Cuatro militares y un civil acusados de robar combustible para avionetas vinculadas con narcotráfico
13 de enero de 2020
Cinco militares y un civil fueron detenidos el sábado en
Maldonado, por estar acusados de robar combustible para grupos
narcotraficantes, según arrojó la investigación de la Dirección General
de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, informó Telemundo. Uno de los militares fue absuelto este domingo y los restantes declararon ayer de noche ante la Justicia, informó El Observador.
La investigación en tránsito refiere a los cargamentos de drogas que se dirigían a Europa desde Uruguay. Según informó Telemundo, la investigación indica específicamente que los militares robaban el combustible, lo brindaban a mediadores y estos suministraban a los pilotos de las avionetas que arrojan droga en campos uruguayos.
La fiscal Ana Carolina Dean lleva adelante el caso, y a partir de las declaraciones brindadas al canal, por los tiempos legales la posible formalización de los indagados será resuelta a la brevedad.
La investigación vinculada a los grandes cargamentos de drogas vinculados al puerto de Montevideo derivó en otra investigación que vincula a estos militares.
Las avionetas que traen droga y las dejan en campos en alguna parte del territorio nacional necesitan abastecerse de combustible y, según las investigaciones iniciales, los militares robaban combustible y se lo entregaban a terceros que lo hacían llegar a estas avionetas. Los uniformados pertenecen a la base aeronaval capitán Carlos Curbelo.
La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas detuvo este sábado a cinco militares y a un civil que declaran ante la Justicia por robo de combustible para entregarlo a narcotraficantes, según informó Telemundo y confirmó la fiscal del caso Ana Dean a El Observador. Uno de los militares fue dejado en libertad este domingo mientras que los otros cuatro y el civil declaran a esta hora ante la Justicia.
La investigación en tránsito refiere a los cargamentos de drogas que se dirigían a Europa desde Uruguay. Según informó Telemundo, la investigación indica específicamente que los militares robaban el combustible, lo brindaban a mediadores y estos suministraban a los pilotos de las avionetas que arrojan droga en campos uruguayos.
La fiscal Ana Carolina Dean lleva adelante el caso, y a partir de las declaraciones brindadas al canal, por los tiempos legales la posible formalización de los indagados será resuelta a la brevedad.
La investigación vinculada a los grandes cargamentos de drogas vinculados al puerto de Montevideo derivó en otra investigación que vincula a estos militares.
Las avionetas que traen droga y las dejan en campos en alguna parte del territorio nacional necesitan abastecerse de combustible y, según las investigaciones iniciales, los militares robaban combustible y se lo entregaban a terceros que lo hacían llegar a estas avionetas. Los uniformados pertenecen a la base aeronaval capitán Carlos Curbelo.
La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas detuvo este sábado a cinco militares y a un civil que declaran ante la Justicia por robo de combustible para entregarlo a narcotraficantes, según informó Telemundo y confirmó la fiscal del caso Ana Dean a El Observador. Uno de los militares fue dejado en libertad este domingo mientras que los otros cuatro y el civil declaran a esta hora ante la Justicia.
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Tal para cual
García coincidió con Bayardi en que Uruguay tiene casi 50.000 hombres y mujeres que pasaron por misiones de paz y apenas hay 36 en total que “cometieron estos atropellos”. “Esto hay que ponerlo en su contexto, hay que ser duros con estos indignos traidores del uniforme, pero hay casi 50.000 que hicieron su trabajo con dignidad”, afirmó.
El presidente del Centro Militar, coronel (r) Carlos Silva, reivindicó el rol que cumplen las Fuerzas Armadas en casos de inundaciones e incendios forestales y en esa línea subrayó la tarea que podrían cumplir en la lucha contra el narcotráfico.
"Como en otros países del continente, donde también la Policía y la Justicia fueron superados por el formidable poder de fuego y de corrupción de los traficantes y se debió restaurar la soberanía y la presencia estatal en vastas zonas dominadas por la ley de sangre que comanda el delito, aquí también llegará el día no lejano en que habrá que reconocer que no es posible construir progreso y esperanza y trabajo digno para todos sin que reine la paz", sostiene Silva en un editorial publicado en la última edición de la revista El Soldado, que edita el Centro Militar.
"Y para ello, para que la paz sea posible, es necesaria la seguridad. Las Fuerzas Armadas precisamente representan ese renglón de la realidad que el Estado, en fiel cumplimiento de sus deberes, no puede obviar", continúa la nota publicada en El Soldado. Y en esa misma línea, el texto sentencia: "Las Fuerzas Armada, guste o no escucharlo, serán actores principales en la crisis que está creciendo al amparo de la diseminación y fortalecimiento del narcotráfico".
El presidente del Centro Militar criticó la forma en que las autoridades enfrentan la problemática del narcotráfico y la inseguridad, ya que las estrategias para combatir esos delitos se diseñan, dice, "como si no se relacionaran con el tema principal, que es el consumo y distribución de drogas".
Silva considera que es "indispensable" abordar el tema de una forma "integrada" porque, sostiene, "la situación producida afecta directamente la libertad individual de los ciudadanos".
"Pero con una obstinación que no se explica, la Justicia, la Policía y las autoridades persisten en ir atacando cada problema en forma parcial, tapando agujeros, respondiendo a impulsos, reaccionando a veces, y no dando nunca una solución global al problema. Ni siquiera concibiendo la posibilidad de hacerlo", insiste Silva.
Para el presidente del Centro Militar, las organizaciones locales dedicadas al narcotráfico "provocarán tanto dolor y sangre como sucede en Colombia y México" y señaló que se trata de organizaciones "en proceso de expansión, y son mucho más peligrosas que las terroristas de los años 60 y 70".
"El infierno mismo"
"Esas mafias locales generan el cúmulo de arrebatos, asaltos, robos, copamientos y otras figuras delictivas que nos afectan diariamente y que la Policía no puede detener", escribió Silva al definir la problemática causada por el narcotráfico y el consumo de drogas. Para el militar, la situación derivada del consumo y venta de drogas que genera "el infierno mismo, haciéndose presente entre nosotros", debido a que el "mayor problema de la seguridad pública de nuestro país deriva del tráfico y consumo de drogas".
A criterio del presidente del Centro Militar, los grupos que se dedican a ese comercio ilegal y que operan en Uruguay "son una versión menos desarrollada de las organizaciones de narcotraficantes de las favelas de Río de Janeiro o de la propia Colombia".
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>>> La merca celeste
En el año 2013, con la regularización de la “importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución” de marihuana, Uruguay dio, probablemente, el primer paso real y democrático contra las políticas prohibicionistas sobre drogas del siglo pasado. Este cambio de orientación en la política sobre drogas fue posible en un contexto nacional e internacional parcialmente favorable, con experiencias previas de diversas jurisdicciones en el mundo que flexibilizaron sus políticas sobre la marihuana.
En relación al CO, los crímenes de sustancias psicoactivas en Uruguay son el principal delito cometido por los grupos delictivos organizados y el tercer delito de significancia en el total de los delitos comunes sentenciados por la JP. De este modo, los delitos de drogas están entre los principales problemas criminológicos que enfrenta el país. Ahora bien, estas aseveraciones se realizan en el marco de un esquema de inteligibilidad metodológico que identifica problemas de medición en los indicadores utilizados; dificultades que no escapan a otras mediciones que intentan observar fenómenos sociales “esencialmente” elusivos, es decir, hechos sociales que por su “naturaleza” intentan no ser percibidos y registrados por la conformidad social (Ver ilustración 1).
Finalizo el artículo con el planteamiento de una línea de investigación a futuro. Los exiguos casos resueltos por la JCO en relación con el lavado de activos motivan realizar un estudio en profundidad sobre el tema. Los datos ponen en cuestión las sistemáticas presiones internacionales que tiene el Estado uruguayo (por ejemplo, de parte de la OCDE y el Departamento de Estado de EUA) para que intensifique sus controles en los orígenes y los mecanismos de legalización del dinero que entra al sistema financiero. Otra hipótesis a debatir es aceptar que Uruguay es una plaza atractiva para el lavado de activos y que los guardianes de la sociedad (justicia, policía) son “débiles” (estructura, organización, norma, recursos, formación, estrategia y técnica) para enfrentar este tipo de crimen complejo. Este escenario puede presentarse de forma real o ficticia -para continuar siendo un régimen financiero atractivo de inversiones- debido a la pobreza del Estado a falta de recursos naturales y una industria moderna que atraiga capitales. Estas y otras hipótesis tendrán que ser analizadas en el futuro si se quiere profundizar en el ángulo analítico que se propone.
https://revista.fder.edu.uy/index.php/rfd/article/view/589/964
>>> Es un tema viejo
Desde antes de la dictadura las FFAA uruguayas encubrieron una asociación para delinquir
La corrupción en las Fuerzas Armadas
Por José Bayardi. Diputado y ex ministro de Defensa
11 de abril de 2011
¿Por qué recién ahora se destapó la corrupción en las Fuerzas Armadas?
La corrupción en las Fuerzas Armadas no se destapó ahora. La administración anterior decidió iniciar auditorías en las unidades del Ministerio de Defensa porque había algunas cosas que no se hacían bien. Luego, cuando yo era ministro, adopté la misma medida con los fondos ONU porque se administraban US$ 60 millones y nadie daba cuenta de nada, ni el Tribunal de Cuentas lo controlaba.
Cuando empiezan a venir informes con irregularidades más pesadas que aconsejaban investigaciones administrativas, la doctora Azucena Berruti ordena una investigación sobre la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Defensa y, estando yo, pido una investigación sobre las fuerzas.
Luego, Gonzalo Fernández dispuso otras investigaciones. No hay que olvidar que las investigaciones se rigen por el decreto 500 que tiene sus plazos. Cuando esas investigaciones estaban en la etapa de Jurídica aparece la denuncia anónima en el Juzgado en Crimen Organizado. Una vez que la jueza entra al Ministerio de Defensa, el comandante en jefe de la Armada y uno de los instructores (el almirante Leonardo Alonso) le entregan la denuncia sobre las irregularidades con los vales de nafta. El hecho de que la denuncia anónima haya caído en ese momento puede obedecer a tres hipótesis: 1) que alguien, cansado de tanta corrupción, haya dicho “voy a la Justicia”, 2) estábamos en época de promoción de los mandos y que alguien quisiera ascender (es la que menos creo), o 3) que alguno de los implicados, al verse salpicado, haya pensado que si se hundía no podía hundirse solo.
....El ex jefe de la unidad habría declarado ante el Supremo Tribunal Militar que le causó una “gran vergüenza” el robo y lo ocultó a sus superiores mientras investigaba internamente para entregar él mismo a los responsables, ...
Con todo, para una institución donde la cadena de mando es sagrada, un quiebre en la verticalidad es una alerta política indisimulable....
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