Partidocracia

 

Los partidos no sirven al pueblo, sino a sí mismos (Orwell)

Bajando a nuestros pagos, Uruguay es una partidocracia, según la definición acuñada por Caetano, Rilla y Pérez en 1987¹ y compartida hasta hoy. Esto significa que los partidos políticos detentan, estable y firmemente, la «condición predominante» de eje central del sistema político; son configuradores clave del Estado y la vida social del país desde su fundación hasta el presente, en un rasgo singular de la política uruguaya respecto a la región.

“Es un ejemplo fenomenal que compartan mesa”, remarcó el presidente de Endeavor Uruguay; el mandatario y los presidenciables de los distintos partidos también se tomaron fotos juntos (la Diaria 10 sept 2024)

El ejemplo fenomenal uruguayo que gobierno y oposición compartan mesa es un caso tópico de la democracia en el sistema. Lo que anuncia que gobierne quien gobierne el sistema se mantendrá. Hay en ello un crecimiento económico que favorece a sectores ricos y que otros sectores de la sociedad pobres sean mas pobres. Se prevee que esté quien esté en los hilos del goberno y con diferencia de matices, la situación de sub desarrollo y dependencia económica seguirá campeando. Ambos opuestos son gestores de lo que venga del FMI, el Banco Mundial, Wall Street. Aunque la clase obrera a través del PIT CNT comparta bancas y según quien gobierne obtendrá beneficios o no. En el plebiscito por la seguridad social se dan las pautas si se quiere un sistema privado de jubilaciones y que se juegue a la calesita con estos fondos o se le de mejor bienestar a los jubilados. 

Tal vez se deba de agradecer el la paz que esta sumergido el Uruguay, sin embargo no hay paz en un tercio de la población, 1 de cada 3 niños son pobres, el narco menudeo se incertó en barrios perisféricos donde hay muerte diarias con armas de gueso calibre. Hay guerra. Hay inseguridad en la clase media. Ello al margen del sistema político porque en esta política no hay nadie que los represente. Todos desde un ángulo superior ofrecen soluciones represivas, asistenciales, legales con cárceles superpobladas de marginales. A los marginales nadie los representa. Quedan fuera del sistema democratico y se expande tras fronteras.

Lo nuevo esta en la incursión del narco tráfico en el sistema político. El gobierno actual es delictivo y la oposición hace gárgaras. Dia a dia aparecen involucrados con el gran trafico a personajes del gobierno. Y por el poder económico que tienen estos "emprendedores" nadie esta libre de que no haya impregnaciónes de corrupción. Por las buenas o por las malas. 

A corto plazo no hay alternativas al sistema político vigente, a falta de "izquierda" revolucionaria, los que aparecen como anti-sistema es la ultra-derecha con profundas raices en la región y occidente (no aparecen en la foto) pero forman parte del abanico politico y la convivencia. Mientras no aparecen los desaparecidos y el ejército se mantiene con sus privilegios como guardianes del sistema. Un sistema ultra corrupto que nadie toca. 

Por último una falta de un plan B, ya que lo actual es insostenible economicamente, politicamente y socialmente. Cuando veas las bardas de tu vecino arder pon las tuyas en remojo.
 

 

https://brecha.com.uy/quien-les-teme-a-los-outsiders/

En el 2010 Jorge Zabalza nos decía con vigencia:

Perdió más de cien mil votantes, lo dejaron en banda muchos de los caudillos blancos del interior, pero no lo conmovió la gran derrota, desde lo alto del balcón habló a la ciudadanía con gesto de dios bajando a la tierra, típico de Mussolini, de Jorge Pacheco Areco, de la megalomanía fascista. Fracasado el impresentable Lacalle, Pedro Bordaberry surge como conductor del viejo-nuevo frente unido de la clase dominante, el pacto clasista y combativo que festejaron sus bases sociales en la Rambla de Pocitos. Los dueños del Uruguay son insaciables, quieren más y más, por eso muestran la firme voluntad de recuperar el control del gobierno, la gerencia de sus grandes negociados que dan vida a los pequeños negocios. No les alcanza conque el Pepe se vista de traje, se peine a la gomina y les rinda pleitesía en ADM y en Buenos Aires. Quieren controlar directamente el aparato del Estado. ¡Alerta! Pachecato en puerta.

El mismo 25 de octubre, lágrimas de cocodrilo por los difuntos plebiscitos, la tristeza de no haber sido en primera vuelta, los tres tigres progresistas tendieron el brazo hacia sus contendores: "no hay diferencias insalvables en los programas", "no son dos modelos de país lo que está en juego, sino dos formas diferentes de gobernar". Intercambio de mutuas promesas con ministerios y cargos en entes autónomos, jugando a quién es más democrático y liberal. Se podrán decir "perritos falderos", "asesinos" o que "en sus filas hay gente de la dictadura", pero son escaramuzas menores de una campaña electoral entre gentilhombres.

Antaño también me embarcaba fácilmente tras falsas promesas de falsos profetas, pero ahora me cuesta tragarme esas pastillas, a fuerza de reja y palo me he vuelto desconfiado. Además no me gustaría quedar como un tonto, gritando "¡viene el lobo, viene el lobo!" mientras los tres tigres, cual tiernas caperucitas rojas, se arrojan en brazos de los lobos como antes se abrazaron con las culebras. Una vez más intentarán conciliar con la clase dominante al tiempo que con seductoras canciones de cuna, que hoy dicen una cosa y mañana la contraria, intentarán acariciar los ensueños de esos miles de militantes que cada día renuevan su credulidad con alegría y entusiasmo.

La ley de caducidad fue declarada inconstitucional por todas las instituciones constitucionales y repudiada por todos los organismos internacionales de derechos humanos. Cuando militantes independientes y vecinos sueltos ya habían recogido más de 150.000 firmas para anular esa infame ley, un Congreso del Frente Amplio resolvió incorporarse a la recolección. Después que se entregaron en la Corte Electoral las firmas necesarias plebiscitar la anulación, el "señor presidente" se dignó sugerirnos que debía ser anulada. Ahora sí, los militantes del Frente, en particular del MPP y el PCU, creyeron que se cumpliría lo resuelto por el Congreso y los grandes caudillos se pondrían al hombro la lucha por verdad y la justicia. Error, grueso error.

Hubiera bastado conque Mujica y Astori convocaran en la televisión a votar la papeleta rosada, para que el plebiscito triunfara, pero no, prefirieron el camino solapado, los metamensajes (perdonar a los criminales que colaboren, no meter en cana viejos militares) que resquebrajan la endeble endeble de los pusilánimes. No tuvieron la honestidad intelectual suficiente para explicar en voz alta sus razones para mantener vigente la ley de caducidad, un silencio escandaloso, desconocieron al congreso sin explicar nada. Los más fieles interpretaron el código subliminal inmediatamente, tampoco dieron la cara sino que optaron por una retorcida maniobra cuyos resultados fueron públicos: votos de todos los sectores frenteamplistas sin la papeleta rosada, un esquinazo ético y moral tremebundo, deslealtad vergonzante y vergonzosa, puñalada trapera.

Rindieron la justicia frente al poder sin el menor escúpulo, una guiñada al partido de la impunidad, un claro mensaje de respeto a los acuerdos subyacentes o sobrevolantes del Club Naval (1984) y a las transas desarmadas entre prisoneros y torturadores del Batallón Florida (1972). No dan garantías, nada indica que el segundo gobierno del Frente Amplio vaya a anular la ley de caducidad, por el contrario, la experiencia con el actual gobierno, induce a creer que, con seguridad, sufriremos más esquinazos infamantes. Tanto está yendo el cántaro al agua que, tal vez, los más politizados recuperen cierta independencia de criterio pasando a ejercer su derecho inalienable de pedir cuentas a los dirigentes.

https://zurdatupa.blogspot.com/2010/03/uruguay-fundamento-de-voto.html

Historia reciente

José  Mujica Cordano, también conocido como Pepe Mujica, es un exguerrillero, político y agricultor uruguayo. Fue el 40.º presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. En los años sesenta, integró el movimiento guerrillero Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaro

Este gobierno se caracterizó, por un lado, por la continuidad de las políticas establecidas por el gobierno anterior del Frente Amplio y, por el otro, por reformas sociales (entre las cuales se hallan la legalización y regularización del mercado de la marihuana, matrimonio homosexual y legalización del aborto) entre otras novedades.

La Nación (29 de septiembre de 2013). «George Soros le ofreció a Mujica financiar un estudio sobre el impacto de la marihuana»

 El gobierno de Sanguinetti fue el primer gobierno democrático tras los casi 12 años de dictadura cívico-militar sufridos en el Uruguay.

Pacto del Club Naval En julio de 1984 se reiniciaron las conversaciones entre los partidos y los militares, pero esta vez el ausente fue el Partido Nacional. La negativa de los “blancos” se debía a la reclusión a la que era sometido Wilson Ferreira Aldunate, quien había regresado al país el 16 de junio pero había sido detenido de forma inmediata. De esta manera, las negociaciones fueron llevadas adelante por el Partido Colorado, la Unión Cívica y el Frente Amplio (cuyo principal dirigente, Líber Seregni, ya había sido liberado pero se encontraba proscripto).

 Se aprobó la ley 15.848 de "Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado" (popularmente conocida como "Ley de Caducidad" y llamada peyorativamente "Ley de Impunidad"

El camino de la forestación productiva en el país tiene su primer paso en la década de los 60s con el trabajo de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE). A raíz del trabajo de la CIDE, se elaboró un estudio cartográfico de suelos a escala nacional donde se identificaron los predios de prioridad forestal. Con este primer paso se sentaron las bases para el futuro desarrollo de las plantaciones forestales.

La política tributaria durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti se caracterizó por presentar dos tendencias: por un lado obtener mayores ingresos fiscales mediante la suba de algunos impuestos de consumo y de la renta, por el otro exoneraciones en impuestos a las rentas o disminuciones en los aportes patronales al Banco de Previsión Social de las contribuciones especiales de seguridad social para fomentar las inversiones en la producción en el sector privado. Tan pronto como inició el período gubernamental se implementó un ajuste fiscal en abril mediante la ley n.° 16.697 del 25 de abril de 1995 y más adelante se aprobó una de las reformas más importantes del período, que fue la reforma del sistema de seguridad social por la ley n.° 16.713 del 3 de setiembre, estableciendo un nuevo sistema mixto, con base de solidaridad intergeneracional gestionado por el BPS, una capa adicional para ingresos que superen cierto tope de ahorro individual obligatorio en entidades privadas denominadas AFAP, y una segunda capa de ahorro individual voluntario en las AFAP

En esta primera ley se aprobó la creación de zonas francas en el área portuaria de Colonia y Nueva Palmira con el objetivo de estimular el comercio y la industria en el área portuaria mediante beneficios fiscales y exención de impuestos a usuarios.

La política internacional fue un aspecto que el gobierno se decidió a recuperar tras años de dictadura. Para ello fue vital el papel del economista independiente, de raíces blancas, Enrique V. Iglesias. Iglesias sirvió como Canciller de la República hasta el año 1988, año en el que fue elegido para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo

En enero de 1986 el presidente Sanguinetti, en la residencia de Anchorena, recibió la visita de David Rockefeller y de Edward "Ted" Kennedy.

A mediados de 1988 el secretario de Estado George Shultz, que había estado para la asunción de mando, retornó a Montevideo, teniendo un almuerzo en la residencia de Suárez con el presidente y distintos líderes políticos de la oposición.

A principios de 1989 asume la presidencia George H. W. Bush. Ese mismo año una delegación encabezada por el presidente Sanguinetti se reúne con el presidente en la oficina Oval. Posteriormente, en Nueva York el presidente se entrevistó con Henry Kissinger.

El gobierno de Jorge Batlle comenzó a partir de su asunción como Presidente de la República Oriental del Uruguay el 1 de marzo de 2000, luego de ganar en la segunda vuelta de las elecciones nacionales de 1999. Este período de gobierno a nivel interno se vio marcado fuertemente por una serie de dificultades y controversias, como la crisis económica de 2002 y la epidemia de aftosa, y tuvo lugar el comienzo de las investigaciones de los crímenes ocurridos durante la dictadura cívico militar de 1973-1985. A nivel internacional, se caracterizó por un alineamiento hacia Estados Unidos y la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba.

Durante este período gubernamental hubo un elevado nivel de conflictividad sindical ya a inicios del gobierno batllista. A nivel nacional, antes de comenzar la caída económica del 2002, fomentada por la central sindical PIT-CNT con fines ideológicos para contrarrestar la política liberal llevada a cabo por el gobierno de Batlle. Esta conflictividad sindical desembocó el 31 de mayo de 2000 en un paro general contra la Ley de Urgente Consideración de esa época y las privatizaciones que allí se establecían, pero además por otros asuntos laborales como el salario. Este paro, con varios puntos de concentración en el país, en algunos casos tuvo incidentes violentos con pedradas e insultos.7​
A nivel departamental en Montevideo, había emergido un conflicto entre el sindicato ADEOM de empleados municipales y el ejecutivo departamental, a cargo del intendente Mariano Arana, debido a la privatización parcial del servicio de recolección de residuos urbanos.7​

La crisis económica del 2002 fue la culminación del período de recesión económica que vivió Uruguay desde fines de 1998, en donde la insolvencia financiera afectó al sector bancario del país, golpeado además por los fraudes de los casos Rohm y Peirano, que ocasionó el colapso económico del país y una crisis sociocultural que se extendió por años.

En julio de 2004 la empresa finlandesa Botnia (hoy UPM) anunció la intención de instalar una planta industrial de producción de celulosa en Uruguay si desde el gobierno les otorgaba exoneraciones impositivas y el amparo de la planta bajo un régimen de zona franca, con una inversión multimillonaria. La elección de Uruguay se basaba en la estabilidad política del país, la abundancia de materia prima (por las políticas de forestación de los gobiernos anteriores) aparte de haber adquirido el 60% de una empresa uruguaya de plantación de eucaliptos y por la excelencia en recursos humanos. Con esta inversión el producto interno del país subiría 1,4% para el 2011 y las exportaciones en 160 millones de dólares. Además, crearía más de 4000 puestos de trabajo, la población local en Río Negro aumentaría y el empleo a nivel departamental subiría un 32%.25​
Batlle le otorgó la autorización a Botnia para construir la planta además de un puerto en Nueva Palmira

Lacalle fue elegido presidente de Uruguay el 26 de noviembre de 1989, cargo que asumió el día jueves 1°. de marzo de 1990 para el quinquenio 1990-1995. Su programa de gobierno se tituló "Respuesta Nacional", era bien breve, compuesto por 16 medidas; había sido elaborado por técnicos del Instituto Manuel Oribe.​
Programa de gobierno y su contexto histórico
Al asumir la presidencia de la República, Lacalle anunció un conjunto de medidas que implicaban la acentuación de transformaciones de la economía otorgando prioridad a la reducción del déficit fiscal mediante una política de shock. El nuevo gobierno se propuso promulgar leyes como la del ajuste fiscal, la venta de los bancos gestionados por el Estado, la reforma del aparato estatal, etc.
Según lo que remarcaba el Programa de Gobierno, su aplicación debería “revisar y reformar las actividades industriales y comerciales del Estado”. La idea de reforma incluía “las reformas jurídicas más convenientes: sociedades de economía mixta, empresas privadas y propiedad estatal, concesiones totales o parciales de explotación, pasaje a la óribta privada y posibles desmonopolizaciones”. Lacalle se comprometía a “analizar caso por caso cada una de las empresas públicas” y a impulsar su modificación “por ley constitucional”.​
Como trasfondo, es importante destacar que los años 1990 eran la época del fin de la Guerra Fría, por lo cual se fue imponiendo a nivel mundial el llamado Consenso de Washington,