El juicio contra la JUP

SE REINICIA CAUSA POR HOMICIDIO DE SANTIAGO RODRIGUEZ MUELA

La jueza Graciela Eustachio comienza a tomar hoy testimonios. Ya actuó en la causa contra el Escuadrón de la Muerte. La denuncia del caso Rodríguez Muela presentada hace dos años sostiene que la JUP era el brazo armado estudiantil. El Mayor (r) Enrique Mangini y seis cómplices aparecen comprometidos en el asesinato. El expediente del juez Milton Cairoli evidencia cobertura de policías y militares en el ataque al Liceo Nº 8 el 11 de agosto de 1972. La historiadora Clara Aldrighi confirma que Miguel Sofía les entregaba armas enviadas por Brasil. Documento desclasificado en la DNII describe el organigrama, apoyos e integrantes de sus células operativas.

ROGER RODRIGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy



Siete ex estudiantes de ultraderecha que integraban la patota que el 11 de agosto de 1972 ingresó armada al Liceo Nº 8 y asesinó de un balazo al estudiante Nelson Santiago Rodríguez Muela, al igual que otros miembros de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), volverán a enfrentar a la justicia penal, cuando a partir de hoy la jueza de 8º turno Graciela Eustachio reinicie la etapa testimonial del caso denunciado hace casi dos años.

La causa Rodríguez Muela -que se constituye en la primera denuncia penal contra la organización de jóvenes de ultraderecha que a principios de los años setenta actuó como un brazo estudiantil armado de los Escuadrones de la Muerte-, derivó casualmente al despacho de la jueza Eustachio, quien en 2009 procesó con prisión a los ex agentes Nelson Bardesio y Pedro Fleitas por crímenes del grupo parapolicial.

La denuncia fue presentada el 23 de octubre de 2009 –dos días antes del voto rosado y la primera vuelta electoral- por la tía de Santiago, María Muela, quien representada por la abogada Pilar Elhordoy tomó como base de su escrito los elementos surgidos en un juicio de febrero de 2007 cuando el mayor (r) Enrique Mangini acusó por difamación a un periodista (quien suscribe) que finalmente fue sobreseído por la justicia.

Mangini había sido denunciado como uno de los asesinos de Rodríguez Muela en una investigación periodística publicada en La República, donde se reveló su identidad e historia del militar, luego de haber sido captado en una fotografía portando un arma en la cintura frente a los juzgados penales de la calle Misiones cuando junto al coronel Eduardo Ferro actuaba como guardaespaldas del general Iván Paulós en 2006.

En el juicio de prensa a cargo del juez penal de 19º turno, Luis Charles, se confirmó que el militar había sido uno de los protagonistas de aquel copamiento del liceo ubicado en la calle 8 de Octubre donde el estudiante fue asesinado y entre las pruebas presentadas apareció el expediente judicial que en 1972 había instruido el juez Milton Cairoli, quien entonces procesó por “violencia privada” a Mangini y sus cómplices.

El expediente de Cairoli

El expediente elaborado por Cairoli en el entonces juzgado de 5º turno, confirma que los siete miembros de la JUP que dieron muerte a Rodríguez Muela habían sido procesado por el delito de “violencia privada”, que permanecieron ocho meses en prisión y luego en libertad condicional, hasta que fueron beneficiados por una ley de amnistía a presos comunes que en 1978 aprobó el Consejo de Estado de la dictadura.

La extensa y prolija instrucción judicial, que se realizó en pleno período de guerra interno y durante el proceso previo y posterior al golpe de Estado de 1973, evidencia la existencia de diversas presiones sobre el magistrado y el fiscal Mario Pascual, quienes continuaron la indagación y debieron archivar el expediente sin perjuicio al no poder confirmar entonces quién fue el autor material del homicidio del estudiante.

En la instrucción de Cairoli se procesó como miembros de la patota de la JUP a Enrique Mangini Usera, Claro Rubens Monalli Barrios, Ricardo María Druillet Canavarro, Juan Said Llugdar Villarroel, Homero Gabriel Corbo Piffaretti, Alfredo Gervasio De Bellis y Haroldo Javier Rosso Ciociano. También eran parte del grupo los menores Osvaldo Lencina Bassi, Juan Carlos Díaz Dos Santos y Milton Darío Fernández Varela.

Del expediente surge que al menos otros cinco miembros de la JUP inicialmente capturados fueron dejados en libertad antes de llegar al juez y sustituidos por otros jóvenes detenidos en la zona, entre ellos el maestro Leopoldo Garín, los seminaristas Jorge Osorio y Jorge Moreira, y el artesano Fernando Rodríguez, quienes vieron cómo en la comisaría los otros detenidos intercambiaban sus ropas para confundir a testigos.

Mangini era sobrino del director del Servicio de Información y Defensa (SID), coronel Ramón Trabal, en la zona se encontraban los miembros de Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) Saúl Humberto Clavería y Juan Ricardo Zabala Quinteros, y al mando de las patrullas militares que intervinieron estaban el teniente Roberto Martínez Ferrán y el alférez Víctor Hugo Capo Tello (ambos egresados de la Escuela de las Américas en Panamá), quienes “accidentalmente” estaban al servicio del Estado Mayor Conjunto (Esmaco) que comandaba el general Gregorio “Goyo” Álvarez.

El homicidio de Santiago

La muerte de Santiago Rodríguez Muela cerró una serie de más de doscientos atentados de la ultraderecha que se sucedieron desde abril a agosto de 1972 contra liceos, facultades y comités de base del Frente Amplio, que fueron firmados con pintadas del Movimiento Nueva Generación (MNG), la Coalición Renovadora de Estudiantes Independientes (CREI) y la propio Juventud Uruguaya de Pie (JUP).

Aquel 11 de agosto en el Liceo Nº 8 se realizaba una reunión de padres, estudiantes y profesores para analizar la creciente violencia en los centros de enseñanza. En el mismo momento en el Bar Sirocco de Albo y 8 de octubre se reunía el grupo convocado desde el Liceo Bauzá, que atacó la casa de estudios ubicada frente a la entonces sede del Esmaco sin que nadie lo impidiera. Más de 40 personas invaden el lugar y al menos 15 entran, entre las que los testigos identifican a varios armados.

Nelson Santiago Rodríguez Muela había nacido el 4 de octubre de 1947. Criado en una familia de trabajadores, su padre era empleado de Ancap y su madre se dedicaba a tareas del hogar. Trabajaba en el ente de los combustibles junto a su padre y estudiaba en el turno nocturno del Liceo Nº 8. Estaba casado con Susana Escudero. Militaba en el Partido Comunista Revolucionario (PCR).

Rodríguez Muela procuró impedir el ataque a su liceo y fue baleado cuando intentaba arrojar una silla a los copadores. El cuerpo del estudiante fue llevado por uno de los padres, Júpiter Irigoyen, al Sanatorio Achard, cercano al liceo, donde falleció. Los intrusos permanecieron largo rato en el lugar, amenazando con armas a los participantes de la asamblea antes de que llegara al lugar personal de la Seccional Nº 9.



La mayoría de los atacantes intentó escapar por los fondos, hacia la calle Urquiza donde fueron detenidos por una patrulla del Ejército. En el jardín de acceso se encontró una capsula de bala. Los testigos indican que había otros cinco detenidos en la puerta (que desaparecieron) y que un soldado vació las balas de un revólver incautado, que nunca fue entregado. En su lugar el alférez Capó mostró al juez un arma de juguete.

Los juveniles del Escuadrón

La Juventud Uruguaya de Pie (JUP) se fundó formalmente el 24 de octubre de 1970 en la ciudad de Salto. El nombre se puso en oposición a las “sentadas estudiantiles” con las que se protestaba en la época. Pero la génesis de la organización fue impulsada a partir de que el gobierno de Jorge Pacheco Areco intervino la Enseñanza, por sectores colorados, agrupaciones del ruralismo y el grupo Seusa (La Mañana y El Diario).

En Montevideo se instalaron en una sede sobre 18 de julio, en el local de la Liga Federal de Acción Ruralista. Tenían una audición en Radio Rural y se organizaron acciones sociales y marchas hacia el interior del país. Definidos anticomunistas, se pronunciaron contra el Frente Amplio en las elecciones de 1971. Por entonces comenzó a denunciarse que realizaban prácticas de contrainsurgencia en una estancia de Tacuarembó y que varios de sus dirigentes andaban armados y eran protegidos por la policía.

Uno de sus centros de actividad fue el Liceo Bauzá, donde funcionaba la agrupación anticomunista “Por siempre Bauzá”. El liceo fue copado el 27 de abril de 1971. Al día siguiente ocurrió lo mismo en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, desde donde se baleó a los estudiantes que quedaron fuera. El hecho se denunció a la policía, pero nadie intervino. Llegaron “chanchitas” (que detuvieron a los estudiantes en la calle) y un Volkswagen blanco desde donde también se disparaba.

Entre los principales dirigentes de la JUP se encontraban Hugo Manini Ríos (hijo de uno de los fundadores de la Liga de Acción Ruralista), Miguel Sofía (a quien se incautó un arma en 1968), el policía Gualberto Cuenca (empleado de la OEA), Luis Sica, Gabriel Melogno (nombrado adscripto del liceo tras la intervención), y el “Manco” Ulises Fernández. En 1972 apareció el semanario “Nuevo Amanecer”, órgano oficial de la JUP, dirigido por Rogelio Mendiondo y Artigas González.

La violencia de la JUP se intensificó tras la muerte de su militante Gastón Zapicán Arhancet, de 16 años, estudiante del Liceo Miranda e hijo de un militar, quien junto a otro joven lanzó una bomba contra un comité del Frente Amplio en agosto de 1971. Arhancet llevaba una pistola calibre 45 con caño adaptado para calibre 22, según el parte policial. Su compañero de 18 años tenía un revolver calibre 38. Arhancet murió en un forcejeo cuando lo quisieron sacar el arma y se escapó un tiro.

La investigación de Aldrighi

Para la historiadora Clara Aldrighi, catedrática de la Universidad de la República, la JUP y el Escuadrón de la Muerte “fueron dos niveles de un mismo diseño subversivo y desestabilizador de las instituciones promovido por el Estado. Las acciones violentas del escuadrón y de la JUP contribuyen a acentuar la polarización política, a acrecentar las tensiones políticas y sociales”.

El Escuadrón surge en agosto de 1970 para realizar atentados contra la izquierda, pero a mediados de 1971 se crea un grupo más selecto, que firmaba como “Comando Caza Tupamaros” que realiza las desapariciones y asesinatos de militantes vinculados al MLN-T. Varios integrantes de este grupo aparecen vinculados a la JUP, como el subsecretario del interior, Armando Acosta y Lara, y el hoy prófugo Miguel Sofía.

En la investigación realizada por Aldrighi se demuestra que luego de regresar de Brasil, donde realizaron cursos en 1971, dos policías del Departamento 4 de la DNII, a las órdenes de Pablo Fontana, trajeron como donación de la inteligencia brasileña 10 revólveres calibre 38 destinados a la JUP. Las armas fueron entregadas a Miguel Sofía, quien los derivó a sus destinatarios.

“El Escuadrón de la Muerte cesó su actividad tras la declaración del Estado de Guerra Interno, ya que su labor se institucionalizó en las acciones represivas de las OCOA y del SID, pero en el caso de la JUP, sus actividades perduran para mantener un clima de caos en la enseñanza que favoreciera la aprobación de la Ley de Educación y para que, ante el desorden, la opinión pública aceptara soluciones autoritarias”, explica la historiadora.

Aldrighi recuerda que simultáneamente a lo que ocurría en Uruguay, en Chile surgió una organización juvenil análoga, Patria y Libertad, que realizaba las mismas acciones de la JUP y contribuyó a desencadenar el golpe de Estado contra Allende. Según la documentación obtenida por la historiadora, había sido organizada y financiada por la CIA. Impuesta la dictadura chilena, el grupo se disolvió.

Un Organigrama de la DNII


Uno de los grupos de investigación que se encuentra desarchivando documentos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), encontró en los archivos de esa dependencia policial un documento de origen desconocido (firmado por “Servicio de Información”) donde se hace un detallado informe sobre la JUP, su ideología, organización, táctica, conexiones, sistemas de financiación y “células operativas”.

El documento, al que accedió Caras&Caretas, explica que en Montevideo la JUP estaba estructurada por un Consejo Ejecutivo integrado por 9 miembros, una coordinación de servicios, departamentos y un plenario de grupos autónomos, mientras que en el interior existían dos proyectos para organizarse en 5 o 15 regiones, donde aparecían diferencias entre el dirigente del interior Ariel Ribas y los capitalinos Manini Ríos y Melogno.

Entre los contactos políticos de la JUP se incluye a Juan Escuadroni, Terra Trindade y Enrique Sánchez Varela de la Lista 620 de Aguerrondo-Heber, a Diógenes Cano del Wilsonismo, y a Juan Pintos, Tabaré Caputti, Sergio Molaguero, Juan J. Gari, F. García Capurro, Armando Acosta y Lara y Santiago De Brum Carbajal del Partido Colorado, entre otros. También aparece una lista de policías y militares que los apoyaban.

Como organizaciones paralelas se menciona a la Asociación Siempre Bauza, al propio Escuadrón de la Muerte, al Comando Arhancet y al “Comando Caza Comunistas” del que se dice: “Púrpura, De la Sovera y Sánchez y Sánchez, formaron este grupo el que tendría instrucción militar y llevaría un fichero completo de compañeros. A su vez, Púrpura con un tal Pérez, está reclutando gente para la JUP, la que sería entrenada militarmente en una estancia que posee en Florida”.

El documento, menciona tres células con sus vehículos y un equipo de “pegatineros” como grupos operativos. Una de ellas sería la “Célula Bien”, con mayor vínculo policial, compuesta por los hermanos Tebas (“consiguen armas de la cana”) con un Citroen negro, Abeledo (preso), Luis Sica, Omar Rodríguez, Carlos Díaz (“Palomo”) con un Simca, Fito Gagliardini, Antonio Palma y Tony Cartelao con un Fiat rojo.

También se menciona a la “Célula Lorsa”, integrada por el “Flaco Jorge” con un Chrisler blanco, Carlos Fernández con un Ford 8, Manco Ulises Fernández y Nelson Di Candia (“Estos cuatro son los “capos”. Van a fiestas los sábados de noche y salen a balear casas desde las fiestas. Van, balean y vuelven a contar la “hazaña”. Se reúnen en el Bar British o Británico). También figuran Andrés Ciapessoni, Daniel Fernández Rial, el gordo Villia, Alberto Martínez y Miguel A. Núñez.

La tercera es la “Célula Capurro”, donde se identifica a Felipe Corrensana (auto rojo grande), Daniel Tagle, Marcelino Carballo, Mario Papasián (Cadillac gris claro descapotable) y Guillermo Román. Entre los “pegatineros” se menciona a Juan Paladine, Hugo Cardozo y Enrique Goethe (Flaco Veiga).

El material desarchivado de la DNII también recuerda declaraciones de Juan María Bordaberry en las que decía “La JUP le ha devuelto la confianza a la juventud uruguaya” y afirma que como apoyo han obtenido pasajes de AFE, el traslado al interior por la Fuerza Aérea y la caballería del Ejército para un desfile de la JUP en Paysandú.

En el aspecto financiero, la JUP recibía una contribución mensual del Banco De Crédito (“se hace provenir de Gastos Generales, del subrubro Donaciones y Propinas”) que retiraba “una persona de apellido Methol”. También recibían dinero de José Luis Santayana (Bancos Comercial y De Crédito) y de Alberto Gallinal y Juan J. Gari, según dice el documento desclasificado.

Domingo, 24 de julio de 2011

EL MUNDO › GABRIEL GATTI, SOCIOLOGO URUGUAYO, HIJO Y HERMANO DE VICTIMAS DEL PLAN CONDOR

“El desaparecido molesta en Uruguay”

“En Uruguay, antes de 2005, era muy difícil que te hablasen de desaparecidos.”

Gatti sostiene que mientras en la Argentina la figura de los familiares de desaparecidos forma parte de la escena pública, en Uruguay sigue siendo una figura molesta para gran parte de la sociedad. Mujica y la Ley de Caducidad.GABRIEL GATTI, SOCIOLOGO URUGUAYO, HIJO Y HERMANO DE VICTIMAS DEL PLAN CONDOR

Por Luciana Bertoia

Gabriel Gatti es uruguayo. En 1975, tenía ocho años cuando escapando de la dictadura oriental vino a vivir con su familia a Buenos Aires. En junio del año siguiente, los militares secuestraron y desaparecieron a su padre, Gerardo Gatti, un importante dirigente obrero uruguayo que fue visto en Automotores Orletti, un centro clandestino que funcionaba como sede del Plan Cóndor. Su hermana Adriana fue secuestrada embarazada meses después. Los restos de la chica aparecieron recién en 1983. Gabriel, su madre y su hermano se exiliaron en Francia. Después, viajaron a España. En Madrid, estudió Sociología. En 1993 se fue al País Vasco, donde todavía vive y trabaja como investigador universitario. “Euskadi era un lugar con un nivel de agitación política muy excitante en ese momento, no sólo por ETA sino por lo que estaba alrededor. Era muy atractivo para cualquier joven de izquierda, recién salido de una carrera de Sociales y en particular con una historia detrás de padres estupendos vinculados a un proyecto revolucionario”, contó a Página/12.

Como otras veces, volvió a Buenos Aires. En esta oportunidad, lo hizo para participar del Tercer Congreso Internacional de Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas organizado por la Universidad de Tres de Febrero (Untref) y dialogó con este diario sobre las diferentes formas de asimilar la figura del detenido-desaparecido a cada orilla del Río de la Plata.
–¿Qué diferencias hay entre Argentina y Uruguay en lo que respecta a la elaboración del pasado?
–En la Argentina, la figura del desaparecido está totalmente institucionalizada como parte de la escena pública. Los familiares de desaparecidos existen no sólo como un personaje doliente sino como un personaje político de primer orden. A diferencia, la figura del desaparecido es sumamente molesta para el imaginario colectivo del Uruguay, que tiende a valorar las cosas tranquilas. En parte, se explica por una cuestión de números, allí hay muy pocos. En Uruguay, antes de 2005, era muy difícil que te hablasen de desaparecidos. Te hablaban de otra cosa, de presos.
–¿A qué se debe de que hoy esté más presente en Uruguay la figura del desaparecido?
–Desde ese año hasta hoy, han pasado muchísimas cosas, no sólo la constatación del Segundo Vuelo (N. de R: que trasladó en 1976 detenidos desde Argentina a Uruguay). Hubo un importantísimo intento de anular la Ley de Caducidad. No se puede decir que fue negativo el resultado: el 48 por ciento de la gente votó a favor de anularla, el resto de la gente no votó. Y hubo una movilización colectiva que indica que está aflorando, en cierto grado, una figura que era invisible y muy vinculada al mundo muy chiquito de los familiares. Pero la sensibilidad de los líderes políticos más renombrados, incluido el propio presidente, no es la misma que la que tienen los argentinos en esta materia.
–¿Cómo tomó la actuación del presidente José Mujica frente al proyecto interpretativo que pretendía dejar sin efecto la Ley de Caducidad?
–Me generó profundo desagrado. Entre otras cosas, porque el presidente y su actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, son parte de la misma generación de mi padre. Eran colegas de sensibilidad, aunque no eran de la misma línea política y, sin embargo, tienen una lectura tan militarista que es insensible con lo que ocurrió a una buena parte de su propia generación. Es desagradable por una cosa muy uruguaya (como científico social no lo debería decir porque es una generalización barata) que es la sobrevaloración de la institucionalidad, de los acuerdos, de lo que votó el pueblo. Eso los torna insensibles ante las cosas excepcionales, como es la figura del desaparecido.
–¿Esa “insensibilidad” podría explicarse por una cuestión de números, porque allí hubo menos desaparecidos que en la Argentina?
–Sí, en parte. La dictadura uruguaya fue diferente de la argentina. Tuvo un “plan institucional” de exterminio. O sea, se pasaba por las cárceles y por el exilio, hasta eso era legal. La desaparición no entró en el registro de prácticas represivas de modo tan extensivo como ocurrió aquí. La sensibilidad uruguaya tan extrema por lo que es compartido y tan nula por lo que se sale de la norma hace que sea difícil pensar la figura.
–¿Y qué diferencias ve entre el movimiento de derechos humanos argentino y el uruguayo?
–Las sensibilidades históricas son tan distintas que no sé si es justo hacer una comparación, porque entre otras cosas lleva a considerar lo evidente: Argentina está muy por delante en esa materia con respecto a Uruguay. Si hago la comparación, tendría que plantear una evolución en esta línea que no se va a dar.
–¿Por qué dice que las políticas de la memoria son tramposas?
–Construyen unanimidades y construyen la convicción de que la verdad es cierta. Eso es tramposo, si lo miro desde el ojo clínico del sociólogo. Y no lo digo por aquello de que las memorias son múltiples sino porque éste es un campo precario, móvil, difuso. Si lo valoro como ciudadano implicado, no puede estar más que contento en el caso argentino, de una construcción de una narrativa oficial en el tema de los derechos humanos que ha permitido elaborar a medio plazo una figura internacionalmente consensuada de lo que es un desaparecido y que se está aplicando por doquier y con dosis crecientes de eficacia.
–¿Por qué afirma que no es correcto hablar de “desaparecidos” en el caso de la represión franquista?
–Estamos hablando de un fenómeno que empezó a finales de los años ‘30 y hasta ahora no se nombraba. Se los denominaba “fantasmas”, los “paseados”. Sólo hace cinco años, y ahora está especialmente el asunto hirviendo, empieza a usarse el término desaparecido.








.