Por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación

>>> Proclama del 14 de marzo 2016 


Compañeras y compañeros:

Se cumplen hoy 31 años de la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura.

Como colectivo organizado conmemoramos el acontecimiento y celebramos el Día de la y del ex preso político.




Lo hacemos como reafirmación de nuestra identidad de luchadores sociales y políticos. Lo hacemos como reivindicación de nuestro compromiso con la democracia y la libertad que ayudamos a forjar. Lo hacemos también como ratificación de nuestro compromiso actual con el futuro del país y horizontes de cambios profundos por los que siempre batallamos.

En las grandes luchas del siglo pasado de nuestro pueblo, por luchar, por resistir, fuimos presas y presos políticos, supimos resistir en las cárceles del régimen y estamos y seguiremos estando orgullosos de ello, de haber sido parte de una epopeya colectiva que cristalizó y forjó el Uruguay actual y tiene que seguir avanzando hacia una sociedad justa libre y solidaria.

Y por eso, entre otras razones, somos integrantes de Crysol, de esta herramienta de trabajo unitaria y militante que entre todas y todos hemos construido con mucho diálogo, paciencia revolucionaria y mucho esfuerzo colectivo.

Como sobrevivientes del horror, de los centros de tortura y de reclusión, de lo peor y más degradante del terrorismo de Estado, hemos asumido la obligación moral de denunciar una y otra vez lo ocurrido, de mantener viva la memoria de los crímenes, de homenajear a las víctimas, de promover el juzgamiento de los responsables de los mismos para que ellos nunca más vuelvan a ocurrir.

Es un compromiso de vida y de militancia. A la antigua.

Compañeras y compañeros:

En nuestro país corresponde al Poder Judicial investigar, esclarecer, llegar a la verdad de lo ocurrido, identificar a los responsables y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período del terrorismo de Estado.

Desde octubre del 2011 ya no hay más obstáculos legales que impidan las investigaciones, ya que se restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. El poder judicial, además, recuperó su plena independencia y autonomía, avasallada por los defensores de la impunidad.

El tiempo en que estuvo vigente la ley caducidad no debe computarse a los efectos del cálculo prescripcional de los delitos y son, por sentencia de la Suprema Corte, crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables.

Las más de doscientas causas impulsadas y promovidas por las víctimas deben reactivarse y dinamizarse, tienen que avanzar de una vez por todas, sin temor a las presiones políticas, económicas, de los medios de comunicación pro impunidad, de los centros militares y sus cómplices.

La Suprema Corte de Justicia debería alentar el trabajo de los juzgados penales que las poseen, adoptar disposiciones que faciliten y aceleren su labor, además de garantizar que no haya más prisiones domiciliarias injustificadas para los criminales como Ramas y Gavazzo, involucrados personalmente en la desaparición de decenas de ciudadanos.

Hace más de un año hicimos entrega a Presidencia de la República de un documento en el cual expresábamos el sentir de nuestro colectivo y un conjunto de propuestas en el marco de lo establecido por las normas internacionales de DDHH y por el sentido común para seguir avanzando en la superación del pasado reciente.

Más allá de las buenas intenciones y disposiciones, a nuestro entender se ha avanzado muy poco en aspectos que consideramos relevantes. La no integración del Pit – Cnt y de Crysol en el Grupo de Trabajo, fue un grave error, tal como lo señalamos en su momento.

En lo sustancial, como colectivo organizado, seguimos reivindicando cinco grandes orientaciones que no pueden seguir posponiéndose:

1) La realización de una ceremonia oficial y pública, al más alto nivel, con la presencia del Presidente de la República y representantes de los tres poderes, en la cual el Estado asuma su responsabilidad institucional por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el período del terrorismo estatal y se pida disculpas a las víctimas directas, a sus familiares y a la sociedad toda.