Actividad realizada en defensa del agua como bien público, llevada a cabo el 29 marzo 2022, en la Plaza Libertad
Federico Kreimerman asumió la presidencia de FFOSE este 2022 y señala
que la nueva bandera del sindicato, junto con otras organizaciones
sociales, es «la defensa de OSE como empresa pública». Rechazan el
proyecto Neptuno, que presentaron las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y
Fast —bajo el Consorcio Aguas de Montevideo—al Poder Ejecutivo y OSE. El
proyecto propone instalar una nueva planta potabilizadora, una tubería
de aducción de 80 kilómetros y una reserva de emergencia para abastecer
el área metropolitana.
28/03/2021
Un consorcio privado propone una nueva fuente de agua para OSE
Reaparece la idea de extraer agua del Río de la Plata para asegurar el abastecimiento de Montevideo en un proyecto que replantea la posible gestión privada del servicio de agua potable
Víctor L. Bacchetta
“Se aprobó una iniciativa privada de vital importancia”.
En su discurso ante el Parlamento el 2 de marzo pasado, el presidente Luis Lacalle Pou anunció un proyecto de unos 200 millones de dólares para la captación de agua del Río de la Plata, una nueva planta potabilizadora y una tubería de más de 80 kilómetros de longitud, entre las tres inversiones más importantes estudiadas por el gobierno nacional.
El proyecto denominado “Neptuno- Mejora de la Cantidad y Calidad del Agua del Área Metropolitana de Montevideo”, fue presentado por las empresas uruguayas Ciemsa, Berkes y Saceem, junto a la brasileña Fast, en el marco de la Ley N°17.555 del año 2002 que habilitó al Estado a recibir iniciativas del sector privado para ser ejecutadas en forma directa o por concesión de acuerdo con las normas en vigencia.
Berkes y Saceem integran el Grupo Vía Central a cargo del Proyecto Ferroviario de la planta de celulosa de UPM en Durazno. Son empresas constructoras con proyección internacional cuyo negocio es asociarse con los Estados en obras de infraestructura y logística. Cuando esa asociación adopta vías espurias ha dado lugar a los casos más sonados de corrupción de los últimos tiempos en los países de la región.
Según el procedimiento previsto por la ley 17.555, una vez aprobada la iniciativa por la Presidencia de la República, el ente involucrado, OSE en este caso, debe analizar si cumple los requisitos legales y es aceptable la propuesta. La aprobación por parte de OSE el pasado 24 de febrero abrió una nueva etapa donde los proponentes deben presentar un estudio de factibilidad para realizar la evaluación final del proyecto.
Al cabo de este proceso, la administración puede aceptar o rechazar el proyecto, sin incurrir en responsabilidades si no lo acepta. A su vez, la aceptación no significa la adjudicación sino que debe llamarse a una licitación pública para elegir la mejor oferta. No obstante, los proponentes iniciales tendrán entre el 5% y el 20% de ventaja en el puntaje frente a los competidores y la posibilidad de mejorar su oferta.
Si los promotores del proyecto no se presentan o no son los ganadores de la licitación, tendrán derecho a recibir del adjudicatario una compensación equivalente al costo de los estudios realizados. Aunque el director de Saceem, Alejandro Ruibal, presenta la propuesta como si fuera una audaz innovación empresarial, la idea tiene medio siglo y ya en el año 2000 OSE analizó un proyecto muy similar.
El proyecto “Transferencia de agua del Río de la Plata a Montevideo y reforzamiento institucional de OSE” era apoyado desde la Gerencia General por el ingeniero Arturo Castagnino. En 2005, al sobrevenir el gobierno del Frente Amplio, este proyecto fue dejado de lado y Castagnino removido de la gerencia. Pero en abril de 2020, bajo el gobierno de la coalición multicolor, Castagnino fue restituido en el cargo.
Aparentemente, las autoridades anteriores a los 15 años de gobierno del Frente Amplio volvieron por sus fueros e hicieron resurgir el proyecto para usar el Río de la Plata como fuente alternativa para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Montevideo. Sin embargo, entre aquel proyecto y el actual existen diferencias en el alcance, las condiciones técnicas y, sobre todo, en el modelo de gestión.
Similitudes y diferencias
Ambos proyectos ubicaron la toma de agua frente a la playa de Arazatí. El proyecto de OSE trasladaba el agua por una tubería de 11 kilómetros, un canal a cielo abierto de 41 kilómetros y otra tubería de 47 kilómetros hasta la planta potabilizadora en Melilla. Salvo que el proyecto Neptuno sitúa la planta potabilizadora junto a la toma del agua y no tiene el tramo de canal a cielo abierto, la estructura de las propuestas es coincidente.
En el año 2003 OSE se proponía no sólo diversificar las fuentes de agua para Montevideo y la seguridad de abastecimiento frente a una sequía severa, sino también suministrar agua brutaal sector agrícola en el área de influencia del proyecto. Se estimaba poder atender unas 16 mil hectáreas de cultivos mientras el área regada en ese momento era del orden de 4.266 hectáreas, o sea, un 27% del área potencial.
Desde su origen esta idea fue muy controvertida. Un informe titulado “Cuenca del Río de la Plata: estudio para su planificación y desarrollo. Cuenca del Río Santa Lucía.Desarrollo de los Recursos Hídricos”, publicado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1971, descartó esa alternativa por considerarla muy costosa y porque en el sitio elegido algunos días del año hay una salinidad incompatible con la potabilización.
La nueva administración del Frente Amplio en OSE descartó el proyecto de extracción de agua del Río de la Plata por razones técnicas, políticas y de gestión. Según Daoiz Uriarte, a cargo de la secretaría general del ente desde 2005, los estudios realizados hasta 2012 mostraban que la intrusión salina llegaba al menos varias veces por año hasta Arazatí, lo cual arriesgaba el abastecimiento y generaba inseguridad.
Para Uriarte, el problema del abastecimiento metropolitano no era de cantidad sino de distribución y, cuando se construyó en dos años la sexta línea de bombeo y el troncal del Cerro, se acabaron los problemas de abastecimiento. La capacidad de reserva se resolvía con la sobreelevación de la represa de Paso Severino, que ya tiene hechas las expropiaciones, pero luego se priorizaron las represas aguas arriba.
Con respecto a la contaminación, Uriarte considera que esas dos represas, al estar en la misma cuenca del río Santa Lucía, no resuelven un problema que se debe detener controlando y multando a los productores rurales, responsables del 80% de la sobrecarga de nutrientes en el agua. En este aspecto, la alternativa del Río de la Plata tampoco es una solución porque tieneel mismo tipo de contaminación.
En cuanto a la inversión, mientras con el proyecto Neptuno se habla de 200 millones de dólares, para el proyecto de OSE se calculaban 27:260.000 dólares en 2003, que actualizados al año 2021 equivalen a unos 40 millones de dólares. En esta cifra se incluía el equipamiento y las redes de distribución extrapredial para el riego, junto con un programa de apoyo a los agricultores y otro de apoyo institucional a OSE.
Violentando las normas
Por encima de las consideraciones técnicas, ambientales y económicas requeridas en cualquier proyecto, tratándose del servicio de agua potable se debe decidir quién se hará cargo no solo de la obra sinode la operación posterior. La forma de la gestión futura de este proyecto, que en principio está claramente resuelta por disposiciones constitucionales y legales, está dando pie a un replanteo de estas normas.
De acuerdo con la ley 17.555, la aprobación de la iniciativa por la Presidencia de la República y por el directorio de OSE no significa la aprobación final del proyecto ni de la gestión de la obra y del servicio a prestar. Sin embargo, mientras los proponentes elaboran los estudios de factibilidad requeridos, ya se han expresado públicamente algunas posiciones que permiten anticipar las intenciones en juego.
En diciembre, el nuevo presidente de OSE, Raúl Montero, reveló que a la represa de Casupá, con financiamiento de 80 millones de dólares ya resuelto por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la habían surgido competidores. Siguieron sólo vagas referencias a una alternativa en el Río de la Plata por el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, hasta el anunció en el mensaje presidencial de marzo.
Montero se ha mostrado partidario de esa opción por la ventaja de no depender de una sola fuente, admitiendo al mismo tiempo que estudian la posibilidad de que la empresa adjudicataria mantenga y opere la nueva infraestructura. A la vez que afirma que no harán nada fuera de la Constitución, lo justifica diciendo que “OSE contrata un montón de cosas. Compra tuberías, no las fabrica, y nadie dice nada”.
La postura oficial se manifestó más claramente en un informe de la Gerencia Jurídico Notarial de OSE que sostiene que este proyecto no viola la disposición del artículo 47 de la Constitución, votada en el plebiscito de 2004, que establece que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
Ese informe jurídico afirma que existe una “crisis de la noción de servicio público”
para alegar después que la norma constitucional solo implica “la obligación legal de llevar a cabo una actividad de prestación (...) sin que importe si el prestador posee o no ánimo de lucro y cuál es el titular de la actividad” (sic)
. Según esta interpretación, el Estado podría ser un mero intermediario que compra y vende servicios.
El directorio de OSE aprobó la iniciativa por unanimidad. El director por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, fundamentó el voto en la conveniencia de conocer con el estudio de factibilidad los costos reales y aspectos fundamentales de la propuesta para dar una opinión definitiva. Ortuño se quejó de contar con una información limitada y de estar siendo excluido en la consideración de proyectos estratégicos del ente.
Este año, el acto del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, por la Comisión Nacional, otras comisiones locales y la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), se centró en las implicaciones del proyecto Neptuno. “Se quiere reinterpretar el artículo 47 e incluso modificar la Ley Orgánica de OSE que antepone las razones de orden social a las de orden económico”, denunció el dirigente de FFOSE Nicolás Ferreira.
>>> Sin el PIT CNT ni el Frente Amplio
“Sin contaminación, ni extractivismos, ni extranjerización del agua”: más de 30 organizaciones se reunieron en la plaza Libertad
La Diaria 30 de marzo
Escribe Camila Méndez
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Manifestaron que hay “una clara ausencia de consulta e información” en los ámbitos de participación para la gestión de recursos hídricos creados luego de la reforma de 2004 y también que hay un proceso de “privatización encubierta” de OSE.
“El agua es un bien común, finito, esencial e insustituible para la vida, al que todo ser vivo tiene derecho, y se encuentra profundamente amenazado. Esto atenta contra la vida en todas sus formas e impacta en nuestro presente y futuro”. La cita corresponde a la proclama leída ayer en la plaza Libertad, donde más de 30 organizaciones y colectivos nucleados en la Coordinación por el Agua convocaron a una concentración.
Si bien la consigna que los agrupó fue “Sin contaminación, ni extractivismos, ni extranjerización del agua”, varias organizaciones se encargaron de mostrar sus propios reclamos de diferentes formas. En una mesita donde se encontraban las integrantes del Colectivo Ecofeminista Dafnias se podía ver un cartel que decía “Defendamos el agua, poniendo en el centro la vida”. También estaban los colectivos de pueblos originarios, que realizaron un llamado charrúa a las cuatro direcciones. Para Ciro Chonik, del Clan Chonik, el cuidado de la tierra y el agua es una “cuestión espiritual” y “cada vez más urgente”.
Sofía Aquino, integrante de la Coordinación por el Agua, resaltó que el principal motivo de la manifestación es la “privatización” de los recursos hídricos con el proyecto Neptuno. “Tenemos que gestionar mejor el agua que tenemos. Está sumamente contaminada producto de nuestro sistema productivo, los monocultivos principalmente”, apuntó.
En la proclama se señaló que hay “una clara ausencia de consulta e información” en los ámbitos creados por el artículo 47 de la Constitución y la Ley de Política Nacional de Aguas para “la participación en torno a la gestión del agua, como las comisiones de cuenca y los consejos regionales”. Las organizaciones destacan que el proyecto Neptuno debería tratarse en estos ámbitos de participación y no “entre el gobierno y empresas privadas”.
Un poco de historia
“A mí me gustaría arrancar por el principio: la preocupación de una serie de vecinos y de sindicatos en 2002 por lo que estaba pasando con nuestros recursos naturales en Uruguay y en el mundo”, lanzó Carmen Sosa, integrante de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida.
La llamita de preocupación de los integrantes de la comisión se encendió a comienzos de siglo, al observar la “guerra por el agua” en Bolivia. En 1999 el entonces presidente del país andino, Hugo Banzer, vendió Semapa –la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Cochabamba– al consorcio Aguas del Tunari, compuesto por las estadounidenses Bechtel y Edison, la española Abengoa y las bolivianas Petrovich y Doria Medina. La medida repercutió en la población; el precio de las tarifas se incrementó entre 30% y 300%. Además, el Parlamento aprobó la Ley No 2029 que permitía a las empresas cobrar por el uso particular de los acuíferos. “Cobraban por los pozos, pretendían cobrar el agua de lluvia”, suma la representante ambientalista. Los vecinos se organizaron, el gobierno respondió. Se decretó el estado de sitio y las fuerzas armadas invadieron las calles. El resultado: represión a los campesinos, cientos de heridos y un muerto, Víctor Hugo Danza.
Sosa enseguida recuerda que el hecho no se trató de una excepción en América Latina y se sumerge en la situación uruguaya. “En 2002 teníamos empresas multinacionales privatizando el agua en Maldonado. Teníamos Aguas de la Costa [subsidiaria de la multinacional francesa Suez] y Uragua [subsidiaria de la española Aguas de Bilbao]. La gestión que habían hecho del agua era desastrosa y no solamente por temas económicos. Hicieron lo que cualquier empresa cuando vienen a privatizarnos: vienen por el lucro, no por el beneficio de la población”, resaltó. Dijo que cuando se trata del agua, no se puede analizar desde una perspectiva “lucrativa, ni aquí ni en ningún lado”. A raíz de ese cúmulo de preocupaciones, se conformó la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, en la que la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) “siempre fue la columna vertebral”.
En la proclama de las organizaciones se afirma que “se sigue privatizando OSE paso a paso y sin pausa a través de la tercerización de servicios, lo que constituye una privatización encubierta”. Se afirma que debido a la contaminación “hay un aumento en el uso de productos químicos, energía y controles que elevan el costo del agua en forma permanente” y que, por esta razón, “la ciudadanía paga cada vez más cara el agua”. Federico Kreimerman, presidente de FFOSE, también alertó sobre la situación en diálogo con la diaria y sostuvo que la “privatización nunca es completa”, porque “es rentable servir grandes cantidades” de agua potable a la población, pero no lo es “llevar un caño a un pueblito”.
El después de la reforma
El 31 de octubre de 2004 fue el plebiscito del agua. El 64,5% de la población votó a favor de reformar la Constitución y que el Estado sea el encargado –en forma exclusiva– de la distribución de agua potable y saneamiento; también que la sociedad civil y los usuarios puedan participar en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Sosa enfatizó: “La ventaja que tenemos en Uruguay es que tenemos herramientas, la Constitución nos ampara. El tema es que con eso no alcanza”.
La ambientalista recuerda ese día de octubre y las llamadas que recibía por teléfono de desconocidos en varias partes del mundo. “Fue un impacto muy grande. Yo diría que viéndolo casi 20 años después, el impacto más grande fue hacia afuera”, contó. También sumó otro punto fundamental para entender la magnitud de la reforma: se estableció a las cuencas hidrográficas como unidades básicas. “Era revolucionaria porque en casi ningún país del mundo el agua estaba siendo gestionada por cuenca y no por límites políticos. Evidentemente, ni la tierra, ni la naturaleza, ni el agua tienen límites políticos”. Sin embargo, resaltó que desde 2004 hasta la fecha “eso no ha pasado”.
“La Dinagua [Dirección Nacional de Aguas] fue la encargada de implementar la reforma constitucional. Ahí fue el principio de bajarle el perfil, una reforma de este tamaño hubiera requerido muchos cambios legislativos en materia de competencia. No podría estar nunca en una dirección, no tenía fuerza. De hecho, en Uruguay quien toma las decisiones del medio ambiente es el Ministerio de Ganadería, al Ministerio de Ambiente se lo consulta o no”, expresó. La Comisión Nacional por el Agua y la Vida participó durante dos años en la creación de la Ley de Política Nacional de Aguas, que buscó “bajar a tierra lo que fue la reforma constitucional”. Para Sosa, la legislación “no refleja en su totalidad” el espíritu de 2004.
Los problemas de las comisiones de cuenca
La integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida destacó la necesidad de escuchar el “conocimiento empírico” de las comunidades, aunque admitió que “es mucho más fácil legislar sin consultarle a nadie y, lamentablemente, es lo que está pasando”. En 2009, la Ley de Política Nacional de Aguas le adjudicó a la Dinagua la función de promover la gestión sustentable y participativa de los recursos hídricos. Se crearon tres consejos regionales que trabajan en las tres cuencas transfronterizas del país: la del río Uruguay, la de la laguna Merín y la del Río de la Plata y su frente marítimo. A partir de las necesidades de cada territorio, cada consejo resuelve la conformación de comisiones de cuenca, integradas por el gobierno, usuarios del agua y sociedad civil. Sosa afirmó que tienen “múltiples problemas”.
“Primero, no son vinculantes”, comentó. Una segunda problemática es el horario y los días que se realizan las reuniones: “Las comisiones se realizan a las dos de la tarde y en días de semana, no tienen mucha intención de participación”. Resaltó que en los lugares donde “hay un grupo de vecinos fuerte y existe una presión importante” se han logrado pequeños avances, por ejemplo, que las comisiones tengan lugar los fines de semana. “Pero si es un lugar donde los vecinos están preocupados, pero no están organizados, en estos años eso no se ha conseguido”, señaló.
Otro punto es que “la participación requiere infraestructura” e “información” sobre los proyectos y sus consecuencias. “Una participación, si no es informada, no tiene demasiado sentido y no va a ser productiva. Se necesita información, que intervenga el Ministerio de Cultura, de Salud, que es el gran ignorado en la gestión del agua”, desarrolló. “Tiene que haber una voluntad política, por más que se la escriba en un papel. En estos años realmente no hubo. En las comisiones de cuenca donde hubo una presión ciudadana sí funcionaron, esa presión hace que el tema salga a la luz y que más gente se entere”, apuntó.
“El agua se defiende”
“Las principales actividades productivas actuales como la agricultura extensiva, el extractivismo –en todas sus formas–, la gestión de la basura, entre otros factores, han llevado a que este bien fundamental esté profundamente amenazado”, se manifiesta en la proclama. El conjunto de organizaciones denuncian que “los monocultivos forestales, sojeros y arroceros se han extendido a niveles nunca antes vistos” y que “se ha producido un profundo cambio en el uso del suelo”. “Los agrotóxicos impactaron fuertemente en las fuentes de aguas superficiales y subterráneas, experimentando en todo el territorio nacional un deterioro alarmante, así como un impacto directo en la salud de quienes viven en las cercanías de las plantaciones”, se agrega.
Recuerdan que “vivimos en una pandemia silenciosa desde hace décadas” y es “la del agua, la que están sufriendo las cuencas de nuestros ríos y napas subterráneas, debido a un sistema que no mira ni mide consecuencias, sólo ganancias”. Por los problemas generados, apoyan la agroecología, un modelo alternativo de producción que “no sólo protege la tierra y el agua, sino también a las personas”.
La lectura de la proclama escrita por representantes de más de 30 organizaciones culminó con la frase: “El agua no se regala ni se vende, el agua se defiende”.
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Estimados compas de "El Muerto" con preocupación leemos este artículo del Víctor Vaqueta y comenzamos a preocuparnos seriamente porque desde hace muchos años participamos en sus principios y posteriormente no separamos por constatar los errores estratégicos que se iban "sustentando" y los graves desaciertos políticos que los "delegados clandestinos" de la UP imponían sectariamente en cada reunión de coordinaciones. Al día de hoy no llegamos a entender en su escrito ¿quién es el Presidente de FFOSE? Si Kreimerman, o el compa Nico Ferreira porque esta precisión determina por dónde hay que replantear lo que deberíamos hacer, que no es lo que se está haciendo porque el Cambio Climático - Calentamiento Global, .....¡¡¡NO ESPERA!!!. Creemos que se deben de recomponer las posiciones, ¡¡¡sin sectarismos!!! de los viejos conocidos porque la Naturaleza ¡¡¡NO NOS ESPERA!!! Y LOS TIEMPOS SE GASTAN Y ACORTAN PARA QUE PODAMOS ADAPTARNOS. Soy un experimentado constructor con casi 50 años de experiencias y estudioso teórico conocedor en los temas de aguas y sus traslados y tratamientos por lo que me posiciono como un humilde "aportador de ideas" que puedo agregar a lo ya "en marcha" otros puntos de vistas y conceptos teóricos que podrán replantear los direccionamientos teóricos que reformulen las estrategias a continuar, por lo que espero de las aperturas que así lo permitan, un abrazo fraterno, Enrique Osano
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