Dardo Barrios libre

aunque con medidas cautelares FOTO: Gentileza de Daniela Mesón


Abogada del Centro Militar presentó recurso de inconstitucionalidad


Por Carlos Peláez


El capitán ( r) Dardo Barrios llegó al aeropuerto de Carrasco hoy a las 9.20 en un vuelo de Latam, proveniente de Paraguay, país que lo extraditó a solicitud del fiscal Ricardo Perciballe.
Venía acompañado por oficiales de Interpol que lo entregaron a sus pares en el mismo aeropuerto para ser trasladado inmediatamente a Maldonado donde a las 12.30 lo aguardaba la jueza Ana María Guzmán y el fiscal Luis Pacheco, quién subroga a Perciballe durante la Feria Judicial.
Eran las 11.30 cuando arribó. Pero la audiencia se postergó dos horas hasta que llegaran sus abogados defensores que serían la doctora Graciela Figueredo, abogada del Centro Militar y de todos los terroristas de Estado, junto al abogado Emilio Mikolic, quién defendiera entre otros a Gustavo Torena (a ) “El pato celeste”.

Los abogados que representaron a los denunciantes son la doctora María del Carmen Salazar ( caso Chocho) y los doctores Gonzalo Peloche y Leonardo Pereira (caso torturas)
Previamente la jueza y el fiscal mantuvieron una reunión. Y lo mismo hicieron los defensores con Barrios, para interiorizarse de su posición.
La audiencia se extendió por unas dos horas y apenas iniciada, la defensa del acusado presentó el ya habitual recurso de inconstitucionalidad contra la ley de caducidad.
En ese momento, la jueza resolvió otorgar la libertad a Barrios hasta que la Suprema Corte se expida por enésima vez contra el recurso, pero dictó medidas cautelares. Debió entregar todos sus documentos y esta misma tarde en la Jefatura de Maldonado se le otorgó uno provisorio para que pudiera circular por Montevideo, lugar que no puede abandonar sin permiso de la justicia. Y además a todos los efectos fijó su domicilio legal en el Centro Militar.
El fiscal Pacheco explicó luego a los medios que él no conocía los detalles de la causa, pero no podía solicitar prisión preventiva sin que existiera un fallo judicial.
Curiosamente hay antecedentes de personas con prisión preventiva sin procesamiento por una acordada de la Corte que se conoce como “ley Buñuelo” y que fue establecida para evitar que el conocido narcotraficante de San Carlos pudiera fugar. Y lo mismo ocurrió con el ex integrante del Escuadrón de la Muerte, Miguel Sofia.
En el caso de Barrios, estaba requerido pero esgrimió como argumento que “no lo sabía”. Y aunque fue la justicia quién lo requirió, solicitó su extradición y la obtuvo, la magistrada no tomó en cuenta la fuga como elemento para enviarlo a prisión preventiva mientras se sustancia la causa.

Extraditado por una sola causa

Si bien Barrios debe responder por varias causas, entre ellas dos asesinatos y una desaparición, la extradición sólo se otorgó por los delitos de torturas de 39 ciudadanos que lo acusaron en la sede penal.
La justicia de Paraguay aún no se expidió por los asesinatos del militante nacionalista Francisco Chocho y el del integrante del MLN, Eduardo Mondelo. Pero se descuenta que lo hará después que se cumplan pequeñas formalidades.

En otro juzgado de Montevideo se sigue la causa por la desaparición de Horacio Gelós Bonilla.
Todas seguirán por separado una vez que la SCJ se expida sobre el recurso presentado hoy. O hasta que se presente otro, porque los defensores de los criminales hacen lo posible para evitar que se aplique justicia

Se cierra un círculo

La presencia del abogado Jorge Napoleone sorprendió a los periodistas que seguíamos el desarrollo de la audiencia, aunque fuera del recinto ya que corresponde al Código viejo y estas no son públicas.
El abogado se presentó como defensor del médico José Luis Braga, médico militar en el batallón 4 y sobre quién pesa un pedido de procesamiento. Aunque hoy este caso no estaba en consideración.
Muchos nos preguntamos cómo Dardo Barrios había llegado a ser Director de infraestructura deportiva en el Campus de Maldonado, durante el primer gobierno del nacionalista Domingo Burgueño (1990 – 95)
Hoy quedó claro. Lo recomendó Braga que lo conocía de sus “andanzas” conjuntas en el batallón 4.
Braga fue Director de Promoción Social del mismo gobierno y Napoleone Secretario General.

Demasiadas coincidencias blancas para defender a un criminal.

Barrios, la justicia y la impunidad

Las víctimas deben seguir esperando


Cuenta la historia que el déspota Federico el Grande de Prusia, le había echado el ojo a una preciosa finca de las afueras de Potsdam, a unos 30 kilómetros al oeste de Berlín, para hacerse construir su residencia, que sería el famoso palacio de Sanssouci. Sucedió que en ese lugar había desde siempre un molino, cuyo ruido no le era agradable al soberano. Al propietario se le dio orden de irse, pero lejos de amilanarse acudió a los tribunales. Y acabó derrotando al poderoso.
“Todavía hay jueces en Berlín” es un grito de alegría o al menos de alivio que se pronuncia para elogiar el valor de quien se juega su carrera contra el poder político, en defensa de la justicia.
En Uruguay no podemos gritar lo mismo.
La justicia además de ser justa, debe ser sensata y razonable. De nada valen las leyes si poderosos y criminales gozan de más derechos que las víctimas.
Desde el final de la dictadura todos los poderes se abroquelaron para proteger a los militares torturadores, que fueron su mano de obra para saquear al país.
Los jóvenes no saben que lo que tuvimos fue una dictadura cívico-militar. Y muchos jóvenes todavía creen que los Tupamaros fueron los que motivaron el golpe.
Los jóvenes no tienen la culpa. La culpa es de los que han ocultado la verdad.
Los viejos ya no me preocupan. Si se creyeron esa historieta es porque fueron cómplices de los dictadores. O se creyeron las mentiras tupamaras.
En ese “abroquelamiento” tiene un papel muy importante la Justicia uruguaya. Ella es la responsable del estado de impunidad . Impunidad construida por muchos
Desde hace años los terroristas de Estado cuentan con una estructura muy importante para su defensa, encabezada por el Centro Militar, una cueva de gorilas golpistas. Y si alguien duda, hoy quedó en evidencia.
Cuando Dardo Barrios llegó esta mañana a Uruguay, no sabía quién lo defendería. Tres horas después llegó a Maldonado la abogada Graciela Figueredo.
La abogada del Centro Militar, doctora Figueredo, es la encargada de impedir que se ejerza justicia presentando recursos de inconstitucionalidad que, mayoritariamente, han sido rechazados.
Hace apenas un año la Ministra de la SCJ Bernadette Minvielli dijo públicamente que “era hora que la Corte rechazara todos estos recursos porque se habían convertido en una forma de impedir el ejercicio de justicia”.
Los defensores de los criminales pretendieron enviarla a la hoguera y los defensores de las victimas permanecieron en silencio. Por las dudas.
Hoy volvió a ocurrir y un criminal que debe ser juzgado por torturar a decenas de personas, asesinar a dos y desaparecer a otra, seguramente a esta hora esté tomando un whisky en algún boliche montevideano para festejar su pírrica victoria.
Al final de la audiencia la fiscalía logró imponer medidas cautelares. Dardo Barrios debió entregar sus documentos , no puede salir de Montevideo y fijó su domicilio en el Centro Militar. No se sabe si cuentan con habitaciones habiltadas; si dormirá en un sillón o solo es una fachada para protegerlo.
Mientras tanto, las víctimas seguirán aguardando justicia.

Guillermo Odizzio: militante de izquierda, salvajemente torturado por Dardo Barrios en el batallón 4 y luego preso varios años en el cuartel de Melo.
"No nos anima la venganza , sólo justicia y saber la verdad . Fuimos torturados por denunciar a la Dictadura con volantes y pintadas , actos hoy legales, en esa época se reprimían . Saber lo que pasó con los compañeros muertos y desaparecidos es una obligación ética de los sobrevivientes ...."

La señora de la foto es la hija de Francisco Chocho, militante del Partido Nacional asesinado en 1972 por el teniente Dardo Barrios en el batallón 4 de Laguna del Sauce.

Desde hace 48 años esperaba que Barrios fuera sometido a la Justicia.

Hoy lo vio irse, en libertad.

El militar retirado Dardo Barrios, encargado de las sesiones de tortura en el Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce y agente de Inteligencia Militar (S2) entre 1972 y 1976, se presentó ayer ante la Justicia de Maldonado, tras ser extraditado desde Paraguay, donde se encontraba prófugo.

Sus abogados, habituales defensores de ex militares vinculados con delitos de lesa humanidad, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad, por lo que el represor quedó libre, aunque no puede salir del país. Por esa razón, fijó domicilio en el Círculo Militar.

El Zorro Barrios, denunciado por haber torturado a decenas de jóvenes durante la dictadura, está vinculado con los asesinatos del militante nacionalista Francisco Chocho, del integrante del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, Eduardo Mondello, y sindicalista de la construcción y edil suplente comunista, Horacio Gelós Bonilla.

Sobre las primeras horas de la tarde salió del Juzgado de 10 ° Turno de Maldonado con aire compungido. Rodeado de custodias policiales, algunos de ellos encapuchados, el ex militar subió a la camioneta que lo condujo a la libertad. Había llegado al Centro de Justicia fernandino poco antes del mediodía, extraditado desde Paraguay a pedido del fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe.

El Zorro debía responder únicamente por las torturas que, en el marco de una convocatoria nacional realizada por la organización Crysol, denunciaron en 2011 casi 20 ex presas y ex presos detenidos en el Batallón de Ingenieros N° 4 de Maldonado, entre 1972 y 1976.

egún los testimonios y documentos recopilados por Perciballe, durante esos años Barrios se dedicó a infringir apremios físicos a decenas de jóvenes, casi todos de 18 a 25 años, militantes del Comité de Resistencia Antifascista (Craft), del Movimiento Marxista, la Unión de Juventudes Comunistas y el MLN, que hacían propaganda contra la dictadura mediante pintadas y volanteadas.

El Zorro apenas pasaba los 20 años de edad, pero ya contaba con un impresionante entrenamiento para ordenar o realizar sesiones de tortura (plantones, picanas, violaciones, submarinos) hasta que los médicos del batallón evaluaban las secuelas de los apremios y determinaban “si era posible seguir con los tormentos”.

El campito paraguayo y los pulmones

Ahora, el represor tiene 67 años y luce una imagen de paisano desaliñado. Quizás porque, según señaló en el juzgado, se dedica a “arreglar” los “1.600 metros de pasto”

que posee junto a su casa de Villa Florida, localidad del departamento paraguayo de Misiones, donde fue detenido el 4 de diciembre pasado.

Quizás pensando en la posibilidad de una prisión domiciliaria, El Zorro alegó ante la Justicia que es hipertenso y que, por ser fumador, sólo le funciona el 20% de los pulmones, según las actas judiciales a las que accedió Sudestada.

Barrios aseguró que su detención en Villa Florida le sorprendió. “No sabía por qué estaba requerido. Yo no estaba prófugo, y acepté que la extradición fuera rápida” , lanzó, aunque su pedido de captura internacional trascendió en mayo de 2018, cuando el fiscal Perciballe pidió procesar a seis oficiales y funcionarios del batallón por torturas, muertes y desapariciones durante la dictadura cívico-militar.

Eso fue todo lo que Barrios declaró, gracias a la estrategia de la defensa a cargo de la abogada del Centro Militar, Graciela Figueredo, y de Emilio Mikolic, expertos en defender a militares acusados de delitos de lesa humanidad.

Los dos abogados solicitaron la clausura y el archivo de la causa por prescripción. Cuando el fiscal Luis Pacheco -subrogante de Perciballe durante la feria judicial- les recordó que para la fiscalía tales delitos son imprescriptibles, Figueredo y Mikolic solicitaron una declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 18.831 (interpretativa de la ley de caducidad) y así obligaron a detener el proceso hasta que se expida la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El máximo órgano judicial podría tardar unos seis meses en expedirse. Pero también puede acogerse al artículo del Código General del Proceso (CPP) que permite acelerar el trámite por “resolución anticipada” , cuando “ya existe jurisprudencia sobre otra acción de inconstitucionalidad similar a la que se evalúa, o cuando existe la convicción de que la defensa utilizó el recurso para postergar un fallo”.

En este caso, se trata de la misma estrategia dilatoria que han presentado otros indagados por crímenes de la dictadura, patrocinados por estos mismos abogados. Esta vez, el fiscal Pacheco resolvió aplicar por analogía una modificación del nuevo CPP que habilita a dictaminar medidas cautelares, antes de suspender el proceso por excepción de inconstitucionalidad. Como no existe un procesamiento, no pudo ejecutarse la medida cautelar de privación de libertad, explicó Pacheco en rueda de prensa.

No obstante, la jueza del caso, Ana María Guzmán, acogió su pedido e impuso a Barrios “el deber de fijar domicilio y no modificarlo sin conocimiento del tribunal” , la “prohibición de ausentarse de Montevideo sin autorización” judicial, y “el cierre de fronteras con retención de los documentos de viaje” , que quedarán en custodia en la Jefatura de Policía de Maldonado.

Malestar entre los denunciantes

Para los doctores Gonzalo Peloche y Leonardo "Gino" Pereira, abogados de los denunciantes, la jornada judicial tuvo un desenlace previsible aunque no perdían esperanzas de lograr un procesamiento inmediato para el jubilado militar. En Crysol, organización de ex presos políticos que promovió la denuncia y que ayer convocó a una movilización frente al juzgado, reinaba un fuerte malestar y gran desazón, que se podía comprobar al escuchar algunos de los insultos que recibió el represor.

También mostraron su indignación los manifestantes del SUNCA que se concentraron para exigir verdad sobre el paradero de los restos de su dirigente Horacio Gelós Bonilla, asesinado tras haber sido torturado, en 1976. “¡Asesino, ya vas a caer! ¡Tarde o temprano vas a caer!” , gritaron, en dos ocasiones: la primera, cuando la Policía les hizo creer que en un auto que circuló hacia la calle Michelini iba el represor.

La segunda, cuando lo vieron subir a una camioneta sin matrícula y escabullirse rumbo a la Jefatura de Maldonado, donde entregó sus documentos de viaje antes de quedar en libertad. “¡Asesino, ya vas a caer! ¡Tarde o temprano vas a caer!” , insistieron.

Los abogados de siempre

El domicilio fijado por Barrios es el Círculo Militar, institución que además de facilitarle una dirección, le ofreció a su principal asesora jurídica como defensora. Graciela Figueredo, quien ayer se molestó cuando algún periodista le preguntó quién era y se mostró reacia a dar su nombre, figura en el staff jurídico del Círculo.

Junto a Rossana Gavazzo y Estela Arab, asumió la defensa de todos los ex militares implicados en el caso Gelman. Además, defendió a José Nino Gavazzo en el caso del Plan Cóndor y a Pedro Barneix en el caso del crimen de Aldo Perrini, y recusó a la ex jueza penal Mariana Mota, por su participación en una Marcha del Silencio.

A Mikolic se lo ubica como el abogado del Gustavo Torena, más conocido como el Pato Celeste, procesado por falsificar documentos para viajar indebidamente al exterior. Pero también fue el defensor de Miguel Dalmao en el caso que investiga la muerte de la militante de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.

Figueredo y Mikolic recibieron la visita de su colega Jorge Napoleone, secretario del intendente nacionalista Domingo Burgueño en la época en que Dardo Barrios trabajaba como jerarca del área municipal de Deportes.

Actualmente, Napoleone es abogado del médico José Luis Braga –otro ex funcionario de las intendencias blancas en Maldonado-, sobre quien pesa un pedido de procesamiento por esta misma causa judicial. Aunque no estaba entre los citados, Napoleone estuvo toda la tarde en los pasillos del Centro de Justicia, aguardando el desenlace de la jornada.


>>> de Lucia Rezzano

"Yo acuso y denuncio por este medio al "zorro" Barrios y a todos los efectivos que trabajaron con el en el Batallón 4.
Los acuso de haber practicado salvajes torturas a decenas de ciudadanos entre ellos mis padres,mis tíos y mi abuelo.
Los acuso de haber perpetuado al menos tres asesinatos.
De haber violado todos los derechos y la dignidad humana.
Los acuso de secuestro,de privación de libertad.
Los acuso de ser cómplices,si no partícipes directos, de la muerte de mi abuela Amelia Lavagna de Tizze,quien fuera detenida en Manantiales y devuelta sin vida ,rotulando el caso como "suicidio"
Yo los acuso de haberme dejado sin pafre ni madre por un tiempo,el que se les antojó.
Los acuso también de haberme privado de alimento;ya que con 4 meses necesitaba tomar leche materna y por su capricho y crueldad no pude.

Finalmente acuso a Barrios(y de esto hay multiples testigos) de haberle dado una brutal paliza a mi abuelo cuando este se enteró de la muerte de su esposa.
Los acuso de haber roto cuerpos y almas.
No tienen perdón. Sois y seréis una basura , lo peor de esta socieda . Soy Lucía Rezzano Tizze.Y no me callo."