A la opinión pública:
Montevideo, 21 de setiembre de 2022.
La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos expresa su máximo rechazo y preocupación por la decisión de la mayoría del nuevo Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) al inscribir en su registro de organizaciones al Centro de Estudios sobre los Derechos Humanos del Uruguay (CEDDHHU).
Es esta una organización que promueve una visión negacionista del Terrorismo de Estado, avalando el pacto de silencio y vulnera la memoria de los hechos ocurridos en el pasado reciente, al calificar también de prisioneros políticos a aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Integrada por personas de cuestionable trayectoria, la CEDDHHU no reúne las condiciones mínimas para ser aceptada como integrante de la INDDHH y, por el contrario, va en contra de la normativa que dio origen a la Institución y los principios que de ella emanan, que debe proteger, promover y defender los Derechos Humanos.
Con esta inscripción se hace carne aquello sobre lo que diferentes organizaciones sociales hemos venido alertando: las intenciones de desprestigio a la Institución continúan, ahora procurando que esta tome un giro en su orientación de trabajo al dar lugar a un falso revisionismo del pasado reciente.
La INDDHH no puede permitirse tener en su seno a organizaciones que nieguen a nuestros 197 familiares detenidos desaparecidos y que defiendan abiertamente a los violadores de los Derechos Humanos, civiles y militares, que actuaron bajo el amparo del Estado.
Continuamos defendiendo a la Institución y su cometido original como logro del pueblo organizado: la INDDHH no puede ser neutral en esta materia ni basarse en una supuesta pluralidad para admitir organizaciones que en su discurso vulneran a los derechos humanos.
Por Verdad, Memoria y Justicia. Nunca más Terrorismo de Estado.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
INDDHH aceptó en su registro a organización que defiende a represores de la dictadura
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) aceptó, por mayoría, incluir en su registro de organizaciones sociales al Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, que defiende a represores durante la pasada dictadura cívico-militar (1973-1985), y reivindica a quienes fueron víctimas de la guerrilla.
El pasado 11 de agosto, la Asamblea General nombró a quienes integrarán el Consejo Directivo de la institución en el periodo 2022-2027: Carmen Rodríguez, profesora adscripta de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Católica; María Jimena Fernández, licenciada en Letras por la Universidad de Friburgo; Marcos Israel Cúneo, presidente del Comité Central Israelita del Uruguay; Bernardo Legnani, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), y Wilder Tayler, abogado egresado de la Udelar, quien fue reelecto.
Una inscripción inadmisible
La mayoría de la nueva Comisión Directiva de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) resolvió aceptar la inscripción del Centro de Estudios de DDHH (Ceddhh). Esta organización dirigida por Sergio Molaguero, Graciela Rompani, viuda de Jorge Pacheco Areco, y Daniel García Pintos, denomina prisioneros políticos a los procesados por las desapariciones, asesinatos, secuestros y torturas de la dictadura.
La decisión adoptada es improcedente y está fuera de lugar. El Centro de Estudios de DDHH (CEDDHH) tiene como objetivo declarado lograr la liberación de los procesados y condenados por los peores crímenes que se han cometido en el país. Es evidente, a todas luces, que no reúne las condiciones elementales para ser aceptada como integrante de la INDDHH.
Su negación de las 197 desapariciones forzadas de ciudadanos durante la dictadura civil militar, su encendida de defensa de los responsables de los más graves crímenes que fueron procesados, son una clara demostración de no reunir las condiciones esenciales para ser inscripta en la institución que tiene como cometido, precisamente, proteger, promover y defender los DDHH.
“El País” del terrorismo de Estado
Desde hace muchos meses, el matutino que fuera vocero oficial del terrorismo de Estado, viene intensificando sus presiones mediáticas destinadas a desnaturalizar a la INDDHH. El pasado sábado 10 de setiembre, incluso, publicó una agresiva editorial cuestionando las declaraciones públicas formuladas por Marcos Israel. El nuevo presidente se había limitado a señalar algo obvio y elemental: solo los funcionarios del Estado violentan las normas de DDHH. Esta afirmación básica no es funcional a los sectores del golpismo uruguayo y generó la ira del escondido editorialista.
En la historia uruguaya, los sectores del poder con los cuales se identifica El País han mostrado muy escasa adhesión a las normas constitucionales, mucho menos a las referidas a los Derechos Humanos. Defendieron el gobierno de Jorge Pacheco Areco, apoyaron el golpe de Estado, respaldaron frenéticamente a la dictadura, apoyaron el Sí a los militares en el plebiscito de 1980 y respaldaron la Ley de Caducidad para evitar la actuación de la justicia. Un largo prontuario.
Desde Nuremberg
Desde fines de la década de los cuarenta, Uruguay fue uno de los pocos países del mundo que adhirieron al Estatuto de Nuremberg. En ese momento se constituyó el tribunal de dicho nombre al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
Dicho tribunal hizo historia. Juzgó a los principales jerarcas nazis, a los responsables del Holocausto del pueblo judío y de otros genocidios, Desde dicha instancia hasta en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, son los funcionarios del Estado o quienes actúan en su nombre, con su autorización o aquiescencia quienes violan los Derechos Humanos. Sus acciones jamás pueden ser equiparadas o igualadas a las que llevan a cabo los particulares ya sea en forma individual o colectiva.
Justicia para afirmar el Estado de derecho
En aras de afirmar la justicia y la democracia para asegurar la paz, los crímenes más graves de la historia del país no pueden quedar sin castigo. Fueron cometidos por funcionarios del Estado, civiles, militares y policiales, que debían impedir que ellos ocurrieran. Deben ser investigados, esclarecidos y castigados por el poder del Estado que tiene las prerrogativas constitucionales para hacerlo. Debe brindar las máximas garantías a todos los involucrados como ha venido ocurriendo hasta el presente. Desde la aprobación de la ley 18 831 que en octubre de 2011 restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado, no existen obstáculos legales que impidan la actuación del Poder Judicial. Debe continuar haciéndolo.
Defenderemos la INDDHH
La creación de la INDDHH fue un gran logro de la sociedad uruguaya. Como colectivo organizado, más allá de lo erróneo y equivocado de las orientaciones, de las decisiones no compartidas, ratificamos nuestro compromiso de apoyar y respaldar a la INDDHH como una gran conquista de los trabajadores y del pueblo uruguayo. Seguiremos trabajando para afirmar las normas de DDHH que son una gran conquista de la humanidad.
La INDDHH es el escudo de los sectores más vulnerables de la sociedad, él ámbito no jurisdiccional al cual recurrir ante los abusos de los funcionarios del Estado. Debe fortalecerse y potenciarse.
---------------
Opinando N° 18 – Año 11 – Miércoles 21 de setiembre de 2022
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado