martes, 15 de octubre de 2019

Son un peligro






“Cuando surjan las pruebas, se revisarán todos aquellos actos para sancionar con todo el peso de la ley y el desprecio a los que lograron prebendas, beneficios personales o familiares, o llenaron sus bolsillos de oro, a la sombra de los soldados oficiales que morían luchando contra la subversión o de la situación coyuntural del presente proceso cualquiera sea el lugar que ocupe en la sociedad uruguaya”.
Teniente General Gregorio Álvarez, Orden 777 del 9 de agosto de 1977


>>> Manini Ríos líder de la legión militar Los Tenientes de Artigas

Acostumbrados

>>> El poder militar es criminal y corrupto
La impunidad

¿Cual es el motivo por el que nunca han prosperado las investigaciones sobre la corrupción de la Dictadura civil-militar en Uruguay? La relectura del libro de 1987 “País Vaciado, dictadura y negociados”, del economista Miguel Carrió (en su momento miembro de la Comisión de Banca y Financiamiento del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Economía de la central sindical uruguaya, el PIT-CNT), ayuda a comenzar a develar el misterio.

Esta falta de interés por los delitos económicos de la dictadura llama más la atención puesto que ellos están expresamente excluidos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En efecto, en el inciso b de su Artículo 2º, la ley que impide castigar a los militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura, aclara expresamente que no están comprendidos en esa impunidad: “Los delitos que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un proyecto económico”. Es un hecho comprobado que aquí también la corrupción acompañó a la dictadura, a pesar de la hipócrita declaración de principios del dictador Gregorio Álvarez con la que se abre esta nota (“La corrupción acompañó al fascismo como dos caras de una misma moneda”, sintetiza Carrió).



En su libro, el investigador señala un punto clave para develar el misterioso silencio que rodea a los actos de corrupción cometidos en esos años: “La dictadura no solamente sirvió para llenar bolsillos militares, también los civiles que se adaptaron al modelo económico aplicado pudieron utilizarla en su beneficio”. El autor explica al respecto que “Hacia 1972 comienza a delinearse una nueva estrategia de política económica de liberalización y apertura externa, que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-77 elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Bordaberry, que contaba con el Contador Ricardo Zerbino como director y con el Contador Alberto Bensión como subdirector.”

En 1985 el presidente Julio María Sanguinetti designaría a Zerbino como su ministro de Economía y Finanzas, y en 2000 el presidente Jorge Batlle haría lo propio con el contador Bensión. Pero además, Carrió hace notar que “Bajo la dictadura las funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto las desempeñó la SEPLACODI, cuyo director, el general Pedro Aranco, tenía como segundo, pero manejando realmente las riendas, al contador Ariel Davrieux”. Vuelta la democracia, Davrieux fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante las dos presidencias de Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y la de Jorge Batlle (2000-2005).

>>> Operación Conserva

Una de las más escandalosas componendas cívico militares de la dictadura, fue la llamada “Operación Conserva”, un contrato firmado en 1982 entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la dictadura y una empresa llamada Inversur Trading Company. Dicha operación se dividía en cuatro etapas:
1) La exportación a Argentina de carne vacuna uruguaya.
2) La elaboración de Corned Beef en Argentina.
3) La venta del Corned Beef
4) La prestación de una serie de “servicios especiales” por parte de la empresa Inversur.

El representante de Inversur en las negociaciones era el señor José María Alori, uno de los zares de la industria frigorífica uruguaya. En la época, Alori integró los directorios de varios frigoríficos, entre los que se encontraba EFCSA (Establecimientos Frigoríficos del Cerro, S.A.), donde compartía la mesa del directorio con el luego diputado por el Partido Colorado Edison Rijo (además abogado de la empresa y su representante ante el Instituto Nacional de Carnes). Alori también fue director del Frigorífico y Matadero Carrasco (FRIMACAR), del cual el luego vicepresidente de la República Enrique Tarigo (1985-1990) era entonces abogado y director. Pero además, junto a todos ellos se encontraba la señora Rosario Flores, la mismísima esposa del dictador Gregorio Álvarez.

Para que la operación se realizara era necesaria la aprobación del Instituto Nacional de Carnes (INAC), cuyo director era el mayor de la marina Armando Méndez, un fascista con justa fama de incorruptible. Tras estudiar el acuerdo, Méndez concluyó que el operativo era inconveniente, entre otras cosas porque “el precio final de adquisición del corned beef por el Estado, es superior al que actualmente se obtiene en la colocación”. La solución que encontró el dictador Álvarez para superar este inconveniente fue la inmediata destitución del director del INAC. Lo mismo le volvería a suceder a Méndez en 1992, cuando como director de Aduanas del gobierno del presidente Luis Lacalle (Partido Nacional 1990-1995), descubrió los lazos entre el ex presidente Julio María Sanguinetti y la mafia del contrabando.

Los beneficiados con esta Operación Conserva fueron obviamente los frigoríficos, que cotizaron el ganado a 850 dólares la tonelada, cuando el precio internacional de la carne manufacturada era de tan sólo 700. Los frigoríficos argentinos intervinientes en la operación pertenecían a un grupo estrechamente vinculado con el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, el general Ramón Camps. El convenio obligaba al estado uruguayo a pagar los costos de la operación y a comprar el producido. En su libro, Carrió explica que a consecuencia del Operativo Conserva “el ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca quedó como feliz propietario de la partida de corned beef a un costo promedio de 22 dólares la caja, un 25 % por encima del precio internacional del producto, y con una deuda por 15 millones de dólares con el Bank of América (que había financiado la operación).”

“Finalmente –continúa el autor- una parte de la conserva fue reexportada por Alori a 16 dólares la caja, perdiendo el Estado la diferencia y ganando Alori las comisiones que INAC pagó por la venta”. Una segunda parte de esa partida fue utilizada para la campaña electoral del último intendente municipal de la dictadura en el departamento de Montevideo, Juan Carlos Paysée (Partido Nacional), y el resto fue comprado por el frigorífico Lipena S.A, el que nunca las pagó. Por otra parte, los “servicios especiales” a los que hacía referencia el punto 4 del acuerdo, consistieron en una gestión ante el Bank of América para que otorgara a la dictadura un préstamo de 27.3 millones de dólares; previa compra por parte del Estado de su cartera de deudores incobrables, por un monto cercano a los 10 millones de dólares.

En el año 1985, el ministerio de Ganadería realizó una investigación administrativa sobre este operativo, y concluyó que el estado uruguayo perdió más de 12 millones de dólares en el negocio, que se violó la ley de contabilidad y administración financiera, y que la empresa de Alori ganó casi 700 mil dólares más las comisiones que le pagó el INAC. A pesar de ello, el ministro Pedro Bonino (presidente Sanguinetti) ordenó la clausura y el archivo de las investigaciones. El caso nunca llegó a la justicia.

>>> Dictador y coimero


El teniente general Gregorio Alvarez es hoy propietario de campos y ganados y, por lo menos, de una suntuosa residencia ubicada en Campbell y Américo Ricaldoni, al tiempo que sigue percibiendo una jubilación de privilegio como ex 'presidente' de la 'República' y otra correspondiente a su condición de 'patrón de pastoreo', como cínicamente se definiera ante el Banco de Previsión Social....Carrió describe la Operación Conserva, una maniobra económica que benefició directamente a un grupo de empresarios frigoríficos y a Gregorio Álvarez cuya, esposa, Rosario Flores de Álvarez, integraba el Directorio de empresas frigoríficas. La maniobra consistió en la exportación a Argentina de , carne vacuna uruguaya para la posterior elaboración de Corned Beef en el país vecino....En la operación fraudulenta participó la empresa Inversur, de José María Alori, terrateniente y uno de los connotados manda más del sector frigorífico.
Alori, por entonces, integró los directorios de diversos establecimientos frigoríficos, entre otros EFCSA (Establecimientos Frigoríficos del Cerro, SA) cuyo abogado y representante ante INAC era el prominente miembro del Partido Colorado Edison Rijo. Alori también fue director de FRIMACAR cuyo representante legal era el doctor Enrique Tarigo...el ministro Pedro Bonino 'cajoneó' el expediente y, así, nunca llegó a ser investigado por la Justicia...

Gregorio Álvarez jamás ha sido investigado. No fueron indagadas sus cuentas bancarias ni sus propiedades. Vive suntuosamente pero le pagamos una jubilación por su usurpación de la Presidencia de la República. ..."El Petizo (Álvarez) no fue exactamente un conspirador, porque para eso se necesita capacidad intelectual y él es más bien 'cortito'. Yo diría que el adjetivo que mejor lo define es el de intrigante", dijo un oficial en situación de retiro consultado por Carras y Caretas.
Ésa y otras fuentes militares consultadas señalaron otra característica del ex dictador: "Siempre fue enormemente ambicioso

Tomado de CARAS Y CARETAS, 26/08/05

>>> Frigoríficos y carniceros 

Una de las primeras tareas encaradas por la dictadura fue la eliminación del estatal Frigorífico Nacional, para poder proceder así a la liberalización de la industria frigorífica sin la molesta presencia de ese “ente testigo”. Junto con los ya mencionados políticos del Partido Colorado, al dictador Álvarez, al General Julio César Vadora y al represor argentino Ramón Camps, en los abundantes negociados realizados en el área participaron individuos de la calaña de José Gavazzo, José Arab y Aníbal Gordon.

La historia comenzó en 1973, cuando el estado uruguayo decretó la intervención administrativa del frigorífico Comargen y sus colaterales debido a que se habían comprobado gruesas maniobras financieras, desvíos contables, defraudación fiscal, y deudas impositivas “monumentales”. Comargen era propiedad del mafioso Jorge Angelópulos, quien para evitar la prisión huyó hacia Buenos Aires. Hacia 1976 trabó relación con Aníbal Gordon (1), y entre ambos decidieron “mover sus influencias” para recuperar las empresas. Para comenzar las gestiones, Angelópolus y Gordon contrataron al afamado abogado penalista uruguayo Rodolfo Schurmann Pacheco.

Dos años después, el “trabajo” ya estaba hecho y las empresas fueron devueltas a Angelópolus, comprometiéndose el estado uruguayo a desistir de todos los juicios entablados y a levantar todos los embargos trabados contra él. Pero además, la dictadura devolvió a Angelópolus “toda la documentación perteneciente a las sociedades referenciadas, sus directores y accionistas, o demás personas involucradas”, es decir: devolvió al delincuente las pruebas de su delito. Una vez que Angelópolus recuperó el frigorífico Comargen, designó al entonces coronel José Gavazzo (2) como su Gerente de Planta, cargo que desempeñó hasta 1985.

Por su parte, José Arab (3) ingresó al negocio de la carne hacia 1982, año en el que fundó una distribuidora que comercializaba principalmente la carne faenada por Comargen. Según relata Carrió, “el turco Arab tenía métodos muy efectivos para ‘convencer’ a los carniceros de que compraran sus productos”, quien se negaba a hacerlo recibía en forma inmediata una inspección del INAC que infaltablemente encontraba irregularidades en el comercio. Anibal Gordon, que estuvo “exilado” en Uruguay durante un período en el que estuvo peleado con Ramón Camps por haber asesinado a dos de sus policías, figuraba hacia 1984 como asociado a la empresa Algecira, una distribuidora de carne del frigorífico Comargen para el departamento de Montevideo.

Fue precisamente el dictador Gregorio Álvarez quien solicitó al comandante en Jefe de la Armada uruguaya, el vicealmirante Hugo Ramón Márquez que protegiera a Gordon de Camps. En declaraciones a una publicación de la ciudad de Córdoba, en 1984 Gordon se jactaba así de su amistad con Álvarez: “¿Usted sabe que el presidente de Uruguay es padrino de confirmación de una de mis hijas? Bueno, Gregorio Álvarez me llamó y me dijo que fuera para allá, que él me protegería”. El represor y delincuente poseía además un carnet que lo acreditaba como oficial de la Armada uruguaya.

Gavazzo, Arab y Aníbal Gordon

El Frigorífico Comargen apareció, en la década del 60, de la mano del empresario griego Angelo Angelopoulos, un hombre vinculado al comercio internacional de la carne, recordó Sixto Amaro, ex integrante de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica).
En la década del 60 se instalaron varios frigoríficos en Canelones, entre ellos Comargen, que era el más desarrollado. Este emprendimiento tuvo como característica las dificultades para conformar el gremio, porque “era particularmente represivo hacia la organización sindical”, dijo Amaro.
Angelopoulos era una persona “muy cercana” al entonces ministro de Industria, Jorge Peirano Fasio, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, en “la época en que la Foica denunció la telaraña de la industria frigorífica, con la vinculación entre empresarios, banca nacional e internacional y gobierno que lapidó al país”.
En el año 1973 se decretó la intervención administrativa del frigorífico, ya que se habían constatado gruesas maniobras financieras, desvíos contables, defraudación fiscal y grandes deudas impositivas.
Angelopoulos, con la intención de evitar la cárcel, huyó hacia Buenos Aires, en donde se relacionó con el represor argentino Aníbal Gordon, junto a quien movió influencias para recuperar sus activos comerciales en Uruguay.
En 1975 se le devolvieron las empresas al empresario griego, desistiendo el Estado de todos los juicios y levantándole los embargos.
Ya en territorio nacional, durante la dictadura, Angelopoulos se dedicó a perseguir y hacer encarcelar a los principales dirigentes del sindicato. Cuando finaliza el período de facto nombra como gerente del frigorífico al represor José Gavazzo, que se desempeña en el cargo hasta 1985.
También el violador de derechos humanos José Arab se vinculó a la industria cárnica en 1982, a través de una distribuidora que comercializaba los productos faenados del Comargen.
Por su parte, el represor argentino Aníbal Gordon figuraba en el año 1984 como asociado a la empresa Algecira, que también era distribuidora de Comargen para Montevideo.
El frigorífico Comargen cerró sus puertas a finales de la década de los 80, dejando a centenares de trabajadores en la calle.

>>> Pescados y peces gordos 


El libro de Miguel Carrió dedica un capítulo entero a contar las andanzas del vicealmirante Márquez, y revela que la Armada uruguaya manejó durante años una cuenta secreta en el mismo banco en el que hacía sus depósitos Augusto Pinochet: el Riggs National Bank, sucursal Nueva York. Parte de esos dineros provenían del alquiler del superpetrolero propiedad de la Armada, el R.O.U. Lavalleja, a la estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP). Según la propaganda de la dictadura, la adquisición de esa nave “nos surte con una apreciable reducción en el precio de los fletes, que antes se pagaban a barcos de otras banderas”. Sin embargo, el petrolero propiedad de la Armada cobraba a ANCAP un flete muy superior al precio internacional. Resultó sí “un excelente negocio para la Armada a costa de ANCAP, aumentando el costo de los combustibles”, que por supuesto terminaba pagando el consumidor.

Según explicaban los mismos marinos, la Armada había abierto esa cuenta en el banco Riggs para ocultar sus ganancias al Ejército y la Fuerza Aérea, temerosa de que su dinero fuera a parar a Rentas Generales y terminara por no poder ser administrado por ella. Nunca se supo cual fue el destino de los intereses devengados por el millón de
dólares depositados en el Riggs. En 1985, el senador José Germán Araújo (FA) denunció estas maniobras ilícitas en el Parlamento, pero el asunto no pasó a mayores.

Al igual que lo hizo con el Frigorífico Nacional, la dictadura comenzó sus tropelías en la industria de la pesca desmontando el ente estatal del ramo, las Industrias Loberas y Pesqueras del Estado (ILPE). Carrió explica que luego de quitado ese escollo, “La pesca atrajo la atención de capitales privados nacionales –sobre la base de créditos bancarios- y extranjeros, y significó una fuente de ocupación para ‘gestores’ nacionales, en particular vinculados al Partido Colorado”. Al respecto, señala que hacia 1983, el Instituto Nacional de Pesca tenía en bandeja de entrada tres proyectos de inversión para la explotación de túnidos. El pocos años después ministro del Interior del presidente Julio María Sanguinetti, Antonio Marchesano, figuraba en el directorio de dos de esas empresas. En el de la tercera aparecía el pachequista Marcial Bugallo.

Pero Carrió explica que “el político colorado de mayor trayectoria en la pesca bajo la dictadura fue el luego senador Eduardo Paz Aguirre, único director de Pescatlántica S.A.” La empresa contaba supuestamente con el respaldo de ciertos capitales españoles, pero en los hechos compró sus barcos con un préstamo del Banco de la República Oriental del Uruguay, con la garantía de los propios barcos y la solidaria de Paz Aguirre. Pero además, Pescatlántica contrajo voluminosas deudas con los bancos De Montevideo y Bafisud y con Provimex, una empresa propiedad del hermano del político colorado. Lamentablemente, Pescatlántica quebró y esos créditos pasaron a integrar las carteras incobrables que luego compraría el Estado uruguayo para poder vender esos bancos a capitales extranjeros.

El investigador señala que “ILPE fue objeto de un cuidadoso proceso de vaciamiento y mal manejo de sus fondos por parte de los mandos de la Marina. Los dos últimos buques de los que disponía la pesquera estatal fueron vendidos en 1983 a la empresa Bero S.A., cuyo principal era el Capitán de Navío Jacinto Avilés, que casualmente era también el encargado de viajar a Nueva York a realizar los depósitos del dinero negro de la Armada en el banco Riggs. La excusa para vender ambas naves fue que ya eran “obsoletas”. Sin embargo, el mes anterior a su venta se habían invertido 40 mil dólares en repuestos para ellas, y de hecho siguieron operando durante varios años más para Bero S.A.

Hacia noviembre de 1984, como director de Bero S.A., el empresario Jacinto Avilés envió una carta a sus colegas pesqueros convocando a apoyar las candidaturas del vicealmirante Juan J. Zorrilla y Eduardo Paz Aguirre al Parlamento. “Así como apoyamos sin lugar a dudas la candidatura del ‘Lalo’ Paz Aguirre, por las mismas razones entiendo deberíamos, salvo tu mejor opinión, apoyar la del Almirante Zorrilla, que inferirá en forma destacada en el sector,” decía la carta, y continuaba: “por las razones expuestas, desearíamos contar con tu decidido apoyo en esta ayuda a la Campaña Financiera del futuro Senador Zorrilla dentro de Unidad y Reforma del Partido Colorado, mirando desde el punto de vista, más de tener un amigo que pueda recoger rápidamente nuestras inquietudes en el Sector, que desde el punto de vista político.”


 >>>  Bancos a un peso
 
En 1981, al allanar el escritorio en Arezzo, Italia, del Gran Maestro de la Logia Masónica Propaganda Due (P2) Licio Gelli, quedaron al descubierto las conexiones entre dicha organización mafiosa y altas personalidades de la política, las finanzas, y la diplomacia internacionales. Entre los implicados en la densa trama de sobornos y lavado de dinero figuraba el el banquero Mario Ortolani, quien estaba instalado en nuestro país desde 1970, y en 1981 era la eminencia gris del Banco Financiero Sudamericano (BAFISUD) desde su aparentemente modesto cargo de Sub Gerente General.

Junto a Ortolani, integraban el Consejo de Administración de BAFISUD representantes de los intereses vaticanos, personalidades uruguayas del ambiente financiero, y el propio Licio Gelli. Entre los uruguayos figuraban los Santayana, Julio Aznárez, la familia Strauch, y la familia Peirano Facio. Carrió explica en su libro que en ese año se desarrollaba una guerra no declarada por la sucesión del dictador Aparicio Méndez en la Presidencia de la República, entre los generales Luis Vicente Queirolo (quien tenía “negocios” con la logia P2”) y Gregorio Álvarez. Es precisamente esa relación de Queirolo con la para ese momento “desgraciada” organización mafiosa, lo que permitirá a Álvarez hacerse con el poder.

Una vez en la presidencia, el dictador Álvarez ordena la incautación de los documentos encontrados en la casa que Licio Gelli tenía en Montevideo. Entre ellos se encuentran tres carpetas rotuladas “Massera, Emilio Eduardo”, el hombre de la logia en Argentina, represor, genocida, ladron de niños, amigo y socio del vicealmirante Hugo Márquez. Hacia 1982, el BAFISUD ocupaba patrimonialmente el tercer lugar en el ranking bancario uruguayo, poseía una sucursal en la ciuda brasileña de San Pablo, y en Argentina era propietario del Banco Continental.

En abierta infracción a la legislación uruguaya y en forma “relámpago” Ortolani contruyó un denso entramado de intereses industriales y comerciales en torno al banco, con el objetivo claro de vaciarlo en perjuicio de sus ahorristas. Se asocia con la empresa SAFEMA, que -presidida por el Contador Luis Lecueder- canaliza hacia la inversión en la construcción en Punta del Este y Montevideo buena parte del dinero negro argentino. Carrió explica que la forma de actuar de Ortolani para concretar inversiones era detectar las empresas que podían ser de interés para el grupo mediante la auditoría de la multinacional Price Waterhouse, y si el informe era favorable, hacía una oferta para su adquisición.

Pero en esa misma fecha, en medio de la “guerra sucesoria” por el control de la logia P2 derivada de la quiebra del Banco Ambrosiano, el mafioso Carmelo D’Amore inició un juicio contra BAFISUD acusando a Ortolani de malversación de fondos, uso indebido de depósitos y falsificación de firmas. Lo denunciado por D’Amore era verdad, y ello provocó una corrida bancaria que fue solucionada por la dictadura vendiendo el BAFISUD al holandés NMB Bank por la suma de N$ 1.00, y comprándole luego su cartera pesada por 94 millones de dólares. El asesor de los holandeses en nuestro país era el luego diputado del Partido Colorado (lista 15) Alberto Brause Berreta.

Entre los deudores incobrables de BAFISUD figuraban entre otras las empresas Ambrois y Cía., Tem S.A., Atma S.A.; y los grupos Soler, Bakirgian, y Strauch. Este último, que estaba sindicado como estrechamente vinculado a la logia P2, tuvo un acelerado desarrollo basado en el crédito bancario durante la dictadura. Su estrategia era concentrar los bienes en manos de un integrante del grupo que no tuviera deudas, volviendo insolvente al resto. Así lo hizo con el BAFISUD, y así lo volvería a hacer con el Banco Pan de Azúcar tiempo después. Esta última institución (que tras quebrar fue absorbida por el Banco República) tenía iniciados más de 20 juicios contra este grupo, pero nunca pudo recuperar un centésimo debido a la carencia general de garantías de la que históricamente hacen gala los Strauch.

La misma operación de compraventa se repetiría con los bancos Panamericano, del Litoral, y Banfed, que también fueron vendidos en un nuevo peso al Banco Central de Madrid, al Banco Santander y al Banco Exterior de España, respectivamente. Luego de vender los bancos, el estado uruguayo pagó a sus nuevos dueños una suma superior a 300 millones de dólares por el privilegio de quedarse con sus carteras pesadas. Esta estrategia de compra de carteras incobrables de los bancos fundidos adrede fue idea del Citibank, que ofreció a cambio de la venta de la suya un préstamo al gobierno central. De esta manera, la banca privada solucionaba sus problemas de la alta incobrabilidad de sus carteras, y la dictadura obtenía nuevos préstamos externos para seguirse financiando.

La lista de delitos, corrupciones, sobornos y contubernios cometidos en tiempos de dictadura puede ser inabarcable. Los civiles y los militares que gobernaron el país a su antojo durante más de una década, lo tomaron con una deuda externa de 716 millones de dólares y lo devolvieron con una de 6.000 millones. Nadie investigó nunca en qué se usó ese dinero ni ninguno de los gobiernos posteriores (tampoco el actual) puso algún reparo para pagarlo. Nadie comparó nunca la situación patrimonial de los oficiales de las Fuerzas Armadas en 1973 con la de 1985. ¿Llegará algún día la hora en que al fin se sancione “con todo el peso de la ley y el desprecio, a los que lograron prebendas, beneficios personales o familiares, o llenaron sus bolsillos de oro” durante la dictadura? Nadie parece interesado en que así sea. Las pruebas, empero: están.
NOTAS:
(1) El teniente coronel (r) José Nino Gavazzo Pereira, fue jefe operativo del personal militar uruguayo que se desempeñó en Orletti. Comandó el secuestro, tortura y desaparición de 140 compatriotas en la Argentina; actuaba a cara descubierta, decía su nombre a los prisioneros y a veces les mostraba un encendedor de oro con sus iniciales que le regaló la CIA; encabezó el operativo de secuestro en Buenos Aires de la ciudadana uruguaya Sara Méndez en que le robaron el hijo Simón, de 20 días de edad.

(2) El mayor José Ricardo Arab Fernández. (Alias: "El Turco". "305". "La Bruja"), nació el 7 de febrero de 1941 e ingresó al Ejército el 1º de marzo de 1958 al Arma de Ingenieros. En 1967 es teniente primero en la Escuela Militar. Asciende a capitán en 1970. En 1971 sirve en el Batallón de Ingenieros N° 3 de Paso de los Toros. Con el grado de mayor, actúa en el Servicio de Información y Defensa (SID) en 1976. Participa de las operaciones de represión en Automotores Orletti en Buenos Aires y en el traslado ilegal de ciudadanos. El 9 de febrero de 1978 fue dado de baja y degradado, por “degenerado”.

(3) Aníbal Gordon fue un personaje impar de la represión en la Argentina. Su primera aparición ante la llamada "opinión pública" fue en el año 1971, cuando tenía un oficio más noble que el que luego terminó ejerciendo como asesino a sueldo de las dictaduras triunfantes: era ladrón de bancos y robó uno en San Carlos de Bariloche. La fuga fue de película yanqui, porque se escapó en helicóptero. Un año después lo metieron preso y lo confinaron en Devoto. Por esos "misterios" insondables de la corrupción en la Argentina, Gordon fue uno de los beneficiarios de la amnistía dispuesta en 1973 por el gobierno de Héctor J. Cámpora, porque tenía acceso a la confección del listado de presos favorecidos por la amnistía, debido a que desde 1968, es decir antes del robo en Bariloche, ya era miembro activo de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Gordon participó en los secuestros, en las torturas y en los asesinatos ocurridos en el centro clandestino de detención de Automotores Orletti, entre muchas otras cosas más.

 >>> La logía Propaganda Due en Uruguay

 La bomba explotó y todavía no nos dimos cuenta. Veremos los profundos estertores de la explosión en breve, mientras que no sea tapada por toneladas y toneladas de basura mediática. Un compañero de esta redacción siempre lo define de esta forma: “Si querés esconder un elefante, rodealo de hormigas”. Detrás de ese infierno de información, detrás de las brasas ardientes de las opiniones intrascendentes, más allá de lo inmediato, queda tiempo para la reflexión y el análisis. La bomba explotó, pero quizás todavía su enorme estruendo quedó subsumido a otros estruendos de menor entidad sumados y apilados uno sobre otro.

La bomba estalló el viernes 2 de octubre de 2015 cuando se tuvo certeza de la información: un archivo de la dictadura se encontraba secuestrado en la casa del coronel Elmar Castiglioni. Una verdad sostenida por varios medios de comunicación y denunciada por Javier Miranda en su momento tuvo su correlación con un hecho judicial. Un secreto a voces podrían decir. El fiscal penal Carlos Negro y la jueza penal Beatriz Larrieu llevaron adelante el allanamiento. Estuvo presente la abogada de la familia de Castiglioni, Rosanna Gavazzo. La exministra de Defensa Azucena Berrutti sostuvo en su momento que este archivo era la parte que faltaba del archivo de inteligencia militar hallado durante su gestión, en 2006, al arribar la izquierda al poder. Casi como por arte de magia, apareció un archivo casi completo que se encontró en donde funcionaba anteriormente el Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (Cgior). Contaba con 1.144 rollos microfilmados con información sobre los detenidos desaparecidos durante la dictadura e informes de personas detenidas en el Penal de Libertad. Dicha documentación fue finalmente digitalizada y clasificada.

 ¿Qué se encontró efectivamente en aquella casona de La Blanqueada? El archivo Castiglioni estaba compuesto de material del propio coronel Castiglioni (exjefe de División I de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, Dinacie), pero una parte importante corresponde a su tío, el inspector general Víctor Castiglioni. Dos temas saltan a la vista en primera instancia, cada uno de ellos más importante que el anterior. Por un lado, toda la información que se pueda recabar sobre la violación a los derechos humanos en la dictadura y el destino de los desaparecidos. Otro de los temas que además ha conmovido a la opinión pública y al mundo de la política es la utilización del aparato de inteligencia estatal después de la dictadura, sin consentimiento (?) de los actores políticos, bajo la lógica de la doctrina de la seguridad nacional. Pero hay otro tema que enciende la mecha, que trae a estos tiempos otros tiempos oscuros, sepultados casi definitivamente: el archivo de Víctor Castiglioni desnudaría sin cortapisas la trama de la logia Propaganda Due (P2) en Uruguay.

 En 1981 el inspector Castiglioni, quien formaba parte de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), encabezó el allanamiento en Carrasco a la logia P2. Allí apareció una lista de los miembros de la misma en Uruguay. La logia trabajó activamente en Uruguay a través de dos personajes claves, quienes serán protagonistas de lujo de esta serie de artículos: Licio Gelli y Umberto Ortolani. Una trama que envuelve, tanto en Uruguay como en Argentina, a personajes de primera línea de la política y el empresariado y desnuda una trama de corrupción, relaciones con el poder y principalmente con las dictaduras del cono sur.

Castiglioni poseía entonces un archivo que no debía poseer y allí radica la mecha de esta bomba. Según consignaron fuentes a Caras y Caretas, las listas de la P2 se manejaron con estricta reserva a la vuelta de la democracia, no así en el gobierno dictatorial, en el que muchas veces fueron utilizadas para presionar a quienes allí estaban. En el caso de la vuelta a la democracia, se presume que dichas listas fueron negociadas en sucesivas visitas entre Julio María Sanguinetti y Giulio Andreotti, primer ministro de Italia en siete oportunidades.

De esta forma las listas habrían sido entregadas al gobierno italiano. La primera pregunta podría ser: ¿por qué? La respuesta estaría en todo caso relacionada con la diplomacia, más allá de que esconder la verdad no es lo más sano para una nación, y mucho más en estos temas sensibles en los que se mezcla la corrupción, la mafia, el fascismo (ideología latente de la P2) y el colaboracionismo con la dictadura y el terrorismo de Estado. Pero otra pregunta subyace en esta “entrega” de dicha lista: ¿quién era Giulio Andreotti? Además de ser uno de los políticos claves en los 80 y los 90 en Italia, se lo sindica como el verdadero maestre de la logia P2. Según variadas fuentes, no era Gelli quien detentaba el grado más alto en la logia, sino que estaba por debajo de Andreotti.

 Gelli

Según declaraciones de la exsecretaria de Gelli, Nara Lazzerini, a la Justicia, esa era la relación de poder: “Gelli me dijo que entre sus miembros, en su logia masónica P2, hubo un señor Andreotti […] Recuerdo que en el entorno de P2 se decía que era el verdadero líder Andreotti y no Gelli. Recuerdo, en particular, que durante un almuerzo en Florencia, Guillermo Rosati y Ezio Narciso me dijeron que el manipulador real era Andreotti y lo hicieron todo con Andreotti […]”. La viuda de Roberto Calvi, miembro de la logia y presidente del Banco Ambrosiano asesinado en Londres (apareció colgado del puente Blackfriars), también ha mencionado a Andreotti como el gran maestre de la P2. De esta forma, la lista parecía sepultada en el olvido, en los manejos ultramontanos de las clases políticas uruguaya e italiana. Pero estos hallazgos y estas investigaciones han abierto un gran signo de interrogación sobre la relación de la P2 y la clase política, empresarial y militar uruguaya ayer y hoy.

En 1981 se destapó una olla bien guardada hasta ese momento, tras una investigación dirigida por Tina Anselmi (de la Democracia Cristiana), en la que apareció una lista con más de 900 nombres implicados en la Logia P2 en Italia y otros países. La tenía en su poder el venerable Licio Gelli en su casa de Arezzo. Allí relucían nombres de todo calibre: banqueros de primera línea, generales, parlamentarios, ministros, primeros ministros retirados, jefes del inteligencia, editores y ejecutivos de prensa y de TV, hombres de negocios y hasta jueces adornaban la lista primaria. Desde Roberto Calvi (Banco Ambrosiano) o un banquero mafioso como Michele Sindona, hasta jóvenes prometedores como Silvio Berlusconi aparecían en aquella lista de iniciados en la logia. Pero también conocidos represores argentinos como Emilio Massera y de más alto nivel como José López Rega (el Brujo).

De esta forma, la telaraña de la P2 no es un fantasma en la mente de escritores y periodistas, sino una realidad tangible a través de sus protagonistas y sus relaciones con Uruguay. En ese mismo allanamiento a la casa de Gelli en Italia fue encontrado un documento que desnuda los planes de la logia de corte eminentemente fascista (Gelli lo era) titulado Piano di Rinascita Democratica (Plan para el Resurgimiento Democrático), en el que pretendían formar una nueva elite política y económica unida para liderar una nueva forma de “autoritarismo en la democracia”. La prioridad era dividir los sindicatos, así lograr la reunificación de los gremios. Una idea de corte esencialmente fascista. Por tanto la logia no era tan sólo una sociedad mafiosa esotérica, sino que iba más allá, con contenidos políticos fuertes.  


Breve historia la la logia

Nacida de las entrañas del Gran Oriente Italiano, la logia P2 aparece en 1877 como una sociedad esencialmente filantrópica. Sin mucho éxito transitó entre dos siglos hasta que fue elegido gran maestre Licio Gelli. A partir de entonces, entre 1960 y 1970, Gelli consiguió que el número de miembros aumentara en miles y además creciera en poder, dado que logró reclutar a la crema y nata del empresariado, la política y hasta la mafia italiana. De allí en adelante, la logia cobró vida propia, se alejó de la masonería regular y se convirtió en una referencia. ¿Pero quién era Licio Gelli en realidad? Había nacido en Italia en 1919 y desde muy joven estuvo al servicio del régimen fascista de Benito Mussolini (il Duce). Fue uno de los “camisas negras” enviados desde Italia en apoyo a las fuerzas franquistas en España. Tras la victoria de Franco, fue enviado a la Alemania nazi donde hizo las veces de enlace diplomático. Gelli era el gran maestre de la logia masónica irregular italiana P2, aunque algunos lo sindican como un subgerente. Detrás de ella se encarama la mafia italiana además de la extrema derecha, obviamente con el irrestricto permiso de la CIA, según algunas fuentes. Tras la guerra, Gelli fue reclutado por la CIA gracias a su experiencia en inteligencia, por lo que a partir de ese momento comenzó a trabajar en la contención del comunismo en Europa. Pero su ideología no había cambiado en absoluto y era, por tanto, un tentáculo más de la Operación Gladio y la CIA con ideas fascistas.

La relación de la Operación Gladio y el Plan Cóndor tiene como una de las conexiones justamente a Licio Gelli. Pero volviendo a la corrupción, los desfalcos y la mafia relacionados con la P2, podemos agregar, como inicio de estos artículos, que la logia, tras la fachada del “Instituto per le Opere di religione” y el Banco Vaticano, lavaba dinero de la mafia. Fue el arzobispo estadounidense Paul Marcinkus, como presidente del Banco Vaticano, asociado con Michele Sindona y con el jefe del vaciado Banco Ambrosiano, Roberto Calvi (dos P2), quienes comenzaron a invertir el dinero del Banco Vaticano. Inclusive la misteriosa muerte del papa Juan Pablo I (1978) abrió una serie de especulaciones al respecto. Como mencionamos en párrafos anteriores, Calvi apareció colgado en Londres, mientras que Sindona fue envenenado en la cárcel con cianuro.  


En el Río de la Plata 

  La llegada de la P2 al Río de la Plata está relacionada con dos personajes claves: por un lado, el mismo Gelli y por otro, Umberto Ortolani. Según consignan variadas fuentes, las dictaduras abrieron los brazos a la P2, particularmente a Gelli, quien vivió e hizo fortunas en Argentina y Uruguay. En Chile a través de Manuel Contreras (jefe de la DINA), en el Paraguay de Stroessner generó negocios y en Argentina fue donde encontró mejor recibimiento. Allí varios hermanos de la logia lo esperaban; José López Rega era uno de los iniciados. Se cuenta que conversaba durante horas con Gelli en su despacho de “cosas esotéricas”, mientras negociaban. López Rega fue el creador de la tripe A (Alianza Anticomunista Argentina), cercano a Juan Domingo Perón en sus últimos años, y el hombre fuerte de Isabelita. Las relaciones de Perón y Gelli forman un apartado en estos artículos: si realmente el general fue iniciado en la logia en España y si le abrió el camino a Gelli. La desaparición de sus manos fueron siempre una duda y un recuerdo a la P2. La historia argentina reciente y la logia están estrechamente ligadas. Desde el mismo López Rega, pasando por Emilio Massera, Aldo Alasia, Luis Alberto Betti, Antonio Calvino, César De la Vega, Suárez Mason y hasta Raúl Alberto Lastiri (presidente interino de Argentina en 1973), formaron parte de la logia. Pero cuando cruzamos el charco, un silencio sepulcral deviene de repente. ¿Quiénes eran P2 en Uruguay? ¿Qué relación tuvo la P2 en la dictadura? ¿Se enriquecieron en connivencia con el terrorismo de Estado?


P2 en Uruguay 

  En el país, las actividades de la logia estuvieron dirigidas por Gelli, pero sobre todo por Umberto Ortolani (miembro de la P2 desde 1974). Ortolani además era canciller de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, más conocida como la Orden de Malta. Desde allí –según consignas las fuentes– trabajaba la logia, apoyada por militares como Luis Queirolo, Eduardo y Rodolfo Zubía y Julio César Vadora. Ortolani se convirtió en uno de los hombres más acaudalados del país y su hijo aparece actualmente en la lista de los hombres más ricos de Uruguay. Por su parte, uno de los hijos de Gelli es el embajador de Nicaragua en Uruguay, quien no ha dado declaraciones sobre estos temas hasta el momento.

 La Orden de Malta fue creada en el siglo XI (1048) en tiempo de las cruzadas y desde allí subsistió como un grupúsculo de “notables” elegidos por determinadas características personales (“nobleza personal”). Tiene tan sólo 13.000 miembros y 80.000 colaboradores en el mundo entero. De esa misma orden, en el Río de la Plata, además formaban parte el argentino Esteban Caselli, canciller en Argentina de la Soberana Orden de Malta, y Eduardo Sadous, exembajador de Venezuela en Argentina, los dos colaboradores directos de Gelli en Europa. La relación entre la orden y la P2 no está en discusión ni mucho menos, sólo se marcan algunas relaciones interesantes, casualidades que se repiten en las dos márgenes del Plata. Vale destacar, sin ánimo de entreverar al lector, que Jorge Peirano es uno de los caballeros de la Orden de Malta. Gelli y Ortolani eran esencialmente socios y este último se instalaría en Montevideo a través de la Banca Financiera Sudamericana (Bafisud), otras inversiones agropecuarias y hasta actividades pesqueras. De esta forma queda planteado el tema, las implicancias de esta bomba o racimo de bombas que explotarán pronto. ¿Cuáles son las relaciones y los negocios en Uruguay y en Argentina de la logia y sus tentáculos? ¿Tendrán relación con el grupo Macri? ¿Qué políticos uruguayos fueron P2? La mecha está encendida. 

 >>> En los archivos de Castiglioni


Los banqueros oscuros y los caballeros de Malta


El contenido del archivo de Elmar Castiglioni que contiene a su vez el de su tío, Víctor Castiglioni, es custodiado celosamente por el Poder Judicial. Solo dos peritos –historiadores de probada trayectoria en los temas de pasado reciente– accedieron a dicho archivo: Isabel Wschebor y Álvaro Rico.
En un primera instancia generaron sendos informes sobre los temas contenidos en los archivos. Rico aporta algunos detalles en su informe, justamente sobre los temas aquí tratados. Sostiene en su crónica (reproducida por Brecha): “Hay documentación conteniendo información acerca de emprendimientos financieros y negocios vinculados a varias personas públicas, pero sin pruebas ni conclusiones que permitan deducir ilegalidad o inmoralidad de esas personas”. Pero también sostiene que existen documentos sobre la Logia Propaganda Due, sus miembros, la masonería y hasta de los Tenientes de Artigas. Allí descansa entonces la lista, una copia de la famosa lista de Gelli que enciende la mecha. Abrimos entonces otro capítulo de esta historia.
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“Perón era masón, yo lo inicié en Madrid, en la Puerta de Hierro, en junio de 1973”, así lo aseguraba el mismísimo gran maestre Licio Gelli al mismo tiempo que relataba con lujo de detalles la conversión de Juan Domingo Perón de profano a masón en la logia Propaganda Due. En una entrevista con la revista Perfil de Argentina, Gelli declaró abiertamente que Perón formaba parte de la logia. La crónica es imperdible: “Juan Domingo Perón se inclinó hacia el gran maestre, quien lo esperaba con el martillo de plata, el mandil en la cintura y la banda ceremonial ilustrada con el símbolo masón del compás y la escuadra. Cuando su boca estuvo cerca de la oreja de Licio Gelli, Perón separó suavemente los labios y le susurró al oído. Nadie los escuchó. El pasaje de secretos era la forma de ser aceptado. En Madrid, el jefe del peronismo atravesaba la ceremonia iniciática que le concedería el Grado 33 del Rito Escocés y lo convertiría en integrante del Consejo Supremo de la famosa logia Propaganda Due (P2)”.
Un Licio Gelli auténtico desentrañaba algunos de sus secretos en 2009 para el medio argentino, recluido en su Villa Wanda, su posada de Arezzo. Dejaba más dudas que certezas en una de las especialidades de un hombre que se movió como pez en el agua durante 50 años, sin perder poder e influencias. Gelli fue uno de los que viajó a Buenos Aires en el mismo vuelo que Perón a su llegada a Ezeiza en junio de 1973. La estructura peronista en los años 70 distaba mucho de la existente 20 años antes. La derecha había avanzado poderosamente y la izquierda peronista, liderada por los montoneros, había quedado relegada hasta por el mismo general. Los protagonistas de aquellas estaciones eran otros. Ya no era Evita la que deslumbraba al general; María Estela Martínez, conocida como Isabelita, era quien ocupaba su lugar. El general la había conocido en un cabaret en Centroamérica donde ella bailaba, y a partir de entonces se convirtió en su secretaria. Ella tenía 23 años. Otro de los hombres fuertes del peronismo setentista era José López Rega (el Brujo), un policía anticomunista y esotérico. Otros nombres aparecen como claves en esta nueva etapa el peronismo. Raúl Lastiri (presidente argentino por tres meses entre Cámpora y Perón) y Alberto Vignes entre muchos otros hombres detrás del general. ¿Qué tenían en común estos hombres? Eran todos P2 y Gelli era su gran maestre.
No es casualidad entonces que el 18 de octubre de 1973, a seis días de asumir nuevamente la presidencia, Perón condecoró con la Orden del Libertador San Martín en el grado de Gran Cruz a Licio Gelli.
Desde ese momento Gelli se acomodó y acomodó a la P2 en el Río de la Plata a través de otro personaje acomodaticio, relacionado indefectiblemente con los negocios financieros, Umberto Ortolani. Entre Uruguay y Argentina, la logia se estableció en Sudamérica y sus negocios florecieron en connivencia con los gobiernos de turno, que casualmente eran gobiernos dictatoriales y anticomunistas. De hecho, y a pesar de que Gelli ha negado su relación laboral con la CIA, todo parece indicar que trabajaba bajo los auspicios de la misma. “El fin justifica los medios” es una frase que en diplomacia y política internacional lamentablemente se aplica sin ningún tipo de prurito.
De esta forma, la logia P2 une en su interior negocios ilícitos (de toda índole, principalmente bancarios y financieros), una ideología subyacente fascista y un entretejido mafioso entre el poder económico y el poder político pocas veces visto. La mafia (a través de Michele Sindona, por ejemplo), la Iglesia (a través del Banco Vaticano), el poder político, el poder financiero y sobre todo la situación de una Guerra Fría en la que la logia (y sobre todo Gelli) aparecía como una de las organizaciones anticomunistas amortizadas tanto por la OTAN como por la CIA.
Conexiones Uruguay
En los años 70 la logia P2 ya era una fuerza considerable, relacionada e implicada al mismo tiempo con la mafia italiana y con la Iglesia Católica Apostólica Romana a través del Instituto para las Obras de Religión o IOR (Istituto per le Opere di Religione), en definitiva el Banco Vaticano. Alrededor de esos años, la logia dirigida por Gelli compra nada menos que Il Corriere Della Sera. Fue en 1978 que el magnate italiano Angelo Rizzoli debe ceder el control del medio a Gelli y la logia en una negociación secreta en su momento. La logia entonces comenzó el control de los medios a través del diario más importante de Italia y con proyección regional e internacional. Más tarde en esa escalada, adquirieron el grupo Rizzoli completo y la editorial Abril perteneciente a la familia Civita en Argentina.
Justamente en Argentina son extremadamente nítidas las conexiones de la logia con los poderes de turno. Inicialmente, Perón en el exilio y tras su vuelta al poder (no sólo Gelli asistió a la asunción del general; en la Casa Rosada ese día despuntaba otro italiano misterioso, Giulio Andreotti); apoyando a López Rega y su camarilla; con Isabelita (de la que Gelli siempre tuvo la mejor opinión; en la entrevista con Perfil sostuvo que “el pueblo argentino no se comportó bien con Isabelita. No la trató bien. Ella hizo mucho para el pueblo argentino”; y con el gobierno militar (a través de sus “hermanos” Massera y Suárez Mason, entre otros). Los nombres de argentinos tristemente célebres aparecen en las listas de Italia, ayudando a desenredar esta compleja madeja. Pero con respecto a nuestro país, es mucho más compleja esa relación, escondida tras bambalinas. La condición de aldea de nuestra comunidad posee rasgos positivos, pero la misma esconde, tras las mangas del amiguismo o el “no te metas”, una historia que merece ser contada, relacionada con la impunidad, la corrupción y las relaciones entre el poder económico y el poder político, especialmente en dictadura.
Los tentáculos de la logia en Uruguay llegaron a través del mismo Gelli y su agente de primera línea, Umberto Ortolani, quien aparecía en el cuarto lugar en la lista encontrada por la policía en Arezzo en 1981. La mayor fuerza de sus negocios se encontraba en un banco, el Bafisud (Banco Financiero Sudamericano). Detrás del consejo de administraciones del Bafisud se encontraba nada menos que Gelli. Las personalidades se entrelazan en este punto y aparece una organización católica y conservadora de origen medieval de la que de forma casual o quizás causal entrelazan los nombres. Los miembros de la P2 aparecen también en las listas de la Soberana Orden de Malta. De hecho, Gelli operaba, según consignaron fuentes a Caras y Caretas, desde la sede de la Orden de Malta y desde allí manejaba los hilos. Aunque a veces erraba el candidato.
¿Quiénes estaban detrás de Bafisud? Quizás nos acerque a la verdad una serie de datos fríos.
Entre los uruguayos que figuraban en el Bafisud podemos encontrar a Julio Aznárez, la familia Strauch, los Santayana y, mucho más interesante, la familia Peirano Facio. Nombres en las listas de la Orden de Malta. Casualidades.
A principios de los 80 la logia debía tomar una decisión. Justamente a la hora de escoger, Gelli y sus aliados tomaron una mala decisión en Uruguay. Tras la caída de Aparicio Méndez del poder, la sucesión estaba entre el general Luis Vicente Queirolo y el general Gregorio Álvarez. Queirolo era miembro de P2 según consignan algunas fuentes. Apuntaron a él. Por tanto, la P2 perdía una parte importante de su influencia con la designación de Álvarez en el poder. Coincidentemente, poco después el Bafisud se fundió y fue absorbido por el holandés NMB Bank en una extraña negociación que más adelante trataremos.
De hecho, al poco tiempo de asumir, Álvarez ordena el allanamiento de la casa de Gelli. Fue justamente el inspector Víctor Castiglioni de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) quien comandó un allanamiento en Carrasco en el que se incautó el archivo de la P2. Allí estaba la lista de los uruguayos P2. La lista que escondía Elmar Castiglioni en su casa y que promete develar uno de los secretos más oscuros de nuestra historia reciente.


>>> Prontuarios



https://www.mateamargo.org.uy/wp-content/uploads/2019/04/prontuarios.pdf








2 comentarios:

  1. DE DONDE SACARON QUE ELMAR CASTIGLIONI TIENE LOS ARCHIVOS DE VICTOR, Y QUE TIENE LAS CARPETAS AZULES DEL FICHERO DE LA P2 EN URUGUAY.....

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  2. Este artículo es ni más ni menos que la trama de un thriller llamado al mayor de los éxitos, si pretende hacer germinar en sus espectadores la semilla del espíritu crítico...
    Es la realidad, es la imaginación ? Simplemente la constatación una vez más de la ficción ampliamente suoerada por la realidad.
    Hierve la sangre y comprime el píloro estomacal de cualquiera que se atreva a leer hasta la última línea.

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