La defección

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Gallo Rojo No1 Mayo2016

Por Jorge Zabalza 

En 1986 el Poder Judicial citó a varios oficiales del ejército -José Gavazzo entre ellos- acusados de cometer crímenes contra la humanidad. Con el respaldo de su comandante en jefe, general Hugo Medina, los indagados anunciaron el desacato a la orden judicial. A meses de recobrada la legalidad formal, tutelada es cierto, pero legalidad al fin, ya había una amenaza golpista. Hubo alerta roja en las alturas y, en consecuencia, días de intensos cabildeos entre los caudillos electorales. El presidente Julio M. Sanguinetti salió desesperado a buscar aliados; quería una ley que amnistiara a los criminales del terrorismo de Estado para compensar la amnistía de los presos políticos votada por el parlamento en marzo de 1985. Como condición para apoyar esa salida, Wilson Ferreira Aldunate exigió que tomara estado público lo acordado en el Pacto del Club Naval (agosto de 1984).
Entonces, el Partido Colorado y la Unión Cívica reconocieron que, para regresar a los cuartles, los generales habían chantajeado a los dirigentes políticos, forzándolos a plegarse a la 'lógica de los hechos'. Es decir, habían aceptado implícitamente que ningún militar sería juzgado por sus crímenes de lesa humanidad. Con palabras de Líber Seregni, líder del Frente Amplio presente en el Club Naval: la impunidad 'sobrevolaba o subyacía' lo acordado. En conclusión, el Club Naval no fue una desbandada de militares que corrían con la cola entre las patas: fue un repliegue ordenado. Los generales consintieron el retorno de las instituciones formales siempre y cuando las fuerzas armadas conservaran el poder de tutelarlas, colocando límites claros a la acción del poder judicial y a las libertades y derechos ciudadanos.

El apoyo de Wilson fue decisivo para que se aprobara la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y para que, con el consenso de los partidos del sistema, se violara la separación de poderes establecida por la Constitución. El 22 de diciembre de 1986, justo a tiempo para evitar que se produjera el motín de Gavazzo y su patota, Sanguinetti promulgó la ley. Meses después, las declaraciones de Hugo Medina a la revista 'Búsqueda' (7/03/1991) confirmaron que si el parlamento no hubiera aprobado la ley, se habría visto obligado a dar un nuevo golpe porque 'ése era el pensamiento de las Fuerzas Armadas'. Hoy día, esta acción de forzar que por ley se declare el privilegio de impunidad para algunos criminales sería calificada de 'golpe blando'.

Desde el Club Naval, la 'familia militar' viene presionando para que la élite política cumpla el pacto de impunidad. La 'familia' es el partido político de la doctrina de la seguridad nacional. Un partido que gradúa su presión política a las condiciones del momento: no es lo mismo la amenaza de golpe, como en 1986, que exigir el aumento de sus salarios o autoproponerse como educadores de la juventud pobre y descarriada, como hicieron la semana pasada.

Desde 1985 a esta parte...¿alguien ha oído algún discurso militar que interprete la oleada de golpes militares como consecuencia de los planes del FMI y el Departamento de Estado? No, por el contrario, la 'familia militar' justifica el terrorismo de Estado como la acción necesaria para salvar 'la nación agredida por la subversión y el comunismo internacional' y, por consiguiente, ¿qué sentido tiene ser juzgado por algún daño colateral propio de la guerra? La impunidad de los crímenes del terrorismo de estado es irrenunciable, es su fortaleza, el bastión que les asegura un lugar hegemónico en el sistema de poder. La batalla por la impunidad es la batalla por mantener la tutela sobre la democracia formal.

El Voto Verde

Desde el día mismo de la aprobación de la ley de impunidad, irguiéndose con dignidad frente a los tuteladores, el movimiento popular salió a enfrentar al malón de los milicos. A instancias de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en enero de 1987 se conformó una Comisión Nacional para impulsar la realización de un referéndum revocatorio de la infame ley. Paralelamente se presentó un recurso de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia, la cual lo resolvió negativamente en mayo de 1988.

Tres mujeres encabezaron la campaña: María Esther Gatti, madre, suegra y abuela de desaparecidos, Elisa Dellepiane, viuda de Zelmar Michelini, madre de Margarita -salvajemente torturada como rehena de la dictadura- y Matilde Rodríguez Larreta, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz. En primera fila también estuvieron Eduardo Galeano y Mario Benedetti, junto al PIT-CNT, la FEUU, FUCVAM y el Serpaj. Espontáneamente los vecinos de Montevideo organizaron comisiones barriales para la campaña de recolección de firmas; lo mismo ocurrió en las ciudades del interior del país. El Frente Amplio apoyó la movilización. Fue una lucha de todo el pueblo, que permitió identificar a quienes estaban comprometidos con la estrategia de las fuerzas armadas. La Comisión presentó más de 634.700 firmas ante la Corte Electoral. El 16 de abril de 1989 se realizó el plebiscito: el 57 por ciento de los uruguayos votó por mantener la Ley de Caducidad, y el 43 por ciento por anularla.

La amenaza golpista, que era muy real y asustó mucho, logró evitar la victoria del Voto Verde, pero no pudo impedir que la verdad se popularizara y creciera el sentimiento de horror ante la barbarie de los milicos. ¿Alguien puede sostener que el común de la gente acepta naturalmente la tortura, las violaciones y las desapariciones forzosas? Por el contrario, más allá de la parálisis del poder judicial y de la derrota sufrida, es un hecho que el pueblo uruguayo ya laudó y condenó ética y moralmente los crímenes del terrorismo de Estado. Amplios sectores populares no se han sometido resignadamente a la tutela de los cuarteles. La lucha por Verdad y Justicia cuenta con una importante base social.

La demanda por Verdad y Justicia debió ser trasladada al plano internacional: en 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Uruguay no cumplía con sus obligaciones internacionales, porque la ley de caducidad violaba los derechos de las víctimas a un juicio justo. Dos años más tarde, el Comité de DDHH de la ONU entendió que con la ley de 1986 se había creado en Uruguay 'un ambiente de impunidad que podría socavar el orden democrático y dar lugar a más violaciones graves de derechos humanos'. Los pronunciamientos internacionales no movieron ni un pelo de las cejas a Julio M. Sanguinetti, pero los antecedentes quedaron sentados y más tarde servirían para fundamentar la necesidad de anular la ley de caducidad. También fueron utilizados por los jueces que creyeron en la justicia de no dejar impunes los crímenes de la institución militar.

El resultado del plebiscito confirmó a las fuerzas armadas que su estrategia era correcta y las reafirmó en su voluntad de continuar presionando y actuando por fuera de los mecanismos republicanos de control. A mediados de 1993 las fuerzas armadas, como institución, impidieron la investigación del asesinato al ciudadano chileno Eugenio Berríos, agente de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet. Fue un desacato en todos sus términos, un verdadero golpe de Estado que Luis Alberto Lacalle, el presidente constitucional, debió soportar mansamente, con una sonrisa en los labios.

El debate

Una intensa agitación seguía reclamando Verdad y Justicia a gobiernos que cerraron filas en la defensa de la impunidad. Con sus contradicciones y ambiguedades, hasta el IV Congreso de diciembre del 2003, el Frente Amplio se había mantenido bastante firme en la trinchera opuesta, luchando por Verdad y Justicia. El domingo 21 se puso a consideración de los 1.500 delegados la política de derechos humanos que debería desarrollar un gobierno frenteamplista en caso de ganar las elecciones nacionales. El compañero Hugo Cores sostuvo que el futuro gobierno debía promover activamente la anulación de la ley de caducidad. Dicha ley, explicó, no había servido a la reconciliación nacional, por el contrario, las heridas se mantuvieron abiertas, como demostraban las marchas de los 20 de mayo (iniciadas en 1996), las protestas de los familiares, madres e hijos de desaparecidos (los escraches a Gavazzo y Cordero entre ellas) y la actuación de algunos jueces. Por otra parte, explicó Cores, la desaparición forzosa es un delito permanente según la legislación internacional ratificada por las instituciones nacionales (Convención de Costa Rica, los Tratados de Ginebra y la Convención de Viena). De ninguna manera Uruguay puede renunciar a juzgar y castigar delitos que se están cometiendo en el momento actual, en el presente y no en el pasado. Con un gobierno del Frente Amplio, no podemos seguir siendo 'el paraíso de la impunidad' que venimos siendo con blancos y colorados, expresó gráficamente Cores. Finalmente, poner término a la impunidad sería una importantísima señal política hacia la 'familia militar': el gobierno del Frente no está dispuesto a tolerar la tutela y las presiones que toleraron los gobiernos blancos y colorados.

Entonces, en nombre del MPP y de José Mujica, su 'fundador', salió a la palestra Eleuterio Fernández Huidobro, quién puso el acento en respetar el resultado del Plebiscito de 1989, actitud necesaria para ganar las elecciones nacionales: “Este es el congreso de la victoria, compañeros, y a todo se puede renunciar menos a la victoria”. Dicho y hecho, Fernández renunció a todo, fue electo senador y comenzó su viaje sin retorno. Con esos argumentos pueriles logró que 746 congresales lo acompañaron en su renuncia a los principios éticos de la izquierda. Por fortuna, 549 delegados votaron por la dignidad del Frente Amplio defendida por Hugo Cores. Con la presentación en sociedad de Huidobro y Mujica en su nuevo papel de operadores de la impunidad, la defección del Frente Amplio -y del futuro presidente Tabaré Vázquez-, volcó definitivamente la balanza a favor de la impunidad y de los tuteladores. Las banderas de la Verdad y la Justicia pasaron a ser exclusividad de los movimientos sociales y las organizaciones de DDHH.

Tabaré Vázquez

Sin salir de la ley de caducidad, el presidente Vázquez reabrió la investigación en el caso de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelow y Rosario Barredo y facilitó las excavaciones del equipo de antropólogos argentinos especializado en la búsqueda de los desaparecidos. Además, durante su gobierno, concurrieron a declarar en los juzgados varios oficiales imputados por delitos de lesa humanidad, fueron procesados Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco y se encontraron los cadáveres de Ubasgener Chávez Sosa y de Fernando Miranda que habían sido forzosamente desaparecidos. Otros episodios del gobierno de Vázquez contradijeron, sin embargo, las expectativas que pudieran haber despertado los anteriores hechos: creyó verdadera la ubicación del cadáver de la nuera del poeta Juan Gelman que proporcionó el general Barneix, que luego resultó procesado por el asesinato de Aldo Perrini; promovió el ascenso de oficiales acusados por crímenes de lesa humanidad (el general Dalmao, entre ellos); y, finalmente, quiso instaurar el 'Día del Nunca Más' que, de hecho, podría haberse denominado día del olvido y del perdón.

A raíz del archivo de la causa penal por la desaparición de sus padres, Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, debió presentarse ante la CIDH en mayo del 2006, denunciando al Uruguay por la impunidad y por la violación a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. El poder judicial uruguayo no ofrecía ninguna clase de garantías en materia de crímenes de lesa humanidad y por consiguiente la familia Gelman debió recurrir a los organismos internacionales.

Tabaré Vázquez podía haber aprovechado la ocasión para respetar la legislación y los laudos internacionales ya existentes, que condenaban al Estado uruguayo por la situación de impunidad y le recomendaban la anulación de la ley de caducidad. A partir de la solidaridad con Macarena y Juan Gelman, podía haber lanzado una campaña educativa de la opinión pública, reivindicando la Verdad y la Justicia como un principio esencial de la democracia republicana. Desde la presidencia de la república podía haber puesto en marcha los mecanismos institucionales que conducían a la nulidad de la caducidad. Esa actitud, coherente con el espíritu de la fuerza política, habría despertado admiración y elogios en el mundo entero y, en especial, en América Latina. Como ocurrió con Néstor Kirchner. En cambio, Tabaré Vázquez prefirió colocarse en una posición de falsa imparcialidad, pretendiendo reconciliar la nación a cambio de no juzgar ni castigar a los culpables y así ayudó, de hecho, a fortalecer la postura hegemónica de la 'familia militar'.

Fariseísmo

La falta de garantías llevó a conformar la Coordinadora Nacional para la Nulidad de la Ley de Caducidad el 29 de julio del 2007. La presidió el escritor Eduardo Galeano y la integraron las organizaciones sociales con mayor convocatoria: el PITCNT, la FEUU, FUCVAM, SERPAJ y Amnesty Internacional. También participaron personalidades de los partidos políticos, integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos a título individual y varias organizaciones barriales y del interior del país. La campaña de recolección de firmas debió sortear diversos y sucesivos obstáculos políticos, en especial la oposición de importantes sectores del Frente Amplio (Asamblea Uruguay, Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad, Alianza Progresista) que hicieron suya la tesis de Fernández Huidobro del 2003. La actitud dubitativa de las principales figuras del Frente (Vázquez, Mujica, Astori) sembró dudas y recelo en la opinión pública y dividió al movimiento popular, impidiendo, por ejemplo, que Madres y Familiares se incorporara como colectivo a la campaña.

Aún así la voluntad de los núcleos militantes, con un rol muy activo de la juventud, logró recolectar unas 300.000 firmas por la anulación, hecho que demostraba el sentimiento mayoritario en la población. Cuando ya se habían juntado más de 120.000 firmas, José Mujica concurrió a la sede del PITCNT y, en una de sus habituales actitudes de duplicidad, mientras estampaba la suya en una de las planillas fundamentó en contra de firmar para juzgar y castigar a los culpables. Llamó a enterrar el odio y encontrar caminos de reencuentro: “No podemos ser carceleros de nuestros carceleros”, sentenció.

En diciembre del 2007 el V Congreso del Frente Amplio decidió apoyar la recolección de firmas, desdiciendo la posición del congreso anterior pero, en la práctica, muy pocos comités de base se incorporaron a la campaña, se retaceó el apoyo financiero y los caudillos electorales evitaron pronunciarse públicamente a favor de la anulación. Para que la Verdad y la Justicia triunfaran, habría bastado conque José Mujica convocara en sus discursos electorales a votar por la anulación de ley como había firmado. No lo hizo, predominó el fingimiento o fariseísmo.

El 14 de junio del 2009 la Corte Electoral validó las 258.326 legalmente necesarias y convocó al plebiscito para el día de las elecciones nacionales. Cabe destacar que el 19 de octubre, una semana antes de las elecciones, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la aplicación de la ley de caducidad en el caso del asesinato de Nibia Sabalsagaray del que estaba acusado el general Dalmao, en actividad y con mando de tropa. La sentencia convalidaba los argumentos empleados para la lucha por la anulación. En esos mismos días se realizó una marcha por la Avenida 18 de julio, multitudinaria marcha pese a la lluvia, fue la mayor movilización de toda la campaña electoral. El 25 de octubre del 2009 las papeletas rosadas alcanzaron el 48% de los votos emitidos, faltaron 46.500 más para la victoria de la Verdad y la Justicia. En Montevideo votó por la anulación el 56% del electorado y en Canelones lo hizo el 51%. Pudo comprobarse que hubo sectores del Frente Amplio que sabotearon el plebiscito.

Jose Mujica

La nueva derrota plebiscitaria dio alas a su militancia por el olvido y del perdón. En uno de sus primeros actos como presidente de la república (marzo/2010) Mujica convocó a una asamblea de militares en la base aérea N° 2 en la ciudad de Durazno; con los altos mandos y unos 350 oficiales presentes, el presidente llamó a la unidad nacional entre las fuerzas armadas y el pueblo, objetivo que sólo podría alcanzarse, según él, olvidando y perdonando: “Estas Fuerzas Armadas -de hoy- no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su pueblo”.

En setiembre del mismo año Mujica reafirmó sus intenciones frente a los altos mandos de las fuerzas armadas: les prometió un aumento del 33% para los sueldos de los militares de todo rango, el mayor aumento presupuestal de la historia. Como propina los tranquilizó sobre sus buenas intenciones: en su corazón no había deseo alguno de revanchismo, hay que perdonarlos y abrazarse con ellos. Prometió una ley que permitiera la excarcelación de los 'viejitos' pese a sus crímenes abominables.

El 24 de febrero del 2010 la CIDH emitió un fallo para el 'caso Gelman vs. Uruguay'. El organismo condenó al Estado uruguayo como responsable por la desaparición María Claudia García de Gelman y la sustracción de su hija Macarena, estableció que Uruguay no cumple con 'la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre derechos humanos' y obligó al gobierno a iniciar una investigación diligente y castigar las despariciones forzosas, pues la ley de caducidad 'carece de efectos jurídicos'. Por otra parte, condenó el Uruguay a una serie de reparaciones como un acto público para pedir perdón en nombre del Estado, tanto por los crímenes del terrorismo como por la impunidad actual para esos mismos delitos. El presidente Mujica se apresuró a cumplir con el acto de contricción y la reparación económica estipulada pero, al igual que los gobiernos anteriores, evitó tocar los fundamentos de la impunidad.

Empantanados por el fariseísmo de sus grandes caudillos, el Frente Amplio se enredó en un farragoso debate para encontrar una salida legal al intríngulis. Necesitaban una ley que colmara las expectativas de quienes luchaban por Verdad y Justicia y, al mismo tiempo, no irritara a la inquietante la 'familia militar'. Se anular clara y directamente la nefasta ley de caducidad. Hubiera sido un ejercicio del poder político para el cual el Frente Amplio contaba con la mayoría necesaria en el parlamento. No se atrevieron. Sin embargo, algo debían hacer, incluso para quedar bien con los requerimientos de los organismos internacionales y, en octubre del 2011, aprobaron la ley N° 18.831 que no es pato ni gallareta, restablece la 'pretensión punitiva del Estado' y la imprescriptibilidad de los delitos del terrorismo de Estado, pero no anula definitivamente la ley de caducidad. Esa bruma de indecisiones la aprovecharon los magistrados reaccionarios de la Suprema Corte que, para el caso del maestro Julio Castro, desaparecido por el ejército, declararon inconstitucional la 18.831, entendieron que el delito había prescripto y decretaron el archivo del expediente. Los probados culpables siguen en libertad.

Para el 18 de mayo del 2012, el acto de homenaje a los cuatro soldados 'caídos en defensa de la patria' fue integrado por primera vez a las actividades del 'día del ejército'. Hasta ese año lo organizaban los centros militares, pero ahora pasó definitivamente a formar parte del programa oficial organizado por el comando general del éjercito nacional. Por la vía de los hechos se lo convirtió en un día de homenaje oficial del Estado, de manera similar a como los 19 de abril se recuerda la batalla de Sarandí. El jefe de la división N°1 del ejército presionó para que los soldados fueron obligados a concurrir uniformados. Por ahora quedó en intentona, pero el hecho refleja la intención de ir ocupando espacios desde donde influir sobre la sociedad. No es casual que este cambio se haya dado durante la presidencia de José Mujica y con Fernández Huidobro de ministro de defensa.

En febrero de 2013, la Suprema Corte decretó el traslado de la jueza Mariana Mota, sacándola del juzgado donde estaban radicados más de 50 expedientes por crímenes de lesa humanidad. En varios casos, la jueza Mota había sido atacada y descalificada por el ministro Fernández Huidobro. Resulta bastante claro que los magistrados reaccionarios encontraron la oportunidad política para trasladarla y para enviar a los demás jueces un mensaje bien claro: el poder judicial debe constituirse en una muralla para la defensa de la impunidad. El fariseísmo que domina en la élite del Frente Amplio ha sido funcional a las actitudes más retrógradas de la Suprema Corte y al predominio de la visión de impunidad impulsada con firmeza por las fuerzas armadas.

20 de mayo del 2016

A pesar de que confesó haber torturado, el capitán Asencio Lucero fue procesado solamente por el delito de privación de libertad. La jueza Julia Staricco entendió que en el código penal de los '70 la tortura no configuraba delito y que a Lucero no se le puede aplicar retroactivamente la ley actual. Es decir, en la cabeza de la jueza no ha logrado entrar la definición de la legislación internacional: ¡la tortura es un delito permanente!, ¡se está cometiendo ahora, no en 1972! ¡A Lucero hay que procesarlo por torturador!. La jueza y el fiscal también hicieron oídos sordos a las denuncias de violación sistemática a las treinta mujeres que estuvieron detenidas en el regimiento de caballería N°9 donde Lucero estaba al mando del servicio de inteligencia. ¿A alguien puede extrañarle esta expresión judicial de la cultura de impunidad que caracteriza la mentalidad dominante en el Uruguay de hoy día? Si en el país dominara el espíritu de la Verdad y la Justicia... ¿la jueza habría fallado así?

La impunidad de los torturadores y asesinos del pasado se impone en el presente como impunidad para el uso abusivo e ilegítimo de la fuerza policial. Las instituciones públicas, los medios masivos de prensa y los partidos políticos de todo pelo, aceptan la 'mano dura' como una necesidad social y política. Es una victoria ideológica de aquellos que treinta años atrás exigieron su impunidad como 'lógica de los hechos'. Paso a paso el partido militar ha logrado que los demás partidos retrocedan y defeccionen, paso a paso ha hecho caer en su telaraña a toda la élite política. Salvo algunos sectores muy menores del Frente Amplio, no se salva nadie. Que el Uruguay sea un paraíso de impunidad, donde domina la cultura de impunidad y existe un clima de impunidad no es obra y gracia de la mano de dios. Las fuerzas vivas de terrorismo de Estado -la 'familia militar'- hegemonizan las maneras de sentir y de pensar, imponiendo la vergonzosa ideología de la represión, la mano dura y la impunidad, la ideología que hiere de muerte el corazón de la democracia, las libertades y los derechos.

Según el Observatorio Luz Ibarburu se han realizado 272 denuncias judiciales por crímenes de lesa humanidad: tortura, violaciones, secuestro de niños, homicidio y desaparición forzosa. Desde 1985 a esta parte, ¡31 años! Solamente seis de ellas, apenas un 2% del total, tienen sentencia. Unos 170 expedientes (62%) aguardan en la etapa de presumario, situación que, por lo general, significa una forma de congelarlos. Otros 67 (24%) fueron archivados por distintos motivos. No hace falta ser muy radical de pensamiento para darse cuenta que las causas de derechos humanos avanzan por goteo, cadatanto una gotita de esperanza, cada tanto una gotita de desilución. El esfuerzo principal de investigación recae sobre un pequeño grupo de abogados y sobre los familiares denunciantes. Hasta las direcciones de los militares denunciados deben proporcionar, porque el gobierno no obliga a su ministerio de defensa a colaborar con el juzgado. A las víctimas solamente les quedó, como último recurso, radicar en un juzgado de Italia la denuncia por el Plan Cóndor, las torturas y las desapariciones forzosas.

Dependiendo de la presidencia de la república se creó la 'secretaría de DDHH de presidencia' que desempeña Javier Miranda, la 'secretaría de DDHH para el Pasado Reciente' a cuya dirección renunció hace poco la historiadora Isabel Wschebor y el 'Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia' donde revistan Macarena Gelman, Pedro Sclofsky, Felipe Michelini, Emilia Carlevaro, Susana Andrade, Ademar Olivera y Mario Cayota. Salvo las excavaciones del equipo de antropología, no se está haciendo nada serio para terminar con la impunidad, pero no es por falta de organismos cuyas áreas de trabajo se superponen y a todos se les retacea presupuesto. Realmente los 'escraches' hacen más que la acción del gobierno para agitar y divulgar la barbaridad de la impunidad de los criminales de lesa humanidad. Una tarea necesaria si se quiere que nunca más se repita el terrorismo de estado.

En Uruguay no hay garantías para la Verdad y la Justicia. Ni en el gobierno ni en el poder judicial. Están cerrados los caminos legales y parlamentarios... ¿cómo hacer? ¿cómo seguir luchando por la Verdad y la Justicia? Alguien que lo explique.

Este 20 de mayo marcharemos como siempre tras las fotos de los que faltan. Marchando con la Tota, María Esther y Blanca Artigas, con las que nunca defeccionaron, por un momento sentiremos que vamos caminando hacia la liberación social.

Jorge Zabalza