¿Que hacía Gonzalo Abella allí?

Candidatos de la oposición ayer en la Federación Rural de San José 

Federación Rural coincide con la oposición en necesidad de reducir el gasto público y evitar nuevos impuestos en el agro.

Salvo por algunos comentarios aislados de los precandidatos Pablo Mieres (Partido Independiente, PI) y Gonzalo Abella (Unidad Popular), lo visto el sábado en el 97º Congreso de la Federación Rural (FR) pareció un acto en el que todos los oradores respondían a un partido opositor al gobierno. Los precandidatos criticaron fuertemente la idea de aumentar la tributación al agro, la “alarmante” situación de la infraestructura uruguaya, el aumento “desmedido” del gasto público y la Ley de Regulación de la Minería de Gran Porte (salvo el PI, que respaldó esta norma). La gremial de productores ruralistas compartió totalmente estos puntos.

Por inesperado que pareciera, hasta el propio Abella logró aplausos del público, principalmente cuando se focalizó en los cuestionamientos al proyecto minero de Aratirí, de la multinacional Zamin Ferrous, al que definió “nauseabundo” y “vendepatria”. El precandidato presidencial de Unidad Popular dio un discurso que no fue confrontativo con los asistentes al congreso de la Federación Rural, que fue el viernes y sábado en el departamento de San José.
Los presidenciables del Frente Amplio (FA) también estaban invitados, pero se excusaron de asistir, dijo a la diaria el vicepresidente de la gremial, Manuel Bettega. Las críticas a las últimas administraciones y a las propuestas del programa de gobierno frenteamplista fueron aplaudidas cada vez que algún orador las pronunciaba, a tal punto que resulta difícil determinar quién fue el precandidato más 
aplaudido.
El más duro con el oficialismo fue el nacionalista Jorge Larrañaga (Futuro Nacional) quien, sobre las ausencias de los candidatos frenteamplistas, dijo que “capaz que alguno le tiene miedo a la punta de lanza del logotipo de la FR”. La frase fue calurosamente aplaudida, mayormente porque el precandidato tenía una especie de hinchada propia: un grupo de jóvenes al fondo de la tribuna gritaban “Vamos, Guapo” cada vez que disparaba contra el 
oficialismo.
Sobre el gasto estatal aseguró que “no se puede seguir con políticas que llevan a un desordenado y permanente incremento del gasto público bajo el rubro del espacio fiscal. No da más el jolgorio y la fiesta del Estado gastando y el contribuyente pagando”. Larrañaga anunció que promoverá una ley de “regla fiscal” para que no se pueda gastar “desde el Estado central por encima de determinado porcentaje de crecimiento” y para crear “fondos anticíclicos”.
Tras asegurar que rechazará el proyecto de Aratirí, el precandidato nacionalista defendió al sector agropecuario, destacando su capacidad para “generar y distribuir recursos genuinos”.
Criticó que el oficialismo “amenace” a los productores con la creación de más impuestos y aseguró que derogará la recientemente aprobada Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, “uno de los mamarrachos más enormes que la historia de la legislación registra”, por la cual “el principal perjudicado va a ser el trabajador”. Larrañaga afirmó que la nueva ley “va a perjudicar la inversión, el desarrollo productivo y la creación de puestos de trabajo”.
Finalmente dijo: “No va a faltar quien diga que estoy defendiendo a los terratenientes, en esa suerte de división dicotómica entre los que tienen tierra y los que no la tienen; ése no es el Uruguay de la comunidad espiritual que Wilson Ferreira quería”, agregó, haciendo referencia al caudillo nacionalista que proponía una reforma agraria.

La familia del campo

Muchos de los puntos resaltados por Larrañaga fueron compartidos por el otro precandidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou (Todos Hacia Adelante), especialmente el rechazo a la minera Aratirí y al aumento del gasto público: “Con no llenar algunos cargos y bajar 10% el suministro a algunos subsidios, se pueden ahorrar entre 400 y 500 millones de dólares”, estimó.
Resaltó la importancia de agregar el “elemento productividad” a la negociación laboral, porque “si siguen subiendo los salarios sin estar atados a esto, va a ser una complicación”. También resaltó la necesidad de exonerar los tributos a los combustibles destinados a los productores agropecuarios. Dijo que el país “no puede ser rehén de una empresa estatal que al fin y al cabo no tiene su propio petróleo. Si mañana podemos importar combustibles de cualquier lado, si vienen más baratos, lo siento, pero es uno de los insumos más importantes que tiene la producción”.
Luego repasó algunos puntos de su programa, destacando la inversión en las principales rutas nacionales, la necesidad de implementar la educación a distancia en medios rurales y la creación de una “policía montada” rural. Por último, denunció el “enfrentamiento” que desde el oficialismo “se trata de meter en el ámbito rural”, cuando “nosotros bien sabemos que el patrón está trabajando codo a codo con el empleado”. Los aplausos aumentaron. “Son hermanos postizos de alguna manera, porque son familias que se relacionan. Y empezar a generar la semilla de la división ahí, en un ambiente tan sacrificado, es como una mecha que no se sabe cuándo se va a apagar. ¿Qué va a quedar después de esto?”, se preguntó.
Por su parte, el colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) realizó también una fuerte argumentación en contra del proyecto minero de Aratirí, argumentando entre otras cosas que “no se presenta un plan detallado de cierre [de las minas] y seguros que lo respalden”.
Aseguró además que “no están claros los aspectos económicos y el retorno para el país” y puso en duda los montos de la inversión: “no parece que la empresa tenga la capacidad económica para realizar el emprendimiento, ya que depende de la firma del contrato con el gobierno para conseguir el dinero”.
Respecto de los posibles aumentos tributarios en el agro, advirtió el riesgo de “copiar el experimento que fracasó en la República Argentina”. Además, dijo “no estar de acuerdo “con el concepto de que ‘el que rompe paga’”, y criticó que no se le imponga impuestos a la marihuana, que se continúe con el subsidio a la cerveza, “que cuesta 10 millones de dólares por año” y que se les “perdone” a Aratirí y a Montes del Plata el Impuesto al Patrimonio. Citando a un “viejo ruralista”, culminó: “Bastantes líos tenemos los productores con el clima y los mercados para que ustedes, los políticos, nos vengan a armar más líos; déjennos producir”.
Finalizó el panel de presidenciables Mieres, que dijo que las ausencias de los frenteamplistas fueron “penosas”. Este precandidato también enfatizó la necesidad de no cargar con más impuestos al sector agropecuario, pero destacó que su partido votó la Ley de Minería de Gran Porte, cumpliendo con el acuerdo interpartidario. Además, dijo que es una buena norma y que impone más controles ambientales que el “viejo y anacrónico Código Minero”. Finalizó destacando la necesidad de “diversificar la matriz productiva”. A diferencia de los demás presidenciables, no consiguió muchos aplausos.

Cordialmente

Tras el Congreso, la FR emitió una declaración en la que alerta que “no es sano fomentar el enfrentamiento y el conflicto en las relaciones sociales y de trabajo entre los distintos actores”. También pide un “comportamiento más prudente, austero y una mejor gestión del gobierno en el manejo de los recursos públicos”, advierte que “la inversión en infraestructura no ha acompañado el aumento de la producción pese a los mayores recursos” que se han destinado, y que, en materia de seguridad rural, ni los poderes del Estado ni las intendencias han dado “señales claras” de que “protejan a la salud de las personas y la producción”. Varios de estos puntos fueron retomados en el discurso de cierre del presidente de la FR, Carlos María Uriarte, quien también criticó la mayoría parlamentaria bajo el régimen de disciplina partidaria, un “aspecto negativo que nos ha dejado un sabor muy amargo” en la aprobación de leyes como las del Impuesto al Patrimonio, la de Minería de Gran Porte y la de Responsabilidad Penal del Empleador. Además, cuestionó que el gobierno no tuvo en cuenta los comentarios del sector empresarial en los Consejos de Salarios del área. Según dijo, existe la percepción de que hay una intención marcada de “dañar la cordial relación entre patrones y trabajadores del medio rural”.