>>> A una minería insustentable
Los señores de la mina
se han comprado una romana
para pesar el dinero
que toditas las semanas
le roban al pobre obrero
>>> Orosur es exonerada del canon, único pago por el oro que se lleva del país
Las recientes decisiones del Poder Ejecutivo por las cuales se exoneró del pago del canon de producción a la empresa Orosur, que habrían influido en la renuncia en el día de hoy de la geóloga Leda Sánchez de la Dirección de Minería y Geología (Dinamige), son nuevos hechos inquietantes en la minería uruguaya.
Aunque con el oro en el presente a 1300 dólares por onza, el valor más alto desde agosto de 2014, Orosur tiene una rentabilidad asegurada, la exoneración del único impuesto a la extracción de metal significa que la minera se lo lleva gratis y gana encima, dejando los daños ambientales a cargo de nuestra sociedad.
La minera informa en su página Web que desde el 29 de febrero fue exonerada de pagar 2.500.000 dólares correspondientes al canon del último año. Orosur había pedido ese beneficio para mantener su actividad, pero ha despedido a la mayoría de los trabajadores y no los ha retomado. El mayor yacimiento en Minas de Corrales y otros yacimientos menores están prácticamente agotados.
Mientras el gobierno mantiene a pura pérdida una explotación sin futuro, ¿qué pasará cuando Orosur abandone finalmente nuestro país, quede una población local sin trabajo, instalaciones obsoletas, varios cráteres, pilas de desechos y dos lagunas con cianuro que demorarán varias décadas para ser neutralizadas por la naturaleza, con riesgo de derrames como han ocurrido en otros países?
Orosur extrae oro en los departamentos de Florida y Rivera desde 2003. En diciembre del pasado año el gobierno abrió la posibilidad de renovar la exoneración del canon de extracción a la multinacional, según se contempla en el artículo 47 del Código de Minería. Esto se pretendía justificar aduciendo que la minera contribuye a diversificar la matriz productiva del país, a generar puestos de trabajo, y fomenta la exploración del territorio uruguayo.
Según denuncia el colectivo Uruguay Libre de Megaminería mediante un comunicado de prensa, Orosur “ha despedido a la mayoría de los trabajadores y no los ha retomado” y también ha reducido salarios de forma significativa. Además, según la organización, “el mayor yacimiento en Minas de Corrales y otros yacimientos menores están prácticamente agotados”.
“El gobierno mantiene a pura pérdida una explotación sin futuro, ¿qué pasará cuando Orosur abandone finalmente nuestro país, quede una población local sin trabajo, instalaciones obsoletas, varios cráteres, pilas de desechos y dos lagunas con cianuro que demorarán varias décadas para ser neutralizadas por la naturaleza, con riesgo de derrames como han ocurrido en otros países?” cuestiona la asociación.
No todo lo que brilla
Uruguay Libre denuncia exoneración “ilegal” de dos millones y medio de dólares a empresa minera que extrae oro.
Hay más de una versión sobre los motivos por los que Leda
Sánchez abandonó la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige)
del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), lugar que ayer
pasó a ocupar Néstor Campal, que se desempeñaba como director de
Limpieza de la Intendencia de Montevideo. Sánchez dijo que abandonó el
cargo por motivos “estrictamente personales” pero, según publicó ayer Búsqueda,
una de las razones de fondo sería un desacuerdo con la ministra,
Carolina Cosse, sobre la exoneración de un pago a la empresa Orosur.
De capitales canadienses y con base en Chile, la empresa tiene minas en Florida y Rivera, de las que extrae oro desde 2003, con un promedio de una tonelada y media de producción por año. Los comunicados de prensa de la minera hablan de 3.100.000 dólares de ganancia neta en este primer cuatrimestre de 2016, un número que la empresa afirma haber alcanzado tras una “reestructura de gastos”. El año pasado, Orosur solicitó al gobierno uruguayo que no les cobrara parte del canon que establece el Código de Minería, y en diciembre de 2015, el presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto que exoneraba a la firma del pago (3% de la producción, que equivale a 2.500.000 dólares). Según el artículo 74 del Código, el Estado puede aplicar esas exoneraciones dentro de los primeros diez años de actividad de la empresa por “razones de interés general”, y el decreto del año pasado reconoce los motivos que la compañía presentó: generación de empleo calificado, mejora de la competitividad, diversificación de la matriz productiva del país, “exportaciones de un producto que contiene 99% de su valor agregado generado en Uruguay” y aporte a rentas generales.
“Son nuevos hechos inquietantes en la minería uruguaya”, dice un comunicado que Uruguay Libre de Megaminería difundió ayer, que también vincula el conflicto por el pago del canon con la partida de Sánchez. “La exoneración del único impuesto a la extracción de metal significa que la minera se lo lleva gratis y gana encima, dejando los daños ambientales a cargo de nuestra sociedad”, sigue el texto.
“La ministra Cosse actuó de manera ilegal”, dijo en diálogo con la diaria el integrante de la organización Raúl Viñas, que entiende que el gobierno no sólo dispuso una exoneración fuera del plazo que establece la ley, sino que también hay inexactitudes sobre cuándo comenzó a operar la empresa: según datos que obtuvo de la Dirección Nacional de Aduanas, Minera San Gregorio, una sociedad anónima que pertenece a Orosur, ya estaba en actividad en marzo de 2000, cuando exportó 110 kilos de oro a Reino Unido.
Orosur había anunciado que el proyecto peligraba por su baja rentabilidad, consecuencia de la baja en el precio internacional de la onza de oro, que ayer cerraba en 1.276 dólares, una recuperación respecto de diciembre de 2015, cuando se registró un pozo de 1.046 dólares. Uruguay Libre afirma que con los precios actuales la empresa es “más que rentable”, más después de haber enviado a 200 de sus 400 empleados al seguro de paro.
El comunicado cierra con reclamos sobre un pedido de acceso a la información que la organización inició hace un año y medio. Uruguay Libre pretendía acceder a datos sobre los yacimientos de hierro de Valentines que Aratirí pretendía explotar, pero el MIEM y la empresa se negaron, con el fundamento de la reserva comercial. Además, según dijo Viñas a la diaria, el Estado tiene prioridad para comprarle a Aratirí la información; el plazo vencería el 22 de mayo. Según Viñas, los datos no cuentan con la aprobación de un técnico, por lo que no tendrían valor. Comprarlos o no será una de las primeras decisiones de Campal al frente de la Dinamige.
>>>> Aratirí procura vender al estado información secreta del proyecto frustrado
Al mismo tiempo, llevamos año y medio en una acción judicial por la Ley de Acceso a la Información Pública (ley 18.381) y, a pesar de sucesivos fallos intimando al MIEM a entregar lo solicitado, no hemos accedido a la información disponible en la Dinamige sobre elementos clave del proyecto de extracción de hierro de Aratirí.
El MIEM y la minera defienden la confidencialidad sobre aspectos fundamentales de los yacimientos de hierro de Valentines alegando que no se pueden revelar porque forman parte del "más reservado secreto comercial". El ministerio agrega a lo anterior que se trata de "una cuestión estratégica" para el estado uruguayo.
Los recursos minerales tienen, en efecto, un valor estratégico para el país, como lo tienen la tierra y el agua, pero esto no significa que deban ser un secreto de estado, como puede serlo un secreto diplomático o militar. Por el contrario, deben ser de conocimiento público porque integran el patrimonio de la nación; la minería opera bajo un régimen de concesión y esto no afecta los intereses comerciales.
No pretendemos conocer las perforaciones realizadas en detalle sino una información sustancial del proyecto que las mineras de todo el mundo hacen pública. Para esto se suelen utilizar las normas del Código JORC (Joint Ore Reserves Committee ), que el propio MIEM ha llegado a mencionar en sus escritos.
(A título de ejemplo, un reporte de un proyecto minero de acuerdo con JORC se encuentra disponible en nuestra web: www.uruguaylibre.org
Aratirí multiplicó en comunicados de prensa varias veces las reservas de mineral que habría descubierto y los costos para obtener esa información, pasando de 60 a 250 millones de dólares, pero nunca presentó un informe público de acuerdo con el Código JORC. La información que pretende venderle al estado, para la que no hubo interés de ningún privado, no tiene respaldo técnico suficiente ni valor comercial significativo.
Según el profesor del curso de posgrado en derecho minero de la UdelaR, Dr. Alfredo Caputo, por el Artículo 37 de la ley 19.126, la opción de prioridad de compra de esos datos por parte del estado vence 180 días después de la finalización del plazo para la firma del contrato con Aratirí, es decir, el próximo 22 de mayo.
Para Uruguay Libre, estos hechos destacan la inconveniencia de autorizar procesos extractivos de metales a cielo abierto que en lo fundamental no son adecuados para nuestro territorio -mucho menos cuando pretenden ocultar informaciones relevantes a la población- y que evidentemente no tienen posibilidades de operar más allá de coyunturas especulativas en los precios de algunas materias primas, sin generar en el proceso ni desarrollo ni beneficios económicos para el país.
Reiteramos así la necesidad de una ley o una enmienda constitucional que prohíba la extracción de metales a cielo abierto en todo el territorio nacional.
Uruguay Libre de Megaminería
4 de mayo de 2016
Contactos:
Ana Filippini 098 407572
Carlos Anido 099 494679
Raúl Viñas 099 648685
Víctor Bacchetta 098 935317
De capitales canadienses y con base en Chile, la empresa tiene minas en Florida y Rivera, de las que extrae oro desde 2003, con un promedio de una tonelada y media de producción por año. Los comunicados de prensa de la minera hablan de 3.100.000 dólares de ganancia neta en este primer cuatrimestre de 2016, un número que la empresa afirma haber alcanzado tras una “reestructura de gastos”. El año pasado, Orosur solicitó al gobierno uruguayo que no les cobrara parte del canon que establece el Código de Minería, y en diciembre de 2015, el presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto que exoneraba a la firma del pago (3% de la producción, que equivale a 2.500.000 dólares). Según el artículo 74 del Código, el Estado puede aplicar esas exoneraciones dentro de los primeros diez años de actividad de la empresa por “razones de interés general”, y el decreto del año pasado reconoce los motivos que la compañía presentó: generación de empleo calificado, mejora de la competitividad, diversificación de la matriz productiva del país, “exportaciones de un producto que contiene 99% de su valor agregado generado en Uruguay” y aporte a rentas generales.
“Son nuevos hechos inquietantes en la minería uruguaya”, dice un comunicado que Uruguay Libre de Megaminería difundió ayer, que también vincula el conflicto por el pago del canon con la partida de Sánchez. “La exoneración del único impuesto a la extracción de metal significa que la minera se lo lleva gratis y gana encima, dejando los daños ambientales a cargo de nuestra sociedad”, sigue el texto.
“La ministra Cosse actuó de manera ilegal”, dijo en diálogo con la diaria el integrante de la organización Raúl Viñas, que entiende que el gobierno no sólo dispuso una exoneración fuera del plazo que establece la ley, sino que también hay inexactitudes sobre cuándo comenzó a operar la empresa: según datos que obtuvo de la Dirección Nacional de Aduanas, Minera San Gregorio, una sociedad anónima que pertenece a Orosur, ya estaba en actividad en marzo de 2000, cuando exportó 110 kilos de oro a Reino Unido.
Orosur había anunciado que el proyecto peligraba por su baja rentabilidad, consecuencia de la baja en el precio internacional de la onza de oro, que ayer cerraba en 1.276 dólares, una recuperación respecto de diciembre de 2015, cuando se registró un pozo de 1.046 dólares. Uruguay Libre afirma que con los precios actuales la empresa es “más que rentable”, más después de haber enviado a 200 de sus 400 empleados al seguro de paro.
El comunicado cierra con reclamos sobre un pedido de acceso a la información que la organización inició hace un año y medio. Uruguay Libre pretendía acceder a datos sobre los yacimientos de hierro de Valentines que Aratirí pretendía explotar, pero el MIEM y la empresa se negaron, con el fundamento de la reserva comercial. Además, según dijo Viñas a la diaria, el Estado tiene prioridad para comprarle a Aratirí la información; el plazo vencería el 22 de mayo. Según Viñas, los datos no cuentan con la aprobación de un técnico, por lo que no tendrían valor. Comprarlos o no será una de las primeras decisiones de Campal al frente de la Dinamige.
05 may 2016
La directora de Minería y Geología, Leda
Sánchez, renunció a su cargo aduciendo motivos personales y será
sustituida por Néstor Campal, quien se venía desempeñando como director
de Limpieza en la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, según supo El
País, el alejamiento se habría producido porque Sánchez se habría
opuesto a renovar la exoneración del canon a la empresa Orosur, que se
dedica a la extracción de oro en los departamentos de Rivera y Florida.
El Ministerio de Industria emitió un comunicado en el
que señala que la incorporación de Campal apunta a "fortalecer" la
repartición "así como continuar trabajando sobre los avances registrados
gracias al calificado desempeño de la doctora Leda Sánchez". También
señala que Sánchez continuará vinculada a la cartera como asesora.
Sánchez dijo a El País que se aleja del cargo por motivos de "índole
personal".
Sin embargo, el alejamiento de Sánchez tendría que ver
con su oposición a que se renueve la exoneración del canon de producción
a Orosur, originalmente establecida en un decreto de diciembre del año
pasado para el período abril de 2015-marzo de 2016.
En los considerandos del decreto de diciembre se
destacaba que la posibilidad de exoneración está prevista en el artículo
47 del Código de Minería por un lapso de hasta 10 años. En su solicitud
la empresa adujo que genera empleo calificado, contribuye a
diversificar la matriz productiva del país y reinvierte en exploración.
En noviembre del año pasado la ministra de Industria, Carolina Cosse,
dijo en declaraciones a Radio Oriental que el gobierno estudiaba la
exoneración del canon para preservar los alrededor de 400 empleos que
genera la minera, en su mayoría en las cercanías de la localidad
riverense de Minas de Corrales, en la que residen 3.788 personas. Allí
se extrae oro desde el siglo XIX.
La empresa paga un canon que equivale aproximadamente
al 5% de lo que exporta al año. A su vez, tres quintas partes de ese
monto está previsto que vayan para el Estado y el resto a los
"superficiarios", es decir a los propietarios de las tierras donde se
realiza la explotación minera. El monto a pagar hubiese sido de algo más
de US$ 2 millones.
La empresa Orosur, la única que extrae oro en Uruguay,
indica en su página web que sus ganancias netas después de impuestos en
el trimestre terminado el 29 de febrero llegaron a los US$ 3,1 millones,
fundamentalmente como resultado de la mejora que obtuvo en sus costos
operativos "así como de un acuerdo por US$ 2,5 millones al que llegó con
el Gobierno de Uruguay vinculado a una disputa tributaria" que la
empresa tenía previsto ingresar en abril pasado". La empresa destacó que
logró reducir el costo de extracción de una onza de oro por debajo de
los US$ 1.000 como era su intención, y la llevó a US$ 978. Hoy la onza
ronda los US$ 1.300.
En el último trimestre el precio promedio de la onza
fue de US$ 1.143, con lo que la empresa logró obtener un margen de
ganancia. La empresa extrae oro en Uruguay desde 2003. En su página web
explica que redujo su personal y los salarios de manera significativa.
El movimiento Uruguay Libre, que se opone a la
minería a cielo abierto en Uruguay, entiende que no se justifica la
exoneración dado que sus costos y el precio internacional del metal le
permiten a Orosur ser rentable, dijo Raúl Viñas, uno de sus voceros. El
movimiento hará hoy pública su posición sobre el tema. Denunciará que se
le "regala" el metal a la empresa, así como también el uso masivo de
cianuro en el proceso minero.
En las cercanías de Minas de Corrales, Orosur cuenta
con un planta en la que también procesa oro que le llega desde otra mina
de las cercanías de Vichadero (Rivera) y de Cerro Colorado (Florida).
Orosur también es propietaria de yacimientos en Colombia y Chile.
A comienzos de marzo el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y Cosse visitaron el complejo de Orosur en Rivera.
>>>> Aratirí procura vender al estado información secreta del proyecto frustrado
Al mismo tiempo, llevamos año y medio en una acción judicial por la Ley de Acceso a la Información Pública (ley 18.381) y, a pesar de sucesivos fallos intimando al MIEM a entregar lo solicitado, no hemos accedido a la información disponible en la Dinamige sobre elementos clave del proyecto de extracción de hierro de Aratirí.
El MIEM y la minera defienden la confidencialidad sobre aspectos fundamentales de los yacimientos de hierro de Valentines alegando que no se pueden revelar porque forman parte del "más reservado secreto comercial". El ministerio agrega a lo anterior que se trata de "una cuestión estratégica" para el estado uruguayo.
Los recursos minerales tienen, en efecto, un valor estratégico para el país, como lo tienen la tierra y el agua, pero esto no significa que deban ser un secreto de estado, como puede serlo un secreto diplomático o militar. Por el contrario, deben ser de conocimiento público porque integran el patrimonio de la nación; la minería opera bajo un régimen de concesión y esto no afecta los intereses comerciales.
No pretendemos conocer las perforaciones realizadas en detalle sino una información sustancial del proyecto que las mineras de todo el mundo hacen pública. Para esto se suelen utilizar las normas del Código JORC (Joint Ore Reserves Committee ), que el propio MIEM ha llegado a mencionar en sus escritos.
(A título de ejemplo, un reporte de un proyecto minero de acuerdo con JORC se encuentra disponible en nuestra web: www.uruguaylibre.org
Aratirí multiplicó en comunicados de prensa varias veces las reservas de mineral que habría descubierto y los costos para obtener esa información, pasando de 60 a 250 millones de dólares, pero nunca presentó un informe público de acuerdo con el Código JORC. La información que pretende venderle al estado, para la que no hubo interés de ningún privado, no tiene respaldo técnico suficiente ni valor comercial significativo.
Según el profesor del curso de posgrado en derecho minero de la UdelaR, Dr. Alfredo Caputo, por el Artículo 37 de la ley 19.126, la opción de prioridad de compra de esos datos por parte del estado vence 180 días después de la finalización del plazo para la firma del contrato con Aratirí, es decir, el próximo 22 de mayo.
Para Uruguay Libre, estos hechos destacan la inconveniencia de autorizar procesos extractivos de metales a cielo abierto que en lo fundamental no son adecuados para nuestro territorio -mucho menos cuando pretenden ocultar informaciones relevantes a la población- y que evidentemente no tienen posibilidades de operar más allá de coyunturas especulativas en los precios de algunas materias primas, sin generar en el proceso ni desarrollo ni beneficios económicos para el país.
Reiteramos así la necesidad de una ley o una enmienda constitucional que prohíba la extracción de metales a cielo abierto en todo el territorio nacional.
Uruguay Libre de Megaminería
4 de mayo de 2016
Contactos:
Ana Filippini 098 407572
Carlos Anido 099 494679
Raúl Viñas 099 648685
Víctor Bacchetta 098 935317
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