alfredo Solari para determinar si Vázquez había incurrido en conjunción de interés público con el privado al haber recomendado al Instituto Nacional de Oncología (Indo), en su calidad de jefe de Radioterapia, la compra de servicios médicos a la empresa Nuclamed, cuyo representante en Uruguay era en ese momento su hijo Javier Vázquez.
"El 1º de marzo de 1996 Toma emitió un informe en el que estableció que si bien Vázquez había enviado al director del Indo un documento solicitando la compra de equipos en el que adjuntó fotos con el nombre de la empresa que representaba su hijo, "no existieron actos o hechos irregulares", por lo que concluyó que había existido una "falla de servicio", pero sin responsables" agrega la crónica.
En 2005 Toma fue nombrado director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Agrega la nota que Toma y Vázquez integran la Gran Logia de la Masonería a la cual "ingresó por el resplado del exdirigente colorado Oscar Magurno, fallecido en 2014, quien fue jefe de Vázquez en la Asociación Española".
Toma también está al frente de las negociaciones con UPM.
>>> Se ayudan entre masones
Qué es lo que hay detrás de toda esta problemática que hoy acapara los medios de comunicación en una forma muy superficial, muy cholula, digámoslo así, que es el affer del ex secretario de la Presidencia de la República y del Gobierno de Tabaré Vázquez, el doctor Miguel Ángel Toma. Ustedes saben que aparentemente una joven contadora realizó una serie de viajes pagados por el bolsillo de todos los uruguayos en calidad de asesora del secretario de la Presidencia. Lo hacía por la Secretaría de Anti Lavado, más allá de que era una contadora recién recibida, muy joven en la escena clave. No estaba investigando la ruta del dinero vinculada al tema de la violación de los derechos humanos y del Plan Cóndor, que se ventila lo que se estaba ventilando en la justicia italiana. El periodismo se ha centrado en ese aspecto absolutamente ya superficial, secundario y nimio.
No porque no tenga ribetes anti jurídicos que los tiene, sino porque en realidad la actuación de toma desde hace muchísimos años como un connotado miembro de la masonería vinculado a todos los partidos políticos, o mejor dicho, al "Affer". Vi todos los partidos políticos. Es lo verdaderamente importante. Porque una indagatoria en profundidad con respecto al comportamiento del doctor Toma. Que ya le digo, no tengo absolutamente nada desde el punto de vista personal, al contrario, tengo un conocimiento personal con Miguel. Me preocupa su actuación institucional. Que quede bien claro. Y esa actuación institucional es muy importante porque dice relación.
Con una característica que lamentablemente tiene la política en nuestro país. Que es la de la corrupción estructural y a su vez la impunidad. Ustedes saben que hace mucho tiempo yo vengo insistiendo, no desde un punto de vista meramente teórico, sino también desde un punto de vista práctico, más concretamente desde el 2006. Nosotros venimos trabajando el tema de la corrupción, de la política uruguaya, de la corrupción.
Del Poder Judicial, de la corrupción, del Ministerio Público. Y cuando digo corrupción, no necesariamente me estoy refiriendo a aspectos económicos. También me estoy refiriendo a la permeabilidad de los magistrados frente al poder político y al poder de las logias de la masonería. En este sentido, toma, es clave. Y nosotros hemos hecho varias denuncias con respecto a estos individuos, a estos operadores verdaderamente claves. En lo que refiere al Frente Amplio y más concretamente, al doctor Tabaré Vázquez.
Yo diría que él tiene dos asesores, dos cimientos de carácter legales, de asesoramiento jurídico, legal.
Fundamentales para su actuación.
Anticonstitucional. Ilegal y criminal. Son el doctor Gonzalo Fernández y el doctor Miguel Ángel, todo.
Ambos tienen características comunes. Ambos son operadores del sistema que están por encima de los partidos políticos, porque incluso en situaciones de aparente corrupción. De diferentes miembros, de distintas colectividades políticas, han acudido a uno y a otro.
La vinculación de Vázquez con Toma se remonta a la época en que Toma era colorado y que ocupaba el puesto de director de Secretaría General del Ministerio de Salud Pública.
Allí se genera toda una problemática del doctor Vázquez por el tema del software vinculado a aspectos. Sanitarios, oncológicos. Que dan lugar a una investigación administrativa y a una investigación penal. Del aspecto administrativo se encargó el doctor Toja que estando precisamente en el Ministerio de Salud Pública, quien tiene la policía sanitaria y administrativa de los temas sanitarios. Encajona no hay archivo. La investigación contra el doctor Tabaré Vázquez. De la parte penal se encargó el doctor Gonzalo Fernández y logró. El rápido archivo de las actuaciones. Los códigos que maneja el doctor Tabaré Vázquez. Que a lo largo del tiempo lo fuimos conociendo. Es un código mafiosos, códigos caracterizados por la gratitud. Frente a quien? Lo ayudó en momentos difíciles y la conducta vindicativa, es decir, de venganza con respecto a quien de alguna manera confronta o él entiende que lo hostilizar. Es absolutamente ya reconocida por el pueblo uruguayo. Entonces contó Maicon Fernandes o pero ese sentimiento de gratitud mafioso que lo llevó cholos a estos dos operadores. Actividades y negocios sumamente lucrativo desde el punto de vista económico, personal, individual. Por ejemplo, el doctor Gonzalo Fernández hizo un ejercicio de la profesión caracterizado por la conjunción del interés público con el privado. Situación que nosotros denunciamos en varias ocasiones. Pero un Poder Judicial y un Ministerio Público corrupto por la permeabilidad. A los poderes políticos y masónicos. Determinaron que nuestras fundadas denuncias fundadas del punto de vista probatorio fáctico y, naturalmente, de todo el desarrollo técnico jurídico. Fueran archivadas. Y así sucedió incansablemente con todos los actos de corrupción. De lo que terminó siendo una asociación para delinquir, como lo es el Frente Amplio. Pero ustedes saben qué? Los partidos políticos, cuando llegan al gobierno, comienzan a tomar contacto con el dinero público y con los negocios privados. Vale decir, los negocios gubernamentales empresariales se convierten indefectiblemente en asociación para delinquir.
Como hay una suerte de alternancia.
Una suerte. Hoy me toca a mí. Mañana te toca a ti.
La falsa oposición se convierte en cómplice de la asociación para delinquir. Y así pasó con el Gobierno del Frente Amplio y la complicidad de la falsa oposición.
De carácter homicida, es decir, quedarse quietito fue una complicidad proactiva. Porque, por ejemplo, en el tema de generar las instituciones y el marco jurídico para la impunidad. Tuvieron participación activa? Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente. Votando las leyes del golpe de Estado técnico, vaciando al Poder Judicial la potestad investigativa, con la complicidad del Poder Judicial, con la complicidad de los ministros de la Suprema Corte Justicia, con la complicidad de jueces y fiscales y de los gremios, los jueces y fiscales. Y así se consagró esta maquinaria de impunidad que la dirige el fiscal comunista encubridor Jorge Díaz
Mecanismo de impunidad en el que toma está institucionalizado. Por qué? Porque a través de la ley inconstitucional diecinueve mil 483 Ley Orgánica del Ministerio Público, Fiscalía General. El doctor Toma, como secretario de la Presidencia, formaba parte del Consejo. Daba las directivas generales a los fiscales. En realidad, en la práctica eso era una gran mentira. No había ningún consejo desde el punto de vista sustantivo. Había un fiscal general que hacía las directivas y los integrantes del Consejo iban con mano de yeso y firmaba. Naturalmente, por parte de Tomás y del Frente Amplio existía plena confianza en el fiscal comunista. Y así se convirtió en un verdadero zar de la justicia. Un verdadero general de la Fiscalía.
Despóticamente manejado. El tema a través, naturalmente, de lo que es la naturaleza jurídica. De servicio descentralizado que tiene la Fiscalía General. Esa impunidad. Determinó que algunos operadores. Se sintieran absolutamente más allá del bien y del mal. Es decir, la soberbia de la impunidad. Y hoy a Miguel Ángel Toma. Precisamente la soberbia de la impunidad. Y que tiene motivos para estar imbuido de su estado emocional, por lo que voy a explicar a continuación, les juega una mala pasada. Y en un hecho, aunque con ribetes antijurídico desde el punto de vista económico institucional sustancial, es absolutamente menor comparado con otras actitudes que no fueron denunciadas, que fueron ocultadas, que fueron encubiertas con la complicidad de la falsa oposición.
Esto es, vuelvo a repetir, un tema más bien cholulo, más que un tema sustancial. Por ejemplo.
En su momento. Cuando la dejé y llevaba adelante un juicio millonario por aparente defraudación tributaria del empresario del fútbol, hombre fuerte con vínculos políticos. En el país y a nivel internacional, Francisco Paco Casal.
El secretario de la Presidencia de aquella época, el doctor Gonzalo Fernández.
A nuestro juicio, ejerciendo un asesoramiento tras bambalinas de Paco Casal, estaba preocupado por ese juicio y tomó un contacto directo personal con quien era el director general de la DGI en aquella época, el director general de Rentas, Nelson Hernández. Manifestando su preocupación con respecto a esta situación que se había generado.
El secretario de la Presidencia de la República, va a plantearle el director general de Rentas que tenía la manija de la actuación de la DGI con su función esencial ontológica de policía tributaria del país. Su preocupación en favor de los intereses de un particular, de un privado, en realidad, de un cliente particular tras bambalinas.
Por qué digo esto con tanta seguridad? Porque tengo el acta en la que declara Nelson Hernández ante la Justicia, diciendo que efectivamente se dió esa conversación. Naturalmente, trató de edulcorar lo que había pasado, de restarle importancia
Pero la situación institucional está plenamente probada y no tiene justificación. Y a nuestro juicio, constituía prueba de delito. Pero sin perjuicio de la actuación de Gonzalo Fernández en este tema, propago causal. La actuación determinante la tienen tres funcionarios públicos operando contra los intereses de la DGI. Por lo tanto, contra los intereses del Estado del pueblo uruguayo y en favor de un particular desde sus puestos públicos. Adviertan ustedes la perversidad y antijuridicidad del comportamiento, la deslealtad, la traición al pueblo uruguayo. Toma fiscal de Gobierno, cargo que ejerce actualmente Borreli, fiscal de Gobierno en aquella época, y Lorenzo, ministro de Economía y Finanzas.
Qué urden entre los tres funcionarios públicos para perjudicar al pueblo uruguayo, para perjudicarnos a ustedes y beneficiar a Paco Casal, que la temática? De intereses contrapuestos y judicializados. Entre Paco Casal y la DGI no la debía resolver la DGI.
Que quien tienes la función? Ontológica sustancial. De la política impositiva del país. La tenía que resolver un privado. Sí, sí, lo que están escuchando. Nunca en la historia de la DGI había sucedido algo por el estilo.
Vos tenés conocimiento de que una situación de confrontación entre un contribuyente y la DGI se haya resuelto por la consulta un estudio jurídico privado que además normalmente pleitear contra la DGI? Absolutamente no. Absolutamente no. Jurídicamente. Qué te parece un abuso? Un abuso? Correcto. Un disparate, un abuso, un atropello.
Pero sucedió. Lorenzo. Toma y Borreli con la actuación tras bambalinas de Gonzalo Fernández.
A través de un dictamen del fiscal de Gobierno que el tema de Francisco Paco Casal con la DGI sea sometida a una consulta privada al estudio Guyer y Regules.
Para que un abogado tributará, hasta que resultó ser el doctor Albacete, que todos los días planteaba contra la DGI o seguirá planteando contra la DGI. Paradójicamente, fuera el que dijera. Si a la DGI le correspondía o no cobrarle los tributos a Paco Casal. Por supuesto, es un estudio privado. Lo moviliza el sentido del lucro capitalista legítimo. Pero de ninguna manera. Fue un estudio privado con esas características. AM. Sustituir a la DGI y erigirse en árbitro de un problema que lo debe dirimir el derecho público, es un atropello al derecho público.
Se dan cuenta? Pero sucedió. La casta política de nuestro país. Perdónenme, pero lo tengo, lo tengo que decir en forma más gráfica.
La putrefacta casta política de mi país. Senadores y diputados que hoy salen a rasgarse las vestiduras por el problema de Guliana. Como por ejemplo el ex senador Bordaberry. Metieron la lengua en lo más profundo de su cuerpo. No dijeron absolutamente nada.
Pero no me quiero distraer. Quiero seguir con el orden cronológico que venía. El expediente es el 22 29, 3 81, BARRA 2012. Ese expediente verdaderamente deja muy mal parado a jueces y fiscales de mi país.
Tengan presente mi denuncia por el tema de Gonzalo Fernández con. Los Peirano cuando logra aquella infame ley dieciocho mil 411 para buscar la anulación de los Peirano denuncie, denuncié el Poder Judicial que se prestó el Tribunal de Apelaciones se prestó para llevar adelante una sentencia salvage. Así que cuidado! Yo denuncié en tiempo y forma. Cómo lo estoy haciendo ahora? Yo no tengo fueros.
Yo no tengo fueros, yo no soy un senador que puede decir cualquier cosa y después ampararse en los fueros aunque haya gargante, dado que no se iba a amparar en los fueros........
.... Y el Tribunal de Apelaciones, en lugar de defender al pueblo uruguayo, en lugar de defender al Estado, el Estado que le paga los muy buenos sueldos que ganan los tribunales ministros, el tribunal eligió a Paco Casal....
.... Entonces. Adviertan que la figura de Toma trasciende el aspecto estrictamente político. La figura de toma tiene. Gravitación muy fuerte a nivel institucional.
Luego viene lo más bochornoso de la historia del país, que la estamos viviendo, la estamos protagonizando. Con una gran omisión del pueblo uruguayo, con una gran obsecuencia de la gran mayoría del pueblo uruguayo. Viene el contrato coimero de UPM. Viene el encierro, la clandestinidad, el oscurantismo, el anti republicano, anti republicanismo y anti democracia. Del doctor Tabaré Vázquez. El mafioso.
Una persona que procede así es un mafioso, se encierra en Finlandia con el dueño de UPM Walrus para entregar el agua y la tierra del Uruguay. Y por si fuera poco, los recursos económicos y financieros. Y por si fuera poco, la soberanía. Y por si fuera poco, la educación.
Con la complicidad de blancos, colorados e independientes, complicidad que está probada porque luego, cuando el presidente actual de la calle pudo por el propio contrato rescindido, eligió el camino del crimen.
Eligió el camino de la antijuridicidad. Escogió el camino de la entrega de la soberanía, el agua, la tierra y los recursos financieros y la educación. Eligió el memorándum de entendimiento aún cuando había tirado piedras desde la oposición. Aún cuando el ministro de Transporte actual le había dicho, siendo senador, que el contrato era indecoroso y que era entrega de la patria.
Pero tal como yo les digo, cuando el partido político llega al gobierno, inmediatamente se convierte en asociación para delinquir. Lo fue el Frente Amplio y lo es actualmente la coalición multi corrupción, que ustedes la conocen por multicolor, pero a la luz del comportamiento criminal yo la tengo que llamar multi corrupción. Cómo ustedes verán mi denuncia de la corrupción estructural? No era un problema político con el Frente Amplio. No es un problema político con la coalición de gobierno. Es un problema existencial. Es un problema de que yo estoy viendo que para es. Nietos para mi descendencia, para la descendencia de ustedes. Les estamos destrozando el país y un conjunto de delincuentes están entregando el país que una maquinaria de impunidad. No hace nada y viabilizar esa entrega criminal del país. Y eso me desespera. Pero así nos tenemos que. Tenemos que llegar al tema de. UPM el del contrato criminal UPM en el que Toma, y Roballo. García. Como operadores subalternos de Tabaré Vázquez, principal figura responsable. Fueron los operadores formales. Firmarón ese contrato en forma ilegal.
El abogado Miguel Ángel Toma, de 68 años, fue uno de los hombres más cercanos a Tabaré Vázquez, y también uno de los de perfil más bajo durante su mandato. Fue secretario de Presidencia de Vázquez en dos oportunidades: entre 2008 y 2010, y entre 2015 y 2020. Y estuvo inmerso en la polémica desde el primer día hasta el último.
En 1997 asumió como director del Departamento Jurídico en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y llegó a ser director general del ministerio durante el gobierno de Jorge Batlle, hasta que en 2003 tuvo un enfrentamiento con el entonces ministro, Conrado Bonilla, que lo llevó a dejar el cargo. “A raíz de nuestra mala relación empezó a hablar mal de mí con dos abogados del ministerio muy amigos. Decía que nunca había visto un ministerio más corrupto y formado por tanta gente sabandija”, recordó Bonilla a El País en abril del año pasado. El exministro dijo incluso que Toma filtraba información a agentes privados de la salud sobre las decisiones del ministerio. Entonces, lo citó a una reunión y lo encaró. Es “un gran flojo, un pusilánime”, agregó Bonilla.
Por su actuación en el ministerio, Toma conoció a Tabaré Vázquez por una investigación que tenía al expresidente en el centro. Vázquez era entonces director del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Oncología del MSP y Toma lo exoneró de culpas por la compra de equipos informáticos por parte de la empresa de su hijo Javier. Unos años después, el 1° de marzo de 2005, el abogado nacido en Artigas y de filiación colorada asumió como director de la Oficina de Servicio Civil del primer gobierno frenteamplista. Tres años más tarde, asumió como secretario de Presidencia.
En el gobierno de José Mujica fue fiscal de gobierno, el mismo cargo que ocupaba Daniel Borrelli, actual director de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que ahora archivó la investigación que tenía a los viajes de Toma en la mira. Siendo fiscal de gobierno, Toma quedó en medio de una polémica por el archivo de la investigación en torno al empresario Francisco Casal ante la Dirección General Impositiva. Presidencia clausuró este caso por un dictamen no vinculante de Borrelli y por otro de Toma, que decía que Casal no había defraudado pero debía los impuestos.
Otro escándalo lo tuvo como protagonista al final del segundo gobierno de Vázquez. Tan bajo fue su perfil que el mismo Vázquez lo descolocó cuando previo a tomar el mando, en enero de 2015 -en la primera reunión del gabinete-, le pidió que fuera el vocero. “Las declaraciones a la prensa las va a hacer Miguel. Es el único que vino de corbata. Y sepan que a partir de ahora vuelve la corbata a la Presidencia”, dijo Vázquez marcando la impronta formal que le quería imponer a su gobierno luego del mandato de José Mujica.
Fue uno de los hombres de más confianza de Vázquez. Y lo que llamaba la atención en la sede frenteamplista era que Toma no tenía afinidad política con la coalición de izquierda. Incluso en broma algunos dirigentes llegaron a apostar que nunca había tenido una bandera tricolor de Otorgués.
“¿Qué haces vos acá?”, le dijo sorprendido un dirigente astorista cuando lo vio en el acto aniversario del Frente Amplio en febrero de 2018. Fue en Piriápolis y tenían la necesidad de contrarrestar el acto de enero de los autoconvocados de “Un Solo Uruguay”. “Me pidieron que viniera, y vine”, respondió Toma, con una bandera roja, azul y blanca colgada al cuello.
En
febrero del año pasado, el entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez,
reunió los documentos sobre la actuación del Tribunal de Honor Militar
que se formó para juzgar a José Nino Gavazzo, donde aparecía su confesión criminal: el represor había declarado ante los generales que había tirado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro en 1973.
El ministro juntó el material y pidió audiencia con el entonces secretario de Presidencia.
Acompañado de los abogados Alfredo Maeso y Josefina Nogueira, Menéndez
se reunió con Toma, le entregó los documentos, le comentó sobre la confesión de Gavazzo,
y le sugirieron presentar una denuncia penal. Unas semanas más tarde,
el sábado 30 de marzo, el diario El Observador informó sobre la
confesión del represor.
La respuesta de Vázquez fue contundente:
le pidió la renuncia al ministro de Defensa -lo que se concretó 10 días
antes de su muerte-, y al subsecretario, Daniel Montiel. Además, tomó
la decisión de destituir a seis generales, entre ellos a quien había
sido designado como comandante en jefe del Ejército, José González.
Toma, en tanto, siguió en el cargo.
A pesar de estar involucrado en varios escándalos, hasta sus más acérrimos críticos destacan que el desempeño de Toma como representante del Estado uruguayo en varios juicios fue destacado. Uruguay ganó el diferendo contra la tabacalera Philip Morris y consiguió que la Corte de Apelaciones de Roma condenara con cadena perpetua a 13 exmilitares uruguayos implicados en el Plan Cóndor, una operación conjunta de las dictaduras sudamericanas para matar y desaparecer a militantes políticos y sociales.
Un grupo de dirigentes de notoria militancia anterior en el Partido Colorado se han venido sumando al staff del presidenciable del Frente Amplio Tabaré Vázquez, informa hoy Búsqueda.
El exministro del Interior Daniel Borrelli -actual fiscal-, el exdiputado Alberto Scavarelli y el exsecretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma trabajan actualmente junto al comando del Frente Amplio.
Ya durante este período otra figura colorada que se había sumado con entusiasmo al gobierno fue Glenda Rondán, ex edil y legisladora.
Todos ellos tienen un punto en común con Tabaré Vázquez: pertenecen a la Masonería y allí estaría la clave de la esta coincidencia política entre el líder frenteamplista y los exreferentes del coloradismo.
Scavarelli y Borrelli fueron dirigentes muy próximos al dos veces presidente Julio Sanguinetti. Ell primero presidio la Junta Nacional de Drogas y actualmente ocupa un cargo de dirección en el Sodre. Por su parte, el segundo fue uno de los principales ideólogos de las políticas de seguridad sobre todo en los 90 y principios de la década siguiente.
Miguel Ángel Toma fue colorado hasta el gobierno de Jorge Batlle, pero en 2008 fue designado por Tabaré Vázquez como secretaria de la presidencia ante la salida de Gonzalo Fernández.
El presidenciable frenteamplista (que ya sabe por las encuestas la casi nula posibilidad de mayorías parlamentarias en el período 2015-2020) sumó a estos dirigentes como forma de acercar votantes del Partido Colorado descontentos con la interna del sector.
En el caso de Glenda Rondán, fue secretaria personal de Julio Sanguinetti durante la dictadura y forma parte de la una logia masónica femenina . Hoy es habitual oradora en los actos de Tabaré Vázquez.
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Que desastre de redacción estimado. Vuelva a redactar su artículo en forma entendible. Y le pregunto es muy importante poner el fiscal comunista ( tal como hacen los bolsonaros ) como si se tratar de una ofensa o es el enano fascista que sale a flote cada tanto ?
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