>>> Que aclare
Cercanísimos al presidente Vazquez aparecen en los Panamá Papers los nombres de su hijo y de Brechner, impulsor del plan Ceibal, bandera de los logros gubernamentales.
Entonces la derecha vernácula, con el semanario Búsqueda a la cabeza, lo denuncian. La izquierda en el brete. Callar o hacerle el juego a la derecha. Mientras la justicia inmóvil. La nueva ley de Fiscalías politizan la justicia. Ya no es un juez, sino la fiscalía quien acusa. La fiscalía es directamente ahora monitoreada desde la presidencia con la Nueva Ley de Fiscalias impulsada directamente por la embajada americana
No solamente habrá impunidad, sino que tampoco se podrá hablar de ello. Pero los nombres saltaron en la publicación de los Panamá Papers. No solamente personajes de la oscura derecha vernácula uruguaya, sino también personajes vinculados a Tabaré Vazquez.
El desafío de la libertad de decir siempre fue una trinchera, y en ello me amparo.
El próximo lunes el Parlamento recibirá la visita de Diego Espinosa, titular de la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos. Será el primer capítulo de un nuevo episodio político que enfrentará al oficialismo y a la oposición.
Espinosa está convocado en referencia a la reglamentación de una serie de artículos de la ley Integral contra el Lavado de Activos, pero sobre la mesa estará la eventual vinculación de dos personas extremadamente cercanas al presidente Tabaré Vázquez con la propiedad de sociedades "offshore" en el extranjero.
Al comienzo de la década del 2000 fue malo para los negocios de Miguel Brechner. La Dirección General Impositiva (DGI) había detectado conductas “ideológicamente falsas” en el pago de impuestos de dos de sus empresas informáticas, y un informe del departamento de Recaudación consideraba al actual presidente del Plan Ceibal “solidaria e ilimitadamente responsable” de una deuda millonaria. Y las cosas solo empeoraban. A mediados del 2002 el Banco Montevideo comenzó el proceso formal para cobrar una deuda que tenía una de esas compañías y cuyo “fiador solidario” era Brechner.
Los dos frentes llegaron a la Justicia Civil por separado. La DGI denunció al ingeniero en 2001 y al año siguiente llegó el turno de la institución financiera. En ambos casos los jueces resolvieron trabar un embargo genérico sobre las cuentas bancarias de Brechner. El jerarca ganó el año pasado el juicio a la DGI, pero todavía mantiene abierto el flanco bancario, según los registros públicos consultados esta semana por Búsqueda.
Nada de esto impidió, sin embargo, que Brechner manejara una offshore de las Islas Vírgenes Británicas con fondos por cientos de miles de dólares, generados con la venta de acciones de la empresa de software Sonda. El ingeniero, que ocupó cargos en todos los gobiernos del Frente Amplio, tenía un poder de administración de esa sociedad anónima (HighTech Pacific Corp.), mientras que su esposa e hijos figuraban como directores y accionistas, según nuevos documentos del bufete Mossack & Fonseca filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y analizados por Búsqueda y un equipo de medios de todo el mundo coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Cuando fue consultado en abril del 2016, en el marco de la primera publicación de los Panama Papers, Brechner aseguró que creó la sociedad a mediados del 2002 como un Trust Fund “pensando en el futuro” de sus hijos. Agregó que fue utilizada para invertir en dos compañías tecnológicas en Israel y que no tuvo actividad en Uruguay ni en la región. El jerarca no quiso hacer declaraciones al ser interrogado esta semana.
Embargo vigente.
A comienzos de 1993, Coasin S.A. abrió una cuenta en el Banco Montevideo y Brechner firmó un documento como “fiador solidario” de la compañía. De acuerdo con el expediente judicial, al que accedió Búsqueda, la institución financiera comenzó el juicio en 2002 contra el jerarca y la compañía por una deuda de US$ 26.100. Según declaró a la DGI en una investigación paralela, Brechner era director de la empresa desde hacía años y, a partir de diciembre del 2001, dueño de todo el paquete accionario.
Como el Banco Central dispuso la disolución del Banco Montevideo el 31 de diciembre del 2002, el encargado de reclamar la deuda pasó a ser el Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario, que en 2005 pidió el embargo de Brechner y Coasin S.A. A la deuda original de US$ 26.100, el denunciante añadió otros US$ 41.100 por un vale que habían librado los acusados. El adeudo total, contando intereses, era de US$ 90.365.
El jerarca ganó el año pasado el juicio a la DGI, pero todavía mantiene abierto el flanco bancario, según los registros públicos consultados esta semana por Búsqueda.
El juez Ruben Eguiluz dio lugar a la solicitud del embargo en marzo del 2006. Brechner era por entonces director del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
La cartera de deudas que gestionaba el Fondo de Recuperación pasó a manos de República Afisa en 2012, quien pidió mantener el embargo. Cuatro años más tarde, otro juez mantuvo el embargo “de las cuentas y depósitos en los cuales sea titular el ejecutado en entidades del sistema financiero”, excepto las cuentas exclusivas en concepto de remuneración salarial. En esa época, Brechner ya ocupaba el cargo de presidente del Plan Ceibal.
El embargo seguía vigente hasta esta semana, según registros públicos. Vs. DGI
Brechner tuvo éxito el año pasado en la disputa que le trabó la DGI porque su empresa Fanimur SA no había pagado algunos impuestos. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló que la administración no podía hacerlo “solidario” de unas deudas generadas después de que el ingeniero había dejado la dirección de la compañía.
Pese a que tiene ese fallo a su favor, en los registros todavía no está actualizada la información.
No era el primer juicio que enfrentaban empresas de Brechner. De hecho, hay otro litigio en curso a Magontek S.A., el nombre que adoptó Coasin S.A. a partir de 2003. Una resolución firmada en 2007 por el director de Rentas de la época, Eduardo Zaidensztat, estableció que Fanimur S.A. y Coasin S.A. eran una “única unidad productiva” y que ambas empresas debían dinero al fisco.
El primer punto de esa resolución explicaba que las empresas habían cancelado “sus obligaciones fiscales con medios de pago ideológicamente falsos” cuando eran dirigidas por Brechner. Cuando declaró en el expediente de la DGI, el ingeniero dijo que los bienes de las dos compañías habían sido vendidos para pagar “pasivos bancarios y comerciales” (ver nota aparte).
En 2007 la DGI pidió a la Justicia Civil que embargara las cuentas de Magontek S.A. (ex-Coasin) por una deuda millonaria. Ese embargo sigue vigente. Los dólares.
Mientras a comienzos de los 2000 los negocios de Brechner iban en caída, el actual gobernante recurrió a los servicios de MF para conseguir una offshore. Según dijo a Búsqueda en 2016, lo hizo para crear un Trust Fund para sus hijos. Los Panama Papers muestran que esa sociedad —HighTech Pacific Corp.— fue adquirida en 2002 y tuvo como directores a Pablo Brenner, empresario del software, y su esposa Patricia Stainfeld.
Recién el 28 de diciembre del 2004, después de que el Frente Amplio se asegurara el gobierno nacional y antes de que asumieran las nuevas autoridades, se registraron cambios en la dirección de la empresa: el nuevo directorio pasó a estar integrado por Zoides Monge, esposa de Brechner, y Alan Brechner, hijo de ambos.
Brechner tuvo un poder para actuar en representación de la empresa al menos hasta el 2014. Era, además, quien gestionaba los trámites con el bufete panameño, a través del contador Mauricio Zolwker.
Mientras a comienzos de los 2000 los negocios de Brechner iban en caída, el actual gobernante recurrió a los servicios de MF para conseguir una offshore.
En 2014 intentó abrir una cuenta bancaria en un país “fuera del Mercosur”, aunque, según declaró a Búsqueda, nunca lo consiguió. Un correo incluido en los millones de documentos filtrados al diario Süddeutsche Zeitung muestra que Brechner, para ese momento embargado desde hacía años en Uruguay, iba a tener control sobre la cuenta.
“Nuestro cliente aspira a que tanto su esposa, como el hijo de ambos, y él mismo puedan, indistintamente, operar esa cuenta de banco en Panamá”, escribió Zolwker.
Brechner fue quien ordenó a Zolwker en 2017 que tramitara los documentos necesarios para que MF dejara de ser agente residente de la offshore. El bufete panameño estaba perdiendo clientes después de la divulgación de los Panama Papers y el jerarca del gobierno uruguayo no sería la excepción.
Brechner fue quien ordenó a Zolwker en 2017 que tramitara los documentos necesarios para que MF dejara de ser agente residente de la offshore.
Los panameños requirieron para seguir con el cambio una declaración sobre el “origen de los fondos” que administraba la sociedad de Brechner. En el documento que proporcionaron los accionistas (la esposa y dos hijos del matrimonio), fechado el 20 de abril del 2017, declararon que realizaba transacciones anuales por unos US$ 50.000 para comprar acciones de empresas de tecnología en Estados Unidos e Israel.
Mencionaron también como “fuente de fondos” usados en esas inversiones, “ahorros personales” por US$ 250.000.
A su vez, como fuente de la “riqueza” de la compañía, declararon US$ 450.000, provenientes de la venta de acciones de la empresa de tecnología Sonda Uruguay, filial de la multinacional chilena, a la que Brechner estuvo vinculado antes de sumarse al gobierno.
✔️ Queda en familia
*En una primera versión de esta nota, Búsqueda informó por error que la offshore vinculada a Miguel Brechner es panameña, cuando en realidad es de Islas Vírgenes Británicas.
De acuerdo con un correo electrónico enviado a MF esas cuentas iban a recibir miles de dólares cada mes. “Es importante aclarar que el aproximado mensual de U$S 300.000 que ingresará a las cuentas proviene de la empresa madre Conibel SA de Uruguay”, dice el mail, y agrega: “Las sociedades Conibel SA de BVI y Davidson Global Inc. no son por ende operativas, solo fungen para recibir las transferencias”.
Consultado por Búsqueda, Javier Vázquez dijo que ambas sociedades eran suyas, que las creó con el objetivo de desarrollar dos proyectos en el extranjero, pero que nunca se concretaron y las sociedades no llegaron a estar activas. Añadió que las cuentas bancarias eran independientes de las actividades de las empresas offshore (ver nota aparte).
La información surge de los millones de documentos del bufete MF filtrados al diario “Süddeutsche Zeitung”. Búsqueda participó en un trabajo colaborativo junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), el periódico alemán y decenas de otros medios de todo el mundo. En la base de datos inicial de los “Panama Papers”, que se actualizó en varias oportunidades, Búsqueda no detectó a Javier Vázquez. El lunes 9, el ICIJ liberó parte de la información de datos y facilitó un buscador para navegar por la lista de sociedades anónimas creadas por MF. En esa documentación aparece mencionado el hijo del presidente uruguayo vinculado a Conibel SA, informó ayer miércoles “El Espectador”.
Giros y liquidaciones
A mediados del 2008, Luis Araujo y Daniel Borges gestionaron ante MF la creación de la empresa Conibel SA en las BVI. Ambos eran empleados de Conibel SA Uruguay cuyo nombre comercial es Uysoftware y su fundador es Javier Vázquez. Por esa fecha también gestionaron el cambio de directorio de la empresa Davidson Global Inc, registrada en Panamá.Araujo quedó como único director y accionista de la Conibel SA de BVI hasta que en 2013 transfirió las acciones a Vázquez, según los “Panama Papers”.
A poco de creada esa offshore, Araujo y Borges tramitaron la apertura de una cuenta bancaria para cada una de las empresas. En un primer momento se les pidió una “prueba de ingresos” para poder justificar “los movimientos que se han planteado en el perfil donde indican un promedio mensual de U$S 300.000 aproximadamente”. En ese momento surgieron inconvenientes porque ninguno de los dos empleados tenían sueldos que justificaran transferencias tan abultadas en cuentas bancarias gestionadas por ellos. Uno de los gestores de MF les envió un correo a los dos uruguayos el 29 de enero de 2009: “Favor tomen nota que el día de hoy sostuvimos una conversación con la señorita Dominique Aleman, gerente de sucursal de Banvivienda, de la cual se desprendió que requiere los estados financieros más recientes de la empresa Conibel SA de Uruguay para proceder” con la apertura de la cuenta bancaria. “Estos documentos son requeridos a modo de sustento de los dineros que la empresa enviará mensualmente a las cuentas a ser abiertas”.
En un correo posterior dirigido a la gerenta de Banvivienda, un asistente legal de MF intentó aclarar el asunto. Escribió que cuando se efectuó la entrevista en el banco con Borges y Araujo, “se pidió únicamente prueba de ingresos de los firmantes, la cual les fue proporcionada en mensaje del 6 de enero pasado”. Y añadió: “Es importante aclarar que el aproximado mensual de U$S 300.000 que ingresará a las cuentas proviene de la empresa madre Conibel SA de Uruguay, donde laboran los firmantes; las sociedades Conibel SA de BVI y Davidson Global Inc. no son por ende operativas, solo fungen para recibir las transferencias. Esta situación fue explicada por los clientes en la entrevista que tuvieron contigo con el propósito de abrir las respectivas cuentas”.
En por lo menos dos ocasiones Borges y Araujo viajaron a Panamá —los dos juntos en diciembre del 2008— y presentaron documentación solicitada para la apertura de las sociedades y de las cuentas.
De los documentos incluidos en los “Panama Papers” surge que hubo al menos una transacción, en abril del 2009, por U$S 80.000 a la cuenta de Conibel SA de BVI. Ese movimiento aparece en los papeles de MF porque el banco consultó al bufete si esa sociedad era de alguno de sus clientes. Esto no implica que ese sea el único giro registrado.
Los documentos muestran que Davidson Global Inc. fue liquidada en 2009, pero Conibel SA de BVI siguió abierta hasta diciembre del 2015. En diciembre del 2012, MF recibió una solicitud para modificar el directorio y los accionistas de la compañía en las BVI. El cambio se concretó en 2013, según los documentos de MF, cuando las acciones pasaron de Araujo a Vázquez.
En marzo de 2014, MF recibió el planteo del estudio Juan Paullier, que se había hecho cargo de las gestiones de Conibel SA, de liquidar la empresa. En un correo enviado a la sede que el bufete panameño tiene en Montevideo, una intermediaria escribió: “El cliente finalmente optó por cerrar Conibel Panamá y dejar operativa solo BVI, realizando sí el cambio de directorio. Te pido por favor que me envíes la documentación que precisamos para cada una de las sociedades”. En su respuesta, la ejecutiva de cuentas de MF en Uruguay le dijo que solo tenían en su registro una Conibel en BVI. “Al final nuestro cliente decidió cerrar también BVI”, aclaró luego la intermediaria. Vázquez dijo a Búsqueda que no recordaba en qué jurisdicción estaba domiciliada su empresa.
En ese momento entra en escena Juan Pedro Moscone, el encargado en MF de liquidar las sociedades anónimas. En un mail detalló los documentos que se necesitan para cerrar la empresa en las BVI. Entre otros datos solicitó “dirección física completa del accionista Javier Andrés Vázquez Delgado”.
El trámite de disolución de Conibel SA en BVI comenzó en mayo del 2014, cuando el estudio MF recibió el pago de honorarios y el sello de la sociedad. Pero después el papeleo se detuvo. Moscone consultó en julio de ese año si los clientes seguirían adelante con la disolución y la gestora le respondió que todavía no habían cerrado una cuenta bancaria que estaba a nombre de la offshore. En octubre del 2014 seguían sin novedades sobre el tema.
El tema de la disolución desapareció de los “Panama Papers” hasta diciembre del 2015, cuando desde el estudio Dartayete plantearon que Conibel SA de BVI iba a ser liquidada por sus dueños. La base de datos de MF a la que accedió Búsqueda no va más allá de esa fecha.
El hijo del presidente es ingeniero y tuvo varios emprendimientos vinculados a las tecnologías de la información. Entre ellas Uysoftware —Conibel SA Uruguay—, “especializada en implantación de grandes proyectos de software, con business partners, tales como Artech, Artech Consulting, Delarrobla y Asociados y Montevideo Com”, según la página de Internet del empresario.
Su participación en el mundo del software le valió algún dolor de cabeza a su padre Tabaré Vázquez. Los negocios millonarios con el gobierno de Venezuela que “concretó” o “remató” en 2005 para varias empresas uruguayas fueron objeto de investigación parlamentaria (Búsqueda Nº1.402).
Al cierre de esta edición (jueves, 19 horas) las sucursales del Banco de la República en todo el país seguían mostrando graves deficiencias operativas y serias alteraciones en el servicio a los clientes por la aplicación de una plataforma informática que desde hace cuatro años venía siendo adaptada a las dimensiones de la institución, según informaron fuentes sindicales de la institución.
En términos generales, seis días después de su puesta en marcha seguía registrándose la mayoría de los contratiempos iniciales, como gruesos errores contables y distorsiones en los asientos de los movimientos de cuentas, con depósitos que no existían y retiros no contabilizados, saldos que no congeniaban, sobregiros y cajas que no podían cerrarse a la finalización de la jornada.
El proceso pretende modernizar el Core, un sistema que combina tecnología y operatividad y que es considerado como el Adn de las instituciones financieras, pero que, operado con células demasiado viejas (hardware y software, por ejemplo) provoca trastornos en todo el cuerpo. Esa plataforma, denominada Bantotal, ya fue ensayada en otras instituciones financieras del país, como en el español Bbva, cuya operatividad no se resintió debido al reducido tamaño de su red física. En el caso del Brou su aplicación, a partir del sábado 14, generó un caos administrativo y una alarma en el personal, y el desconcierto, cuando no el malestar, entre los clientes –del que dieron cuenta las redes sociales–; la menor de las distorsiones fueron las largas colas en las sucursales, debido al no funcionamiento de los cajeros y la caída de la web E-brou. Desde ayer y hasta hoy, viernes, la atención al público se verá reducida, a la espera de que el fin de semana permita la superación del problema.
LOS PROBLEMAS. La dirigente de Banca Oficial de Aebu Lorena Lavecchia atribuyó los problemas, que calificó de “caóticos”, a que las autoridades del banco no encararon la instrucción de los funcionarios. “Un grupo escogido de empleados trabajó durante cuatro años, en forma hermética, junto con técnicos privados, en un piso entero del edificio central de la aseguradora Mapfre, que le costó al banco 1,2 millones de dólares por concepto de alquiler”, dijo a Brecha la dirigente. La dirección sindical del Banco República había exhortado el martes a los clientes a que se abstuvieran de realizar operaciones y de concurrir a las sucursales, a menos que fuera imprescindible. El Consejo Directivo Central de Aebu, controlado por dirigentes afines al Frente Liber Seregni, que lidera el ministro de Economía, Danilo Astori, admitió el lunes algunos “inconvenientes” pero rechazó las críticas formuladas por los dirigentes de base del banco, que adhieren a la lista 810. Según Lavecchia, los adherentes a esta corriente mayoritaria en la banca oficial fueron excluidos de participar en el proyecto de procedimientos, por decisión de la lista 98, mayoritaria en Aebu.
Lavecchia enumeró los problemas más graves que debieron enfrentar los funcionarios: “Lunes y martes trabajamos hasta las 23 horas; en la mayoría de las sucursales no se pudo hacer el balance del tesoro y hubo que cerrar inventando una cuenta en la que se asentaban las diferencias; los cierres de tesoro y de cajas fueron forzados. Bantotal no permitía imprimir los asientos contables y no se podían sacar actas de cambio de moneda”. Algunas cuentas aparecían sobregiradas pero no había registros de retiros previos. “El caos fue contable, pero habrá que ver si finalmente la institución no perdió dinero con ciertas transacciones no registradas”, aseguró. Según la dirigente, hubo problemas de previsión. “Algunas fallas de procedimiento intentaron ser resueltas en el mismo momento, mediante contactos telefónicos”, dijo. El comunicado de Aebu central felicitó a los funcionarios por el esfuerzo realizado y respaldó a los empleados que trabajaron en Mapfre en la implementación del nuevo sistema que, decía, responde a la necesidad de modernización del banco.
LOS COSTOS. El programa Bantotal es responsabilidad de De Larrobla y Asociados (Dlya), uno de cuyos partners es Javier Vázquez, hijo del presidente Tabaré Vázquez. De Larrobla tiene fuertes vínculos con Ibm internacional. La participación de la empresa en la modernización del Core del Brou se realizó con la intervención de Genexus Uruguay y de Artech; en 2017 De Larrobla tenía siete contratos vigentes con el Brou, Genexus uno y Artech dos. La existencia de esos contratos permitió al directorio hacer una contratación directa de Dlya para la implantación de Bantotal.
Si bien Bantotal fue suministrado por De Larrobla, la modernización del Core del Brou reclamó una articulación de esta empresa con Ibm Uruguay. En 2014 el proyecto de nuevo Core fue adjudicado a Dlya por un total de 51.169.100 dólares, y a Ibm por 30.147.110 dólares. El proyecto costaría, por tanto, 81.316.217 dólares más Iva.
Pero dos años después el Departamento de Tecnologías de la Información del Brou informó sobre “la necesidad de renegociar los contratos del Proyecto Cambio del Core Bancario” porque “se verificaron dificultades en la ejecución, que pusieron en riesgo los objetivos, dificultades que se originaron en la propia complejidad del proyecto, la adaptación de las partes (Brou, Ibm y De Larrobla y Asociados), las debilidades en las capacidades de los proveedores y la existencia de circunstancias supervivientes e imprevisibles (impacto de la ley 19.210, del 29-IV-14, de inclusión financiera)”, según consignó el Tribunal de Cuentas en diciembre de 2016.
La solución a esas dificultades consistió en incrementar los montos adjudicados con un “ajuste de cuentas”, de modo que el importe total adjudicado a De Larrobla y Asociados SA fue de 63.566.268 dólares y el importe adjudicado a Ibm Uruguay de 36.779.146 dólares (Iva incluido). Cuando el sábado 14 terminó la cuenta regresiva y se dio la orden de pasar a la realidad, el proyecto de nuevo Core venía costando, por concepto de productos y servicios, 100.345.414 dólares. En realidad era algo más, porque, “a efectos de atender posibles imprevistos”, se decidió otorgarle a Ibm una partida extra de 3.677.915 dólares, y a De Larrobla otra de 6.356.626 dólares, con lo que, cuando el caos explotó el lunes 16, el Brou había invertido 110.379.955 dólares (Iva incluido). Afortunadamente, los “imprevistos” ya estaban financiados.
Esa noche –cuando en algunos supermercados alertaban a los compradores con tarjetas del Brou que el sistema se podía caer y entonces se podían duplicar los pagos– “voceros del Brou declararon a El Observador que se registraron algunos problemas en la extracción de dinero en cajeros automáticos con tarjetas de débito, que se solucionaron posteriormente”. Fue una explicación “barata” para tanto dinero invertido.
Si el director del Banco República mantuvo un perfil bajo durante la crisis, y mediante un comunicado pidió excusas a sus clientes y a la población por los inconvenientes, el episodio, una vez más, se reveló como la chispa que vuelve a encender la confrontación entre dos tendencias antagónicas en el seno de Aebu. Si la dirección sindical del Banco República puso el acento en las graves aristas del episodio, la dirección central prefirió “rechazar las críticas”, alinearse con los jerarcas y defender la política de modernización sugiriendo que sus antagonistas están en contra del cambio; perdieron la perspectiva de lo que estaba y sigue ocurriendo.
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